Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Legislatura 89-90
Acta de la sesión ordinaria número 65
Diecinueve de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve
Dieciséis horas

DIRECTORIO

Allen Arias Angulo
PRESIDENTE.

Aníbal González Barrantes                                         José Alberto Aguilar Sevilla.
PRIMER SECRETARIO                                            SEGUNDO SECRETARIO.

DIPUTADOS PRESENTES.

Borbón Arias
Badilla Rojas
Saborío Vega
Sotomayor Guevara
Muñoz Bustos
Araya Umaña
Fishman Zonzinski
Guevara Fallas
Román Méndez
Molina Rojas
Volio Jiménez
Chaves Sanabria
Monge Sanabria
Taylor Brown
Vega Chaves
Zamora Fonseca
Lizano Barahona
Méndez Mata
Villalobos Villalobos
Brenes Castillo
Cruickshank Smith
Jiménez Piedra
Marín Madrigal
Carvajal Herrera
Villalobos Salazar
Karpinsky Dodero
Rossi Chavarría
Lobo Solera
Carballo Chaves
Jiménez Quirós
Delgado Monge
Monge Rodríguez
Ávila Sole
Solís Herrera
Valenciano Chaves
Ramírez Azofeifa
Avendaño Castro
Benavides Vílchez
González Ramírez

EL PRESIDENTE: se abre la sesión. Está en discusión el acta. Aprobada.

PRIMER DEBATE

EL PRESIDENTE: está en discusión el proyecto de Ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional.
Ruego al señor secretario continuar con al lectura del pronunciamiento de la  Corte Suprema de justicia, en la relación con el expediente no. 10.273

El primer secretario: el informe de la  Corte Suprema de Justicia dice así: (lo lee).

EL PRESDIENTE: tiene la palabra el diputado Corrales Bolaños para referirse al proyecto en discusión, hasta por treinta minutos.

Diputado Corrales Bolaños: en realidad yo quiero  comentar  o empezar mis palabras  haciendo un reconocimiento  muy sincero a una serie de profesionales en Derecho que han participado, no de ahora,  sino desde muchísimo tiempo, en lo que pudiera llamarse  la jurisdicción constitucional, que contempla  no solamente la creación de una ley que el venga a dar sustento no solamente en el campo puramente formal del procedimiento; sino también la parte sustantiva de la  ley. O sea, la parte que define  como y en qué  casos deben hacerse las cosas.
Me parece que el reconocimiento por supuesto, por ser uno de los pioneros en este campo, es para  el señor magistrado actual, don Fernando Coto Albán; el que hasta donde por lo menos  yo tengo noticia, don Fernando  Coto es el magistrado que en la  Corte Suprema, en Corte Plena, tiene bajo su responsabilidad  todo el pensamiento  de Corte Plena en el campo del derecho constitucional, fundamentalmente, por supuesto.
Y hay otra serie de colegas, de abogados distinguidísimos, que forman parte de la  Corte Plena, que también colaboran con don Fernando. Pero don Fernando es el pionero y en su persona, por lo menos en lo personal  rindo homenaje de reconocimiento, de admiración, de felicitación, por que me parece que tanto la Sala  Constitucional, como la  Ley de la  Jurisdicción Constitucional, Fernando Coto Albán pasará a al historia de nuestro país como uno de los verdaderos pioneros.
No se  puede dejar de mencionar tampoco a otro profesional distinguidísimo de nuestro foro, como lo es el jurisconsulto o el jus filósofo, Carlos José Gutiérrez Gutiérrez; actual embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, que él como Ministro de Justicia  en la  Administración de don Luis Alberto Monge, levanta la bandera, ya con poder político don Carlos  José también nuestro reconocimiento  sincero por el trabajo extraordinario que él en aquel momento hace para que en Costa Rica, por lo menos en estos momentos, se esté discutiendo en el trámite  de primer debate, al Ley de la  Jurisdicción Constitucional.
No podemos  dejar de mencionar también al doctor don Luis Paulino Mora, que coge la bandera    dejada por don Carlos José y la pone muy en alto también en esta materia, y con una decisión política del señor presidente para que su ministro de justicia continúe trabajando en este campo de la  Ley  de la  Jurisdicción Constitucional , don Luis Paulino  se convierte en el nuevo  abanderado o toma la bandera de manos de don Carlos José Gutierrez y me parece a mí que la lleva a un puerto seguro.
Hay también y lo he dejado expresamente al final, por que hay una serie de profesionales en el derecho que merece todo nuestro respeto, toda nuestra  admiración , por que han sido profesionales que han dejado sus bufetes, que le han robado minutos a su descanso para trabajar en pro del estado de derecho costarricense, en pro de la jurisdicidad de nuestro país; como lo son don Rubén Hernández, doctor en derecho público, que abandona su oficina, deja y le roba tiempo a su descanso para trabajar en forma completamente gratuita en la elaboración  de esta ley. Muchísimas sesiones, don Rubén Hernández tuvo que asistir  para poder cumplir con el cometido, que el señor ministro, obedeciendo un mandato del señor Presidente de la  República, hizo  cuando integró una comisión de jurisconsultos nacionales para preparar una serie de textos; uno de los cuales, si no el más importante, sí de los más importantes que en esos momentos conocemos.
Don Rubén Hernández Valle tiene en esta ley y posiblemente también en muchas  otras actividades de nuestro quehacer en el foro y de nuestro  en la ciencia del derecho, un puesto importantísimo. Y don Rubén  en esta ley ha colaborado como los grandes, como grande es él sierre en bondad.
Y hay dos profesionales  también que han colaborado enormemente. Don Rodolfo Piza Escalante, que deja también su bufete, que deja también y le roba tiempo a su descanso para preparar esta ley con cariño; para preparar esta ley con empeño; para preparar esta ley como él sabe hacerlo, en forma excelente. También para don Rodolfo Piza en lo personal, mi reconocimiento y mi agradecimiento.
Y otro también que es el doctor don Eduardo Ortiz Ortíz, el que participa en forma activísima, primero por escritos que manda a la prensa, por comparecencias en la televisión y en la radio y posteriormente  por escritos que manda  a los señores  diputados de la  Comisión de Asuntos Jurídicos y otros señores diputados, haciendo ver, haciendo sentir sus puntos de vista con esta legislación.
Y permítame aquí, señores diputados, hacer una pequeña digresión, porque en la década de los setenta  que tuve la dicha  y el privilegio de formar  parte también de la  Asamblea Legislativa, a esa altura  nosotros discutíamos en la  Asamblea, una ley que yo creo que sigue siendo  una ley de total actualidad. Inclusive me parece que algunos  de los señores diputados actuales la presentó, me parece que el señor  diputado Villalobos  Salazar el que presentó la revocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y en lo personal, posiblemente yo presente otra dentro de poco tiempo, con una diferencia de la que habíamos presentado en la década de los setenta, con diferencia también de la que presenta el diputado Villalobos Salazar, en el sentido en que esta se diferencia porque trae un texto a discutir. Un texto de Constitución.
Pus bien, en esa momento la  Asamblea se veía abocada a la discusión de esa ley y resulta que don Eduardo Ortiz se había opuesto radicalmente a esa ley, a esa convocatoria, alegando dentro de esas razones, y no viene al caso, pero sí es importante para lo que sigue, indicar que él se oponía porque él señalaba que había  unas normas pétreas en la  Constitución que no podían ser cambiadas, si no era por medio de una revolución , no solamente  entendiéndose ésta  por un golpe de estado, sino por un medio brusco de todo el estado del derecho.
 Esa tesis fue sostenida también por don Rodolfo Piza ante este plenario y recuerdo que tuve una discusión con él, con don Rodolfo como diputado, y le decía que tanto él como don  Eduardo, tenían tanto dominio  y tanto conocimiento  y habían estudiado tanto el  derecho, que estaban  dando soluciones  a los problemas legales, que no eran del  derecho. Por que lo que estaban pretendiendo era por esa vía, señalaban ellos que únicamente  por al fuerza podría cambiarse las normas que el “ortipicismo” no podía estar en Costa Rica en boga.
Eso que yo en los años setenta lo dije con sorna, hoy tengo que decirlo con todo respeto, como lo dije con todo respeto, como lo dije en la  Comisión de Asuntos Hacendarios, que el “ortipicismo”, esta ley  que nosotros estamos discutiendo, la tiene en la columna  vertebral. El pensamiento de dos ilustrísimos juristas, como es el pensamiento  de don Eduardo Ortiz, como es el pensamiento de don Rodolfo Piza, desprendidos como lo han sido, por que ninguno de los dos en ningún momento sueldo del Estado o alguna  ventaja  del estado para trabajar en forma intensa en esta ley. Ese “ortipicismo” marca la columna vertebral de esta ley. Y lo digo con toda plena conciencia de lo que estoy diciendo; porque hay una  serie de instituciones en la  Ley de la  Jurisdicción Constitucional que no las tiene –por lo menos hasta donde yo se- texto legal alguno en el mundo. Es creación de la filosofía jurídica costarricense, principalmente señalada por estos dos profesionales. Y esto en lo personal, me produce a mi una enorme satisfacción, una enorme alegría  decirlo, porque estos dos profesionales en la cima de su formación académica, de su desempeño como profesionales en derecho, han tenido la dicha de producir esta ley que como posteriormente  vamos a comentar a lo largo de los  distintos artículos, vendrá a ser ni más ni menos que el mejor regalo que el puede dar esta Asamblea Legislativa, este periodo de cuatro años, el señor presidente de la  República, etc, a la democracia costarricense en la celebración del centenario de la democracia.
Profesor Muñoz Bustos, ¿usted me está permitido una interrupción? Con mucho se la cedo.

Diputado Muñoz Bustos: es una minucia nada más, para ayudarle a los señores del acta. No se si en algún momento  usted aclaró bien el término “ortipicismo” para que ellos no vayan a  tener problemas y buscar en todos los diccionarios y no lo van a encontrar.
Para que usted fuera tan amable, dentro de esa generosa y buen humor que lo caracteriza, de aclarar para efectos de micrófono  y de acta, ese término acuñado por usted.

Diputado Corrales Bolaños: con mucho gusto y muchas gracias, don José Joaquín por la oportunidad que me permite para aclarar. En realidad es la síntesis del apellido  Ortiz y del apellido Piza; entonces digo que  es el pensamiento “ortipicista” para que, que es lo que tiene de pensamiento de estos dos ilustres juristas costarricenses esta  ley. Le agradezco mucho la oportunidad, muchas gracias.
No puedo tampoco dejar de lado la ayuda profesional, y su participación extraordinaria activa, y cuando digo activa lo digo en enriquecimiento  por su aporte  de sus conocimientos, de una persona  de la que Costa Rica creo que en el futuro tendrá  que escuchar mucho, y me imagino, ojala que no me equivoque, le dará muchísimo  a Costa Rica. Me refiero al Lic. José Miguel Villalobos Umaña, que no obstante la poca edad con que cuenta este distinguido profesional, su formación académica, su seriedad, su inteligencia, su bondad, su desprendimiento, han hecho posible también que esta ley tenga mucho pensamiento de él, de su estudio, de su esfuerzo, de su trabajo. Para el Lic. Villalobos Umaña, también  en lo personal  mi reconocimiento  y mi agradecimiento.
No cabe la menor duda que el esfuerzo hecho por los señores diputados todos de la Comisión de Asuntos Jurídicos, principalmente dos, el señor diputado Araya  Umaña, quien con gran habilidad, con gran empeño, ha sido posible que el dictamen lo tenga en estos momentos el Plenario, lo mismo que el señor diputado  Fishman Zonzinski, quien cuando fue  presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos hizo un gran esfuerzo porque fuera una realidad esta ley. Para loa dos señores  presidentes dela Comisión de Asuntos Jurídicos mi más sincero reconocimiento.
Una participación muy activa ha tenido también el señor diputado Borbón Arias, quien también robándole muchas horas a su descanso participó en más de una sesión, en más de una acalorada sesión, para que muchas de las instituciones que se estaban  plasmando ahí  fueran una realidad. Para usted en forma especial, señor diputado  Borbón Arias, mi más sincera felicitación.
A una presidenta ad ínterin, nada ortodoxa, muy heterodoxa, quien en momentos completamente oportunos, con su solo presencia hizo que  dos figuras extraordinarias autoras de la  Ley, como don Eduardo Ortiz, y don Rodolfo Piza, se pusieran de acuerdo en una materia que del todo parecían no ponerse de acuerdo ambos juristas. Sin embargo, la señora presidenta ad ínterin en ese momento, como siempre lo sabe hacer doña  Zamora Fonseca, con ese respeto, con esa categoría, con esa dimensión que siempre sabe darle a las cosas ella, cuando en todo lo que interviene  doña Olga, en una forma absolutamente nada ortodoxa, supo llevar a estos dos juristas a que se pusieren de acuerdo en la materia de la retroactividad de las sentencias de inconstitucionalidad, que es una de las materias más delicadas, más difíciles, y creo  que llegaron estas dos personas  y al Comisión de Jurídicos posteriormente , a una feliz  entendimiento. Para usted señora diputada Zamora Fonseca, mi más sincero reconocimiento y mi más  sincera felicitación.
Pareciera que lo importante ahora, señores diputados, es a lo que vinimos, a comentar un poco algunas de las instituciones de la ley que son importantes analizar. Sin embargo, antes le solicitaría  muy respetuosamente  ponerle atención a este documento… bueno, desgraciadamente se me extravió, por lo que desde ya les pido disculpas a ustedes, señores diputados, si cometo algún gazapo de detalle.
En términos generales, la  Constitución Política cundo fue reformada  en su artículo 10, estaba guiada a que una sentencia de uno de los  jueces más distinguidos que ha tenido la  Corte  Suprema de Justicia  de los Estados Unidos, como es el juez  Marshall, se hiciera realidad. Y es que lo que  hoy nosotros tenemos como cosas aceptadas, sabidas y que nadie discute, en aquellos momentos no eran así las cosas. El juez Marshall, que dicho sea de paso, no fue abogado, y era presidente  de la Corte  Suprema de Justicia, bueno, quiero decirles  esto: cuando estábamos redactando el proyecto  de la  Sala Cuarta, en un momento determinado pensé en la importancia de presentar a que uno de los siete jueces que formaban parte de esta Sala, no fuere abogado.
Les voy a decir el  motivo de lo anterior, y véanlo ustedes, el juez Marshall  es un hombre que se destaca como uno de los grandes presidentes de todos los tiempos, y el aporte que da este hombre al Derecho Constitucional es tan grande, y todas las personas aficionadas a  esta materia lo conocen, que la sentencia que dicta el juez Marshall, y ahora yo les voy a leer algunos extractos de ella, es la que hace historia, y marca absolutamente todo lo que es la ciencia constitucional en este momento en materia de inconstitucionalidad.
Lo pensé porque los profesionales  normalmente dicen: fue formado en la escuela tal  de derecho, y tiene un doctorado en la universidad tal, pero resulta que lo que hay es una deformación  más que una formación, por que las profesiones lo que ponen a al gente  es a pensar en determinada  forma, principalmente en la ciencia del derecho. Y es muy importante que en esta justicia  constitucional, que no es la justicia  ordinaria, como oportunamente se verá, es muy importante que haya  alguien  de un criterio no deformado por al ciencia misma del estudio del derecho. Debo decirles que me pareció que talvez en ese momento , y sin  haberse discutido previamente esto en Costa Rica, podría dar al traste  con la  Sala, por eso preferí que fuera una cuestión tradicional, y que  fuera integrada solamente por siete abogados, pero no dejo, y quiero señalarlo en esta oportunidad, que debe pensarse seriamente en que debe haber en alguna oportunidad, y principalmente en esta Sala, un integrante de la misma que no sea profesional en derecho.
Marshall en un caso que tuvo en los Estados Unidos, que ya ha sido aquí analizado cuando tuvimos oportunidad don Fernando, otros compañeros y yo de discutir sobre esta materia, a propósito  de una moción que él presentó, el caso Marbury versus Madison es el que define  lo que es la constitucionalidad y lo que debe ser la misma  en el ejercicio en un país determinado.
Recordemos que para entender bien la institución, debemos de trasladarnos un tanto a la caída de la monarquía absoluta, en donde sale el parlamento con el poder para detener el poder absoluto del rey. Entonces se cae en el otro extremo donde se dice que el parlamento lo puede todo, salvo el  cambiarle  el sexo a las personas, aunque aquí en algunas oportunidades ya se dice que tanto lo puede la Asamblea Legislativa, que también inclusive puede cambiarle  el sexo a las personas. La frase es viejísima  y nace en el momento en que el parlamento inglés  que tiene todo el clímax en esta materia, así lo dicen  los señores diputados y los señores senadores en esa institución.
Pues bien, las colonias americanas no obstante  eso, en el caso de Marbury contra Madison que se da en 1803, este juez no abogado, aunque era un hombre que había  estudiado creo que durante  tres o cuatro años derecho, emite y se produce en la siguiente manera:
Marbury, primero que nada voy a  mencionar un pequeño antecedente, es un hombre que se le ha distinguido con el nombramiento  del juez, una institución en los Estados Unidos, y Madison es un secretario del estado de gobierno de Jefferson, pero resulta que Madison no lo quería nombrar  en el cargo, el que había sido nombrada por otro  señor ministro. Entonces hay un litigio, el cual  desemboca en la Corte Suprema de Justicia  en los Estados Unidos. En ese momento  entonces se discute  la constitucionalidad y se pronuncia de la siguiente  manera Marshall, dentro de otras cosas  que dice  la sentencia: “los poderes de la legislatura  están definidos  y limitados – o sea , que no es absoluto, todo tiene  que tener  un marco, un punto. Para  que esos límites no pueden  ser equivocadas  u olvidados, al Constitución es escrita”.
Recordemos que venimos de Inglaterra de donde no hay Constitución  escrita, entonces  hacen su Constitución escrita”. Pero le señala Marshall: “y para que esos límites –los  límites de los  poderes- no pueden ser equivocados u olvidados, la Constitución es escrita”. ¿con qué propósitos son limitados  los poderes, y con qué propósito está esa limitación escrita, si estos límites pueden en cualquier momento ser salvados por aquellos ante quienes se oponían? “la distinción –continúa  Marshall- entre gobiernos con poderes limitados o ilimitados, está abolida, si esos límites a las personas, sobre quienes  está impuestos, y si los actos prohibidos y Leo actos permitidos son igualmente obligatorios. Es una  proposición muy sencilla para ser contestada, que la  Constitución controla cualquier acto legislativo  repugnante a ella, es decir,  que se le oponga a ella, o que la legislatura pueda alterar la  Constitución por una ley ordinaria. Repito esta última frase porque es esencial: es una proposición muy sencilla para ser contestada, que la  Constitución controla cualquier  acto legislativo repugnante a ella, o que la legislatura puede alterar la  Constitución por una ley escrita.
Continúa la sentencia: “entre estas alternativas  no hay termino medio, o la  Constitución es la  ley suprema, inmutable por medios ordinarios, y recuerden que las leyes  son medios ordinario, o  está  en el nivel de las leyes ordinarias, o como otras, pueden ser alteradas cuando la legislatura se propongan hacerlo.” Esto es, que la única manera de poder reformar la  Constitución es a través de una reforma  constitucional, y no a través de una ley ordinaria.
Por eso a lo largo de este tiempo  que hemos estado aquí como compañeros, ustedes en lo personal me han escuchado  con la majadería de que esta ley es inconstitucional, que choca con la  Constitución etc., por que se cae absolutamente todo lo que puede ser la constitucionalidad en un estado de  derecho.

Continúa Marshall: si al primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la  Constitución no es una ley. Si la última parte es exacta, es decir, que se puede reformar por leyes ordinarias, entonces las Constituciones escritas son absurdos proyectos por parte  del pueblo para limitar un poder ilimitable por su propia naturaleza”. Esto es lo esencial: o nosotros como Poder respetamos la  Constitución y la manera de reformarla es a través  de actos  constitucionales legislativos para ser reformada,  o aquí  el estado de derecho no tiene absolutamente ninguna razón de ser, porque entonces por medio de una ley ordinaria todo este principio que contiene  nuestra Constitución Política, nosotros  lo estamos tirando por la borda.

Imaginemos, señores diputados, para efectos de la explicación el ordenamiento jurídico es una especie de pirámide, donde en la parte superior, donde están los  vértices, está la  Constitución Política. En el otro orden de cosas siguen en nuestro  caso, los tratados y las convenciones, no pueden estar sobre la  Constitución. Y en nuestro caso también, por  lo menos lo han dicho estudiosos de esta materia, está el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina, no es una ley ordinaria, tiene un status superior a las leyes ordinarias, luego siguen las leyes ordinarias, los reglamentos, los acuerdos, las resoluciones y las órdenes. Todo esto tiene  que estar de acuerdo con la parte superior del vértice de esa pirámide que es la  Constitución Política, que como lo dice, y repito esta parte de la resolución de Marshall porque es el fondo, es el quid del asunto: “si al primera parte de la alternativa es cierta, entonces –es decir, que la  Constitución no puede reformarse por las leyes ordinarias etc.- entonces un acto legislativo contrario a la  Constitución no es ley. Si la última parte es exacta, es decir, que se puede reformar por leyes ordinarias, entonces las Constituciones escritas son absurdos proyectos por parte del pueblo, para limitar  un poder ilimitable por su propia naturaleza.”
¿entonces, señores diputados, a qué tanta bulla por esta materia? Vean ustedes algunas  de las aplicaciones  concretas, de lo que puede ser esta materia. Se presenta una acción de inconstitucionalidad, primero es conveniente que se sepa por qué se dice  acción de inconstitucionalidad y por qué se dice recursos  de amparo y por qué se dice  recursos de hábeas corpus.
Si se mantuvo, repito, esa terminología, fue por que en estos momentos  a la hora de reformar nosotros el 48 constitucional, desgraciadamente se nos fue  ese gazapo. Y dice, habrá recurso  de hábeas corpus cunado una persona esté ilegítimamente privado de su libertad y para proteger otros derechos, habrá el recurso de amparo. lo dice la  Constitución. Entonces la terminología de la ley así se indica.
Con respecto a la inconstitucionalidad no, porque no está en el texto constitucional el término. Entonces, por esa razón que ustedes encontrarán en la ley, que dice, acción de inconstitucionalidad. Bueno, si se  da una ley, supóngase que ustedes, se presenta un recurso de inconstitucionalidad por que la  Asamblea Legislativa dictó una ley inconstitucional o el Poder Ejecutivo dictó un reglamento inconstitucional. Y al amparo de ella, la vida jurídica salió y ha producido consecuencias. Entonces, si la acción de inconstitucionalidad se declara con lugar, es decir, se anula la ley. Háganse  ustedes esta pregunta señores diputados, por un lado están diciendo que no puede ser, porque es absolutamente nula, es inexistente una ley que va contra la  Constitución Política y las consecuencias de esa ley entonces, si ya ha producido al estado de derecho ha producido a personas, le ha dado a las personas derecho adquirido, situaciones  jurídicas consolidadas. ¿qué hacer con esto?.
Me parece que una de las cosas importantes que tiene este texto, es a ala solución que se llegó de los artículos 91 a 95, que es una  serie de mociones aprobadas en comisión por el artículo 41, en donde como antes  lo señalé, tanto don Eduardo Ortiz tiene en gran aporte, lo mismo que don Rodolfo Piza. Y era donde doña Olga se hizo presente e hizo que estas gentes en un momento determinado, con la presencia  de doña Olga, se pusieron de acuerdo y se llega a esta conclusión muy sencilla. 1) la sentencia que anula, siempre tiene efecto retroactivo, no hay vuelta  de hoja. Pero aquí viene lo costarricense, con excepciones. ¿cuáles son esas excepciones? La primera excepción es cuando se produzca graves dislocaciones para la seguridad, justicia y paz…

Diputada Taylor Brown: voy a cederle mi tiempo  al diputado Monge Rodriguez con mucho gusto.

