Historia

 Hoy, 1° de octubre de 2018, conmemoramos los 192 años de la fundación del Poder Judicial Costarricense, hecho que nos debe llenar de inmenso orgullo a quienes somos o han sido parte de este Poder de la República, garante de la paz social. No debe olvidarse, que los comienzos de esta Corte fueron muy modestos y precarios. Tan así es, que este alto Tribunal llegó a desaparecer en varias oportunidades por la falta de integrantes. Pero estas y otras vicisitudes fueron, finalmente, superadas y la Corte se convirtió, con el paso de los años, en la piedra angular de la democracia costarricense. Sus antecedentes los encontramos en el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1° de diciembre de 1821, primer documento constitucional de Costa Rica. Allí se contempló la creación de un Tribunal con la función de administrar justicia de forma pronta y recta, de conformidad con las Leyes de Indias promulgadas por el Reino de España. Es aquí donde se encuentran las bases de lo que más tarde sería este Poder Judicial. En este desarrollo, juega un importante papel la instauración de la tradicional división tripartita de poderes en Ejecutivo. Legislativo y Judicial, mediante el Decreto V, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente el 24 de setiembre de 1824. En esta versión incipiente del Poder Judicial, dicho poder recaía en una Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros serían electos popularmente. Hasta aquí, estamos aún en la época de preparación para la creación de la Corte. Pues, no fue sino hasta el 25 de enero de 1825, que se concretó constitucionalmente la creación del Poder Judicial, gracias a la Ley Fundamental del Estado de Costa Rica, que, en el Capítulo 9°, artículo 87, sentó sus bases y atribuyó su ejercicio a la Corte Superior de Justicia como se le denominó entonces, compuesta por tres magistrados como mínimo y cinco como máximo y a los tribunales y juzgados establecidos por ley.

Así, un 1° de octubre de 1826, se instala solemnemente la Corte Superior de Justicia, con los magistrados don José Simeón Guerrero de Arcos y Cervantes (Presidente, nacido en León, Nicaragua), don José Francisco Madriz García y don Camilo Mora y Alvarado, padre del Expresidente don Juan Rafael Mora Porras, héroe y libertador nacional), acto con el cual, esta Corte irrumpe en la historia y en la sociedad costarricense, cuya permanencia llega hasta nuestros días. En la época anterior a la independencia, en el territorio nacional se aplicaban las llamadas Leyes del Derecho de las Indias, cuerpo normativo promulgado por España para regir los territorios conquistados. Esta situación permaneció así aún después de la independencia en 1821. Se necesitarán veinte años más para que la justicia en Costa Rica sea impartida con base en el derecho costarricense. Es precisamente en 1841, cuando el Licenciado don Braulio Carrillo Colina, a la sazón Jefe de Estado, promulgó el llamado Código General, integrado por tres partes: civil, penal y procedimientos, que se puede hablar de una administración de justicia propiamente costarricense.

Tres años más tarde, con la Constitución Política de 1844, por primera vez se utiliza el nombre de Corte Suprema de Justicia (Titulo VII) para referirse al órgano de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial, denominación que ha permanecido hasta nuestros días.

No será sino hasta el año de 1851, que se contará con la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, pero es con la promulgación de la Ley Orgánica de Tribunales, de 29 de marzo de 1887, que, por primera vez, se establece la independencia del Poder Judicial. Esta independencia es reafirmada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 6 de setiembre de 1937, instrumento legal que dividió la Corte Suprema de Justicia en una Sala de Casación y dos Salas de Apelación, la Civil y la Penal, aumentándose el número de sus miembros a once. Este hecho marca un fortalecimiento real y efectivo del Poder Judicial y de la democracia costarricense.

Luego, en 1940, se realiza una nueva reorganización de la Corte, la cual se conformó con diecisiete magistrados, cuatro Salas de apelación dos civiles y dos penales y una Sala de Casación.

