20 AÑOS DE SALA CONSTITUCIONAL

 

 

 

 

 

 

Dr. Luis Paulino Mora Mora

Presidente

Corte Suprema de Justicia

 

Celebramos en este acto solemne uno de los acontecimientos más relevante de la segunda mitad del siglo XX en nuestro Estado de Derecho, quizás sólo superado por la promulgación de la propia Constitución Política de 1949.  La decisión de crear una jurisdicción constitucional accesible, celera, sumaria, dinámica, con fuerza vinculante de sus resoluciones ─erga omnes─, constituye una de esas decisiones que marcan un antes y un después en la historia de nuestro país.

Su mérito indiscutible, es el de haberle devuelto a la Constitución su lugar como instrumento jurídico y político supremo, y por lo tanto, coherencia a nuestro sistema democrático, entre lo que dice y lo que hace. En pocas palabras, le vino a dar eficacia material a nuestra Constitución Política y por lo tanto a los principios y valores en ella contenidos, luego de décadas relegada al ostracismo y olvido, subordinada a la ley y a veces al propio reglamento. Si un mérito indiscutible ha tenido la Sala Constitucional, es darle vida, mutabilidad y exigibilidad a la Constitución para devolverle su supremacía y con ella dinamicidad a la democracia, fuerza a la soberanía y a la voluntad del pueblo que la sustenta.

Para una democracia, una constitución sin fuerza, sin posibilidad de materializarse,  es una democracia herida de muerte, limitada a ser tal sólo formalmente o como decía García de Enterría, “una democracia que liga su suerte a la del partido en el poder.” Con la creación de la jurisdicción constitucional de 1989, dejamos atrás un concepto de “democracia light”  basada en  una Constitución –en muchos aspectos– estéril, en otros, meramente decorativa. En el sistema anterior, valía más una circular de un funcionario de tercera categoría, que la voluntad de nuestros constituyentes.

Revertir décadas de una distorsión de tal magnitud en nuestro estado de derecho, naturalmente no ha sido una tarea fácil, ni para la Sala ni para el sistema político. Recordemos que a los tribunales constitucionales les corresponde una tarea de por sí difícil, que es controlar el ejercicio del poder, si a esto le añadimos décadas de un poder afincado en malas prácticas, amañado, que podía violar con facilidad los derechos de los ciudadanos y extralimitar sus funciones con mucha impunidad, es lógico que a muchos la labor de control que ejerce la jurisdicción constitucional actual les incomode. Para algunos un ojo excesivamente vigilante propicia la ingobernabilidad, para otros por el contrario, se trata de una gobernabilidad democrática. No es de extrañar entonces que desde su primer día,  la Sala Constitucional esté en el ojo de la tormenta, y creo que ello no hay que verlo con asombro, ni temor, sino aceptarlo como algo intrínseco a su naturaleza.

Ciertamente esta naturaleza turbulenta de la Sala viene con la esencia propia de todo tribunal constitucional, es decir, de  órganos encargados de control del ejercicio del poder y por lo tanto de la  resolución de conflictos de naturaleza política através del derecho.  La famosa polémica entre Schmitt y Kelsen sobre ¿quién ha de ser el defensor de la Constituciónnos recuerda que el tema del control constitucional ha sido históricamente polémico. Hasta la fecha la tesis de Kelsen ha prevalecido, compartida por Bachof,  en el sentido de que el carácter político de un acto no excluye un conocimiento jurídico del mismo, ni el resultado político de dicho conocimiento lo despoja de su carácter jurídico. “Es inevitable entonces que los conflictos políticos salpiquen al órgano que los resuelve e imposible que la sentencia adoptada con plenitud de independencia satisfaga a todos los contendores y a los medios de comunicación”. Estas palabras textuales de Francisco Tomás y Valiente, Expresidente del Tribunal Constitucional Español, confirman que  la realidad política de los tribunales constitucionales es y será siempre polémica y que no pueden hacerse nunca la ilusión de estar situados por encima de las contiendas que han de juzgar. Bienvenidos sean entonces esos conflictos porque sin ellos lo que tendríamos es un amago de democracia, una sólo de apariencia.