Diputado Monge Rodríguez: gracias a la diputada  Taylor Brown por cederme su tiempo para compartir y analizar con los señores diputados mi criterio, respecto a la Ley de la  Jurisdicción Constitucional en conocimiento de esta Asamblea  Legislativa.
En fecha anterior me referí brevemente  a los aspectos medulares del proyecto de la Ley de la  Jurisdicción Constitucional; no obstante, al trascendencia nacional y el cambio fundamental que para nuestro ordenamiento jurídico supone esta legislación, que nos aprestamos  a promulgar, compañeros diputados exige una nueva intervención para explicar los verdaderos alcances del proyecto.
Ya en el artículo primero, claramente se define que el objeto de la ley es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y los del  Derecho Internacional o comunitario vigente en la  República, lo uniforme, la uniforme interpretación y aplicación de los mismos y los derechos y libertades fundamentales consagrados en la  Constitución o en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica.
Se establece la oralidad como regla general de actuación de la Sala  Constitucional, a razón es muy sencilla. El procedimiento escrito es lento y retarda la administración de justicia, optándose entonces porque  en todos los casos  deberá ordenarse una comparecencia  oral para que los interesados  formulen conclusiones  antes del pronunciamiento  de la  Sala. Y aún  cuando esta vista es de por si breve y expedita, puede prescindirse de ella cuando se trate de un recurso y de celebrarse la comparecencia, pueda producirse un retardo en el pronto despacho de esta clase de asuntos, que atañen a una de las libertades esenciales del hombre. Su libertad de tránsito y su integridad.
Además de la oralidad y teniendo presentes siempre la celeridad del proceso, se crea  la figura del magistrado instructor y del magistrado de turno; el magistrado instructor le corresponde realizar todas aquellas diligencias preliminares, tales como solicitar informes a las autoridades que tienen ilegítimamente  detenido a algún cuidado o inclusive, presentarse al lugar   de detención para practicar una inspección judicial. Al magistrado de turno le corresponderá  laborar los días  sábado y domingo, a efecto de recibir  e iniciar el trámite de todos aquellos asuntos  que ocurran en esos días y que lamentablemente se ha hecho frecuente en nuestro país, como lo dije en mi alocución el día anterior, que autoridades inescrupulosas realicen detenciones arbitrarias los viernes a las cinco de la tarde  cuando ya la  Corte ha cerrado. Y no será  sino hasta el lunes que se podrá pronunciar la Corte Plena sobre el recurso de Hábeas Corpus.
De mucha importancia resulta lo que esta nueva ley establece en cuanto a la jurisprudencia; en adelante todas las resoluciones que dicte la Sala Constitucional serán vinculantes. Es decir, todos los  tribunales de la  República estarán obligados a aplicar los criterios que se establezcan a través de la jurisprudencia constitucional. esto significa, que nuestra Constitución Política ahora sólo será interpretada judicialmente por un tribunal, la  Sala Constitucional; sólo ella podrá definir judicialmente los alcances y restricciones de los derechos fundamentales del pueblo de Costa Rica.
Por el carácter propio de la materia que conocerá la  Sala Constitucional, resulta  conveniente que su organización, jurisdicción, competencia y funcionamiento no pueden ser modificadas, si no lo es expresamente. Por ello el artículo 13 de la ley señala  que en cuanto a esos aspectos, la Sala sólo está sometida a la  Constitución, a su Ley Orgánica y a al del Poder Judicial. Para el caso de que se presenten situaciones es que esas normas no contengan  disposición expresa para resolver el problema planteado, por su orden se aplicarán los principios generales del Derecho Internacional o Comunitario y la  Ley general de la  Administración Pública, la Ley  Reguladora  de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y los Códigos Procesales.
En el título segundo de la  Ley, se regula el recurso de hábeas corpus, con el que se tutela no sólo al libertad, sino también la integridad personal contra actos ilegítimos provenientes de autoridades; la amenaza a esas libertades o las restricciones indebida del derecho de trasladarse de un lugar a otro en el territorio nacional, la libre permanencia, así como el ingreso y la salida de él.
Lo novedoso resulta también, que la sentencia que resulta un recurso de hábeas corpus podrá condenar a al autoridad que se declare responsable  al pago de daños y perjuicios.
Señor presidente y señores diputados, llamo su atención sobre la trascendencia y lo novedoso que entraña esta ley en cuanto al recurso de hábeas corpus; el cual en la actualidad sólo protege al ciudadano costarricense  de la privación ilegítima de la libertad. Con esta  reforma se amplía y el recurso de hábeas corpus protege la integridad personal contra actos ilegítimos provenientes de las autoridades. Y esto es mucho más amplio que sólo la libertad física.
En el título tercero del proyecto que estamos conociendo, se regula el recurso de amparo y está conformado el proyecto en cuatro capítulos. El primero trata del amparo contra órganos o servidores públicos; el segundo, del amparo contra sujetos de derecho privado; el tercero, del derecho de rectificación o respuesta; y el cuarto, de las sanciones. Dándose a este último un trato unitario a al materia represiva, relacionada con los recursos de hábeas corpus y de amparo.
De una comparación entre la vieja Ley de Amparo, y esta nueva ley de la  Jurisdicción Constitucional, concluiremos que lo novedoso es lo relacionado al amparo contra sujetos de Derecho Privado. Además algo trascendente y novedoso en el país para la prensa nacional y para los ciudadanos en general, es el derecho de rectificación o respuesta; pues el amparo contra órganos o servidores públicos ya es larga la tradición costarricense como medio de garantía para las libertades y derechos fundamentales que no son protegidos  por el hábeas corpus.
Es  importante hacer énfasis es que al nueva ley establece que el recurso procede no sólo contra las disposiciones , acuerdos y resoluciones, si no también contra toda  acción, omisión o simple actuación material no fundada en una acto administrativo eficaz, que haya violado, viole o aún amenace violar los derechos señalados.
Resulta también novedoso el contenido del párrafo último del artículo 39, al establecerse que este recurso procede  no solamente  contra actos arbitrarios, sino también contra las  actuaciones  u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente  aplicadas.
No serán susceptibles de recurrir en la vía del amparo, las leyes u otras disposiciones normativas, las resoluciones y actuaciones  jurisdiccionales del Poder Judicial, los actos administrativos de ejecución  de resoluciones judiciales, y las acciones u omisiones consentidas por el agravio, conforme al artículo 30.
Esta enumeración de lo que implica el nuevo recurso de amparo, señores diputados, hay que resaltar cómo se amplía el actual recurso de amparo hasta llegar a los particulares, y que un ciudadano pueda pedir protección mediante el recurso de amparo, de acciones, omisiones, amenazas de otros particulares. Todavía resulta novedoso en cuanto viene a establecer ya un orden en la materia de derecho de rectificación o respuesta, como la había dicho, para que Costa Rica se adecue a la normativa internacional de derechos humanos en esta  materia.
Tratando de hacer directo el acceso a la tutela que proporciona el recurso de amparo, se elimina el requisito de agotamiento previo de la vía administrativa, y se regulan aspectos no contemplados en la ley anterior, como por ejemplo, el desistimiento del recurso, la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, y el procedimiento de ejecución de sentencia.
De esta regulación, señor Presidente, es muy importante el acceso directo al recurso de amparo, eliminando el actual requisito del agotamiento de la vía administrativa, que en muchos casos impide al ciudadano la protección de sus derechos, porque la  Administración Pública además de burocrática, ineficiente, nunca resuelve a favor del ciudadano.
Por esa razón, conviene traer aquí  las consideraciones hachas por el más alto tribunal de la  República sobre este tema, así la  Corte dijo: “es obvio que al Constitución rige para todas las personas, ya se trate de gobernantes o de gobernados, y es claro también que unos y otros  están obligados  a cumplirla, de modo que en un principio no hay razón para excluir del amparo los actos u omisiones de los particulares, y ese campo las leyes pueden hacer  la regulación que se estime conveniente. Algunos derechos constitucionales sólo pueden resultar quebrantados  por los órganos o servidores públicos, pues se refieren a las potestades de esos órganos y funcionarios, y  a las relaciones entre el individuo y el estado, o enfrente de éste. Pero  otros derechos sí son susceptibles de violación, de amenaza, de violación por particulares, de suerte que si un sujeto de Derecho Privado quebrantare algún  derecho constitucional en perjuicio debe tener abierta la vía del amparo, si fuere adecuada esa vía para decidir el caso, y no existieren  otros medios de protección eficaz. “cubriéndose entonces, la ley no protegía, no tutelaba”
Otros han criticado que es inadecuada la regulación del derecho de rectificación o de respuesta dentro de la ley, principalmente porque lo que se reglamenta es el ejercicio del derecho y no la protección del derecho. Sin embargo, se ha creído, a mi juicio, concretamente, que por tratarse de un derecho fundamental y de tan difícil  concreción, era indispensable sentar las bases para lograr su realización.
En el título IV, denominado: de las cuestiones de constitucionalidad, se regula en tres capítulos la acción de inconstitucionalidad, la consulta de inconstitucionalidad, y la consulta judicial de constitucionalidad.
La nueva regulación del anterior recurso de inconstitucionalidad, responde a nuevos principios y es objeto de una distinta concepción y regulación. Se elimina así el obsoleto depósito previo de 50 0 100, dependiendo de la cuantía del juicio donde se invoca  la inconstitucionalidad, la necesaria autenticación por parte de dos abogados, reduciéndose sólo a uno, la necesidad de juicio previo para ciertos funcionarios: el Procurador General de la  República, el Contralor General de la  República, el Defensor de los Habitantes, cuando lo haya, el Fiscal General de la  República. Se amplía  su ámbito de procedimiento, siendo en adelante oportuno cuando en al formulación de leyes o acuerdos legislativos, se viole algún requisito o trámite sustancial previstos en al Constitución, o en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa, cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento. Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7 de la  Constitución, y con respecto a los convenios o tratados internacionales. Particular importancia reviste la eliminación del citado juicio previo, para los casos en que no exista lesión individual o directa, bien que se trate de defender intereses difusos que atañen a la colectividad en su conjunto, artículo 74.
Finalmente se resuelve el problema de los efectos de la sentencia, que declara con lugar la acción de inconstitucionalidad, entre ellos la anulación de la norma o acto impugnado, la producción  de cosa juzgada, la eliminación de la norma o actos del ordenamiento, el efecto retroactivo y declarativo del fallo, entre otros.
Interesa resaltar, señores diputados, que de conformidad al proyecto que estamos analizando, entonces en lo que al recurso de inconstitucionalidad se refiere, el juicio previo entratándose de defender  asuntos esenciales de interés de la nación, se puede por un ciudadano recurrir a la vía de inconstitucionalidad directamente, sin necesidad de juicio previo, y por esta vía había llamado en mi intervención anterior, se instaura   la acción popular. Ejemplo de lo que esto podría ser, recordemos un hecho trascendente en nuestra función legislativa, que pasará a la historia de nuestras vidas  personales y de la historia  de Costa Rica, como fue la discusión del  conocido Convenio del Atún. Aquí nos enfrascamos  en el análisis constitucional de ese convenio, definiendo que el mismo no sólo era  inconstitucional, sino que atentaba como lo ha sido, al interés nacional, y el mismo no ha sido posible recurrir como inconstitucional, primero, porque a pesar de las promesas del gobierno de la República para salvar a Puntarenas y a Costa Rica con ese convenio del atún, no está funcionando. En segundo lugar,  porque habría la necesidad de un juicio previo para después plantear el recurso de inconstitucionalidad.
El señor diputado Volio Jiménez, señor presidente, me solicita una interrupción, y si usted me lo permite, aunque no estoy en mi tiempo, con mucho gusto se la concedo porque él se la merece.

El vicepresidente: el único  que le puede conceder la interrupción, si usted se la devuelve, señor diputado Monge Rodríguez, es la señora diputada Taylor Brown. Usted puede devolverle el uso de la palabra a la diputada Taylor Brown y ella sí puede hacer esa concesión.

Diputado Monge Rodríguez: ruego a al señora diputada Taylor Brown, dentro de su tiempo, concederle una interrupción al diputado Volio Jiménez, si lo tiene a bien, y luego permitirme continuar con mi exposición.

Diputada Taylor Brown: señor presidente, estoy totalmente de acuerdo en cederle tiempo al diputado Volio Jiménez.

Diputado Volio Jiménez: nada más grato, señor presidente y señores diputados, que lo que acaba de ocurrir, que la diputada Taylor Brown me conceda un rato, a las penas que uno tiene aquí, las molestias, pues vienen  estos bálsamos a confortarlo a uno.
Y es que ésta es una oportunidad para aclarar lo que oigo por todas partes, desde el famoso  debate del atún. Me hablan incluso en programas radiales, me hacen preguntas y me dicen que porqué aprobé  un proyecto tan inconstitucional como el atún y porqué permito que con base en este proyecto, se exploten inadecuadamente nuestros recursos del mar. Y es que el convenio nunca entró en vigor, porque el faltaron dos ratificaciones, las ratificaciones de dos estados, Guatemala y Panamá.
De manera que nunca ha sido parte del ordenamiento jurídico y por lo tanto, en ese caso que habla del diputado Monge Rodríguez, nunca podría presentarse un recurso de inconstitucionalidad porque no existe jurídicamente el convenio del atún. Gracias a ambos.

El vicepresidente: tiene la palabra el diputado Monge Rodríguez en el tiempo cedido originalmente por la diputada Taylor Brown.

Diputada Monge Rodríguez: reafirma mi exposición el diputado Volio Jiménez, que se requiere para plantear el recurso de inconstitucionalidad un juicio previo en la actualidad y que en cuanto al convenio del atún no se ha podido presentar porque el mismo no ha entrado en vigencia y por eso  no se ha podido presentar.
Pero el pecado subsiste, ahí lo aprobó el gobierno y lo aprobó le fracción de Liberación Nacional, aunque no haya entrado en vigencia este pecado lo lleva la diputada Karpinsky Dodero y  la fracción de Liberación Nacional por toda la historia de la vida patria. Sin embargo  con al nueva ley de los derechos fundamentales del pueblo costarricense como en este caso, no requieren de un recurso previo para plantear el recurso de inconstitucionalidad y cualquier costarricense lo puede presentar para corregir incluso yerros tan graves como el del convenio del atún.

Diputada Jiménez Quirós: para cederle mi tiempo al diputado Monge Rodríguez.

Diputado Monge Rodríguez: gracias, señora diputada y gracias  a don Fernando por haberle permitido  escuchar su intervención en la interrupción sobre el criterio reafirmando un principio constitucional, en cuanto al recurso actual de que se requiere un juicio previo para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Con ese criterio del diputado Volio Jiménez, pueden ver ustedes la trascendencia que implica a nueva reforma al eliminar en este proyecto que conocemos  el juicio previo para presentar  el recurso de inconstitucionalidad, en tratándose de asuntos de interés nacional, expresamente regulados en la ley como está establecido.
En el capítulo segundo del proyecto que conocemos se establece consulta de constitucionalidad para buscar que la  Sala de Jurisdicción Constitucional, ejerza un control preventivo de proyectos legislativos. ¿cuánto deseáramos  en muchos de los casos en muchos de los casos, que esto existiera en al actualidad o cuánto nos hubiéramos obviado de sinsabores y de tiempo en la discusión del convenio del atún, si hubiéramos podido con base en la ley, hacer el control previo de constitucionalidad del proyecto, como sí lo establece el proyecto que conocemos?
Este control será preceptivo cuando se trate de proyecto de reforma a nuestra Carta Magna, a la ley que comento o bien cuando se trate de proyectos de aprobación de convenios o tratados internacionales optativa será la consulta cuando sea solicitada por un número no menor de diez diputados en tratándose de otros proyectos de ley, actos de aprobación legislativa, contratos administrativos o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina  Interior de la asamblea Legislativa, por la  Corte Suprema de Justicia, el tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría  General de la  República en asuntos de su competencia constitucional o en el defensor de los habitantes cuando éste exista y cuando se considere que se infringen derechos fundamentales.
Paralelamente a al consulta que  he referido, se establece la consulta judicial. Esta consulta lo es para las Salas de la  Corte y los Tribunales Superiores de Casación o de última instancia, ya sea que se  trate de que tuvieran dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deban aplicar o bien que se trate de un acto, una conducta o una omisión u objeto de su juzgamiento. Pero será preceptiva para resolver recursos de revisión en que se reproche la vulneración del debido proceso o de los derechos de audiencia o de defensa.
Finalmente en cuanto a los efectos de la llamada consulta judicial se estipula  que serán los mismos que los de la acción  de inconstitucionalidad.
El contenido del título V de los conflictos constitucionales, se establece el procedimiento en este título V para la resolución de los conflictos de competencias entre los poderes del estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones o entre esos y la  Contraloría General de la  República, así como de los conflictos de competencia constitucional entre aquellos Poderes y las instituciones descentralizadas, municipales y otras personas de derecho público, regulándose así la institución creada por la reciente reforma constitucional que creó la Sala Constitucional.
Considero que ésta será una de las leyes de final del siglo trascendente en la organización y futuro de la nación costarricense para el siglo XXI y hago este análisis para que el mismo sirva de interpretación de la ley en la voluntad del legislador y cuando los jueces tengan que revisar cuál fue y ha sido la orientación del legislador en esta materia y concretamente en esta ley.
Ha de hacer también como criterio para efectos de acta, la lectura de unos comentarios que al estudio de este proyecto hizo un constitucionalista de fama internacional conocido ampliamente como el Héctor Fitz Samudio, que estudiando  este  proyecto escribió: “el citado proyecto debe considerarse muy positivo en sus aspectos generales, puesto que reúne  las disposiciones de varios ordenamientos autónomos todavía vigentes, lo que de por sí ya es importante. Pero además introduce nuevas instituciones de control de constitucionalidad que de aprobarse situaran a la legislación de Costa Rica dentro de las más avanzadas de nuestra época en esta materia. En un examen preliminar y de conjunto del proyecto, se puede afirmar que crea un nuevo órgano y regula de manera equilibrada cinco instituciones de carácter procesal constitucional; primero  en relación al primer aspecto, el proyecto con apoyo en la reciente reforma constitucional reglamenta la organización  y funciones de una Sala Constitucional en el seno de la  Corte Suprema de Justicia, formada por siete magistrados  propietarios y doce suplentes, designados por mayoría calificada de la  Asamblea Legislativa. En este sentido puede afirmarse que el citado proyecto adopta una posición  intermedia entre las dos tendencias que se observan actualmente en América  Latina, en la cual ha predominado hasta esta época reciente, el modelo norteamericano  que atribuye a las cortes o tribunales  supremos, la competencia para decir en última instancia tanto cuestiones de legalidad ordinaria como las de constitucionalidad, pero que en la actualidad se combina con aquellas legislaciones cuyo número se acrecienta paulatinamente, que se inspiran en el paradigma de la constitución austriaca de 1920, de acuerdo con el cual se atribuye a tribunales especializados, situados al lado de los ordinarios, al decisión de conflictos  constitucionales y entre estos ordenamientos  podemos mencionar el del Tribunal Constitucional Chileno, los Tribunales de Garantías Constitucionales de Ecuador y de Perú y la  Corte Constitucional de Guatemala. La orientación intermedia en el establecimiento de salas especializadas dentro de las cortes supremas de justicia como ha ocurrido con Colombia y el Salvador, ejemplo que sigue el proyecto costarricense, pero con la ventaja para éste último de que le otorga plena autonomía. Es decir, que la  Sala Constitucional dictaría la decisión final en las materias de su competencia, en tanto que sus homólogas de Colombia y el Salvador sólo  pueden elaborar las ponencias que someten al fallo final del Pleno de las Cortes respectivas.
La creación de tribunales o salas especializadas para decidir o proponer la solución de controversias constitucionales en América Latina no se apoya en un simple deseo de imitar el modelo europeo continental, particularmente  el Tribunal Constitucional Español introducido en la  Carta de 1978, sino que tiene su fundamento en la profunda reflexión iniciada por el ilustre Hans Kelsen, de que la resolución de los conflictos derivados  de la aplicación de las normas fundamentales, requiere de una especial sensibilidad político jurídica que no siempre  existen en la jurisdicción  ordinaria, como se ha demostrado posteriormente en la brillante jurisprudencia de las cortes o tribunales constitucionales europeos.
Segundo, además de la parte orgánica del proyecto que se comenta, en su significado sectores procesales, podemos comentar entre otros los siguientes aciertos y aportaciones novedosas. La  disposición del artículo 12, en el sentido de que la jurisprudencia y precedentes de la jurisdicción constitucional , son vinculantes erga omnes; ya que  por una parte  consagra un principio indispensable  en la decisión de controversias constitucionales sobre la eficacia de la supremacía  constitucional, que no puede quedar al arbitrio de las diversas autoridades judiciales o administrativas. Y por otra parte, se adopta en cuanto al tribunal de mayor jerarquía, la posibilidad de evolucionar su propia jurisprudencia, al cual no puede quedar congelada ante los dinámicos cambios sociales de nuestra época.
Tres, es significativo el precepto contenido  en el artículo 24 del mencionado proyecto. Según el cual al resolver sobre el recurso de habeas corpus, la Sala  Constitucional puede examinar en el supuesto de suspensión de garantías constitucionales, si la resolución impugnada se dictó de las limitaciones de la  Constitución Política y de lo razonablemente derivadas de la declaratoria de suspensión. Esta disposición asume gran importancia, frente a las limitaciones a al libertad personal que suelen imponerse en los estados de emergencia, como la trágica experiencia de América Latina, lo ha demostrado.
Cuatro, se amplía sustancialmente el ámbito protector  del derecho de amparo contra autoridades públicas en varias direcciones.
a) en primer lugar, se establece  la procedencia de esa  institución tutelar contra las acotaciones fundadas en normas erróneamente  interpretadas o indebidamente aplicadas, como establece el artículo 29. b) en segundo término es preciso  destacar que, de acuerdo con el artículo  48 del proyecto que se examina, el recurso de amparo puede transformarse en una acción de inconstitucionalidad cuando la sala especializada  considere de oficio, que las actuaciones u omisiones impugnadas se apoyan en normas vigentes. Hubiesen  sido o no impugnadas, o bien cuando el amparo hubiese  sido interpuesto directamente  contra las propias normas violatorias. Para lograr dicha conversión, la sala otorgará  un plazo de quince días hábiles al recurrente, a fin de que formule dicha acción de inconstitucionalidad; con ese  precepto se resuelve con un criterio de flexibilidad, el debate doctrinal y jurisprudencial que se ha planteado en varios países latinoamericanos, especialmente  en el ámbito nacional y provincial argentino sobre la  impugnación directa o indirecta de la inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad, de las  disposiciones legislativas por medio del amparo.
En efecto, el citado precepto evita que una equivocación sobre la vía procesal dificulte o impida el conocimiento y resolución de la cuestión de inconstitucionalidad.
Cinco, si bien tradicionalmente una gran parte de las afectaciones de los derechos y libertades fundamentales, proviene de las autoridades estatales, en la actualidad pueden observarse el creciente poder de algunos sectores o grupos sociales, políticos, económicos y  culturales; los cuales pueden infringir los derechos y libertades fundamentales en ocasiones en forma más grave que las autoridades. En esta dirección el proyecto que analizamos establece un capítulo especial sobre el amparo contra sujetos de derecho  privado, en el cual recoge una amplia experiencia Latinoamérica que se inició en 1058 en el famoso cado Cot, resulto por la Corte Suprema Argentina y que después  incorporó en varios textos constitucionales.
En forma certera el artículo 57 del proyecto establece  que el amparo se otorgará cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas o se encuentren de derecho o de hecho en una posición de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos, para garantizar los derechos o libertades fundamentales. Como se trata de una materia cuyos  límites son todavía precepto propone e su último  párrafo que, cuando se rechace el recurso de amparo se deberá indicar el procedimiento  idóneo para tutelar el derecho lesionado.
Señor presidente, solicito quórum. Dado de que vamos al cambio de sesión y me  permita continuar en el uso de la palabra.
 