El 8 de mayo de 1948 se da un rompimiento del orden constitucional y la Corte es disuelta por el gobierno de facto, quien destituyó a los magistrados que habían sido nombrados el 3 de mayo de 1946 por el Congreso Constitucional para el período 1946-1950; y, su lugar, designó nuevos magistrados propietarios. De igual forma, los magistrados suplentes nombrados por el Congreso en 1946 fueron sustituidos por otros escogidos por el gobierno de facto el 19 de mayo de 1948.

Terminada la Guerra Civil de 1948, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para dotar al país de un nueva Carta Fundamental que garantizara y fortaleciera el orden constitucional, emitió, el 7 de noviembre de 1949, la actual Constitución Política, que contempló profundos cambios en la organización del Poder Judicial, entre ellos, el fortalecimiento de su independencia, la que se materializa, entre otros aspectos, en las potestades que le asisten de auto organización y nombramiento de su propio personal, con exclusión de los otros Poderes de Estado. Asimismo, se estableció la jurisdicción contenciosa administrativa y se fortaleció el recurso de hábeas corpus, para la protección de la libertad personal y de tránsito, y el de amparo, para la de los demás derechos fundamentales. Adicionalmente, en abono a su independencia y autonomía presupuestaria, se le exigió al Congreso la consulta forzosa a la Corte Plena de proyectos de ley referidos a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, de modo que para apartarse del criterio vertido se requiere el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, tal como lo dispone el artículo 167, de la Carta Magna.

Pero la Constitución de 1949 no contemplaba la independencia financiera del Poder Judicial, con lo cual su situación económica era precaria, lo que incidía en la calidad del profesional que podía contratar y en la infraestructura con que contaba, caracterizada por oficinas inadecuadas e insalubres, desperdigadas por todas las ciudades, situación que, claramente, atentaba contra la independencia judicial y la prestación de un servicio de administración de justicia pronta, cumplida y de calidad. Ante esta situación, se gestó un movimiento encabezado por el magistrado don Evelio Ramírez Chaverri y apoyado por los demás magistrados para reformar el artículo 177, de la Constitución Política, para otorgar al Poder Judicial un presupuesto adecuado; para ello, elaboró un proyecto de reforma al citado artículo constitucional, iniciativa que fue apoyada por el entonces Presidente de la República, don José Figueres Ferrer. Finalmente, se promulgó la Ley N° 2122, del 22 de mayo de 1957, que reforma el párrafo 2, del artículo 177, de la Constitución Política, y se establece la asignación al Poder Judicial de una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. Este hecho es de gran importancia, pues ello garantiza, al Poder Judicial, un mínimo de ingresos suficientes para satisfacer las múltiples necesidades fundamentales de aquella época, y, además, permitió, la independencia económica; lo que, a su vez, posibilitó que el Poder Judicial pudiera crear los tribunales que estime necesarios para el buen servicio judicial y mejorar la infraestructura de sus oficinas.

Por Ley N° 6434 del 22 de mayo de 1980, bajo la presidencia del cartaginés don Luis Fernando Coto Albán, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual la Corte Suprema de Justicia se dividió en tres Salas, denominadas Sala Primera, Sala Segunda y Sala Tercera, la primera de las cuales reemplaza a la antigua Sala de Casación, con una integración de siete magistrados, en tanto las otras dos estarán conformadas por cinco magistrados. En este momento, el Presidente de la Sala Primera lo sería, a su vez, de la Corte, según disposición del artículo 162, de la Constitución Política. Este artículo constitucional fue reformado por la Asamblea Legislativa el 2 de junio de 1982, momento a partir del cual el Presidente de la Corte es elegido entre todos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Una de las reformas legislativas más importantes que experimentó el Poder Judicial durante el siglo pasado, siendo el puntarenense don Miguel Blanco Quirós Presidente de la Corte, fue, sin duda alguna, la promulgación de la Ley N° 7128, de 18 de agosto de 1989, reforma al artículo 10, de la Constitución Política, y la Ley N° 7131, de 11 de octubre de ese mismo año, Ley de la Jurisdicción Constitucional, que cambiaron sustancialmente el Sistema Judicial Costarricense, al crearse la Sala Constitucional como órgano que concentra la competencia exclusiva de conocer las cuestiones de constitucionalidad (acciones y consultas), de hábeas corpus y de amparo, así como el conocimiento y resolución de los conflictos entre los Supremos Poderes. Con esta nueva Sala, conformada por siete magistrados (dos de los cuales provienen de la Sala Primera), el número de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se eleva a veintidós.