Hoy honramos a la jurisdicción Constitucional en su aniversario no para rendirle tributo como un fin en sí mismo,- porque no lo es, sino para  honrar a la propia Constitución Política, que cumple a través de ella su misión de proteger al ser humano y su dignidad. La nuestra es una democracia basada, no en la gloria del Estado, sino en la libertad y protección de los ciudadanos contra el abuso del poder público -parafraseando a Schmitt-, en consecuencia, la misión de todo tribunal constitucional es actuar con esos postulados como norte y por encargo; por lo tanto no usurpa ningún poder, simplemente actúa con la investidura legal y moral de la propia Constitución que le corresponde defender.

Ciertamente la Sala es un instrumento de la Constitución y esta un instrumento de la democracia, pero así como están unidas la una de la otra, tampoco podemos ver este andamiaje lejos del proceso histórico que lo sustenta. En efecto así como Rubio Llorente, señala que “toda Constitución está vinculada a su historia”, toda jurisdicción constitucional está también vinculada a ella.  Detrás de la jurisdicción constitucional y de nuestra Constitución Política actual, hay más de 200 años de tradición. La jurisdicción constitucional costarricense no es entonces un logro que se  haya dado por generación espontánea, ni ocurrencia de unos pocos, sino que representa una clara opción ideológica de los costarricenses, muy claramente marcada en el tema de la limitación del ejercicio del poder y el respeto de los derechos fundamentales –en especial los de libertad─ como derechos oponibles frente al poder. Controlar el ejercicio del poder y empoderar al ciudadano parece ser una clara tendencia ─de construcción paulatina pero constante─, en los últimos dos siglos en nuestro país. Lo que hoy tenemos es el final de una cadena que ha tardado dos siglos en construirse para convertirnos –para bien o para mal- en una de las sociedades más libres del mundo, con un verdadero sistema de protección a las libertades fundamentales del ser humano a nivel interno e internacional.

Este factor histórico es necesario tenerlo presente a la hora de evaluar el sistema actual, antes de precipitarnos a juzgar el estado de las cosas, y sobre todo antes de pretender cambiar ese estado. Sería una ligereza imperdonable el desechar esta tradición de buenas a primeras,  con un ánimo eficientista. Esta generación es depositaria de una herencia, no podemos simplemente desecharla sin hacer un análisis profundo de las consecuencias que ello tendría sobre nuestro sistema y calidad de vida.

Darle vida a la Constitución, es nada menos que desentrañar el alma de un pueblo y darle vigencia a su esencia y razón de ser; su eficacia depende de una serie de instituciones y delicados equilibrios de los que forma parte la jurisdicción constitucional, pero hay que tener claro que su materialización no sólo debe recaer sobre las espaldas de los jueces. Hago un llamado a la reflexión en este sentido, especialmente a la hora de discutir y analizar las reformas a la jurisdicción constitucional actual. La crisis en que está sumida esta jurisdicción hoy en día, no es un tema que se pueda resolver con un enfoque tradicional de crear más jueces o sacarla del Poder Judicial únicamente. Cualquier reforma que se pretenda, debe verse al lado de los problemas estructurales que están repercutiendo en el sistema, aquellos que ocasionan que  el ciudadano nos vea como la única opción de obtener alguna solución a su problema, sea este una medicina, operación, pensión o la defensa del ambiente. Detrás de cada uno de estos temas que masivamente ocupan a la jurisdicción constitucional hay omisiones del Estado que merecen ser analizadas. Sin este análisis, las reformas resultarían meramente cosméticas sólo para trasladar el problema a otra sede.