Autos
Asamblea Legislativa

Secretaria

San José, a los     veinticinco      días del mes de      setiembre       de mil novecientos        ochenta y nueve.  

En sesión de esta fecha, No° 68, continuó la discusión en Primer Debate del proyecto de la ley objeto de este expediente. Hicieron uso de la palabra los diputados Monge Rodríguez y Corrales Bolaños.

Aníbal González Barrantes.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Legislatura 89-90
Acta de la sesión ordinaria número 68
Veinticinco de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve
Dieciséis horas

DIRECTORIO

Allen Arias Angulo
PRESIDENTE.

Aníbal González Barrantes                                         José Alberto Aguilar Sevilla.
PRIMER SECRETARIO                                            SEGUNDO SECRETARIO.

DIPUTADOS PRESENTES

Borbón Arias
Badilla Rojas
Tattenbach Iglesias
Zamora Fonseca
Sotomayor Guevara
Muñoz Bustos
Monge Rodríguez
Ávila Solé
Solís Herrera
Valenciano Chaves
Ramírez Azofeifa
Marin Madrigal
Carvajal Herrera
Villalobos Salazar
Monge Sanabria
Corrales Bolaños
Taylor Brown
Valderramos Bermúdez
Carballo Chaves
Jiménez Maroto
Lizano Barahona
Obando Suárez
Araya Umaña
Fishman Zonzinski
Guevara Fallas
Román Méndez
Ureña Ulate
Avendaño Castro
Estevanovich González
Solís Rodríguez
Tacsan Lam
Lobo Solera
Vega Chaves
Saborío Vega
Jiménez Quirós
Delgado Monge
Méndez Mata
Villalobos Villalobos
Brenes Castillo
Cruickshank Smith
Jiménez Piedra
Molina Rojas
Volio Jiménez
Benavides Vílchez
González Ramírez
Karpinsky Dodero

PRIMER DEBATE

EL PRESIDENTE: continúa en debate el proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción  Constitucional.
Continúa  en el tiempo de la señora diputada Jiménez Quirós, el señor diputado Monge Rodríguez. Le restan doce minutos del tiempo que al señora diputada Jiménez Quirós le había otorgado en la sesión anterior.

Diputado Monge Rodríguez: la sesión anterior estaba explicando los alcances de la Ley de la  Jurisdicción Constitucional, y traje a colación, para que constara en actas, un comentario escrito sobre la esta ley del Dr. Héctor Fix Zamudio, constitucionalista reconocido, para que conste en actas su criterio.
Al finalizar la sesión anterior había quedado en al lectura de este documento, al cual hoy le voy a dar fin, dice lo siguiente: “punto 6: un  aspecto novedoso consiste en incluir dentro  del proyecto de Jurisdicción Constitucional, la regulación del polémico pero esencial  derecho de rectificación o respuesta por medio del recurso de amparo, con apoyo en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, y el 14 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos. El acierto de esta regulación radica,  en nuestro concepto, y con independencia de los aspectos del procedimiento que no podemos analizar ahora, en el establecimiento de bases firmes para darle una aplicación concreta  a un derecho fundamental de tan difícil y elusiva realización. 7: en la reglamentación de la acción de inconstitucionalidad, se advierten aspectos significativos en los cuales se adoptan soluciones novedosas, y en nuestra opinión, acertadas.
Además de la procedencia tradicional de esta acción respecto de todo tipo de disposiciones, formal y materialmente legislativas, se introduce la solución  colombiana sobre la impugnación de una reforma constitucional, por violaciones de procedimiento, y además la decisión sobre la conformidad de los convenios o tratados internacionales con la  Constitución, con el efecto, en este último supuesto, de que los mismos se interpretan y apliquen en armonía con la  Constitución. O si la contradicción resultare insalvable, se ordene su desaplicación y en su caso, su denuncia. 8: otra institución que se crea y que no existe  en la legislación vigente, es la consulta de constitucionalidad, que está en los artículos 96 y 100, con el objeto de ejercer el control preventivo de los proyectos legislativos, en cierta manera de acuerdo con el modelo de consejo constitucional francés.
Dicho control se ejercitará  de oficio en relación con los proyectos de reforma constitucional, o respecto de la aprobación de convenios o tratados internacionales. En cuanto a los restantes proyectos de ley, la consulta procede cunado la  solicite un número  no menor de diez diputados a la  Asamblea Legislativa. también puede pedir la consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, o la  Contraloría  general de la  República, si se trata  de proyectos de ley o de mociones incorporadas a los mismos, en cuya tramitación, contenido y efectos se estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a la respetiva competencia de dichos organismos. Finalmente también otorga la facultad de formular consultas al defensor de los habitantes, el ombudsman, cuando éste considere que se infringen  derechos o libertades fundamentales reconocidas por la  Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica. 9: dentro del género de la consulta constitucional, el proyecto regula una segunda hipótesis  relativa a la formulada por los órganos judiciales en los artículos 102 y 108, específicamente las salas de la  Corte Suprema de Justicia, y los Tribunales Superiores de casación o de última instancia, cuando tuvieren dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma que deban juzgar en un caso sometido a su conocimiento. Esta consulta judicial es obligatoria para los citados tribunales, cuando deban resolver los recursos de revisión fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso, o de los derechos de audiencia o defensa. El juez de la causa debe suspender el procedimiento, hasta que la sala constitucional tendrá los mismos efectos de la sentencia dictada en un procedimiento  promovido por medio de la acción de inconstitucionalidad, con independencia de que las partes en el proceso en el cuál surgió la cuestión, puedan realizar la conversión de la consulta en una  acción de inconstitucionalidad en sentido estricto. 10- la última institución regulada en el proyecto se refiere  a los conflictos constitucionales, denominados por la doctrina “controversias o litigios constitucionales”, o “conflictos de atribución”. Se establecen dos tipos de conflictos: en primer lugar los relativos  a las controversias sobre competencias o atribuciones entre Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de los citados Poderes u órganos, y las entidades descentralizadas, municipalidades u otras personas de Derecho Público, o los que cualquiera de éstos entre sí. 11: como puede observarse, se trata de un ordenamiento  exhaustivo y armónico, que concentra  todos los instrumentos de justicia constitucional que todavía se concentran, se encuentran dispersos en varias leyes y códigos del ordenamiento costarricense.
De esta manera el proyecto desarrolla una amplitud, flexibilidad, la reciente reforma constitucional. 12: posee además una orientación actualizada, en cuanto no se limita a establecer los instrumentos de garantía procesal del principio de supremacía constitucional en sentido estricto, sino que además lo extiende a las normas de Derecho Internacional o Comunitario, incluyendo su interpretación uniforme, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la  Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, todos ellos vigentes en Costa Rica. San José, julio de 1989, y firma el Dr. Hector Fix Zamudio”.
He leído este análisis del Dr. Zamudio, para que conste en las actas y en el expediente legislativo, a efecto de que sirva de interpretación, cuando se haga la investigación de los alcances de esta ley, hasta dónde ha llegado la voluntad de legislador. Hago mías todas y cada una de las palabras de este comentario que ha hecho el Dr. Zamudio, para que así conste en el acta.
Para terminar, señores diputados, quiero dejar constancia del arduo, serio y laborioso trabajo que han desempeñado los compañeros de la  Comisión de Asuntos Jurídicos en esta ley.
Es poco usual reconocer aquí el trabajo de las comisiones legislativas, pero ahí es donde realmente los señores diputados realizan su mejor labor y su mejor esfuerzo,  donde verdaderamente se realiza la labor legislativa. Los compañeros de la  Comisión de Asuntos Jurídicos, encabezados por su presidente el Dr. Araya Umaña, y por todos los compañeros socialcristianos ahí presentes, junto con el señor diputado Corrales Bolaños, han hecho un excelente trabajo para tener en este plenario un  proyecto de Ley de Jurisdicción  Constitucional, que le da el sustento a la  Sala Constitucional que hemos creado. Lo hemos dicho aquí muchas veces, esta Sala Constitucional, esta Ley de la  Jurisdicción Constitucional será una reforma trascendental para sustentar las bases sociales, económicas, políticas, jurídicas en que se fundamentará el pueblo costarricense a partir de la legislación, y que será muy importante a finales de este siglo y durante el siglo XXI.
Asimismo quiero dejar constancia de mi reconocimiento al grupo que integró la última comisión redactora de este proyecto de ley, la cual estuvo presidida por el Dr. Luis Paulino Mora, Ministro de Justicia, por los magistrados de la  Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, don Alejandro Rodríguez y el magistrado González, por el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el Lic. Gonzalo Brenes, por el Decano de la Facultad de Derecho, el Dr.  Bernardo Van Der Laat, por el Procurador General de la República, el Dr. Luis Fernando Solano, por un jurista de la talla del Dr. Rodolfo Piza Escalante, y en representación de esta Asamblea Legislativa, don Fernando Volio Jiménez, quien por su enfermedad no participó en el trabajo de ella, pero hizo grandes aportes, y desde luego, quiero dejar constancia para mi satisfacción, de que yo también forme parte de esa comisión redactora última de este proyecto de ley.
Creo, señores diputados, que la  Asamblea legislativa tiene en sus manos no sólo uno de los mejores proyectos de ley salido de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos, y del trabajo de nuestros compañeros diputados, sino que con esta decisión está tomando una decisión  trascendente, importantísima, para lo que será el desarrollo del pueblo costarricense, con el funcionamiento de la Sala  Constitucional, mediante esta ley de Jurisdicción Constitucional.
Yo espero que el voto sea afirmativo, y también deseo que nos amplíen estos aspectos en que yo no he entrado, pero sobre su importancia lo que va a hacer el señor diputado Corrales Bolaños.
Así entonces también podrán tener una visión completa de la trascendencia que implica para el país y para el pueblo costarricense, la ley que los señores diputados tiene en su conocimiento.

Diputado Araya Umaña: en realidad como presidente de la  Comisión quería referirme a algunos aspectos que no por su puesto tienen que ver con la materia de fondo, porque es una materia  muy difícil, a pesar de que los integrantes de la  comisión, que no tenemos la fortaleza de abogados, nos hicimos presentes en todas las sesiones para que se haga una realidad esta ley. Aprendimos muchas cosas de todos los compañeros abogados, diputado Corrales Bolaños y el diputado Borbón Arias, además el señor Ministro don Luis Paulino Mora, de quien apreciamos toda su sabiduría y toda su manera de ser, un gran costarricense, inteligente, hombre responsable, estudioso.
Tuvimos la oportunidad de oír a un hombre como don Rodolfo Piza, con una facilidad de palabra maravillosa, gran conocedor de  toda esta materia y tal vez con aluna ventaja sobre otras personas, que le da la posibilidad de, no sólo conformar esta Sala, sino de tocar una materia que hace mucha referencia a la  Sala Cuarta, que es la materia de los Derechos Humanos. Estar y oír  al doctor Hernández Valle un hombre muy modesto, con un conocimiento extraordinario. La  Sala Constitucional recibió varias críticas de algunos editoriales de algunos periódicos, editoriales que fueron contestados por don Luis Paulino Mora y por el que les habla, porque se trataba de decir en esos editoriales, que esta materia tan difícil se estaba  tratando en una comisión en donde apenas dos o tres diputados eran abogados, y que esta materia debería ser exclusivamente materia de estudio de los abogados y fundamentalmente de los constitucionalistas.
Pero para mi me consta que el esfuerzo que hicieron los dos diputados abogados que ya he citado, junto todo este equipo que estuvo permanentemente en la comisión, fue maravilloso. Y una de las cosas que se aprenden en la  Asamblea Legislativa, es que varios proyectos que hacen referencia al Poder Judicial y que ha mandado precisamente al Poder Judicial, han llegado a la  Asamblea Legislativa en una forma muy mal estructurada, muy desorganizada en todo lo que es el contexto de la ley. Y precisamente los asesores que aquí tenemos en la  Asamblea Legislativa, son personas que conocen de esa materia en forma extraordinaria y entonces conforman una ley, la estructuran en una forma que si ya le da un contenido mucho más importante para poderla entender y un seguimiento que  también es muy importante.
Creo  que con toda sinceridad que tal vez ninguna ley fue tan bien estudiada por este grupo de abogados, como esta ley de la  Sala Cuarta. Sábados y domingos durante muchas semanas hubo que reemplazar  absolutamente toda la estructuración, corregir los diferentes conceptos  de fondo y de forma en esta ley; conocimos prácticamente  cinco textos sustitutivos que se deban en esos fines de semana, estudiados por toda esta gente, que hay que agradecerles el inmenso trabajo que han hecho.
Según tengo entendido, y dicho por algunos constitucionalistas que tiene Latinoamérica, en este caso el doctor Zamudio y un mexicano que es una personalidad muy reconocida en esta materia, se han atrevido a decir que esta ley constitucional es la ley más importante y tal vez la primera en Latinoamérica que se le da las posibilidades al Poder Judicial, a nivel de esta sala Cuarta, de impartir esa justicia más rápida y más ágil.
Y que los conceptos que tiene, son importantísimos. Yo  digo que si dos  constitucionalistas, tal y como lo acaba de demostrar el diputado Monge Rodríguez, en el caso del doctor Zamudio, dicen esto, yo creo que es porque en realidad esto es totalmente cierto.
Quiero llamar la atención de los señores diputados en que, como presidente de la Comisión de Jurídicos, me llama la atención que siempre que hacemos las consultas, porque estamos viendo toda una serie de leyes que hacen referencia al Poder Judicial, y en cada ley siguiendo el mandato que nos señalan el Reglamento y la  Constitución de consultar en este caso al Poder Judicial y  a la  Corte Plena, las diferentes leyes que se están viendo en la  Comisión de Jurídicos, nunca, por lo menos de las que hemos estado estudiando, nunca se da la contestación de la  Corte Plena o del Poder Judicial dentro del término de los ocho días. Y el Reglamento lo señala con toda claridad, que si trascurridos  ocho días no se recibe por parte de la  Comisión respectiva, el informe, en este caso del Poder Judicial, pues prácticamente se da por aprobada.
Por eso yo, señor presidente, considero que es totalmente extemporánea esta carta que se ha leído por parte de la  Corte Plena, donde se hace referencia a una serie de articulados de la ley, en donde ellos proponen algunas reformas. En realidad estaba asustado porque yo creí que se iba a nombrar, o por lo menos era lo que  había entendido, que se iba a nombrar  una comisión para que estudiara toda esta reforma. Pero estas reformas  eran totalmente extemporáneas  y creo  que para la comisión se señala con toda claridad  que el presidente tiene la potestad de hacer la consulta y, si trascurridos esos ocho días, esa consulta no tiene respuesta, pues debe  considerarse que la  Asamblea Legislativa cumplió con el cometido, aunque sea a nivel de comisión.
Desde esa perspectiva, creo que ha sido un buen discernimiento de l  Asamblea, que no se nombre ninguna comisión para estudiar estas reformas, que ahora sí el Poder Judicial remite y que no remitió –creo yo- en el tiempo en que tenía que haberlas remitido. Por eso creo que los diputados estudiosos, abogados de la  Asamblea Legislativa, que habrán estudiado a conciencia esta referencia del Poder Judicial, pues, vía artículo 41 tiene la alternativa de presentar o retomar algunos conceptos que el Poder Judicial o la  Corte Plena somete  a conocimiento de la  Asamblea Legislativa
Por lo demás señor presidente, creo que se ha hecho un gran trabajo con respecto a este proyecto. Según entiendo, por lo que uno va aprendiendo en esa comisión, soy presidente de esa comisión por aspectos puramente coyunturales y circunstanciales, sin embargo yo me sentí muy complacido en realidad de la permanencia de todos los diputados de la  Unidad Social Cristiana en esa comisión, de la materia tan importante e interesante que se trató y creo que Costa Rica va a tener una de las mejores leyes en ese campo.
Señor presidente, el resto de mi tiempo se lo cedo al diputado Corrales Bolaños, con mucho gusto.
Diputado Corrales Bolaños: después de escuchar la intervención de los diputados Monge Rodríguez y Borbón Arias, que entraron el fondo del asunto, creo que quedan algunas pocas cosas por comentar.
Sin embargo, me parece que hay una que es importante que debemos tener presente, y me parece que es por lo que pueda a lo que la  Asamblea se verá abocada después de las seis de la tarde, parece que es importante que lo tengamos presente. Vean ustedes, señores diputados, que el artículo 10 de nuestra Constitución, reformada por la  Ley 7128 del 18 de agosto de 1989, dice lo siguiente: “corresponderá  a una sala  especializada, de la  Corte Suprema de Justicia, declarar  con mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, etcétera, continúa el artículo 10”.
Me interesa el término “sala especializada”. ¿ qué es lo que ocurre ahora? Ahora lo que ocurre es que los hábeas corpus los conoce exclusivamente la  Corte Plena; los amparos en algunas oportunidades e inclusive juzgados  penales, las inconstitucionalidades también las conoce la  Corte Plena.  Lo importante es que ahora va a estar en manos de una sala, no distribuido en juzgados penales, no distribuido en Corte Plena, no distribuido en Sala Primera,  el conocimiento de esta materia, sino que va a estar exclusivamente en manos de siete señores magistrados que, si no ocurre ninguna otra cosa, tendrán que ser electos ahora después de las seis de la tarde.
Ahora, Sala especializada, solamente estas materias conocer y las otras que determine la Ley de la  Jurisdicción Constitucional, que es la ley que está en el trámite de primer debate. Pero también los jueces deben ser especializados. Entonces aquí es donde conviene que nos preguntemos nosotros, ¿cuáles son las materias que va a conocer esa sala? Va a conocer, compañeros diputados, habeas corpus, normalmente o casi en forma exclusiva, la privación de la libertad se dicta  por jueces penales. O sea, la materia es fundamentalmente materia penal. Por esa razón, dentro de esos magistrados lo propio sería que  hubiera un magistrado especializado en materia penal, porque va a conocer de todos los hábeas corpus. Pero también se van a presentar recursos de amparo, recursos de amparo que van dirigidos a la materia civil, que van a estar dirigidos también a la materia laboral, que van a estar dirigidos también a la materia de familia y  a la materia agraria.
Señores diputados, hoy las ciencias del derecho reúnen todas estas materias juntas en algo que se llama Derecho Social. Y curiosamente dentro de los especialistas que anteriormente señalé, los perfiles de estudio, quienes más profundizan en el Derecho Social quizás son los especialistas en derecho agrario, por que el profesional de Derecho Agrario, especialista en Derecho Agrario, tiene que ver laboral, tiene que ver familia y propiamente agrario. De tal suerte, que este profesional domina bien estas materias.
¿qué otras cosas conoce? La  Sala va a conocer de las  inconstitucionalidades. De tal forma que ahí lo propio sería que haya uno o más jueces que domine el Derecho Constitucional, como especialidad. Derecho Constitucional que en el país por suerte ya tenemos y especializados exclusivamente en el Derecho Constitucional, como tal, o en el Derecho Administrativo. Pero hay otras materias que también estudia esa sala, esa sala estudia  materias como los Derechos Humano.
Recuerden que hay una consulta preceptiva que debe  hacer la  Asamblea Legislativa a esta sala, que es la materia de la constitucionalidad  o no de los tratados internacionales. Por lo tanto, allí debe haber también una persona que conozca del Derecho Internacional, ojala que sea especialista, para que pueda estar guiando a los compañeros magistrados que integran esta sala; pero hay otra materia que también no es constitucional, no es internacional, no son Derechos Humanos, no son  hábeas corpus dirigidos  a al materia laboral, a la materia de familia, a la materia agraria, ni tampoco los hábeas corpus, que son los conflictos que se van a presentar en el futuro entre poderes.
Imaginemos este caso, que dicho a la ligera no es un caso puramente teórico. Un partido político gana la  Asamblea Legislativa, el otro partido político ganó el Poder Ejecutivo y hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esa sala tiene que resolver ese conflicto y no ni materia constitucional, ni es materia penal, ni es materia civil, ni es materia laboral. Es un juicio político. Por lo tanto, nosotros debemos tener presente que ojala que los jueces que van allá tengan alguna experiencia en el Ejecutivo, el Legislativo, en la Contraloría, en la  Procuraduría, ojala que en todos, porque estaríamos es ese caso dando nosotros, teniendo la seguridad de que los jueces que van a llegar ahí tienen plena conciencia de la materia que, en este caso del conflicto de los poderes, están tratando.
Por eso es una sala especializada que va a conocer ella exclusivamente, con prescindencia de todos los otros tribunales, con prescindencia de todos los otros tribunales de esos campos y, además, sus jueces, ojala jueces especializados. Especializados en la materia que ellos van a tocar, no solamente  en materia pública o constitucional, o internacional, que como ya vimos también va a haber materia laboral, también va a haber materia civil, también va a haber materia penal, etcétera.
Por eso, al tener nosotros una sala constitucional  que nos pone a la vanguardia de América Latina y de muchos otros países en el mundo en este campo, al estar discutiendo nosotros la sala, la creación de la  Jurisdicción Constitucional, nos queda ahora, señores diputados, integrar nosotros la  Sala Constitucional; y si nosotros fallamos en esto, pues perderemos todo el esfuerzo de la  Sala Cuarta, todo el esfuerzo de la  Ley de la Jurisdicción  Constitucional, si las personas que nosotros ponemos ahí, no son las idóneas, también estaremos fracasando.
Haga un punto y aparte aquí, para comentar un editorial que hace unos días apareció en el periódico la  Nación, en donde le carga la mano a la  Asamblea Legislativa y nos dice que nosotros hemos hecho ni más ni menos, que tirar  por la borda un gran esfuerzo para nombrar a los señores magistrados de la  Sala Cuarta, de la mejor calidad. Hay que decirlo contadas sus palabras, porque así ha sido; se les ha pedido a la flor y nata de nuestros especialistas en los campos anteriormente  señalado, que por favor presten sus nombres para que sean miembros de la Sala Constitucional y nos han dicho que no.
Es importante que el país lo conozca, porque el esfuerzote los señores diputados, quienes han tenido en sus manos las conversaciones, y no ninguna otra cosa que no sea lo mejor para el país, poner lo mejor para el país, se ha dicho que no.
Eso no quiere decir que nosotros no podemos hacer un gran esfuerzo para poner excelencia, y yo estoy plenamente  seguro que la excelencia va a resultar. Los treinta y ocho votos a que se hizo alusión, no so treinta y ocho votos para un toma y un daca, no son treinta y ocho votos, usted tres y yo dos, usted cinco y yo seis, usted uno y yo otro, no. Treinta y ocho votos fue una institución que se instauró para que todos los partidos políticos, valga decir, el pueblo costarricense representado en esta Asamblea, tenga la oportunidad de expresar cómo quiere que se integre la  Sala Cuarta, y ojala la  Corte Suprema de Justicia.
Por eso me parece que las conversaciones que se han realizado,  y Leo compañeros que han participado en ellas, en lo personal puedo decir que se ha puesto lo mejor, y nuca la habido un estira y encoge, nunca ha habido un tome y déme, sino que se ha puesto el interés del país y la importancia de la materia que van  a tratar los señores magistrados de la  Sala Cuarta, antes que ninguna otra cosa.
Por eso, señores diputados, invoco el nombre de Dios para que ilumine a los señores diputados integrantes de esta Asamblea, para que después de las seis de la  tarde podamos integrar una excelente Sala Constitucional, la que será ni más ni menos que la  Sala que va  a venir a fortalecer el estado de derecho en  Costa Rica, que va a venir a poner los puntos sobre las íes sobre los derecho humanos, y sobre todas las otras manifestaciones que tiene y es importante conocer para un mejor desenvolvimiento del estado de derecho.
Disculpe, señor presidente, que el quitara un segundo más pero era importante finalizar estas ideas.

