CEJA PRESENTA ESTUDIO SOBRE PRISIÓN

PREVENTIVA EN AMÉRICA LATINA

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La publicación presenta una evaluación de lo ocurrido con la prisión preventiva durante el proceso de reforma procesal penal en América Latina, aportando a la discusión e intentando determinar las posibles líneas de acción a encarar durante los próximos años.

El pasado 3 de agosto en el auditorio de la Defensoría Penal Pública de Chile se realizó la presentación del Estudio “Prisión Preventiva y Reforma Procesal Penal en América Latina. Evaluación y Perspectivas” dirigido y editado por Cristián Riego y Mauricio Duce del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.

Esta investigación respecto al uso de la prisión preventiva en América Latina fue presentada por la Defensora Nacional, Paula Vial, el juez electo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Eduardo Vio Grossi, la vicepresidenta del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Hebe Martínez y su Director Ejecutivo, Cristián Riego Ramírez.

El texto estudia el impacto real que ha tenido el cambio de sistema procesal en el uso cotidiano de esta medida cautelar. La publicación incluye un informe comparativo en el que se da cuenta en forma específica de las diversas tendencias que se observan respecto al uso de la prisión preventiva en los países de América Latina a partir del proceso de reformas a la justicia penal.

            La investigación presenta además siete informes de países que dan cuenta de lo ocurrido en cada uno de ellos con mayor nivel de especificidad y detalle (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Venezuela), lo que permite realizar contrastes entre las tendencias generales identificadas en el informe comparativo y las particularidades específicas de los países respectivos.

Cristián Riego comentó los hallazgos encontrados durante la investigación que reflejan a modo global, la diferencia entre la expectativa previa a la reforma y los resultados obtenidos: la prisión preventiva continúa imponiéndose como regla en determinados delitos y las cifras no han variado como se esperaba. Esto se debe, en opinión del experto, a la debilidad de los procesos de implementación de la mayoría de los países de la región, lo que contrasta con el caso chileno.

Aun así es llamativo el hallazgo que indica que los procesos de contra-reforma (agenda corta para el caso nacional) no han tenido mayor impacto en el uso de la prisión preventiva en la región, indicador éste de la errónea vinculación que suele realizarse entre cambios normativos y justicia más eficaz, cuando las mas de las veces esto último se relaciona con las prácticas judiciales propias del sistema.

Al respecto la Defensora Nacional, Paula Vial, comentó que en Chile uno de los problemas asociados a la prisión preventiva se manifiesta en el efecto que tiene sobre los derechos fundamentales: “La privación de libertad en tanto medida cautelar al igual que la privación de libertad en tanto ejecución de la pena, afectan el mismo derecho fundamental. El tiempo de prisión que cumpla el sujeto, en tanto medida cautelar, se abona a lo que corresponda en el evento que obtenga una sentencia condenatoria. Esto no es otra cosa que una anticipación del cumplimiento de la penal, lo cual pugna no sólo con el principio de inocencia sino también con el derecho que se tiene a un juicio previo.”

El Juez electo de la CIDH se refirió al estudio indicando que este era un tema que está en la agenda de la Corte, lo cual ha sido demostrado por diversas sentencias que abordan los estándares que la prisión de debe tener para el respeto del debido proceso y los derechos humanos en los países de la Región.