            Debo reconocer sin embargo, que no todos los problemas de la Sala se deben disfunciones del Estado. En el tema de la saturación de casos no estamos exentos de culpa. Estimo que esta sobreexposición producto de una masiva demanda ciudadana, tiene mucho que ver con que hemos caído en la trampa de creer que la Sala todo lo puede, en convertirnos en una especie de salvadores de la sociedad. En muchas ocasiones la Sala le da a los derechos prestacionales el mismo nivel de exigibilidad que a los derechos individuales, cuando los primeros dependen del desarrollo progresivo de los estados. Ni los países más ricos del mundo, pueden darse ese lujo. Esto en mucho contribuye a que el ciudadano nos visualice como capaces de suplantar a las instancias gubernamentales encargadas de ir dándole progresivo contenido a estos derechos. Si hay una reflexión que debemos hacer en este seminario es esta. Lo digo con toda humildad con el fin de contribuir a las discusiones que hoy se inician y desde luego reconociendo que como parte de este tribunal, también he caído en la tentación de creerme en ocasiones un juez mesiánico. Este dilema que planteo, también ha afectado a otras jurisdicciones constitucionales en América Latina, porque es fácil caer en la tentación de que si nadie lo hace, nos corresponde a nosotros, después de todo, es mejor a que alguien haga cumplir la Constitución, aunque sea por medio de sentencias, frente a la alternativa, es decir, que no se cumpla la Constitución y se convierta en la democracia en un concepto de papel. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, no se puede gobernar un país a punta de sentencias. No podemos ser tan ciegos de pretender que los Tribunales Constitucionales tengan el monopolio de la Constitución en las democracias, ni mucho menos pensar que en tiempos de crisis el peso, de darles vida,  deba recaer exclusivamente sobre éstos. Tener una democracia incapaz de proveer los beneficios de la libertad y la equidad social a una gran parte de la población, es muy peligroso para la sostenibilidad de la paz social, y ese es un tema que no se puede resolver exclusivamente desde las jurisdicciones constitucionales.

Otro tema que afecta profundamente la jurisdicción constitucional en la actualidad es también un fenómeno propio de los tribunales constitucionales que se han venido convirtiendo, por la naturaleza de sus funciones, en actores políticos de relevancia. No existe duda que han dejado de ser una suerte de “boca muerta” de la Constitución, hoy han mutado y se encuentran en medio de la toma de decisiones más relevantes de cualquier democracia moderna, pasando a ser uno de los actores que considerar a la hora de tomar una decisión política. Su influencia a la hora de decidir cuestiones que en la teoría tradicional corresponderían al poder ejecutivo o legislativo, los convierte en lo que la doctrina ha venido en llamar “policy makers” o “formulador de políticas públicas”.  Esto ha añadido una desmedida judicialización de temas propios de la vida política de las democracias, que agregan niveles de tensión adicionales a su función y al sistema democrático como un todo.  A mi modo de ver, el reto más grande que se cierne sobre nuestra Sala Constitucional en el futuro, es aprender a equilibrar su actuación y evitar caer en la trampa de un activismo judicial desmedido –sin que ello signifique bajar la guardia en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales-, así como redoblar los esfuerzos institucionales para que la independencia de sus jueces sea garantizada.

Con estas breves reflexiones doy por inaugurado este evento, no sin antes reconocer el indiscutible aporte que la jurisdicción constitucional actual ha hecho al estado de derecho en estas dos décadas. Me parece propicio honrar en esta ocasión a todos los magistrados presentes y pasados que han hecho que la Constitución esté viva. Mi reconocimiento a sus 134 servidores que hacen posible que aquí acuda el más humilde de los ciudadanos, a ser escuchado; el más pobre de los pobres, y sea tratado con la misma dignidad que a un Presidente.

Esto es lo que marca la diferencia entre un sistema de justicia de calidad y uno de apariencia. Hoy vivimos el sueño de muchas naciones, respiramos un aire de libertad y paz inigualable. Me parece que eso es digno de preservar y fortalecer, en ello debemos poner nuestro mayor esfuerzo.