Asamblea Legislativa

Secretaria

San José, a los     veintiseis      días del mes de      setiembre       de mil novecientos        ochenta y nueve.  

En sesión de esta fecha, No 69, continuó la discusión en Primer Debate del proyecto de ley objeto de este expediente. Hicieron  uso de la palabra varios señores diputados.

Aníbal González Barrantes
PRIMER SECRETARIO

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Legislatura 89-90
Acta de la sesión ordinaria número 65
Diecinueve de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve
Dieciséis horas

DIRECTORIO

Allen Arias Angulo
PRESIDENTE.

Aníbal González Barrantes                                         José Alberto Aguilar Sevilla.
PRIMER SECRETARIO                                            SEGUNDO SECRETARIO.

DIPUTADOS PRESENTES.

Araya Guillén
Lobo Solera
Vega Chaves
Saborío vega
Jiménez Quirós
Delgado Monge
Ávila Sole
Guevara Fallas
Román Méndez
Ureña Ulate
Avendaño Castro
Estevanovich González
Solís Rodríguez
Tacsan Lam
Corrales Bolaños
Borbón Arias
Badilla Rojas
Tattenbach Iglesias
Zamora Fonseca
Sotomayor Guevara
Muñoz Bustos
Araya Umaña
Fishman Zonzinski
Valenciano Chaves
Jiménez Piedra
Molina Rojas
Volio Jiménez
Benavides Vílchez
González Ramírez
Karpinsky Dodero
Taylor Brown
Valderramos Bermúdez
Carballo Chaves
Jiménez Maroto
Lizano Barahona
Obando Suárez
Villalobos Villalobos
Brenes Castillo
Cruickshank Smith
Ramírez Azofeifa
Marín Madrigal
Carvajal Herrera
Villalobos Salazar
Monge Sanabria
Fair Lizano

 PRIMER DEBATE

EL PRESIDENTE: continúa en discusión el proyecto de ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional.
Puede continuar el señor diputado Araya Umaña, quien había quedado en el uso de la palabra; le restan quince minutos de su tiempo.

Diputado Araya Umaña: efectivamente yo había  terminado mi intervención, y como presidente de la comisión quise hace runa serie de comentarios generales que no tenían que ver con el fondo de esta ley. Llamaba la atención únicamente a los señores  diputados de esta Asamblea podrían recoger las observaciones que hacía la  Corte Suprema de Justicia en una forma totalmente extemporánea, para recoger esos conceptos y por vía moción 41 presentarlos a la  Asamblea para que se diga el trámite correspondiente, y supongo que a partir de mañana la  Comisión de Jurídicos empezará a analizar esas mociones vía artículo 41, presentadas en su mayor parte por el señor diputado Volio Jiménez.
Creemos que interpretando el artículo 167 de la Constitución, este proyecto tendrá que ser votado por 38 votos, porque creemos, señor diputado Volio Jiménez, que si alguna moción suya por alguna circunstancia, ya sea de forma o de fondo, no se acogiera, mañana vamos a contar con la presencia de Leo constitucionalistas  que nos acompañaron  durante el trámite de este proyecto, y podría ser eventualmente que alguna de las mociones entonces no se aprobara. Podría interpretarse entonces dentro del contenido del artículo 167 de la  Constitución, que estamos, por decirlo en alguna forma, desobedeciendo el mandato de la  Constitución, cuando no tomamos en cuenta la peritoria de la  Corte Plena. Asimismo creemos que este proyecto necesita 38 votos para su aprobación, así lo hemos interpretado casi desde el inicio.
Creo que hizo muy bien la  Asamblea Legislativa en no crear una comisión especial pare recibir  este documento, porque yo quiero insistir, señores diputados, en que en la comisión, a pesar de que en el primer dictamen de este proyecto que se dio en la legislatura anterior, llegaron también en forma extemporánea las solicitudes del Poder Judicial, en esta Asamblea Legislativa y bajo la presidencia mía en  la  Comisión de Asuntos Jurídicos, cuando se hizo la consulta llegó un primer informe donde decían que se oponían a algunos conceptos que tría el nuevo proyecto;  posteriormente enviaron el proyecto en términos generales tal y como lo conocimos los señores diputados.
Por supuesto que estamos esperando a la mayor brevedad posible ver todas estas mociones vía artículo 41, porque me da la impresión, y en eso tiene  que ser muy seria la  Asamblea Legislativa, que si ya nombramos a los magistrados que van a ocupar la Sala  Cuarta, pues haría muy mal la  Asamblea si retarda esta ley de la  Sala Cuarta. Hay que tomar en cuenta que dos de los más renombrados  constitucionalistas de nuestro continente, han dicho que es la mejor ley de muchos continentes, que esta ley  está poniendo a Costa Rica a la vanguardia dentro de estos conceptos. Por ello me da la impresión de que si retardáramos mucho la discusión, que por su puesto en forma muy seria la  Comisión de Jurídicos va a  analizar las mociones que presentó el señor diputado Volio Jiménez, pues se retardará también este proyecto.
Esto es lo único que quería decir, señor presidente. Yo le había cedido una interrupción al señor diputado Corrales Bolaños, pero me dice que él ya finalizó, por tanto yo doy por terminada mi intervención aquí.

EL PRESIDENTE: quiero informarle señor diputado Araya umaña, que hasta el momento no se ha presentado ninguna moción vía  artículo 41 para modificar el fondo del proyecto, y hoy se vence el plazo para presentarlas. Como creo que es conveniente que se conozcan, insto a los señores diputados que van a presentar mociones vía artículo 41, a que las presenten a al mayor brevedad, ya que sólo quedan  dos oradores  para hacer uso de la palabra, pero si no hacen sus intervenciones  yo tendría  que dar por discutido el proyecto, y ya votado  el proyecto en primer debate no cabrían  las mociones vía artículo 41. Esta es la sexta   sesión, y de acuerdo al artículo 42 del Reglamento, es la última en la cual se pueden presentar mociones, siempre y cuando  no se hubieren dado antes el primer  debate de la sexta sesión.
 Por el orden, tiene la palabra el señor diputado Volio Jiménez.

Diputado Volio Jiménez: a propósito de mociones por la vía del artículo 41 en relación con el proyecto que discutimos, los diputados  Borbón Arias y quien les habla, por encargo de los jefes de fracción de la  Unidad Social Cristiana y de  Liberación Nacional, nos reunimos para considerar el muy serio trabajo de la  Corte Suprema de Justicia, donde nos informan acerca de su criterio en torno al último dictamen. El que formó lo que ahora es el cuerpo del proyecto en discusión.
Hemos presentado las mociones en forma escrita, no como usualmente se presentan, sino como salieron de la computadora, de tal manera que creo que dentro de pocos minutos llegarán ya las mociones  formalmente  hechas para que sean tramitadas. En todo caso, si no llegaran a tiempo, podríamos el señor diputado Borbón Arias y yo firmar este documento, para que sea reproducido, si usted a bien lo tiene, para los efectos del Reglamento, es decir, para que lo conozcan los demás diputados.
Tengo que decir desde ahora, que el criterio para presentar estas mociones fue el siguiente: la  Corte Suprema de Justicia hizo muchas recomendaciones;  de ellas por falta de tiempo, nada más, sólo pudimos recoger dos para poder ajustarnos al plazo del Reglamento. Todas las demás, que son muchas, se refieren a objeciones formales de la  Corte Suprema de Justicia a varios artículos, e incluso a todo un capítulo del proyecto.
De acuerdo con la  Constitución, esta Asamblea puede reiterar su posición en cada una de esas normas objetadas, por 38 votos o más. Si no lo hiciera de esa manera, desde  luego,  como lo dijo el seño diputado Araya umaña, no podríamos estar de acuerdo con la  Constitución en materia tan importante. Siempre, claro, podríamos estar en contra de las  de las objeciones hechas por la  Corte, pero requerirá, en cada caso, 38 votos.
Ahora le anuncio, señor presidente, que en su mesa ya están formalmente  presentadas por el señor diputado Borbón Arias y por mí, las mociones a que me refiero. Esto, desde el punto de vista  mío, no agota las posibilidades de que aquí, al final de la sesión, pueda presentar algunas otras de mi propio criterio, con base en razones muy propias, y no con base en las de la  Corte.

EL PRESIDENTE:  efectivamente se ha presentado una moción firmada por los señores diputados Borbón Arias y Volio Jiménez, la cual será la leída una vez que haga uso de la palabra los diputados que faltan. Asimismo se me informa que se van a presentar otras mociones en los próximos minutos.
Tiene la palabra el señor diputado Molina Rojas; me informan que no se encuentran en el salón de sesiones.

Diputado Lizano Barahona: voy a posponer el uso de la palabra, señor presidente.

EL PRESIDENTE: diputado Lizano Barahona, tiene que hace ruso de la palabra porque sólo hay un orador y no sé si eso  implica que la está retirando.

El primer secretario: vamos a proceder a darle lectura a la moción presentada vía artículo 41, por los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias, la cual dice así: “para que por vía del artículo 41, el párrafo final del artículo  se lea así: si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos  de enfermedad o de otro motivo justo”.

EL PRESIDENTE: la moción anteriormente leída pasa a la comisión dictaminadora.

Autos
Asamblea Legislativa

Secretaria

San José, a los     veintiséis      días del mes de      setiembre       de mil novecientos        ochenta y nueve.  

En esta fecha la  Secretaria del Directorio entrega y la Comisión de Asuntos Jurídicos recibe, veintiocho (28) mociones originales para ser conocidas por dicha comisión en relación con le proyecto de “Ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional, expediente No. 10273, de conformidad con lo que dispone el artículo 41 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa.

Aníbal González Barrantes
PRIMER SECRETARIO

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos
Informe de Mociones Vía Artículo 41
Jurisdicción Constitucional
Expediente nº. 10. 273
Asamblea Legislativa:

                    Los suscritos diputados, miembros de la  Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos rendimos informe al Plenario sobre las mociones presentadas vía artículo 41 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa, referentes al proyecto de la  Ley de la  Jurisdicción Constitucional, expediente Nº. 10. 273.

                     Estas mociones se tramitaron en las sesiones 66 y 67 celebradas el veintisiete del mes de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Rodrigo Araya Umaña                                                                 Olga Zamora Fonseca
Presidente                                                                                      Secretario

San José, a los veintisiete días del mes de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Expediente Nº. 10. 273
Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción Nº. 55 Diputados Volio Jiménez y Borbon Arías.
Aprobada
Para que por vía artículo 41, el párrafo final del artículo IV se lea:
“ Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicara la regla Anterior, excepto en los casos de enfermedad o de otro motivo justo”

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción Nº 56 Diputados Volio Jiménez y Borbon Arias.
Desechada
Para que el párrafo 3º del artículo 9 , después de “ asimismo”,
se lea así: “previa audiencia a la  Procuraduría General de la República”.
Lo demás igual.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción Nº 57 Diputados Volio Jiménez y Borbon Arias.
Desechada
Para que el párrafo 3º del artículo 11 se lea así:

las sentencias que dicta la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro del tercero día, o de oficio antes de su notificación. También podrán ser aclaradas en cualquier tiempo, a solicitud de quien interés legítimo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cumplimiento al
contenido del fallo.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción Nº 58 de los Volio Jiménez y Borbon Arias.
Desechada
  Para que el artículo 13 se lea así:
“ La organización, jurisdicción, competencia y funcionamiento de la  Sala Constitucional, solo están sometidos a la  Constitución y a la  Ley. A falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del Derecho Constitucional, así como …”. Lo demás igual.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción 59 de los Volio Jiménez y Borbon Arias.
 Desechada
 Para que se suprima el párrafo 2º del artículo 26

Para que por vía artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción Nº. 60 de los diputados Volio Jiménez y Borbon Arias.
   Desechada
  Para que del inciso a) del artículo 30 se lea así:
  “ no procede el amparo: a) contra las leyes y otras disposiciones normativas.
                     b) …
                     c) …
                     ch)…
                    d)  Contra los actos o disposiciones del Tribunal Superior de Elecciones       
               relativos al ejercicio de función electoral.

Para que por vía artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción Nº. 61 de los diputados Volio Jiménez y Borbon Arias.
Desechada
Para que en el artículo 30 se agregue un inciso e) con el siguiente texto.
  “ Contra las resoluciones dictadas en procedimientos administrativos Regulados por leyes especiales, cuando el asunto tuviere apelación ante   Órganos judiciales o tribunales administrativos.”

Para que por vía Artículo 41 se conozca ka siguiente moción:
MOCIÖN N° 62. DE LOS DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS:
DESECHADA
  Para que se agregue al artículo 30 inciso f):
  “Contra los actos de relación entre los poderes del Estado ni los que se Refieren a las relaciones internacionales”

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN N° 63. De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias.
  Desechada
  Para que el artículo 33 se lea así:
“Podrá interponer el recurso de amparo cualquier persona que fuere víctima de violación, amenaza u omisión, por haber sufrido perjuicio o estar en eminente peligro de sufrirlo. El apoderado general o generalísimo podrá establecerlo en nombre de su demandante; y si tratare de menores o incapaces, lo harán quienes tengan su representación legal. Si el agraviado estuviere en imposibilidad de actuar, podrá plantear el recurso su conyugue o cualquiera de sus parientes hasta el tercer grado inclusive, previa afirmación de esa imposibilidad, o, en las condiciones, cualquier persona mayor de edad, si aquel careciera de los expresados familiares.
Las entidades corporativas podrán interponer el recurso contra disposiciones  generales, cuando éstas afecten los intereses comunes de sus asociados

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN Nº 64. De los Diputados Borbón Arias y Volio Jiménez:
 Desechada
 Para que el artículo 41 se lea así:
“Cuando se trate de una violación que pudiere causar daño grave o irreparable si se mantiene o fuere ejecutada, la Sala o el Juez podrán ordenar, de oficio o a petición de parte, desde el principio o una vencido el plazo del informe, la inmediata suspensión del acto, mientras se tramita y resuelve el recurso. La orden de suspensión se notificarán sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el Amparo, y podrá hacerse uso de la vía telegráfica para ese efecto. De igual modo podrán dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños a consecuencia del caso. Esta regla no comprende el embargo de bienes.
La  Sala o el Juez pueden hacer cesar en cualquier momento la orden de suspensión o las otras medidas cautelares que hubieren dictado.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN N° 65. De los diputados Borbón Arias y Volio Jiménez:
Desechada
Para que el artículo 43, en primer párrafo se lea:
“Denegar interlocutoriamente” en lugar de: “resolver interlocutoriamente”. Lo demás igual”.

Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN N° 66. De los diputados Borbón Arias y Volio Jiménez:
Desechada.
“Para que se suprima el artículo 44”.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN N° 67. De los Diputados Volio Jiménez y Borbón Arias.
Desechada
“ Para que se elimine el párrafo 2° del artículo 51”.

Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN N° 68. De los diputadosVolio Jiménez y Borbón Arias:
Desechada
    “Para que el artículo 57 se lea de la siguiente manera:
    “Artículo 57: El recurso de Amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas e infrinjan los derechos o libertades fundamentales a que se refieren el artículo 2° inciso a) de esta ley, o cuando, aunque no tengan o no actúen en ejercicio de esas funciones o potestades, incurran en quebranto de los derechos constitucionales que se enumeran a continuación.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN N° 69. De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias:
Desechada
 “ Para que se sustituya el texto del artículo 58 por el siguiente:
Artículo 58: “podrán interponer el recurso las personas y entidades a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley””.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
MOCIÓN N° 70. De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias:
Desechada
“Para que el inciso a) del artículo 73 después de: por acción” se elimine: “ u omisión” y se agregue una coma después de acción”.

Aprobada
Para que el párrafo 1° del artículo 78 se lea: “El escrito que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado”.

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 72  De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias.
Aprobada

Para que se agregue un párrafo final al artículo 84 con el siguiente texto: “Las Acciones que se planteen después de ese plazo se dejará en suspenso, mientras no se resuelvan las que hubieren sido presentadas anteriormente.”

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 73 De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias.
Aprobada
Para que el artículo 88 se lea así: “Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente con la norma o actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminaran la norma o acto del ordenamiento.
Esa eliminación regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90, lo cual se hará constar en el aviso.”

Para que por vía Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 74  De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias.
Desechada
Para que el artículo 91 después de: “Derechos adquiridos “ se suprima:” de buena fe y se agregue:””o de situaciones jurídicas consolidadas?

Para que por vía artículo 41se conozca la siguiente moción:
Moción N° 75. De los diputados Volio Jiménez  Borbón Arias:
   Desechada

   Para que el artículo 94, primer párrafo, se suprima la frase: “cuando en virtud de la consumación de los hechos estos fueren material o técnicamente irreversibles”, lo demás igual.

Para que por vía Artículo41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 76. De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias:
   Desechada

Para que se eliminen los artículos 102 a 108 que corresponden el al Capítulo III

Para que por vía el Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 77. De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias:
   Desechada

“Para que se suprima el inciso c) del artículo 112”

Para que por vía el Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 78. De los diputados Volio Jiménez y Borbón Arias:
   Desechada

“Para que se suprima el inciso ch) del artículo 113”

Para que por vía el Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 79. De los diputados Volio Jiménez:
   Desechada

“Para que se suprima el último párrafo del artículo 101”

Para que por vía el Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 80. De los diputados Volio Jiménez :.
   Retirada

“Para que se suprima el artículo 98”

Para que por vía el Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 81. De los diputados Volio Jiménez:
   Desechada

“Para que el inciso a) del artículo 96, se suprima de reformas constitucionales”

Para que por vía el Artículo 41 se conozca la siguiente moción:
Moción N° 81. De los diputados Volio Jiménez:
   Desechada

“Para que se suprima la frase “el control preventivo de los “ y se sustituya por esta otra: “la opinión consultiva preciad de los”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 1. DIPUTADOS VILIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
                  
    Para que por vía artículo 41, el párrafo final del artículo 4 se lea: “ si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos de enfermedad o de otro motivo justo”.

            Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 2. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que el párrafo 3° del artículo 9, después de “asimismo”, se lea: “previa audiencia a la  Procuraduría General de la  República”. Lo demás igual.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 3. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que el artículo 12 se lea así:
     Las sentencias que dicte la  Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro del tercero día, o de oficio antes de su notificación. También podrán ser aclaradas en cualquier tiempo, a solicitud de quien tenga interés legítimo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cumplimiento al contenido del fallo”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 4. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que el artículo 14 se lea así:
“La organización, jurisdicción, competencia y funcionamiento de la  Sala  Constitucional, solo están sometidos a la  Constitución y a la  Ley.
A falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho constitucional, así como…”. Lo demás igual.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 5. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que se suprima el párrafo 2° del artículo 26.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 6. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que los incisos a) y d) del artículo 30 se lea así:
Artículo 30: No procede el amparo.
a)contra las leyes y otras disposiciones normativas.
b)…
c)…
ch)…

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 8. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
     Para que se agregue al artículo 30 un inciso f):
   “Contra los actos de relación entre los poderes del Estado ni los que se refieren a las relaciones internacionales.”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 3. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
Para que el artículo 33 se lea así:
“Podrá interponer el recurso de amparo cualquier persona que fuere víctima de violación, amenaza u omisión, por haber sufrido perjuicio o estar en eminente peligro de sufrirlo. El apoderado general o generalísimo podrá establecerlo en nombre de su demandante; y si se tratare de menores e incapaces, lo harán  quienes tengan su representación legal.
Si el agraviado estuviere imposibilidad para actuar, podrá plantear el recurso su conyugue o cualquiera de sus parientes hasta el tercer grado inclusive, previa afirmación de esa imposibilidad, o, en las condiciones, cualquier persona mayor de edad, si aquel careciera de los expresados familiares.
Las entidades corporativas podrán interponer el recurso contra disposiciones generales, cuando éstas afecten los intereses comunes de sus asociados.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 7. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
  Para que en el artículo 30 se agregue un inciso e) con el siguiente texto:
“Contra las resoluciones dictadas en procedimientos administrativos regulados por leyes especiales, cuando el asunto tuviere apelación ante órganos judiciales o tribunales administrativos.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 10. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
Para que el artículo 41 se lea así:
“Cuando se trate de violación que pudiere causar daño grave o irreparable si se mantiene o fuere ejecutada, la  Sala o el juez podrán ordenar, de oficio o de petición de parte, desde el principio o vencido el plazo del informe, la inmediata suspensión del acto, mientras se tramita y resuelve el recurso. La orden de suspensión se notificará sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, y podrá hacerse uso de la vía telegráfica para ese efecto.
De igual modo podrán dictar cualquier medida de conservación o de seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños a consecuencia de los hechos realizados, todo conforme a la circunstancia del caso.
Esta regla no comprende el embargo de bienes.
La sala o el juez pueden hacer cesar en cualquier momento la orden de suspensión o las otras medidas cautelares que hubieren dictado.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 11. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
Para que el artículo 43, en el primer párrafo se lea:
“denegar interlocutoriamente” en lugar de: “resolver interlocutoriamente”. Lo demás igual.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 12. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
Para que se suprima el segundo párrafo del artículo 44.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 13. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

“Para que se elimine el párrafo 2° del artículo 51”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 14. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS
“Para que el artículo 57 se lea de la siguiente manera:
“artículo 57 El Recurso de Amparo también se concederá contra la acciones u omjisiones de sujetos de derecho privado, cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas e infrinjan los derechos o libertades fundamentales a que se refieren el artículo 2° inciso a) de esta ley, o cuando, aunque no tengan ono actúen en ejercicio de esas funciones o potestades, incurran en quebranto de los derechos constitucionales que se enumeran a continuación:

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                          Moción:
MOCION N° 15. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

“Para que se sustituya el texto del artículo 58 por el siguiente:
Artículo 58: “Podrán interponer recursos las personas y entidades a que se refiere el artículo 33 de la presente ley”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 16. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que en el inciso a)del artículo 73 después de: “por acción” se elimine: “u omisión” y se agrega una coma después de acción.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 17. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que el párrafo 1° del artículo 78 se lea: “el escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 18. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que se agregue una párrafo final al artículo 84 con el siguiente texto: “las acciones que se planteen después de ese plazo se dejaran en suspenso mientras no se resuelvan las que hubieren sido presentadas anteriormente.”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 19. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que el artículo 88 se lea así: “las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento.
La eliminación regirá partir de la primera vez que se publique el aviso al que se refiere el artículo 90, lo cual se hará constar en la publicación.