Como queda expuesto, la historia de Poder Judicial es la historia del fortalecimiento de la democracia costarricense, de la modernización y adaptación de este Poder de la República a las exigencias históricas y de la progresividad en la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas que habitan en la Nación.

Dr. Luis Fdo. Salazar Alvarado

Magistrado de la Sala Constitucional

Corte Suprema de Justicia

1974

El 18 de mayo de 1974 se aprobó la Ley Nº 5525 denominada “Ley de Planificación Nacional”. Esta Ley y sus reformas definen la necesidad de crear instancias especializadas en ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas para que programen las actividades de cada entidad. Con este antecedente y al considerarse que se trata de un Poder de la República, tiempo después, surge la inquietud para que en el Poder Judicial se apruebe la creación de una oficina especializada, que igualmente programe las actividades. Se echaba de menos una planificación integral que permitiera el desarrollo y asumir los retos del entorno, considerando la situación socioeconómica y la demanda de servicios. Se venía operando según se presentaran las necesidades y los problemas, sin una política uniforme y clara que señalara las pautas a seguir a futuro. Existían instancias separadas que atendían temas que posteriormente asumió el Departamento de Planificación. En la Dirección Administrativa, funcionaban las Secciones de Análisis y Planteamiento Administrativo y la de Estadística, cumpliendo tareas específicas. Por otra parte, el Departamento de Contaduría y la Comisión de Presupuesto preparaban el anteproyecto anual de presupuesto.

1988 - 1989

A pesar de la existencia de las oficinas antes indicadas, no se existía una integración, lo que se agudizaba por el aumento y la complejidad de las actividades administrativas y del entorno. Se requería de un mayor esfuerzo de planificación como factor determinante para la toma de decisiones. En 1988 se organiza el “Seminario de Diagnóstico del Poder Judicial”; de igual forma se realizaron una serie de talleres donde participaron técnicos nacionales y extranjeros, especialistas en la materia de planificación y funcionarias y funcionarios judiciales. Como resultado de esas actividades, se presenta una propuesta para la creación del Departamento de Planificación. La Corte Plena, mediante acuerdo tomado en sesión Nº 37 celebrada el 6 de mayo de 1989, artículo VII, aprueba la creación del Departamento de Planificación del Poder Judicial, el cual entraría en funcionamiento una vez que fuera nombrado su jefe. Guardaría dependencia de la Presidencia de la Corte y sería el órgano asesor de la Corte Plena, en materia de planificación económica, social y administrativa. Inicialmente contó con 19 personas distribuidas en cinco secciones y la jefatura departamental.

2014

En 25 años de labor, el crecimiento de la población institucional y el surgimiento de nuevos y más complejos proyectos de desarrollo, han producido una creciente demanda de estudios a la Dirección de Planificación.

Para responder a estos requerimientos, la estructura organizacional se ha adaptado; ha crecido en cantidad de personal (70) y en 1998 se creó la Sección de Proyección Institucional.

Mediante acuerdo de Corte Plena tomado en sesión Nº 17-14, celebrada el 28 de abril de 2014, artículo XXXVI, se aprueba ajustar la nomenclatura de Departamento de Planificación a Dirección de Planificación.

Lo anterior producto de la propuesta que se realizó mediante la contratación de “Consultoría para la evaluación de la estructura administrativa del Poder Judicial de Costa Rica” y de la recomendación realizada por el Consejo Consultivo de la Corte, compuesto por la señora Presidenta de la Corte, el señor Vicepresidente y los presidentes de Corte.

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