Sala Constitucional costarricense

 

RESUELVE RECURSO SOBRE

MATRIMONIOS DEL MISMO SEXO

 

Por voto de mayoría la Sala Constitucional de Costa Rica resolvió sin lugar una Acción de Inconstitucionalidad con la cual un abogado litigante impugnó el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia que prohíbe en este país el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El fallo, fue dictado el 23 de mayo por la Sala Constitucional mediante sentencia número 2006-07262 .
 La Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Lic. Yashín Castrillo Fernández, fue planteada el 29 de julio de 2003 con la que pretendía la declaratoria de inconstitucionalidad del citado artículo del Código de Familia en cuanto establece que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El accionante alegó que dicha disposición es contraria al principio de igualdad, así como al principio de autonomía de la voluntad previsto en el artículo 28 de la Constitución Política.

La mayoría de la Sala concluyó, que la imposibilidad legal para que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, contenida en la normativa impugnada, no lesiona el principio señalado en el artículo 28, ni el contenido del numeral 33, ambos de la Carta Política, toda vez que las parejas heterogéneas no están en la misma situación que las parejas homosexuales, por lo que no procede la aplicación de la normativa desarrollada para el matrimonio, en los términos en que está actualmente concebido en nuestro ordenamiento constitucional.

También se descartó el roce constitucional porque no existe impedimento legal para la convivencia entre homosexuales y la prohibición contenida en la normativa cuestionada se refiere específicamente a la institución denominada matrimonio.

Por otra parte, la Sala por mayoría consideró que en realidad existe ausencia de normativa apropiada, que regule ese tipo de uniones, sobre todo si reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, no por un imperativo de seguridad jurídica, si no de justicia. Lo anterior hace necesario que el legislador se plantee la necesidad de normar, de la manera que estime conveniente, los vínculos o derechos que deriven de este tipo de uniones.

Participaron en la votación los magistrados Luis Paulino Mora Mora, Luis Fernando Solano Carrera, Ana Virginia Calzada Miranda, Adrián Vargas Benavides, Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta Lobo y Fernando Cruz Castro.

Salvaron el voto los magistrados Adrián Vargas quien declaró con lugar la acción con sus consecuencias y el magistrado Ernesto Jinesta, quien declaró con lugar la acción, por lo que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo, dejando a salvo algunos efectos jurídicos, tales como la adopción de menores de edad y la patria potestad compartida de estos.

En una vista oral y pública realizada el pasado 3 de mayo el accionante sustentó sus argumentos en instrumentos internacionales en esta materia que proscriben actos discriminatorios.

Expuso actos administrativos emitidos por jerarcas estatales y algunas empresas privadas, que en su criterio fueron violatorios de los derechos de las personas homosexuales y discriminatorios para esta población.

Tal es el caso de un decreto ejecutivo que se dictó en 1987 que exigió a los funcionarios públicos hacerse el examen del VIH con el fin de determinar si estaban contagiados del virus. Si el examen daba positivo las razones eran por ser homosexuales.

En 1993 una casa de estudios superiores privada prohibió el ingreso de estudiantes que por su forma de vestir dieran la impresión de ser homosexuales.

Así mismo comentó las prohibiciones de las Municipalidades de realizar actividades organizadas por personas homosexuales. En esa oportunidad se alegó que había una directriz que prohibía a los ayuntamientos autorizar actividades de dicha población.

Para el Lic. Castrillo la sociedad costarricense se ha negado a aceptar los derechos de las personas homosexuales. Criterios similares externó el abogado Marvin Castillo, coadyuvante activo, quien indicó que si se aplican principios inspirados en la doctrina del cristianismo también habría que declarar inconstitucional el divorcio lo que representa cambiar la democracia por una teocracia.

Agregó que las circunstancias de las parejas heterosexuales y homosexuales son las mismas sobre la base del respeto, solidaridad y cooperación mutua pero que a estas últimas lo que les hace falta son los derechos civiles como el de acceder a pensión alimentaría y bienes gananciales.

Finalizó su intervención explicando el principio de jurisprudencia progresiva pues hay otras naciones del orbe que ya aceptan la unión civil como España e Inglaterra y algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica.

La abogada Rosemarie Madden, también coadyuvante activa, señaló en la audiencia que este tema se resuelve aplicando los instrumentos internacionales de derechos humanos pues la pregunta a responder es si el matrimonio es una institución de derechos humanos pues el matrimonio no es un privilegio de los heterosexuales y negarles ese derecho es negarles esa condición, por ello urgió eliminar la legislación discriminatoria.

Al hacer uso de la palabra el coadyuvante pasivo Jorge Fischer, indicó que el desarrollo constitucional en nuestro país está inspirado en principios cristianos desde la primera Carta Fundamental promulgada en 1821 por lo que no es posible aceptar la unión matrimonial entre personas del mismo sexo.

Por su parte la Licda. Alejandra Loría, también coadyuvante pasiva, expuso su criterio sobre la unión de un hombre y una mujer de acuerdo a la doctrina cristiana como es el mantenimiento de la especie y que los hijos necesitan del auxilio de sus progenitores.

La Procuraduría General de la República representada por los licenciados Farid Beirute y Fernando Castillo, explicaron su posición técnica y señalaron que la Constitución Política recoge un concepto de matrimonio específico que es heterosexual y monogámico.

Así mismo manifestaron que permitir en el país el matrimonio entre homosexuales no es competencia de la Sala Constitucional sino del legislador constituyente pues de lo contrario es variar el espíritu de la Carta Magna.