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 20. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que en el artículo 93, después de: “derechos adquiridos” se suprima: “de buena fe” y se agregue: “o de situaciones jurídicas consolidadas”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 21. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que en el artículo 93, se suprima la frase: “cuando en virtud de la consumación de los hechos estos fueren material o técnicamente irreversibles”

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 22. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que se eliminen los artículos del 102 al 108 que corresponden al capítulo III

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 23. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que se suprima el inciso c) del artículo 112

Comisión de Asuntos Jurídicos
Expediente N° 10.273
Para que por vía del artículo 41 se conozca la siguiente
                                                           Moción:
MOCION N° 24. DIPUTADOS VOLIO JIMENEZ Y BORBON ARIAS

Para que se elimine el inciso ch) del artículo 113

Asunto Ley de la Jurisdicción  Constitucional.

El diputado Volio Jiménez hace la siguiente moción: para que se suprima el último párrafo del artículo 101

Asunto Ley de la Jurisdicción  Constitucional.

El diputado Volio Jiménez hace la siguiente moción: para que se suprima el artículo 98

Asunto Ley de la Jurisdicción  Constitucional.

El diputado Volio Jiménez hace la siguiente moción: para que del inciso a) del artículo 96, se suprima de reformas constitucionales

Asunto Ley de la Jurisdicción  Constitucional.

El diputado Volio Jiménez hace la siguiente moción: para que se suprima la frase “el control  preventivo de los” y se sustituya por esta otra: “la opinión consultativa previa sobre los”

Asamblea Legislativa
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos

San José, a los veintisiete días del mes de setiembre de 1989

En esta fecha se entrega a la secretaría del directorio EL INFORME DE LAS MOCIONES VÍA ARTÍCULO 41 DEL PROYECTYO DE LEY DE JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Exp. 10273. con veintiocho nociones tramitadas, que se estudiaron en las sesiones 66 y 27 de esta fecha. Consta 36 folios debidamente numerados.

Angie Orúe Navarro
TÉCNICA PROFESIONAL
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS

Asamblea Legislativa
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos

San José, a los veintisiete días del mes de setiembre de 1989

En sesión de esta fecha, número 70, continuó la discusión del proyecto de ley objeto de este expediente. Posteriormente el señor presidente sometió a votación dicho proyecto, el cual fue aprobado en su trámite de primer debate. Así mismo fijo la próxima sesión para el segundo debate.

José Alberto Aguilar Sevilla
SEGUNDO SECRETARIO

Asamblea Legislativa
Legislatura 89-90
Acta de la Sesión Ordinaria N° 70

A los veintisiete días del mes de setiembre de 1989
Dieciséis horas
DIRECTORIO

Allen Arias Ángulo
Presidente

Aníbal González Barrantes                               José Alberto Aguilar Sevilla
Primer Secretario                                                        Segundo Secretario

Diputados Presentes

Chacón Jiménez
Lobo Solera
Carballo Chaves
Jiménez Maroto
Lizano Barahona
Obando Suárez
Araya Umaña
Brenes Castillo
Valenciano Chaves
Ramírez Azofeifa
Marín Madrigal
Carvajal Herrera
Villalobos Salazar
Monge Sanabria
Corrales Bolaños
Borbón Arias
Valderamos Bermúdez
Saborío Vega
Jiménez Quirós
Delgado Monge
Méndez Mata
Villalobos Villalobos
Guevara Fallas
Román Méndez
Ureña Ulate
Avendaño Castro
Estevanovich González
Solís Rodríguez
Tacsan Lam
Taylor Brown
Vega Chaves
Zamora Fonseca
Sotomayor Guevara
Muñoz Bustos
Monge Rodríguez
Ávila Solé
Cruickshank Smith
Jiménez Piedra
Molina Rojas
Volio Jiménez
Benavides Vílchez
González Ramírez
Karpinsky Dodero
Rossi Chavarría

APROBADA EL ACTA

PRIMER DEBATE

EL PRESIDENTE: Continúa en discusión el proyecto de ley Orgánica de la Jurisdicción  Constitucional. Vamos a conocer el informe remitido por la comisión en relación con las mociones vía artículo 41, que fueron remitidas a la comisión dictaminadora. Por el orden, tiene la palabra el Diputado Brenes Castillo.

DIPUTADO BRENES CASTILLO: En vista de lo sucedido anoche, quisiera hacer una proposición muy respetuosa a los señores jefes de fracción de los partidos mayoritarios, con la intención de ver si es posible que no nos coja medianoche como ayer. Eso parece que deprime a cualquier persona sensata, estar aquí hasta mitad de la noche, y creo que eso no es justo.
Voy a presentar una moción parta alterar el orden del día y comenzar a conocer le permiso del señor presidente de la  República, creo que es lo más sensato, lo más oportuno, que daría la oportunidad de tener todo el tiempo necesario y poder trabajar en una forma más ordenada. Dejo esa inquietud, inclusive voy a hablar personalmente con los dos jefes de fracción, diputada Guevara Fallas y diputado Muñoz Bustos, a fin de ver si es posible ponernos de acuerdo y proceder de inmediato a conocer el permiso del señor presidente de la  República.

EL PRESIDENTE: diputado Brenes Castillo, su iniciativa posiblemente hubiera tenido efecto ayer, para plantearla hoy, habría que conocerla después de las seis de la tarde, tal y como establece el reglamento, y no tendría ningún efecto, sino hasta para el día de mañana, lo cual creo que no sea lo conveniente para este momento. Por el orden, tiene la palabra el diputado Lobo Solera.

DIPUTADFO LOBO SOLERA: por el orden, y antes de que comience el trámite correspondiente, quisiera hacer constar mi felicitación a la comisión que conoció todas esas numerosas mocione, que con gran espíritu de responsabilidad y capacidad emitieron el juicio correspondiente a cada una y la decisión. Cuando el PAE se discutió y también se tramitó con gran celeridad.

EL PRESIDENTE: por el orden, tiene la palabra el diputado Volio Jiménez.

DIPUTADO VOLIO JIMÉNEZ: quiero aclarar de nuevo que las mociones que por vía del artículo 41 del reglamento que presentamos ayer el diputado Borbón Arias y yo, y que ahora ya se leyeron aprobadas o desechadas por la  Comisión de Asuntos Jurídicos, no pretendían entrar a la discusión del contenido de las objeciones de la  Corte Suprema de Justicia, que lo que hicimos fue recoger todas esas objeciones para evitar problemas a la asamblea y posteriormente a la ley, por sí aquí no se conocían esas objeciones que tenían que conocerse forzosamente. Por lo tanto, nosotros dos no avalamos, no necesariamente avalamos el contenido de las mociones. Nos alegra que por esa iniciativa nuestra, que fue también por los jefes de fracción, la comisión pudo conocer de esas mociones, aceptó unas y eso es  lo más importante creo; ya quedó claro que la  Asamblea Legislativa tendrá que votar por no menor de 38 votos la ley que ahora estamos discutiendo, en vista de que algunas objeciones de la  Corte no fueron aceptadas.
EL PRESIDENTE: muchas gracias, diputado Volio Jiménez. En realidad su última afirmación es correcta, y así se procederá a la hora de la votación en el tercer debate. Por el orden tiene la palabra el diputado Araya Umaña.

DIPUTADO ARAÑA UMAÑA: le agradezco mucho la felicitación del diputado Lobo Solera para la comisión de jurídicos, sin embargo, por el respeto que esta comisión se merece, la situación es un poco diferente a lo que paso en el PAE; en primer lugar conocimos 25 mociones presentadas por el diputado Volio Jiménez y el diputado Borbón Arias. Mociones que, ya lo explica muy bien don Fernando, fueron avaladas por ellos en el sentido de las reformas que pretendía la   Corte Suprema de Justicia para con este proyecto. Sin embargo, debo decir que en esa comisión nos acompañó como siempre, el Lic. Rodolfo Piza, constitucionalista, por lo menos especialista en derecho internacional, nos acompañó también don Luis Paulino Mora, ex ministro de justicia y ya desde ayer integrante de la sala IV, y nos acompañó también otro constitucionalista, a quien apreciamos mucho en la comisión por el trabajo tan importante, que es el doctor Hernández Valle.
Además los asesores que siempre han estado en esa comisión, Lic. José Miguel Villalobos y un funcionario también del Poder Judicial, don Mario Rucavado.
Moción por moción, a pesar de que el diputado Volio Jiménez no estuvo en la comisión, pero sí estuvo el diputado Borbón Arias, que era afirmante de esas mociones; se presentaron, se leyeron en el momento oportuno cada uno de estos constitucionalistas o especialistas en esta materia externo su criterio, para que los diputados que integramos esta comisión, que no tenemos la formación de abogados, pudiéramos entender de que se trataba la situación. Y fue dentro de ese concepto que votamos las mociones.
Además, trabajamos durante casi tres horas; cuando se presentaron las mociones del diputado Volio Jiménez, que ya eran mociones totalmente en forma personal, ante una instancia que creo que es muy respetuosa y que sugirió a todos los integrantes de las diferentes comisiones, que se trata de ubicar siempre a los diputados, compañeros nuestros que presentan mociones o proyectos, que se les tome en cuenta y que por lo meno se les comunique el día que se va a conocer ese proyecto o las mociones, para que puedan defenderlas.
He visto cuando esa posibilidad se da, generalmente triunfa la tesis del compañero diputado que ha presentado la moción o el proyecto. En este caso ubicamos a don Fernando Volio en la comisión por varias cosas, en primer lugar por el respeto que se le tiene y que es un abogado constitucionalista, que había hecho un esfuerzo maravilloso para presentar conjuntamente con el diputado Borbón Arias las mociones, recogiendo el pensamiento de la  Corte, y además las mociones que en forma individual él presentó.
Y, en segundo lugar, y debo decirlo con toda la honestidad, queríamos que el diputado Volio Jiménez tuviera la oportunidad de discutir el asunto y que sí él convencía a los señores abogados que nos han estado asesorando permanentemente, pues muy bien. pero sí los abogados convencían al diputado Volio Jiménez, pues también muy bien.
Se dio la circunstancia de que de las cuatro, dos se aprobaron y dos se rechazaron. Por que queríamos también que usted quedará satisfecho –diputado Volio Jiménez- y que este proyecto, que según quedó muy esclarecido en esa comisión al haber nombrado ya a los siete magistrados de la  Sala IV, requieren inclusive en el proyecto de presupuesto ya de partidas presupuestarias fijas para todo el equipo de abogados, que según entendido se les da el nombre en otros países letrados, para que actúen con los constitucionalistas. Entonces pretendíamos que el diputado Volio Jiménez, quedará satisfecho de lo que había pasado en esa comisión, como siempre hemos pretendido con los demás diputados, y entonces no tuviera atrasos en el plenario, dando la posibilidad de retirar mociones vía artículo 43. creó que el objetivo se ha logrado y me da la impresión de que este proyecto va a ser aprobado, tal y como lo señaló el diputado Volio Jiménez y como yo creo también lo había señalado el día de ayer, por más de 38 votos. Posiblemente va a tener una votación unánime y eso va a ser muy satisfactorio para esta Asamblea Legislativa.

EL PRESIDENTE: por el orden tiene la palabra el diputado Borbón Arias.

DIPUTADO BORBÓN ARIAS: para decir que efectivamente como el diputado Volio Jiménez lo ha manifestado, las nociones fueron recogidas de la inquietudes de la  Corte, peor no en todos los casos avalamos su fondo. La discusión fue amplia en la comisión, algunas fueron aprobadas otras rechazadas.
Pero aquí lo importante es que al haberse resuelto ya las mociones del artículo 41, estamos listos para terminar con el primer debate, que es indispensable; ya se ha integrado la Sala, ahora démosle la ley Orgánica que lo rija, y sí tenemos que opinar acerca de esto, dejémoslo para el tercer debate.
El ruego mío señores diputados, muy especialmente para que la Sala pueda operar como debe ser, es que le demos el voto en debate ahora mismo, y dejemos los comentarios, si es que los hubiese para el tercer debate, porque es muy importante para Costa Rica, ya que en mi criterio la ley más importante que se ha dad en esta administración es la  Ley de la  Jurisdicción Constitucional.

EL PRESIDENTE: por el orden tiene la palabra el diputado Lobo Solera

DIPUTADO LOBO SOLERA: quería manifestar la doble satisfacción que me causa el saber que el procedimiento que siguió la comisión en este caso, fue muy similar a la que seguimos nosotros en el caso del PAE.

EL PRESIDENTE: ruego al primer secretario continuar con la lectura del dictamen de la comisión, en relación con las mociones vía artículo 41.

EL PRIMER SECRETARIO:  el informe recibido de la comisión dictaminadora de las mociones aprobadas vía artículo41 dice así:
Diputado Volio Jiménez y Borbón Arias:
“para que por vía el articulo 41, el párrafo final del artículo 4 se lea: sí la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos de enfermedad o de otro motivo justo.”
“Para que el párrafo del artículo 78 se lea: el escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado”
“Para que se agregue un párrafo final al artículo 84 con el siguiente texto: las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras no se resuelvan las que hubieren sido presentadas anteriormente”
“Para que el artículo 88 se lea así: las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del procedimiento. Esta eliminación regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso que se refiere el artículo 90, la cual se hará constar en el aviso.”

Diputado Volio Jiménez:
“Para que se suprima el último párrafo del artículo 101”
“Para que se suprima la frase: el control preventivo de los, y se sustituya por esta otra: la opinión consultiva previa sobre los”

EL PRESIDENTE: las mociones anteriormente leídas y aprobadas por la comisión dictaminadora, se tiene por incorporadas al proyecto de ley. Hay 40 señores diputados presentes.

(seguidamente se APROBO el anterior proyecto de ley. El señor Presidente señaló la próxima sesión para el segundo debate)

EL PRESIDENTE: El anterior proyecto de ley fue aprobado en forma unánime.

DIPUTADO CORRALES BOLAÑOS: En realidad yo lo que voy a hacer es una solicitud, nada más a la  Mesa, para que diga el número de votos, evidentemente tiene que ser por más de 38 votos, porque es el quórum, sin embargo, como hay algunas cosas en que nos estamos apartando del criterio de la Corte, es mejor, para obviar cualquier problema, que se diga, señor Presidente, el número de votos con que la ley fue aprobada en el trámite de primer debate. Con todo y que existe el criterio de que eso debe ser en tercer debate, por lo menos creo que en todos los debates deben tener el número requerido de 38 votos más, para que no hayan problemas en el futuro.

EL PRESIDENTE: Su tesis, señor diputado, no la compartimos, pero con todo gusto le informo que hubo 40 votos, fue unánime la votación de los diputados presentes. La técnica que se ha seguido, en tercer debate, como usted lo acaba de mencionar, es cuando se pronuncian los votos, pero no tengo ninguna objeción en informarle que hubo 40 diputados presentes y 40 votos afirmativos en primer debate.

DIPUTADO MUÑOZ BUSTOS: Para manifestar la complacencia de nuestra fracción , que desde luego le dio únicamente el respaldo con sus votos a la aprobación de este importantísimo proyecto, que es un hito más en el avance institucional de Costa Rica y, pues, la complacencia de que le haya correspondido a esta Asamblea Legislativa iniciar, con los muy distinguidos diputados entendidos en esta materias tan delicadas y al apoyo de eminentes ciudadanos, también muy entendidos, muy versados en estos asuntos, la modificación de las estructuras jurídicas imperantes en el país.

Asamblea Legislativa
Secretaría
San José, a los veintisiete días del mes de setiembre de 1989

En esta fecha la  Secretaría del Directorio entrega y la Comisión DE Redacción recibe, cinco mociones de forma para ser conocidas por dicha comisión, en relación al proyecto de ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional, expediente N° 10.273

Aníbal González Barrantes
PRIMER SECRETARIO

Asamblea Legislativa
Comisión de Redacción
Asunto: Moción de Forma (Jurisdicción Constitucional)

El Diputado Corrales Bolaños – Borbón Arias
Hace la siguiente moción: para que en el inciso f) del artículo 24, después de la palabra “si”, se adicione “ la persona…”

Asamblea Legislativa
Comisión de Redacción
Asunto: Moción de Forma (Jurisdicción Constitucional)

El Diputado Corrales Bolaños – Borbón Arias
Hace la siguiente moción: Para que en el artículo 31, en vez de caducidad, se lea “ prescripción”

Asamblea Legislativa
Comisión de Redacción
Asunto: Moción de Forma (Jurisdicción Constitucional)

El Diputado Corrales Bolaños – Borbón Arias
Hace la siguiente moción: para que en el artículo 49, segundo párrafo, se elimine la frase “ en tal caso”.

Asamblea Legislativa
Comisión de Redacción
Asunto: Moción de Forma (Jurisdicción Constitucional)

El Diputado Corrales Bolaños – Borbón Arias
Hace la siguiente moción: para que en el artículo 77 se elimine la frase “…o bien cuando…”, hasta el final del artículo, en razón de que la referencia no es correcta con el texto actual.

Asamblea Legislativa
Comisión de Redacción
Asunto: Moción de Forma (Jurisdicción Constitucional)

El Diputado Corrales Bolaños – Borbón Arias

Hace la siguiente moción: Para que en el artículo 80, en vez de “delegará”, se lea “denegara”.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN

SAN JOSÉ, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1989

En esta fecha se APROBARON las siguientes mociones de forma presentadas ante esta comisión cuyos textos dicen: “ Moción N°1 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el inciso f) del artículo 24, después de la palabra “si”, se adicione “ la persona…”  APROBADA. Moción N° 2 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: Para que en el artículo 31, en vez de caducidad, se lea “ prescripción” APROBADA. Moción N° 3 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el artículo 49, segundo párrafo, se elimine la frase “ en tal caso”. APROBADA--------------------------------------------------------------------

Moción N° 4 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el artículo 77 se elimine la frase “…o bien cuando…”, hasta el final del artículo, en razón de que la referencia no es correcta con el texto actual. APROBADA. Moción N° 5 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: : Para que en el artículo 80, en vez de “delegará”, se lea “denegara”. APROBADA.

María Victoria Mora
Técnica Profesiona

EXPEDIENTE N° 10.273

2 DE OCTUBRE DE 1989

COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCION

INFORME SOBRE TRAMITE DE MOCIONES DE FORMA

Asamblea Legislativa:
                                     En sesión de esta fecha y de conformidad con lo que establece el artículo 41 del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea, esta Comisión Procedió a conocer y discutir las mociones de forma que se presentaron sobre el proyecto de Ley “LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL”. Exp. N° 10.273.

 “ Moción N°1 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el inciso f) del artículo 24, después de la palabra “si”, se adicione “ la persona…”  APROBADA.

 Moción N° 2 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: Para que en el artículo 31, en vez de caducidad, se lea “ prescripción” APROBADA.

 Moción N° 3 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el artículo 49, segundo párrafo, se elimine la frase “ en tal caso”. APROBADA.

Moción N° 4 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el artículo 77 se elimine la frase “…o bien cuando…”, hasta el final del artículo, en razón de que la referencia no es correcta con el texto actual. APROBADA.

Moción N° 5 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: : Para que en el artículo 80, en vez de “delegará”, se lea “denegara”. APROBADA.

Dado en la Sala de Sesiones de loa Comisión Permanente Especial de Redacción, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.

Ángel Marín Madrigal.
Presidente

ASAMBLEA LEGISLATIVA

COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCION

SAN JOSÉ A LOS DOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1989

En esta fecha se traslada a la secretaría del Directoriolas mociones de forma presentadas a esta comisión cuyo texto dicen: “ Moción N°1 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el inciso f) del artículo 24, después de la palabra “si”, se adicione “ la persona…”  APROBADA. Moción N° 2 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: Para que en el artículo 31, en vez de caducidad, se lea “ prescripción” APROBADA. Moción N° 3 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el artículo 49, segundo párrafo, se elimine la frase “ en tal caso”. APROBADA. Moción N° 4 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: para que en el artículo 77 se elimine la frase “…o bien cuando…”, hasta el final del artículo, en razón de que la referencia no es correcta con el texto actual. APROBADA. Moción N° 5 de los diputados Corrales Bolaños – Borbón Arias: : Para que en el artículo 80, en vez de “delegará”, se lea “denegara”. APROBADA.-------------------------------------------

María Victoria Mora D.
Técnica Profesional

ASAMBLEA LEGISLATIVA

COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCION

SAN JOSÉ A LOS DOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 1989

En sesión de esta fecha, la Comisión Permanente Especial de Redacción APROBO LA REDACCIÓN FINAL del proyecto de ley “ Ley de la Jurisdicción Constitucional”, expediente N° 10.273 (texto adjunto) el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Se encomendó a la señora Secretaria la redacción de dicho informe.

María Victoria Mora Delgado
Técnica Profesional

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA

Ley de la Jurisdicción  Constitucional

Artículo 1
La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la  República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.

Artículo 2.-
Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional:
a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.
b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad.
c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluído el Tribunal Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la  Contraloría General de la  República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho Público.
ch) Conocer de los demás asuntos que la  Constitución o la presente Ley le atribuyan.

Artículo 3.-
Se tendrá por infringida la  Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales.

Artículo 4.-
La jurisdicción constitucional se ejerce por la  Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la  Constitución Política.

La Sala  Constitucional está formada por siete magistrados propietarios y doce suplentes, todos elegidos por la  Asamblea Legislativa en la forma prevista por la  Constitución. Su régimen orgánico y disciplinario es el que se establece en la presente y la Ley  Orgánica del Poder Judicial.
La Sala  Constitucional no está sometida al plan de vacaciones establecido en la Ley  Orgánica del Poder Judicial y, en consecuencia, fijará las fechas en que sus miembros tomarán vacaciones, de manera que haya siempre una mayoría de magistrados propietarios.
Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos de enfermedad o de otro motivo justo.

Artículo 5.-
La Sala  Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus y de amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo o en días feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un magistrado de turno, quien les dará el curso inicial.

Artículo 6.-
En caso de impedimento, recusación o excusa, el Presidente de la  Sala, oído el parecer del magistrado en cuestión, dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que por ningún motivo se suspenda o interrumpa el curso del procedimiento.

Artículo 7.-
Le corresponde exclusivamente a la  Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas.

Artículo 8.-
Una vez requerida legalmente su intervención, la  Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento.
Los plazos establecidos por esta Ley no podrán prorrogarse por ningún motivo. Cualquier retardo en su cumplimiento será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario.
Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se contarán a partir del recibo de la gestión que las motive, y para las actividades de las partes, desde la notificación de la resolución que las cause. Ni unos ni otros se interrumpirán ó suspenderán por ningún incidente, ni por ninguna actuación que no esté preceptuada expresamente por la ley.
En materia de hábeas corpus los plazos por días son naturales.

