Derechos y libertades protegidos por la Constitución Política

Derechos y libertades protegidos por la Constitución Política

 

Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: Está protegido por el artículo 50 de la Constitución Política, y constituye el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación de cualquier tipo. Por lo anterior, las autoridades administrativas, así como las Municipalidades, se encuentran en la obligación de adoptar las medidas competentes para garantizar que no se presenten situaciones que puedan afectar a este derecho, luego de que estas sean denunciadas por parte de las personas.

 

Derecho de acceso a los cargos públicos: Es el derecho de toda persona de poder acceder a cargos dentro de la función pública sin discriminación alguna, siempre y cuando cumpla con los requerimientos establecidos para ello por el ordenamiento jurídico.

 

Derecho de acceso a los servicios públicos: Es el derecho de toda persona a acceder a los distintos servicios públicos, así como que estos se le brinden, sin ningún tipo de discriminación, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para ello, y no exista impedimento técnico para poder bridar el servicio requerido.

 

Derecho de acceso al agua potable: El agua constituye un elemento esencial para la vida de una persona, por lo que tanto los sujetos públicos como particulares, se encuentra en la obligación de garantizar su acceso. En caso de que exista una deuda en el pago de este servicio, este puede ser suspendido, pero deberá colocarse una fuente pública con el fin de que la persona afectada no vea limitado del todo el acceso al agua, a una distancia máxima de 50 metros.

 

Derecho de asociación: Constituye el derecho de toda persona de asociarse con fines lícitos, así como a dejar de formar parte de un grupo o asociación cuando así lo desee. Implica también el derecho de la persona de gestionar y obtener información de los grupos de los que forme parte como resultado del ejercicio de este derecho. Finalmente, en caso de que una persona vaya a ser expulsada de uno de estos grupos, debe garantizársele de previo el debido proceso.

 

Derecho al debido proceso: Es el derecho de toda persona a poder ejercer su defensa mediante los medios previstos por el ordenamiento jurídico, previo a ser objeto de algún tipo de sanción.

 

Derechos de las personas con discapacidad: Es el derecho de las personas que sufren algún tipo de discapacidad a no sufrir discriminaciones de ningún tipo en razón de su condición. Asimismo, implica el deber del Estado y de los sujetos particulares de adaptar las medidas del caso para eliminar las barreras que impiden la incorporación real y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, en aspectos estructurales, educativos, entre otros.

 

Derecho a la educación: Constituye el derecho de toda persona a recibir educación, sin que medien interrupciones injustificadas en dicho proceso. Asimismo, implica el derecho de toda persona a recibir educación en condiciones dignas, y que no atenten contra la integridad de los estudiantes. Conforme lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política, la educación preescolar y la general básica. Estas, y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por el Estado.

 

Derecho a la igualdad: Es el derecho de toda persona a ser tratado sin ningún tipo de discriminación por motivos de religión, preferencias sexuales, raza, entre otros. Lo anterior implica que no pueden hacerse distinciones entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas.

 

Derecho de acceso a la información: Es el derecho de toda persona a acceder a información de naturaleza pública que se encuentre en departamentos administrativos, salvo que se trate de secretos de Estado.

 

Derecho a la huelga: Constituye el derecho de los trabajadores de abandonar en forma temporal y voluntaria  su lugar de trabajo, con el propósito de mejorar o defender sus condiciones laborales. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 constitucional, no es posible la huelga en los servicios públicos.

 

Derecho a la intimidad: Es el derecho de toda persona a contar con una esfera privada libre de  intromisiones, injerencias o perturbaciones por parte de particulares o el Estado. De este derecho de deriva la inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República.

 

Derecho a la justicia pronta y cumplida: Implica el derecho de toda persona a que las gestiones que presente ante los Tribunales de Justicia o la Administración, sean resueltas dentro de plazos razonables, conforme a la complejidad de cada petición.

 

Derecho a la libertad de empresa: Constituye el derecho de toda persona a emprender cualquier actividad económica, siempre y cuando esta no atente contra la ley, el orden público, las buenas costumbres o perjudique a terceros.

