Aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte

Resolución 1989/64

 El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 1984/50, de 25 de mayo de 1984, en la que aprobó salvaguardias para proteger los derechos de los condenados a la pena de muerte,

Recordando también la resolución 15 del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,

Recordando además la sección X de su resolución 1986/10 de 21 de mayo de 1986, en la que pidió que se realizara un estudio sobre la cuestión de la pena de muerte y las nuevas contribuciones de las ciencias criminológicas al respecto,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre la aplicación de las salvaguardias de las Naciones Unidas para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte,

Tomando nota con satisfacción del gran número de Estados Miembros que han facilitado al Secretario General información sobre la aplicación de las salvaguardias y han hecho contribuciones,

Tomando nota con reconocimiento del estudio sobre la cuestión de la pena de muerte y las nuevas contribuciones de las ciencias criminológicas al respecto,

Alarmado por el uso continuo de prácticas incompatibles con las salvaguardias para proteger los derechos de los condenados a la pena de muerte,

Consciente de que la aplicación eficaz de esas salvaguardias exige un examen de la legislación nacional pertinente y una mayor difusión del texto entre todas las personas e instituciones interesadas, tal como se especifica en la resolución 15 del Séptimo Congreso,

Convencido de que deben hacerse nuevos progresos para conseguir una aplicación más eficaz de las salvaguardias en el ámbito nacional, en la inteligencia de que no se invocarán para retrasar o impedir la abolición de la pena capital,

Reconociendo que es necesario contar con información completa y precisa y realizar otras investigaciones sobre la aplicación de las salvaguardias y la pena de muerte en general en todas las regiones del mundo,

1.      Recomienda a los Estados Miembros que adopten medidas para aplicar las salvaguardias y reforzar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte si procede:

a)      Prestando protección especial acusadas de delitos que llevan aparejada la pena de muerte, facilitándoles el tiempo y las medidas para preparar su defensa, inclusive la asistencia letrada apropiada en todas las fases de las actuaciones, además de la protección prestada en casos en los que no se impone la pena capital

b)      Estipulando recursos o revisión obligatorios con disposiciones sobre la gracia o el indulto en todos los casos de delitos en que se imponga la pena capital;

c)      Estableciendo un límite de edad después del cual nadie podrá ser condenado a muerte ni ejecutado;

d)      Aboliendo la pena de muerte en el caso de las personas aquejadas de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada, bien fuere en el momento de imposición de las sentencias o de la ejecución:

2.  Invita a los Estados Miembros a que cooperen con organismos especializados, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y especialistas en la matera en las investigaciones sobre el uso de la pena de muerte que se efectúen en todas las regiones del mundo;

3.  Invita también a los Estados Miembros a que faciliten las gestiones del Secretario General por reunir información completa, oportuna y precisa sobre la aplicación de las salvaguardias y sobre la pena de muerte en general;

4.  Invita además a los Estados Miembros que no lo hayan hecho así a que examinen el grado en que su legislación incorpora las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte tal como figuran en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo;

5.  Insta a los Estados Miembros a que publiquen, para cada categoría de delito para que se prescribe la pena de muerte y, de ser posible, anualmente, información sobre el uso de la pena de muerte, inclusive el número de condenados a muerte, el número de ejecuciones llevadas a cabo, el número de condenas a muerte revocadas o conmutadas en recurso y el número de casos en los que se ha concedido la gracia, y a que incluyan información sobre el grado en que las medidas antes mencionadas han sido incorporadas en la legislación nacional;

6.  Recomienda que el informe del Secretario General sobre la cuestión de la pena capital, que ha de ser presentado al Consejo en 1990, en cumplimiento de su resolución 1745 (LIV), de 16 de mayo de 1973, abarque a partir de ahora la aplicación de las salvaguardias así como el uso de la pena capital;

7.  Pide al Secretario General que publique el estudio sobre la cuestión de la pena de muerte y las nuevas contribuciones de las ciencias criminológicas al respecto, preparado en cumplimiento de la sección X de la resolución 1986/10 del Consejo y lo ponga a disposición, con otros documentos pertinentes, del Octavo Congreso de las naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

15ª sesión plenaria. 24 de mayo de 1989