Artículo 9.-
La Sala  Constitucional rechazará de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada.
Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión.
Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de recursos de hábeas corpus o de amparo deberá esperar la defensa del demandado.

Artículo 10.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la  Sala dispondrá que los trámites se realicen, en lo posible, en forma oral y ordenará una comparecencia oral para que los interesados formulen conclusiones antes de la sentencia, necesariamente en las acciones de inconstitucionalidad, y facultativamente en los demás casos.

Artículo 11.-
A la Sala en pleno le corresponde dictar las sentencias y los autos con carácter de tales, que deberán ser motivados. Las demás resoluciones le corresponden al Presidente o, en su caso, al magistrado designado para la instrucción.
No habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional.

Artículo 12.-
Las sentencias que dicte la  Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.

Artículo 13.-
La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.

TITULO II
DEL RECURSO DE HABEAS CORPUS
CAPITULO UNICO

Artículo 14.-
La Sala  Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la  Constitución y a la Ley.  A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la  Ley General de la  Administración Pública, la Ley  Reguladora de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales.

Artículo 15.-
Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la  República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio.

Artículo 16.-
Cuando en el hábeas corpus se alegaren otras violaciones que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía se resolverá también sobre esas violaciones.

Artículo 17.-
El recurso se interpondrá ante la Sala  Constitucional, y su tramitación estará a cargo de su Presidente o del Magistrado instructor. Si se tratare de un caso de improcedencia manifiesta, el Magistrado se abstendrá de tramitarlo y reservará el asunto para la próxima sesión de la  Sala.

Artículo 18.-
Podrá interponer el recurso de hábeas corpus cualquier persona, en memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrito, sin necesidad de autenticación.
Cuando se utilice la vía telegráfica se gozará de franquicia.

Artículo 19.-
La sustanciación del recurso se hará sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de distinta naturaleza que tuviere el Tribunal.
El Magistrado instructor pedirá informe a la autoridad que se indique como infractora, informe que deberá rendirse dentro del plazo que él determine y que no podrá exceder de tres días. Al mismo tiempo ordenará no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiere dar como resultado el incumplimiento de lo que en definitiva resuelva  la Sala.
De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.

Artículo 20.-
Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial, sin que se haya dictado auto que restrinja la libertad, el Magistrado instructor podrá suspender, hasta por cuarenta y ocho horas, la tramitación del recurso. En el mismo acto prevendrá a la autoridad judicial que practique las diligencias que correspondan e informe sobre el resultado de los procedimientos y si ha ordenado la detención.
Cualquier restricción a la libertad física, ordenada por autoridad competente, que exceda los plazos señalados por los artículos 37 y 44 de la  Constitución Política, deberá imponerse mediante resolución debidamente fundamentada, salvo si se tratare de simples órdenes de presentación o de aprehensión.

Artículo 21.-
La  Sala puede pedir los antecedentes para resolver el recurso.
También podrá ordenar la comparecencia del ofendido o practicar una inspección cuando lo considere necesario, de acuerdo con las circunstancias, ya sea antes de pronunciarse sobre el hábeas corpus o para efectos de ejecución, si lo considerare procedente, lo haya declarado con o sin lugar.
En cualquier momento se podrán ordenar medidas provisionales de protección de los señalados derechos.
Las órdenes correspondientes se comunicarán a la autoridad encargada de ejecutarlas

Artículo 22.-
El informe a que se refiere el artículo 19 se remitirá a la Sala junto con copia de la orden de detención y de la resolución, en su caso, o de cualquiera otra que se hubiere dictado, así como de una explicación clara de las razones y preceptos legales en que se funde, y de la prueba que exista contra el perjudicado.

Artículo 23.-
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se podrán tener por ciertos los hechos invocados al interponerlo, y la Sala declarará con lugar el recurso, si procediere en derecho.

Artículo 24.-
Vencido el plazo establecido en el artículo 19 o, en su caso, celebrada la audiencia oral prevista en el artículo 10, la  Sala deberá resolver el recurso dentro de los cinco días siguientes, excepto cuando estimare que debe realizar alguna diligencia probatoria, en cuyo caso el término correrá a partir del recibo de la prueba.
Al resolver, la Sala examinará, entre otros aspectos, los siguientes:
a) Si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta.
b) Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo 37 de la  Constitución Política.
c) Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada, o si la pena que se está descontando es la impuesta por sentencia firme.
ch) Si, en caso de estar suspendidas las garantías constitucionales, la resolución se dictó dentro de las limitaciones de la  Constitución Política, y de las razonablemente derivadas de la misma declaratoria.
d) Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida impuesta.
e) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el recurso.
f) Si la persona hubiere sido ilegítimamente incomunicada, o si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al autorizado en el artículo 44 de la  Constitución Política.
g) Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en condiciones legalmente prohibidas.
h) Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley preexistente.

Artículo 25.-
Si del examen practicado resultare ilegítima la medida acordada por las autoridades, la Sala declarará con lugar el recurso, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable.

Artículo 26.-
La sentencia que declare con lugar el hábeas corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas en el recurso, ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad que le hubieren sido conculcados, y establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.
Además, condenará a la autoridad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán y ejecutarán en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.

Artículo 27.-
Las resoluciones que se dicten se notificarán a los interesados cuando hubieren señalado casa u oficina donde atender notificaciones.
Además, la resolución que decida el recurso deberá notificarse personalmente al perjudicado, para lo cual las autoridades correspondientes le brindarán todas las facilidades al notificador. Sin embargo, no será preciso notificarle al perjudicado la resolución que declare con lugar el recurso, si en el momento en que debe practicarse el acto ya hubiere sido puesto en libertad o existiere imposibilidad material para hacerlo. El notificador dejará constancia en el expediente de la información recabada durante la diligencia.

Artículo 28.-
Cuando la  Sala apreciare, al decidir el asunto, que no se trata de un caso de hábeas corpus sino de amparo, lo declarará así, y continuará la tramitación conforme con lo regulado en los artículos 29 y siguientes de la presente Ley.
La  Sala podrá concederle un término de tres días al interesado, a fin de que convierta el recurso. Si no lo hiciere, se resolverá el asunto.
Cuando la  Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, se procederá en la forma prevista en el artículo 48.

TITULO III
DEL RECURSO DE AMPARO
CAPITULO I
DEL AMPARO CONTRA ORGANOS O SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 29.-
El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta Ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus.
Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.
El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.

Artículo 30.-
No procede el amparo:
a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquéllas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado.
b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
c) Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial
ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada.
d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.

Artículo 31.-
No será necesaria la reposición ni ningún otro recurso administrativo para interponer el recurso de amparo. Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos administrativos que conceda el ordenamiento, se suspenderá el plazo de prescripción mientras la  Administración no resuelva expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento.

Artículo 32.-
Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la  Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.

Artículo 33.-
Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo.

Artículo 34.-
El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.
Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo.
Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado.

Artículo 35.-
El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.
Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso.

Artículo 36.-
La prescripción del amparo, por no haberse interpuesto en tiempo, no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme con la ley.

Artículo 37.-
La falta de impugnación directa de los decretos y disposiciones generales a que se refiere el inciso a) del artículo 30, o el transcurso del plazo para formularla, no impedirán que los actos de aplicación individual puedan discutirse en la vía del amparo, si infringieren algún derecho fundamental del reclamante.

Artículo 38.-
En el recurso de amparo se expresará, con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho lesionado, salvo que se invoque un instrumento internacional.
El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá autenticación. Podrá plantearse por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia telegráfica.

Artículo 39.-
La tramitación del recurso estará a cargo del Presidente de la  Sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y se sustanciará en forma privilegiada, para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.
Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.

Artículo 40.-
Las resoluciones que se dicten en el recurso de amparo solo se notificarán a las partes que hubieren señalado casa u oficina para oír notificaciones.

Artículo 41.-
La interposición del amparo no suspenderá los efectos de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación de aquéllas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados.
Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la  Sala podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a solicitud de la  Administración de la que dependa el funcionario u órgano demandado, o aún de oficio, cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para proteger los derechos o libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su favor.
La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más expedita posible.
De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del caso.
La  Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que se hubieren dictado.
Artículo 42.-
Si el recurso fuere oscuro, de manera que no pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no llenare los requisitos indicados, se prevendrá al recurrente que corrija los defectos dentro de tercero día, los cuales deberán señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será rechazado de plano.

Artículo 43.-
Cuando no fuere del caso rechazar de plano o resolver interlocutoriamente el recurso, se le pedirá informe al órgano o al servidor que se indique como autor del agravio, amenaza u omisión, lo que se hará por el medio escrito más rápido posible.
Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas piezas al tribunal acarreará responsabilidad por desobediencia.
Si el recurso se dirigiere contra un órgano colegiado, el informe y las piezas se pedirán a su Presidente; si se tratare del Poder Ejecutivo o de un Ministerio, al Ministro respectivo, y si se tratare del Consejo de Gobierno, al Ministro de la  Presidencia.

Artículo 44.-
El plazo para informar será de uno a tres días, que se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.
Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe.

Artículo 45.-
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe.

Artículo 46.-
Si del informe resultare que es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, si procediere conforme a derecho.
Si fuere negativo, podrá ordenarse de inmediato una información, que deberá concluirse dentro de tres días con recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su caso, se oirá en forma verbal al recurrente y al ofendido, si éste fuere persona distinta de aquél, lo mismo que al servidor o representante, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente.

Artículo 47.-
Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la  Sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra diligencia.

Artículo 48.-
En cualquier momento en que la  Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente.
Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente de la  Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 49.-
Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible.
Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.
En todo caso, la  Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.

Artículo 50.-
Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcada, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta Ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

Artículo 51.-
Además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia.
La condenatoria será contra el Estado o, en su caso, la entidad de que dependa el demandado, y solidariamente contra éste, si se considerare que ha mediado dolo o culpa de su parte, en los términos del artículo 199 de la Ley  General de la  Administración Pública, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.
Si el amparo fuere desistido por el recurrente, rechazado o denegado por la  Sala, ésta lo condenará al pago de las costas cuando estimare fundamentalmente que incurrió en temeridad.

Artículo 52.-
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir del amparo, en cuyo caso se archivará el expediente si, a juicio de la  Sala Constitucional, el recurso involucrare solamente derechos patrimoniales u otros renunciables. De lo contrario, continuará su tramitación.
Cuando el desistimiento se funde en una satisfacción extraprocesal de los derechos o libertades reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.

Artículo 53.-
Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la  Sala se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.
Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda.

Artículo 54.-
El cumplimiento de la sentencia que se dicte en el amparo no impedirá que se proceda contra el servidor, si los hechos u omisiones en que incurrió constituyeren delito, a cuyo efecto se testimoniarán las piezas necesarias y se remitirán al Ministerio Público.

Artículo 55.-
El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la  Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes.

Artículo 56.-
La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción

CAPITULO II
DEL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO

Artículo 57.-
El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta Ley.
La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.
No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto privado.

Artículo 58.-
Cualquier persona podrá interponer el recurso.

Artículo 59.-
El recurso se dirigirá contra el presunto autor del agravio, si se tratare de persona física en su condición individual; si se tratare de una persona jurídica, contra su representante legal; y si lo fuere de una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su personero aparente o el responsable individual.

Artículo 60.-
El recurso será inadmisible si no se interpusiere dentro del plazo señalado en el artículo 35 de la presente Ley.

Artículo 61.-
Cuando no corresponda rechazar de plano el recurso, se dará traslado a la persona o entidad que se indique como autora del agravio, amenaza u omisión, por un plazo de tres días, para lo cual se hará uso de la vía escrita más rápida posible. Ese plazo podrá aumentarse si resultare insuficiente por razón de la distancia.
La notificación del traslado se practicará o comunicará en el lugar de trabajo, o en la casa de habitación del presunto autor del agravio, si se tratare de personas físicas. Si fuere una persona jurídica o una empresa, grupo o colectividad organizados, se hará al representante o personero en su casa de habitación, o en la sede de la sociedad, asociación, empresa o corporación.

Artículo 62.-
La sentencia que conceda el amparo declarará ilegítima la acción u omisión que dio lugar al recurso, y ordenará que se cumpla lo que dispone la respectiva norma, según corresponda en cada caso, dentro del término que el propio fallo señale, y condenará a la persona o entidad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas.
Si el acto fuere de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar al responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate, con aplicación en lo demás de lo dispuesto en el párrafo anterior.
La liquidación de los daños y perjuicios y de las costas se reservará a la vía civil de ejecución de sentencia.

Artículo 63.-
Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en abstracto, a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Artículo 64.-
El rechazo del amparo contra sujetos de Derecho Privado no prejuzga sobre la responsabilidad civil o penal en que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido podrá ejercitar o promover las acciones respectivas.

Artículo 65.-
En lo no previsto en este capítulo o en el siguiente, se aplicarán las disposiciones y principios establecidos en el capítulo anterior, en lo que fueren compatibles.

Artículo 66.-
El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la  Constitución Política y 14 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

Artículo 67.-
Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause.
Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos, y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la  Sala Constitucional.
No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 68.-
Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la  Sala Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa injustificada a publicarla.

Artículo 69.-
El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título:
a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas.
b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo.
c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión.
Ch) La Sala  Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes.

Artículo 70.-
Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil.

Artículo 71.-
Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Artículo 72.-
Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a ciento veinte días multa, a quien diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las mismas personas las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior declarado procedente.

TITULO IV
DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD
CAPITULO I
DE LA  ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 73.-
Cabrá la acción de inconstitucionalidad:
a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.
b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo.
c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite sustancial previsto en la  Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa.
ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento.
d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo primero, de la  Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional.
e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea  Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la  Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia.
f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas.

Artículo 74.-
No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.

Artículo 75.-
Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado.
No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto.
Tampoco la necesitarán el Contralor General de la  República, el Procurador General de la República, el Fiscal General de la  República y el Defensor de los Habitantes.
En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles.

Artículo 76.-
Quien hubiere establecido la acción de inconstitucionalidad no podrá plantear otras relacionadas con el mismo juicio o procedimiento, aunque las funde en motivos diferentes; y la que se interponga en esas condiciones será rechazada de plano.

Artículo 77.-
El derecho a pedir la declaración de inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por caducidad cuando ese derecho no se ejercite antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia firme.

Artículo 78.-
El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado.
Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos.

Artículo 79.-
El escrito será presentado ante la  Secretaría de la  Sala, junto con certificación literal del libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal, conforme con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 75.
Además, con todo escrito o documento se acompañarán siete copias firmadas para los magistrados de la  Sala, y las necesarias para la  Procuraduría y las partes contrarias en el proceso o procedimiento principal.

Artículo 80.-
Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la  Sala señalará por resolución cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día.
Si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. De esta última resolución podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso el Presidente elevará el asunto a conocimiento de la  Sala para que ésta decida lo que corresponda.

Artículo 81.-
Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la  Procuraduría General de la  República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.
Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la  Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la  Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso.
Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la  República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.

Artículo 82.-
En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.

Artículo 83.-
En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa.

Artículo 84.-
Si después de la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones de inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, esas acciones se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación.
También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso.
Las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido presentadas anteriormente.

Artículo 85.-
Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral prevista por el artículo 10, a fin de que el actor, las otras partes apersonadas y la  Procuraduría General de la  República presenten sus conclusiones.

Artículo 86.-
La  Sala debe resolver la acción de inconstitucionalidad dentro de un término máximo de un mes, a partir de la fecha en que concluya la vista. El Presidente señalará, en cada caso, el término respectivo, de acuerdo con la índole y complejidad del asunto.

Artículo 87.-
Las resoluciones que denieguen la acción deberán examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentarla.
Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales y en casos o procesos distintos.

Artículo 88.-
Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento.
Esa eliminación regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90, lo cual se hará constar en él.
Ley de la  Jurisdicción Constitucional No. 7135
Tít.4.De las cuestiones de constitucionalidad.
Cap.1.De la acción de inconstitucionalidad.
Art.89.

Artículo 89.-
La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma de ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados.

Artículo 90.-
Cualquiera que sea la forma en que se dicte el fallo, se notificará siempre al Procurador General, al recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además, la  Secretaría de la  Sala lo comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y de los de las demás partes apersonadas, para que lo hagan constar en los autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial, en igual sentido.
La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al Poder o Poderes, órganos o entidades que emitieron las normas o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes para su corrección o conversión; además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en el diario oficial " La Gaceta " y en las publicaciones oficiales de los textos a que pertenecían la norma o normas anuladas.

Artículo 91.-
La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.
La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.

Artículo 92.-
La sentencia constitucional anulatoria tendrá efecto retroactivo, en todo caso, en favor del indiciado o condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento sancionatorio.

Artículo 93.-
La disposición contenida en el artículo 91 no se aplicará respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando estos fueren material o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe; todo lo anterior sin perjuicio de las potestades de la Sala, de conformidad con dicho artículo.

Artículo 94.-
Los efectos patrimoniales continuos de la cosa juzgada se ajustarán, sin retroacción, a la sentencia constitucional anulatoria, a partir de su eficacia.

Artículo 95.-
Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la eliminación, por nulidad absoluta, de los actos administrativos, conforme con la Ley  General de la Administración Pública.

CAPITULO II
DE LA  CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 96.-
Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos:
a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente Ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros.
b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez diputados.
c) Cuando lo soliciten la  Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la  Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional.
ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen derechos o libertades fundamentales reconocidos por la  Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la  República.

Artículo 97.-
En los casos del inciso a) del artículo anterior, la consulta la hará el Directorio de la  Asamblea Legislativa. En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para hacerla.

Artículo 98.-
Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de aprobado en primer debate y antes de serlo en tercero.
No obstante, cuando la  Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de la  Sala.
En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva.

Artículo 99.-
Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el inciso a) del artículo 96, la consulta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad.

Artículo 100.-
Recibida la consulta, la  Sala comunicará a la  Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos.
La consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de votación del proyecto en tercer debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98.
Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del proyecto.

Artículo 101.-
La  Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional.
El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.
En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad.

Artículo 102.-
Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala  Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.
Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la  Constitución Política, fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de que la Sala  Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el respectivo recurso.

Artículo 103.-
Las consultas a que se refiere el artículo anterior serán procedentes en todo caso, sin perjuicio de otras que se hayan planteado, o de acciones de inconstitucionalidad interpuestas o que se interpongan en el mismo proceso.

Artículo 104.-
La consulta se formulará mediante resolución en la que se indicarán las normas, actos, conductas u omisiones cuestionados, y los motivos de duda del tribunal sobre su validez o interpretación constitucionales. Se emplazará a las partes para dentro de tercero día y se suspenderá la tramitación del proceso o recurso hasta tanto la Sala  Constitucional no haya evacuado la consulta.
Al enviar la consulta, se acompañará el expediente o las piezas pertinentes.

Artículo 105.-
De la consulta se dará audiencia a la  Procuraduría General de la  República, si no fuere parte en el proceso o recurso principal. Las partes, en este último caso, podrán apersonarse ante la  Sala, únicamente para los efectos de que sean notificadas.
No obstante, cualquiera de ellas que estuviere legitimada para plantear una acción podrá solicitarle a la  Sala, dentro del término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter y los efectos de dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso deberán interponer formalmente esta última dentro de los quince días siguientes.
Si lo hicieren, se le dará a la acción el trámite correspondiente, y la  Sala se abstendrá de evacuar la consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en el fallo.
Si no se solicitare o aprovechare el procedimiento de conversión indicado en el párrafo anterior, la  Sala evacuará la consulta sin más trámite y sin audiencia de partes, en un plazo máximo de un mes a partir de su recibo.

Artículo 106.-
La  Sala podrá evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes, todo esto con las mismas salvedades previstas en el párrafo segundo del artículo 9 de esta Ley.

Artículo 107.-
La resolución de la Sala se le comunicará al tribunal consultante, al Procurador General de la República y a las partes apersonadas, tendrá los mismos efectos y se publicará de igual manera que la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, salvo que no precluirá el planteamiento de ésta en el mismo proceso, si fuere procedente.

Artículo 108.-
En lo no dispuesto en el presente capítulo, las consultas judiciales de constitucionalidad se regirán por las normas del anterior y, supletoriamente, de la acción de inconstitucionalidad, en lo que fueren razonablemente aplicables.

TITULO V
DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES
CAPITULO UNICO

Artículo 109.-
Le corresponde a la Sala  Constitucional resolver:
a) Los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la  República.
b) Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades y otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, entre sí.

Artículo 110.-
La cuestión será planteada por el jerarca de cualquiera de los órganos o entidades en conflicto, quien enviará a la  Secretaría de la  Sala, un memorial con expresión de todas las razones jurídicas en que se fundamente.
El Presidente de la  Sala le dará audiencia al jerarca del otro órgano o entidad por un plazo improrrogable de ocho días.

Artículo 111.-
Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, aunque no se hubiere contestado la audiencia, la Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez días, salvo que considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que ésta se haya evacuado.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO UNICO

Artículo 112.-
Modifícanse:
a) El párrafo segundo del artículo 21 de la Ley  Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, número 5711 del 27 de junio de 1975, reformado por el artículo 6 de la ley número 6726 del 10 de marzo de 1982, para que diga así:
" En materia de extradición se estará a lo que disponga la ley respectiva ".
b) El párrafo segundo del artículo 20 de la  Ley Reguladora de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa, número 3667 del 20 de marzo de 1966, para que diga así:
" 2 Podrán serlo, igualmente, por razones de constitucionalidad, las leyes y demás disposiciones normativas y los actos de la  Administración Pública, para los efectos de la correspondiente acción de inconstitucionalidad ".
c) El artículo 490 del Código de Procedimientos Penales, al cual se le adiciona un inciso 6), que dirá así:
" 6 Cuando no hubiere sido impuesta mediante el debido proceso u oportunidad de defensa ".
ch) El artículo 45 de la Ley  Constitutiva de la Caja  Costarricense de Seguro Social, número 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, que dirá así:
" Artículo 45.- Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo 216 del Código Penal, a quien no enterare a la  Caja el monto de la cuota obrera establecido en el artículo 30 de esta Ley.
En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras retenidas.
Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que establece el artículo 30 de esta Ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal. El patrono deberá ser apercibido por el jefe del departamento de gestión de Cobros y Créditos de la  Caja Costarricense de Seguro Social, para que dentro del quinto día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la  Caja Costarricense de Seguro Social, el monto de las cuotas no retenidas.
Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se denunciará al Ministerio Publico para que se haga el requerimiento respectivo.
Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días multa el patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar los intereses de la  Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones ".

Artículo 113.-
Deróganse las siguientes leyes y disposiciones:
a) La ley de Hábeas Corpus, número 35 del 24 de noviembre de 1932.
b) La  Ley de Amparo, número 1161 del 2 de junio de 1950.
c) Los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos Civiles, así como el capítulo IV del título IV, artículos 534 a 541, " Proceso de Inaplicabilidad ", del nuevo Código Procesal Civil que sustituye al anterior.
ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios.
.
Artículo 114.-
Esta Ley rige a partir de su publicación y sólo podrá ser modificada por otra destinada expresamente a complementar o modificar su texto.