 

Derecho a la libertad de expresión y prensa: Es el derecho de toda persona a comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, sin previa censura, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir, conforme lo dispuesto por la legislación vigente.

 

Derecho a la libertad religiosa: Constituye el derecho de toda persona a expresar y que sean respetadas sus creencias religiosas, siempre y cuando estas no resulten contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres.

 

Derecho a la libertad de tránsito: Es conocida también como libertad ambulatoria. Implica el derecho de todos los habitantes de permanecer y trasladarse por el país, o incluso salir él, sin ningún tipo de obstáculo, siempre y cuando no exista una causa de naturaleza judicial que se lo impida.

 

Derecho a la negociación colectiva: Constituye el derecho a negociar un acuerdo entre patrones y las organizaciones sindicales, tendientes a mejorar las condiciones de trabajo o a la resolución de conflictos de naturaleza laboral que puedan existir.

 

Derecho a no ser objeto de de trato inhumano, cruel y degradante: Constituye el derecho de toda persona a no ser sometido a tratos o penas que resulten contrarios a su dignidad humana, tales como la tortura física o psicológica, condiciones denigrantes en centros penitenciarios, entre otros

 

Derechos de los privados de libertad: Implica el derecho de todas las personas privadas con libertad de ser tratadas con dignidad durante el tiempo que permanezcan en prisión, así como el derecho a la reinserción social. Lo anterior, también implica que no podrán verse afectados sus derechos fundamentales, con excepción de aquellos que lo sean asociados a la privación de libertad a la que se encuentra sometida la persona. 

 

Derecho de petición y pronta respuesta: Es el derecho de toda persona a solicitar por escrito información de su interés ante una institución pública, y de que esta le sea entregada dentro de un plazo razonable.

 

Derecho de propiedad: Es el poder que tiene una persona para disfrutar o disponer de un objeto, bien o derecho que le pertenece, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás, ni vaya en contra de lo dispuesto por la ley.

 

Derecho a la protección de datos: Es el derecho de toda persona a conocer la información que sobre ella conste en una base de datos, así como a solicitar su rectificación o supresión, en los casos previstos por la ley.

 

Derecho al salario: Constituye el derecho de toda persona a recibir una retribución por el trabajo prestado a favor de otra persona física o jurídica.

 

Derecho a la salud: Es el derecho de toda persona a recibir atención médica oportuna y dentro de un plazo razonable. Asimismo, implica el derecho de recibir el tratamiento que le sea prescrito por su médico tratante dentro de la Seguridad Social.

 

Derecho a la sindicalización: Constituye el derecho de los trabajadores de constituir un sindicato, sea aquella asociación encaminada a la representación y defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores ante su empleador, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos legalmente para ello.

 

Derecho al trabajo: Es el derecho de toda persona a poder acceder a una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, y que se realice dentro de condiciones que garanticen su dignidad.

 

Derecho a la tutela judicial efectiva: Constituye el derecho de toda persona que es parte de un proceso judicial, a obtener justicia dentro de un plazo razonable y sin denegación.

 

Derecho a la vida: Constituye el derecho principal de cualquier ordenamiento jurídico. Conlleva el derecho de toda persona a contar con condiciones mínimas para lograr un equilibro psíquico, físico y ambiental, de forma tal que se garantice la tutela de su integridad física y mental. Por ello, hay una  obligación del Estado de adoptar políticas públicas que garanticen el acceso para la población a servicios básicos de salud, agua potable, entre otros.

 

Libertad de prensa: Constituye el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole  a un número indeterminado de personas, sobre hechos que, por su naturaleza, son de interés de la colectividad por considerarse noticiosos.

 

Libertad de reunión: Es el derecho de toda persona a reunirse  con otras, siempre y cuando lo hagan con fines pacíficos y legales.

 

Principio de legalidad: Es la obligación de la Administración de ejercer sus funciones dentro del marco de la legalidad, no pudiendo realizar actividades que sean contrarias a la ley.