Lic.
Elizabeth Tossi Vega
TRIBUNAL
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO - SAN JOSE
Estimada
Licenciada:
En
relación con la nota de fecha 16 de marzo del año pasado, remitida a esta
Comisión por
el Lic. Oscar Mario Vargas Quesada, Coordinador del Tribunal Penal del
Primer Circuito Judicial de San José, presenta consulta con motivo a las
comisiones que constantemente reciben solicitando notificar, a los imputados
detenidos en la Unidad de Admisión de San Sebastían, las sentencias que se han
dictado contra ellos, las que se supone se debieron de haber notificado
oralmente dentro del término y forma que establece el Código de rito.
Lo anterior por cuanto el Tribunal que él coordina lo que hace es
preguntarle al imputado privado de libertad si desea asistir a la lectura
integral de la sentencia, de tal forma que si su deseo consiste en no asistir a
la misma, dicho despacho no le notifica a éste dicha resolución por ningún
medio, ya que esa fue su voluntad. En
razón de esta situación, e interpretando lo dispuesto en el artículo 2 de la
Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones, considera que resulta
no solo innecesario, sino
también irregular proceder a notificar personalmente la sentencia
al imputado que no asistió voluntariamente a la lectura integral de la
sentencia, pues –en su criterio- dicha exigencia no puede comprenderse en la
hipótesis prevista en el párrafo penúltimo del artículo citado, el cual señala
que “Si
por cualquier causa el imputado no asistiere a la lectura integral de la
sentencia, está deberá notificársele personalmente en el lugar de detención”,
dado que la negativa manifiesta del endilgado de no querer asistir a ese acto “no
puede considerar” como cualquier causa.
Analizada
la consulta que se formula, se ha llegado a la siguiente consideración:
En
criterio de los miembros de esta Comisión la notificación personal de la
sentencia que se ordena al no haberse realizado mediante la lectura integral de
la misma, conforme lo prevé el artículo 364 del Código Procesal Penal de
1996, independiente de las razones que motivaron tal circunstancia, no puede
estimarse innecesaria o irregular,
pues la puesta en conocimiento personalmente del contenido de la misma
constituye uno de los derechos fundamentales otorgados al imputado, toda vez que
sólo así puede ejercer la facultad de criticar o cuestionar (recursos) lo que
en ella se indica. Al respecto
manifiesta la Dra. María Antonieta Sáenz Elizondo que la “notificación dentro de la gama de los actos procesales, se convierte en
uno de los más importantes, toda vez que constituye el mecanismo práctico,
real, para hacer posible el cumplimiento de una de las garantías fundamentales
de todo procedimiento como lo es el principio del contradictorio en el cuál diría
yo, se encarna el debido proceso por cuanto en él se concreta la posibilidad de
decir y contradecir. Es pues la
notificación un instrumento esencial para que las partes interesadas en el
resultado del proceso conozcan tanto las actuaciones del órgano jurisdiccional
como las diferentes gestiones a ellas mismas” (en “Taller para la
modernización del sistema de notificaciones”, Cuadernos para el Sector de
Justicia No. 2, CONAMAJ, 1995, pp. 25-26), sobre todo cuando con dicha actuación se está privando al
imputado de un derecho esencial: la libertad
personal
Asimismo, debe anotarse también, contrario
al criterio seguido por el Tribunal mencionado, que la negativa del imputado a
asistir a la lectura integral de la sentencia no puede entenderse como una
renuncia al derecho de conocer los fundamentos y las razones que sustentan le
decisión tomada por el órgano jurisdiccional, sino tan sólo un deseo de no
presenciar un acto específico, el cual el Tribunal –en todo caso- está
obligado a realizar por los medios previstos en el ordenamiento jurídico, máxime
que el preguntarle al imputado sobre su deseo de asistir a dicho acto no está
contemplado en el ordenamiento jurídico.
Por
último, de admitirse la interpretación que el Tribunal del Primer Circuito de
San José hace de la frase contenida en el párrafo penúltimo del articulo 2 de
la Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, Ley No.
7637, referida a “por cualquier causa”, se estaría inobservando lo
dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal Penal (Regla de Interpretación)
que señala: “Deberán interpretarse
restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o
limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso.
En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analogía
mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad
conferida a quienes intervienen en el procedimiento”.
Y se dice que inobservaría lo establecido en este numeral, toda vez que
la frase que el Tribunal cita no establece ninguna distinción respecto a cuáles
pueden ser los motivos por los que no se realizó, en el momento procesal
oportuno, la lectura integral de la sentencia, es decir, pueden ser producto o
consecuencia de los más variados factores, como lo son -por ejemplo- un error
de los juzgadores al no ordenar la presencia del imputado detenido a esta
diligencia, o bien la voluntad de este último de no asistir a la misma. Una interpretación en contrario limitaría o violaría uno
de los derechos o facultades fundamentales que el ordenamiento jurídico le ha
otorgado a todo imputado, cual es, según se indicó líneas atrás, el conocer
del contenido de la resolución para poder así ejercer, de no estar conforme
con la misma, los recursos previstos contra ella.
Con
toda consideración le saluda y suscribe,