Disposiciones Transitorias.
Transitorio I.-
Mientras no se promulgue la  Ley del Defensor de los Habitantes, la actuación que se le señala en esta Ley le corresponderá al Procurador General de la República.
Transitorio II.-
Los recursos de inconstitucionalidad, de amparo y de hábeas corpus que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se ajustarán a ella respecto de todos los trámites que no se hayan cumplido o debido cumplir, salvo la redacción de la sentencia.
Las sentencias que no hayan sido redactadas o firmadas en los recursos ya votados, seguirán a cargo de los tribunales actualmente competentes, por un plazo improrrogable de dos meses a partir de la promulgación de esta Ley.
Los términos perentorios e improrrogables establecidos en la presente ley, para las actuaciones de la Sala  Constitucional, no se aplicarán a los recursos interpuestos con anterioridad a su promulgación, ni tampoco a los que se interpongan durante los primeros tres años de su vigencia.
Transitorio III.-
El Poder Ejecutivo, a solicitud de la  Corte Suprema de Justicia, y mediante decretos ejecutivos, hará las modificaciones necesarias en el presupuesto del Poder Judicial, en todo lo que se relacione con las plazas nuevas y compra de equipo necesarios para el funcionamiento de la  Sala Constitucional.
Se autoriza el aumento de personal indispensable para el normal funcionamiento de la Sala.

DADO EN LA  SALA DE SESIONES DE LA  COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN, San José, a los DOS días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.-

Ángel Marín Madrigal                                                Hilda González Ramírez
           Presidente                                                                               Secretaria

Orlando Aveldaño Castro                                                       Olga Zamora Fonseca
Diputados

ASAMBLEA LEGISLATIVA

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN

San José, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve

En esta fecha, se traslada  a la  Secretaría del Directorio el informe sobre la  REDACCIÓN FINAL del texto APROBADO en PRIMER DEBATE “Le de la Jurisdicción  Constitucional” expediente N° 10 273 (texto adjunto) el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Se encomendó a la Secretaría la redacción de dicho informe.

MARÍA VICTORIA MORA DELGADO
TÉCNICA PROFESIONAL

ASAMBLEA LEGISLATIVA
SECRETARÍA

San José, a los tres días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve

En sesión de esta fecha, N° 72, fue APROBADO en su trámite SEGUNDO DEBATE el proyecto de ley objeto de este expediente. El señor Presidente fijó la próxima sesión para el Tercer Debate.

José Alberto Aguilar Sevilla
SEGUNDO SECRETARIO

SEGUNDO DEBATE

En este trámite se APROBO el proyecto de ley orgánica de la  Jurisdicción  Constitucional. El señor Presidente señaló la próxima sesión para el tercer debate.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

SECRETARÍA

 San José, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve

En sesión de esta fecha, N° 73, fue APROBADO en su trámite de TERCER DEBATE el proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción  Constitucional, expediente N° 10 273.hicieron uso de la palabra varios señores diputados. el señor Presidente ordenó su envío a la  Secretaría para la confección del decreto respectivo.

José Alberto Aguilar Sevilla
SEGUNDO SECRETARIO

ASAMBLEALEGISLATIVA DE LA  REPÚBLICA DE COSTA RICA
LEGISLATURA 89-90

Acata de la sesión ordinaria número 73
Cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve
Dieciséis horas

DIRECTORIO

Allen Arias Ángulo
PRESIDENTE

José Alberto Aguilar Sevilla                                                    Orlando Avendaño Castro
SEGUNDO SECRETARIO                                                   SECRETARIO AD. HOC

DIPUTADOS PRESENTES

Chacón Jiménez
Taylor Brown
Tattenbach Iglesias
Zamora Fonseca
Sotomayor Guevara
Obando Suárez
Araya Umaña
Brenes Castillo
Valenciano Chaves
Ramírez Azofeifa
Marín Madrigal
Estevanovich gonzález
González Ramírez
Corrales Bolaño
Araya Guillén
Lobo Solera
Vega Chaves
Jiménez Mroto
Lizano Barahona
Méndez Mata
Avila Solé
Guevara Fallas
Román Méndez
Ureña Ulate
Volio Jiménez
Benavides Vílchez
 Monge Sanabria
Borbón Arias
Badilla Rojas
Carballo Chaves
Jiménez Quirós
Muñoz Bustos
Monge Rodríguez
Villalobos Villalobos
Solís fallas
Jiménez Piedra
Molina Rojas
Carvajal Herrera
Villalobos Salazar Karpisnky Dodero

TERCER DEBATE

EL PRESIDENTE: Continuamos en la discusión del proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción  Constitucional.
DIPUTADO MONGE RODRÍGUEZ: El día jueves 28 de setiembre del año en curso falleció el Magistrado don Fernando Coto Albán. El foro nacional, al igual que el país, está de luto. La  Corte Suprema de Justicia ha perdido a un juez extraordinario, ilustre y erudito, al que sus propios compañeros de la Sala han considerado insustituible.
Hoy esta Asamblea Legislativa se apresta a hacer ley de la  República, en este tercer debate, el proyecto que fue la razón de los últimos desvelos de don Fernando coto Albán.
Es bien conocido por todos el voluminoso informe rendido por la corte Suprema de Justicia, en respuesta a que esta Asamblea diera con ocasión de la consulta hecha, fue escrito por don Fernando coto Albán.
Ya en anterior alocución hice un amplio análisis del proyecto que nos aprestamos a votar, y hoy quiero referirme brevemente al capítulo III, que se titula: Del derecho de rectificación o respuesta.
La comisión designada por el Poder Ejecutivo para el estudio de proyectos de ley de interés del Poder Judicial, de la que me honré en formar parte, revisó con especial detenimiento la problemática que la tutela y el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta que supone.
Fue así como, con vista del artículo 14 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, del 22 de noviembre de 1969, se dispuso, en el artículo 66, que el recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta a toda persona afectada por información inexacta o agraviante, emitida en su perjuicio por medios de difusión que se dirigen al público en general, y consecuentemente para efectuar por el mismo órgano de difusión, su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la ley.
Ahora bien, luego de esta declaración de principios, era necesario establecer las condiciones indispensables para garantizar el ejercicio efectivo de la tutela que el artículo 66 concede al derecho de respuesta. En consecuencia, los artículos 67 a 69 del capítulo que comento, se ocupan del procedimiento, para que sea conocido a cabalidad por los señores diputados.
En primer término, cuando se trate de personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquier.
Cuando se trate de varias, y más de dos hicieran uso de ese derecho, la respuesta se reducirá en su proporción razonable, siempre que se garantice su debido equilibrio con la información inexacta o agraviante que motivó la respuesta.
En caso de que la información dañe de manera indirecta o el ofendido sea un grupo o colectividad, podrán responder las personas o grupo que proteja mejor la honra o reputación de todos los ofendidos. Si se tratare de varios ofendidos en condiciones semejantes, quien se haya presentado de primero. Ahora bien, si se tratare de una colectividad legalmente organizada, la rectificación o respuesta deberá hacerla el personero legal.
Con respecto a la responsabilidad que pueda originarse como consecuencia de la rectificación o respuesta, se establece que recaerá exclusivamente sobre sus autores, y no sobre el medio de comunicación que la posibilitó. Repito, se establece que recaerá exclusivamente  sobre sus autores, y no sobre el medio de comunicación que la posibilitó.
Esta regla de la responsabilidad del autor de la rectificación o repuesta, tiene dos excepciones, primera, con relación a los hechos nuevos que no traten sobre la materia
de la que es objeto la respuesta o rectificación, y segunda, el caso en que la  Sala  Constitucional sea quien haya ordenado la publicación de la rectificación o respuesta. Específicamente, en cuanto al procedimiento de dispone lo siguiente: se establecen dos etapas, una que podemos llamar prejudicial, y otra en la que interviene la  Sala  Constitucional. En la etapa prejudicial, el interesado debe dirigirse por escrito al dueño o director  del órgano de comunicación, dentro de los 5 días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta, naturalmente redactada de manera concisa,  y sin referirse a cuestiones ajenas a la publicación a la que pretende referir. Esa rectificación o respuesta debe publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equivalente a las que tuvo la información inexacta o agraviante que ha sido objeto el ofendido, dentro de los tres días siguientes. Si se trata de edición o difusión diaria, y en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de tres días en los demás casos.
Naturalmente, puede el órgano de comunicación negar la publicación o difusión de aquellos comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o no tengan relación directa con el asunto.
En la segunda etapa, ya judicial, es decir, el ofendido que se ajusto a los límites razonables y cuya respuesta guarda relación directa con la publicación o difusión que le ha motivado, y además se ha dirigido al medio de comunicación dentro del plazo establecido en la ley y aún así se de le ha negado rotundamente el ejercicio de ese derecho, recurre ante la  Sala Constitucional por la vía del amparo contra particulares.
La  Sala deberá conferir una audiencia por veinticuatro horas al órgano de comunicación, y debe resolver el recurso dentro de los tres días siguientes. En caso de acoger el recurso en la sentencia indicará el texto de la publicación o difusión que ordena publicar, y debe determinar la forma y condiciones en que deberá hacerse.
Como pueden apreciar los señores diputados, se trata de un procedimiento ágil y sencillo, que pretende equilibrar con justicia los intereses de los ofendidos con los medios de comunicación.
Es por ello que claramente la ley establece que están fuera del derecho de rectificación o respuesta, todas aquellas apreciaciones o consideraciones ajenas a la información incorrecta o agraviante  que ha publicado un medio contra una persona, y que so pretexto a dar respuesta a ello, pretenden presuntos ofendidos llevar discusiones d el más diversa índole a los medios de comunicación.
Por otra parte, con la etapa prejudicial, pretendemos evitar que la Sal Constitucional deba intervenir en todos los casos. Pretendemos, señores diputados, que nuestra decisión posibilitar el justo arreglo entre particulares, sin hacer necesaria la intervención jurisdiccional, en este caso la  Sala IV.
Con esta ley, señores diputados, creo yo rendimos el más grande homenaje que se pueda dar al ilustre magistrado que recordaremos siempre, don Fernando Coto Albán, y a quienes con él deben ser luz en la  Corte Suprema de Justicia sea permanentemente el foro de justicia que los costarricenses respaldamos, respetamos y queremos que permanentemente sea y lo ejerza, conforme es la voluntad del pueblo de Costa Rica.
Creo, señor presidente, que esta ley además de llamarse Ley de la  Jurisdicción Constitucional, debería llamarse y debe conocerse y citarse por los abogados, los jueces y los magistrados, y siempre que se conozca, en lugar de dar un número como llevará esta ley, que se llame la ley Fernando Coto Albán. Y si pudiera este plenario, por la vía de moción, en asuntos de forma, agregarle algo, como es el nombre de Fernando Coto Albán, que no esta reglamentado, ¿por qué no podríamos consolidar este homenaje a don Fernando, llamando a esta ley Fernando coto Albán?
DIPUTADO CORRALES BOLAÑOS: En realidad, después de la excelente exposición que hizo tanto el señor diputado Borbón Arias, como el diputado Monge Rodríguez, queda muy poco por comentar. Sin embargo parece correcto y oportuno, que ante una ley de tanta importancia, también debemos hacer énfasis en algunos antecedentes de orden histórico, que es lo que motiva la ley o lo que produce la ley que en estos momentos, como muy acertadamente sugiere el diputado Monge Rodríguez, deberíamos conocer como ley Coto Albán.
En el país este texto o esta materia, no, en realidad no el texto, solamente la ley de la  Jurisdicción constitucional, sino esta materia de justicia constitucional empieza a tomar cuerpo con  la inquietud del gobierno Daniel Oduber cuando solicita a su Ministro de Planificación en ese entonces, don Oscar Arias, que integrará una comisión de juristas para que intentara redactar o redactara un proyecto de constitución política que serviría de base para que una asamblea nacional constituyente, pudiera conocer y discutir.
En ese momento don Oscar Arias, Ministro de Planificación, estuvo coordinando un grupo de distinguidísimos colegas nacionales, abogados, dentro de otros, por su puesto, porque participaron muchos profesionales del Derecho, está don Mauro Murillo, don Carlos José Gutiérrez, don Hugo Alfonso Muñoz, don Francisco Antonio Pacheco, el señor magistrado don Edgar Barrantes, don Carlos Rivera Bianchini y otros colegas que en ese momento escapan a mi memoria.
Por cierto que ellos en ese momento recomendaban la  Corte Constitucional, pero no como nosotros la aprobamos, como la creación de una Sala Cuarta, son un órgano no dependiente del Poder Judicial, como lo tienen algunos otros países, concretamente España.
Por supuesto, los antecedentes históricos las justificaciones de esos países indicaban que esta corte, que estuviera administrando ese tipo de justicia política, no estuviera dentro del Poder Judicial, como nosotros posteriormente lo indicamos o lo creamos, como sala Cuarta o Sala Constitucional.
También en la revista que bajo la  Presidencia de nuestra estimada y querida compañera diputada Karpinsky Dodero se editó, la  Revista Parlamentaria de diciembre de 1986, en el volumen número uno,  revista número uno, en la página 124, los compañeros diputados encontrarán los antecedentes históricos del proyecto de ley en cuestión. Y lo cito, porque la vez pasada personalmente hice algunas referencias de orden histórico y no pareciera correcto que en esa referencia de orden histórico quedaran algunos compañeros que participaron muy activamente, en la redacción y en la confección de esta ley, que en ese momento no se hizo mención de ello.
Concretamente, en esta revista, en la página 125, aparece toda la lista de quiénes participaron en la confección del proyecto de ley que está en tercer debate; ellos son el doctor Carlos José Gutiérrez, el doctor Hugo Alfonso Muñoz Quesada, el doctor Rubén Hernández Valle, el doctor Carlos Jovel Asch, el licenciado José Luis Molina Quesada, doctor mauro Murillo Arias, licenciado Guillermo Pérez Merayo, licenciado Enrique Pochet Cabeza, doctor Enrique Rojas Franco y doctor Jorge Enrique Romero Pérez. Después también participaron el licenciado dos Ismael Vargas Bonilla, que de Dios goce, don Francisco Villa Jiménez, que de Dios goce, y don Juan José sobrado Chaves.
Por supuesto, también directa o indirectamente otro grupo de colegas participó en la confección de la ley que nosotros en estos momentos conocemos. Vale la pena comentar la presencia que hizo el doctor Sagüez, tratadista argentino que al efecto y en ese momento Ministro de Justicia el doctor Hugo AlfonsoMuñoz, fue invitado al país para que analizara esta ley Nestor Pedro Sagüez al efecto hizo observaciones sumamente importantes, principalmente en lo relativo al Habeas Corpus en que nosotros hasta el momento, aunque jurisprudencialmente ya estaba siendo aplicado en otros ordenes, pero la ley que discutimos quedó muchísimo más claro. Porque antiguamente únicamente se refería a las libertades de las personas, esto es cuando una persona estaba siendo encarcelada, se daba el recurso de Habeas Corpus.
Hoy, como queda, dentro de otras, por las sugerencias del doctor Sagüez, el texto queda de la siguiente manera: procede el Habeas Corpus – artículo 15 – para garantizar la libertad e integridad personales – empieza el elemento de la integridad que anteriormente no estaba – contra los actos y omisiones que provengan de una autoridad
cualquiera, de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las  perturbaciones o restricciones que respecto a ella establezcan indebidamente las autoridades. Lo mismo que contra las restricciones ilegitimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la  República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio.
La redacción del artículo 15 no solamente se enriquecen de la jurisprudencia de la corte plena, en que como ya oportunamente lo dijimos cuando manifestamos algunas palabras en memoria del que siempre será recordado, eternamente será recordado, magistrado Coto Albán, que marca en esta materia muy importantes derroteros, mucha de esa jurisprudencia esta contemplada en el artículo 15. más las observaciones del doctor Sagüez que vino al país para comentar esta ley, por sugerencia del doctor Hugo Alfonso Muñoz en ese momento Ministro de Justicia.

Vale la pena hacer algunos comentarios con respecto a los orígenes históricos de los recursos, tanto de hábeas Corpus de amparo, como de constitucionalidad. La inconstitucionalidad, en el momento oportuno nos referimos a ella, y la indicamos como la acción de que el derecho norteamericano tiene su origen en el derecho de los Estados Unidos de América, y en donde aún en estos momentos esta materia marca los hitos en la historia de la humanidad en cuanto a la acción de inconstitucionalidad se refiere. Pero también es importante conocer el origen del Habeas  y se da este recurso o esta acción, desde tiempos muy lejanos, desde el tiempo del derecho romano. Y se conoció como el himno libero exhibiendo, es decir, por medio del cual este interdicto romano, los romanos decían que era el hombre el que debía exhibirse libre. Y alcanza  su perfeccionamiento en el derecho de Inglaterra, en el derecho ingles de la Edad Media, ahí es donde tiene la culminación, donde se desarrolla plenamente el Habeas Corpus.

Posteriormente, se empezó a comentar que el Habeas  <corpus no describía correctamente lo que pretendía el derecho constitucional, porque hay otros derechos en las constituciones políticas que no estaban siendo amparados por el habeas corpus, entonces se creó en México el recurso de amparo. El recurso de amparo, su origen es mexicano, nace frente a la necesidad de proteger otros derechos constitucionales que no están siendo amparados por recurso de hábeas corpus. Ahí se produjo una larga discusión de sí convenía eliminar el nombre de habeas corpus e incorporar el término dentro de la acción de amparo, teniendo la acción de amparo la protección de las libertades de tránsito, la libertad de vivir tranquilamente, etc, y se llego a la conclusión de que era mejor mantener el nombre de ambos recursos, tanto habeas como amparo, para distinguir, el hábeas exclusivamente para libertades. Exclusivamente para el derecho de la persona de vivir tranquilamente, porque con la redacción que quedó el 15, enriquecida por la jurisprudencia de la  Corte Plena y también por lass observaciones del doctor Saguez para la libertad que tienen las personas cuando están siendo maltratadas. Por ejemplo una persona que está siendo molestada porque es vigilada, es decir, ella siente es decir, ella siente que se le está vigilando. Por ese solo detalle, de acuerdo con la redacción del 15, como está, inclusive se puede presentar la acción de inconstitucionalidad y algunas otras cosas que ahí se señalan.
Entonces se dijo, en honor a esto, es mejor no quitar el termino Habeas Corpus y dejarlo especializado para ello. Y crear el Amparo para todos los otros derechos, como lo señalamos que están en la carta magna y que no se dan en el recurso de habeas Corpus. Señalamos que en México aparece por primera vez el recurso de Habeas Corpus en el año 19847, y como lo señalamos, se da para la protección de las otras garantías que señala la  Constitución Política. En El Salvador este recurso es creado desde 1886; en Nicaragua desde 1894, y curiosamente en Costa Rica, como un país de derecho, respetuoso del derecho, este recurso lo crea la  Constitución  de 1949. O sea, aparece por primera vez en nuestra legislación en 1949 con la  Constituyente que en mi concepto lo que hizo fue reformar la  Constitución de 1871.
Por eso es conveniente conocer algunos antecedentes para saber nosotros mismos, los costarricenses, que es importante que tengamos presente que muchas instituciones, algunos otros hermanos de Centroamérica las tienen inclusive antes que nosotros y en materia tan propia de nuestro país, como es el Estado de derecho. Sin embargo, hoy la creación del Sala Cuarta o Sala Constitucional, con la ley de Jurisdicción Constitucional o ley Coto Albán, como bien señala el diputado Monge Rodríguez que deberíamos llamara en honor a ese hombre que lucho tanto por su promulgación, Costa Rica anda a la vanguardia no solamente de América Latina, sino del mundo en, materia de justicia constitucional. Y eso es una dicha de que nosotros como Asamblea, me parece que nos cabe y nos satisface. Nos debe satisfacer, mucho.
Hay un artículo que me parece que en las exposiciones de los compañeros Borbón Arias y Monge Rodríguez no ha sido analizado y que vale la pena comentar, porque una de las cosas que más preocupo es que esta Sala mañana se podría constituir en la  Sala que sustituiría a todo el ordenamiento jurídico costarricense. Porque en la redacción, como queda, del Habeas Corpus, del Amparo, de las inconstitucionalidades, etcétera, todos los seres humanos de este país quisiéramos que se resolviera por estos recursos lo que el ordenamiento jurídico tiene previsto. Principalmente en los recursos de Amparo que son los que abarcan todos los otros derechos constitucionales no solamente el Habeas Corpus, que es muy concreto.
Sin embargo, en el artículo9 me parece que está la llave de esta ley, lo que nos puede garantizar a los costarricenses, que esta Sala no se irá a atascar las materias ordinarias que deben discutirse en todos los otros tribunales que tiene nuestro ordenamiento jurídico.
Olvide decir entre los antecedentes porque ya dije que el Habeas Corpus tiene su antecedente en el derecho Romano, tiene su perfeccionamiento en el derecho Inglés, etcétera; el recurso de Amparo tiene su origen en México, y también es muy importante señalar que el recurso de Amparo para sujetos de derecho Privado tiene su origen en Argentina. Esto, como americanos, yo creo que nos debe satisfacer enormemente, porque son instituciones, que están permanentemente sirviendo como atalayas de la libertad de las personas… 
DIPUTADO VOLIO JIMÉNEZ: Por razones de mi trabajo en la  Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, que coincidían con la de Asuntos Jurídicos, no pude asistir en los debates en ella a propósito del proyecto de ley que ahora estamos examinando en III debate, y también por razones especiales que no es del caso decir aquí, me abstuve, cuando podía asistir, cuando podía participar. Sin embargo, estaba seguro de que la comisión y los asesores estaban realizando un trabajo muy serio, en realidad así lo fue.
Sea ésta entonces la oportunidad para felicitar a los miembros de esa Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, lo mismo que los asesores que en buena hora la comisión llamo para que llevarán luz en ciertos asuntos de la especialidad de los asesores.
Sin duda, como se ha subrayado aquí, esta es una ley de similar importancia para la vida democrática del país, para la defensa de los Derechos Humanos de los costarricenses y de quienes viven con nosotros como extranjeros, amparados estos también a la  Constitución política.
Sin duda, como se ha subrayado, debemos agradecerle a la  Corte Suprema de Justicia su colaboración en materia tan delicada, y especialmente a don Fernando coto Albán, que de Dios goce.
Me parece que en términos generales, que esta ley es un producto del análisis, de la discusión académica acerca de cómo hacer la mejor ley sobre la materia. Es un producto, diríamos así, de laboratorio. Eso tiene sus virtudes, sus ventajas, se han examinado muchas áreas del derecho Constitucional moderno que atañe ala protección de los Derechos Fundamentales. esa exploración ha sido rica en resultados, en discusiones, que vana contribuir a la puesta en marcha de la  Sala Constitucional.
No obstante, creo yo que sí los integrantes de la  Sala y los costarricenses no tenemos un buen sentido de la prudencia, podríamos con la ley, derrotar las intenciones de sus promotores. Menciono esto porque son tantos los temas, las materias sobre las que debe atender esta Sala, que me pregunto si podrá hacer lo que deseamos todos que haga, que es la tutela de la  Constitución Política y, consecuentemente la tutela de la libertad, la tutela de la dignidad esencial de todos los que vivimos en este bello país.
Hay innovaciones, bienvenidas las innovaciones. Nos hacen pensar como mejorar el status quo. Pero me pregunto para si especializar a una Sala de la  Corte Suprema de Justicia en estas materias, era necesario establecer el recurso de contra particulares para la protección de los derechos de cada cual, si esta materia básicamente la recoge el derecho Penal Liberal, y nuestro código esta hecho para ello.
El derecho contra particulares, desde cierto punto de vista, viene a desvalorizar el amparo de los derechos frente a los abusos de la autoridad pública. Esa es la relación fundamental en materia de Derechos Humanos: individuo frente al Estado, la defensa de la persona frente a la autoridad que se desborda y actúa arbitrariamente en perjuicio de la libertad de los ciudadanos. Esa es la razón de ser de esta materia que tiene siglos de desarrollo, hasta llegar ahora a ser consagrada como una de las más importantes para la convivencia pacífica, ordenada, ilustrada, humana, de todos los pueblos, en todas las latitudes de la tierra.
¿Pero no basta con eso a una Sala especializada, no es materia suficiente para ella defender la libertad del individuo frente al Estado, como para abrumarla con problemas de defensa de individuo contra otro individuo, teniendo, como tiene, ya lo he dicho el individuo, para sus quejas acerca de quebrantos a sus libertades por parte de otros individuos que no son funcionarios, que no son depositarios de la autoridad?
Me parece que no es un buen comienzo este de equiparar dos materias de protección como las que he señalado.
Lo esencial es la defensa del individuo frente a la hipertrofia del Estado, incluso que es el fenómeno de los Estados modernos, cuales quiera que sean los regimenes políticos que en ellos reine, y no por el prurito de innovar o estar a la par de otras constituciones o de otros sistemas jurídicos, debemos nosotros agobiar a la nueva Sala con recursos de particulares contra particulares.
El otro tema que me preocupa es el derecho de Rectificación y Respuesta. Desde hace mucho tiempo he venido tratando de que allá una legislación sobre la materia. Escribí aquí el primer ensayo para desarrollar el artículo 14 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el primer congreso jurídico nacional. Y ahora es nuestro orden del día hay un proyecto de ley muy bien articulado, que nos daría la ley Imperativa para aplicar el artículo 14 al que me he referido, el cual hasta ahora no se ha podido aplicar a pesar de que Costa rica fue la primera en Ratificar la  Convención o Pacto de San José en 1970.

Sin embargo, aunque hubiera deseado que esta materia tan delicada, tan importante para los ciudadanos se hubiera desarrollado, y el derecho de rectificación y respuesta se hubiera puesto en práctica mediante ese proyecto de ley o uno similar, lo que la comisión nos ha propuesto en el proyecto que estamos discutiendo, es un avance evidente porque los medios de comunicación social en Costa Rica no han querido que exista ese derecho de rectificación y respuesta. Lo digo porque en la facultad de derecho hicimos hace unos años un seminario sobre la materia, con participación de directores de medios de comunicación, y ´’estos se negaron rotundamente a que se legislara sobre este tema. Tenían sus razones, pero no eran las razones que se avenían con la obligación de Costa Rica de modificar su ordenamiento jurídico conforme al artículo 2 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a esa adaptación para poner en práctica, en el caso, el artículo 14 de ella.

Pero, en fin, ya abrimos brecha. No es la completa, abarcadora de los problemas, que son muchos y muy delicados, pero es su inicio. Sin embargo, ¿Por qué se dice explícitamente en la ley, de que resultar de que hay una obligación de un medio de insertar  una rectificación o una respuesta, cualquier responsabilidad civil que resultare de ello, no abarcaría el medio que permitió la publicación o el dicho, la presentación en suma, a que obligó la inserción forzada de la respuesta o rectificación? Me parece que podríamos estar abriendo un portillo para que los medios de comunicación se sintieran sin ninguna responsabilidad, al aceptar publicaciones que podrían conllevarles responsabilidad en materia civil, y a la sociedad costarricense le importa mucho que los medios de comunicación no sean vehículos para la expresión de agravios contra personas, a propósito de comentarios que admiten en esos medios.

Me parece que siempre debe haber, para el bien de la sociedad, algún procedimiento para llamar al autocontrol a los medios e impedir publicaciones que den lugar al derecho de rectificación y respuesta. Puede haber un abuso, porque aquel que resultó agraviado y respaldado por una decisión de la Sala Cuarta, si es pobre no podría tener la reparación correspondiente, y el que lo perjudicó también loes. Es fin, son reflexiones sobre esta materia que me preocupan, aunque insisto, estamos ante una innovación importante.

Por otro lado, la ley le da a la  Sala Cuarta prerrogativas que podrían estar dañando la autoridad de los poderes, pero en otra oportunidad me referiré al tema.

DIPUTADO BORBON ARIAS: ese tercer debate es tan importante para una ley que es, como ya había dicho antes, la más importante que se ha visto en esta Asamblea.

La exposición que estoy preparado a hacer, señor Presidente, me llevaría mi turno y tendría que solicitar algunos turnos a mis compañeros: pero, como es de vital importancia la votación de esta ley, le quiero solicitar –señor Presidente- que me permita dar por escrito la disertación para que se incluya en el acta.
EL PRESIDENTE: no hay ningún problema, Diputado Borbón Arias.

Se ha roto el quórum.
Ruego a los señores diputados que se encuentren fuera del salón de sesiones regresar a él para poder continuar con la sesión.
Advierto que está trascurriendo el término reglamentario.
Se ha restablecido el quórum.

( seguidamente y a solicitud del Diputado Borbón Arias se deja constancia en actas de su intervención relacionada con el proyecto de Ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional, la cual ha sido presentada por escrito. Dice así: Las formas de justicia constitucional: en los estados democráticos occidentales, la justicia constitucional normalmente comprende dos formas principales: 1. El control de la constitucionalidad de las leyes y otras normas o actos subordinados a la  Constitución; 2. La garantía de las libertades y derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución. Las eventuales: 1. la actuación del derecho internacional incorporado al ordenamiento interno, en el tanto a éste le reconozca rango constitucional o superior a la ley: 2. la garantía de las libertades y derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la medida que se tengan incorporados de un modo u otro a la  Constitución. Y las complementarias: 1. la resolución de conflictos de atribuciones entre los poderes públicos u otros órganos de competencia constitucional; 2. la jurisdicción en materias constitucionales, como los juzgamientos por responsabilidad de los miembros de los poderes públicos, o el llamado contencioso electoral. La justicia constitucional generalmente se define a partir de la primera y la principal, el control de constitucionalidad, que juega así un papel ordinario, de manera que todas las otras formas se analizan en función y como especies de ella. Los sistemas de justicia constitucional: en la doctrina y en la legislación comparada se conocen diversos sistemas de control de constitucionalidad y, por ende, de justicia constitucional, que usualmente se definen a partir de dos grandes modelos originales –llamémosle “puros”-, a saber: por una parte, el llamado “Sistema Norteaméricano” o “difuso” –que se sigue también, notablemente, en la  Argentina, y que fue, entre nosotros, el escogido, tanto por la  Constitución Federal de Centroamérica de 1824, en su reforma de 1835 como, en Costa Rica, en la  Reforma Constitución de los Tinoco de 1917-;  sistema este de la elaboración de la jurisprudencia y, en último término de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, bajo la dirección de su Presidente por antonomasia, John Marshall, quien, con sus celebres sentencias de los casos de Marbury vs Madfison, de McCulloch vs Maruland y del Darmouth Collage, no solamente se atrevió,  con la audacia del gran jurista, a sentar, praeter legem o, quizas, contra legem –contra constitutione-, las bases del control de constitucionalidad de la leyes en su país, sino también, con la inspiración de los grandes hacedores de la historia, se convirtió en el fundador universal del modelo moderno del drecho constitucional. Este sistema difuso, que causó la admiración de Torqueville, entre otros, y que llevó a calificar a los Estados Unidos como el “gobierno de los jueces”, se funda, en resumen, en el principio de que la constitución es, como ley suprema de la nación, no solamente suprema, sino también ley, de manera que los tribunales de judsticia, todos, llamados a aplicar la ley en los casos concretos, tienen la potestad y el deber de aplicarla  y, al hacerlo, de desaplicar cualquier norma de rango inferior –inclusive la ley- que se le oponga.

Esta última, pues, por ser nula, se desaplica con carácter meramente declarativo y, por ende, retroactivo, es decir, con los mismos efectos de una nulidad absoluta, pero sólo en el caso concreto, no se deroga por el juez, con efectos erga ommes, por lo que teóricamente continua vigente, mientras no se desaplique a su vez, caso por caso. la unidad y permanencia del sistema se reconstituye mediante los mecanismos de recursos que culminan en la  Corte Suprema,, y se asegura mediante el principio de stare decisis –jurisprudencia vinculante-, en cuya virtud la doctrina decanta en sus fallos obliga a todos los demás tribunales para todos los casos por venir. Obviamente, la legitimación para actuar ante Justicia Constitucional es genérica y la misma que para ante la justicia común, de manera que, a mi juicio, este sistema no podría llamarse propiamente de “Jurisdicción Constitucional”, en cuanto que no se trata de una jurisdicción especializada ni especial, ni sujeta a principios procesales o procedimientos diversos, ni con efectos diferentes a los propios de la jurisdicción común. Por la otra, el sistema llamado “continental”, “europeo” o “concentrado, debido al genio de Hans Kelsen y que se ha venido extendiendo en los estados democráticos de la  Europa Occidental, desde la  Constitución austriaca de 1920 y, especialmente, en la hoy República Federal de Alemania y en la  Italia de la segunda Post-guerra mundial, y, más recientemente, en las de España y Portugal, aunque siempre con la notable excepción de Francia –que todavía no logra emanciparse de su primitiva interpretación dogmática de la división de poderes de Montesquieu, que por cierto, éste nunca diseñó de modo tan radical. Y donde, en consecuencia, el control de constitucionalidad de la leyes sigue siendo muy tímido y todavía meramente preventivo-; sistema concentrado  conforme al cual el control de la constitucionalidad de las leyes sigue se confía exclusivamente a un Tribunal Constitucional especializado e independiente, incluso fuera del poder Judicial, que lo ejerce, no en los casos concretos, sino en abstracto, valorando las normas inferiores en función de la  Constitución, y revocando, anulando erga ommes, pero sólo con efectos futuros –ex nunca- aquellas incompatibles con ella. La legitimación para actuar la  Jurisdicción  Constitucional es privativa de determinados órganos del poder público –normalmente elpoder ejecutivo, un número determinado de los miembros de las cámaras legislativas, los gobiernos o parlamentos de Estados federados, regiones o comunidades autónomas, algunos otros funcionarios como el Ombudsman o comisario parlamentario para los derechos humanos, o los propios tribunales de justicia, éstos mediante la llamada “ cuestión de constitucionalidad cuando tengan dudas fundadas sobre la constitucionalidad de las normas que han de aplicar-. En este sistema, pues, la  Jurisdicción, para casos concretos –si acaso, acercándose a ella un poco más en las cuestiones de constitucionalidad promovidas por los tribunales para un caso pendiente-, cuanto como legislación negativa –así la calificó el propio Kelsen-, circunstancia que ha desatado una larga polémica, aún no acabada, sobre si su función es verdaderamente jurisdiccional.. con todo, me parece que lo verdaderamente peculiar de este sistema de jurisdicción constitucional concentrada es el hecho de que, casi por definición, se fundamenta en la idea que la constitución, es una especie de norma de excepción, en el sentido de que postribunales comunes esta inhibidos de valorar la constitucionalidad de las normas inferiores y obligados a aplicarlas mientras no sean invalidadas por el Tribunal Constitucional, de manera que difícilmente puede aquí defenderse el principio de que la  Constitución, además de suprema, es también una norma, de aplicación inmediata y vinculante para todas las personas, privadas o públicas –yo adelanto, que para mí, sí loes, y lo es en todo caso, aún en los sistemas de jurisdicción constitucional concentrada, y aún tratándose de aquellas normas de la constitución que se resulte meramente programáticas o claramente necesitadas de otras que la desarrollen o regulen su aplicación, o de las que, por imponer deberes unilaterales, con o sin sanción, solo pueden violarse por omisión-. En realidad, frente a esos modelos “puros”, hay casi tantos sistemas “derivados” o “impuros” como ordenamientos constitucionales, que recogen en formas, extensiones e intensidades diversas, rasgos de uno y otro de aquellos modelos. Con un simple afán de simplicidad, cabe hablar de dos grandes grupos: el de los que puede llamarse sistemas múltiples o dobles, como los de Venezuela, Colombia y Perú, que incorporan, simultáneamente ambos modelos originales; es decir, que establecen al mismo tiempo un control de constitucionalidad concentrado, a través de una acción especial de inconstitucionalidad en abstracto, ante un tribunal especial – en el caso de Venezuela y Colombia es, sin embargo, la misma corte suprema de Justicia, mientras en el Perú un tribunal constitucional especializado y autónomo. La declaración de inesequibilidad tiene efectos erga omes pero de mera anulación, - ex nunc -, estos es hacia el futuro, pero con una legimitación amplia a los particulares que lo aleja claramente del modelo europeo; y uno difuso mediante acción o excepción de inconstitucionalidad en los casos sometidos a las jurisdicción de los tribunales comunes los cuales, más que declaratoria, la constan para aplicar la constitución y desaplicar cualquier norma contraria de rango inferior, inclusive la ley, obviamente con efectos retroactivos – ex tunc -, pero solo para el caso concreto. Como dato curioso, valga señalar que en Venezuela y Colombia la acción diferenciada de inconstitucionalidad es también popular, para cualquier interesado que desee promoverla; en el Perú la solución, aunque básicamente la misma se complica por el hecho de que el tribunal constitucional únicamente conoce las acciones de inconstitucionalidad contra las leyes y actos con rango de ley, y actúa solo como tribunal de casación en los recursos de Habeas Corpus y Amparo, librados a los del fuero común; el de los que podrían considerarse como sistemas mixtos o híbridos, los más numerosos y variados, desde aquellos que como en Guatemala, se confían un tribunal constitucional especializado y autónomo; al modo del modelo concentrado, pero reconocen, a la vez, similarmente al difuso, legimitación a los particulares afectados –no obstante, con limitaciones que lo hacen casi inoperante-, hasta los que, como en El Salvador, Panamá y costa Rica, se encomiendan a la  Corte Suprema de Justicia, a la manera de modelo difuso, peor mediante a una acción específica de inconstitucionalidad, al estilo del concentrado, con la particularidad de que su legimitación les acerca la nuevo difuso, al otorgarse a quienes arguyan la inconstitucionalidad en un proceso concreto, pero mediante un recurso específico que, otra vez, se aproxima al modelo de la justicia constitucional concentrada. En lo que se refiere a las normas de justicia constitucional específicamente tendientes a garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas, baste con recordar que son básicamente dos: el recurso de exhibición personal o Habeas Corpus, de vieja estirpe europea –desde la  Carta  Magna Inglesa de1215, que le dio su nombre, o aún antes, desde el de presentación ya previsto en Furos de Aragón de 1181-, creado para garantizar la libertad e integridad personales –de ahí su principio esencial de presentación del detenido ante el juez, Habeas Corpus o téngase el cuerpo- el recurso de amparo, teniente de protección de los otros derechos y libertades fundamentales, o a la genérica de todos – según los ordenamientos- con variados antecedentes remotos, aunque de raíz inmediata en la constitución mexicana de 1917, pero con un sentido diverso y mucho más específico –el amparo mexicano es un especie de saco común donde caben, indistintamente, la acción de inconstitucionalidad, el Amparo y el Habeas Corpus propiamente dichos, el contencioso administrativo y algo más-.
Ambos recursos operan en formas muy similares en todos los ordenamientos: como remedios informales, sencillos y expeditos –sumarísimo el Habeas Corpus, sumario el Amparo- pero atribuidos a la justicia constitucional con alcances diversos, desde los comprensivos –que inclusive los reconocen contra la propia ley-, hasta los más limitados –como los costarricenses, que solo se otorgan contra actos subjetivos, no contra normas, de manera que, entre nosotros, el Amparo contra estas se subsume en la propia acción de inconstitucionalidad-. Es variado también el objeto de la jurisdicción –por ejemplo, solo contra las violaciones actuales o también contra las amenazas eminentes de violación. Solo contra los actos o también contra las meras conductas o, inclusive, contra las omisiones de las autoridades públicas; solo contra los entuertos, imputables a esta, o también, como empieza a ocurrir, contra determinados actos de personas privadas, etcétera-; y también son diversos los alcances del fallo, desde los que se limitan a detener la actividad o conducta violatoria, hasta los que ordenaban la debida –por ejemplo, los mandados de seguranza del derecho brasileño o los writs of mandamus del anglosajón- o incluso los que imponen una multa o una indemnización. Justicia inconstitucional y derechos de la constitución: la cuestión del valor que se reconozca al derecho de fondo –la constitución-, es decir, de su sentido, contenido, valor y efectos como normas suprema del ordenamiento jurídico, no es indiferente al sistema de justicia constitucional que se adopte, ni su solución tan pacíficamente compartida como pudiera parecer, aún dentro de cada modelo de justicia constitucional. En primer lugar, el concepto mismo de constitución, al que un sector de la doctrina da un carácter meramente formal, como el conjunto de normas que atribuyen y distribuyen el poder –por ejemplo, cuando se afirma que todo el Estado tiene constitución o, peor aún que todo Estado es constitución-, carecería de sentido cunado se habla de justicia constitucional, porque esta no tendría ninguna justificación mientras no se conciba la constitución como norma fundamental y suprema, y por ende, como fuente y razón de validez de todas las demás, o mientras no se reconozca la necesidad de confiar a órganos imparciales, independientes del poder político –jurisdiccionales, por definición-, la garantía de su vigencia y de su supremacía respecto del resto del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, ese mismo concepto de Constitución no se da como un ejemplo antiséptico, sino que corresponde a determinados ideales, tradiciones y convicciones históricas, políticos, humanos, en fin. En este sentido, aquí saldría sobrando cualquier discusión sobre el hecho, me parece que evidente, de que para los costarricenses la  Constitución no puede ser otra cosa que la ley principal y suprema en la cual, más aun que la organización y distribución del poder, se define el modelo completo de vida social libremente escogido por la generalidad de los ciudadanos, mayorías y minorías conjuntamente, en el permanente compromiso que según Lewestein caracteriza precisamente la democracia, y sobre todo, en la cual se consagra el instrumento un catalogo de libertades y derechos humanos fundamentales que el Estado mismo, es decir, todos, gobernantes y gobernados a la vez, esta obligado a respetar y garantizar. La  Constitución esta, así como0 vinculada de manera inseparable al desarrollo de la democracia y de sus complementos esenciales; el Estado de Derecho y la libertad. Sin embargo, quizás por la tremenda gravitación que tuvieron las luchas inglesas y francesas en  el parto de la democracia moderna, y cuya propia democracia surgió no tanto de la pugna directa del pueblo contra el poder, como de la representación popular contra el Rey, la doctrina constitucional no ha podido despojarse del todo de la idea de la llamada “soberanía del Parlamento”, de la cual se ha derivado creencias largamente sustentadas, tres, en concreto, que han limitado gravemente la eficacia de la Justicia  Constitucional: Una, la de la “presunción de la legitimidad de las ley” y, por ende, la del carácter excepcional de la  Constitución, que ya no tienen ninguna justificación en ninguna parte, y que nunca la tuvieron en los estados que nacieron a la vida independiente en la democracia, sin un rey al que arrancarle jirones de poder; la otra semejante, la de la función puramente negativa de la  Constitución, que equivale a otorgarle valor vinculante inmediato solo en cuanto organiza los poderes públicos y les otorga distribuye y limita negativamente los derechos y libertades de los ciudadanos, a los que tiende otorgarse un valor meramente programático, por lo menos frente al legislando. Esta aberrante concepción es responsable de que el control de constitucionalidad se manifieste como una acción puramente negativa, de que no haya sido posible extenderlo a la fiscalización constitucional de las omisiones gubernativas, y de que se haya venido desconstitucionalizando una serie de derechos y principios torales como los de legalidad y reserva de ley, y el de la propia igualdad sin discriminación. Finalmente, la de que la  Constitución es apenas un conjunto de disposiciones expresas, que por su mismo carácter negativo y excepcional, deben ser interpretadas y aplicadas restrictivamente, de manera que sólo reconozcan como inconstitucionales aquellas normas u actos cuyo texto literal choque de modo frontal con el texto literal de la  Constitución, nunca con su sentido teológico, sus principios o valores fundamentales. con lo cual la Justicia  Constitucional, por una parte, amén de desconstitucionalizar ese espirítu, principios y valores, desconstitucionaliza también las propias normas, que sin ellos, se convierten en meros mandatos leguleyescos; mientras que , por la otra, desnaturaliza la función primordial de la jurisprudencia constitucional como guía de la interpretación del derecho, al limitarse las más de las veces a rechazar las demás demandas de inconstitucionalidad, olvidando, que aún rechazándolas, es tanto o más útil establecer como debe entenderse y aplicarse la ley para no contrariar la constitución. Por supuesto, esas chatas concepciones  deben ser superadas, y para lograrlo, es necesario estructurar una Justicia Constitucional capacitadas para comprender íntegramente que su función es la de garantizar tanto la vigencia de la  Constitución como norma Jurídica vinculante por sí misma, y del resto del ordenamiento; y de la  Constitución como un todo, es decir, como conjunto de normas, principios y valores supremos de la vida social; pero de todo esto, no por la  Constitución misma, sino en cuanto ésta encarnada la garantía de libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos, y de la sociedad como el conjunto de estos –nada más- por encima de cualquier otra constitución.

La Justicia  Constitucional en Costa Rica: una ojeada de nuestra historia constitucional demuestra que, en Costa Rica, la idea  de la constitución como ley fundamental y suprema ha estado presente, de derecho y de hecho, desde los albores de nuestra vida independiente, pero no ha corrido parejas con ella la conciencia de nuestra verdadera justicia constitucional. Ciertamente, Costa Rica fue pionera, y durante varios años única, entre loas antiguas provincias de Centroamérica, en organizar todo su régimen jurídico sobre la base de una constitución, la primera en las cuales el Pacto Social Fundamental Interino del 1° e diciembre de 1821, conocido como “Pacto de Concordia”, que, además, conservo de derecho y se inspiro con la española Constitución de Cádiz de 1812 –una peculiaridad de nuestra historia política y jurídica es precisamente la presencia simultanea de las constituciones española y norteamericana en la base de todo nuestro desarrollo constitucional, hasta hoy-. Los principios de que el poder público, emanado democráticamente del pueblo soberano, solamente puede ejercerse en conformidad con la  Constitución y la ley –principio de legalidad-, de que los gobernantes son responsables de sus violaciones y, sobre todo, de la supremacía constitucional, a la que debe someterse la totalidad del ordenamiento jurídico, inclusive la ley, unidos a la atadura, no solo moral, del juramento de observar y cumplir la constitución y las leyes –desde luego, cada un conforme su rango-, han estado presentes de una u otra manera, a lo largo de toda nuestra  historia constitucional, ciertamente con muchas claudicaciones en el orden político pero solo con una en el normativo, de cortisima duración –la ley de Bases y garantías de Carrillo de 1841/42-. También han estado permanentemente presente, con un tratamiento preferencial, la convicción de que la libertad y demás Derechos Humanos Fundamentales son elementos esenciales del orden jurídico, político y social, casi siempre con una sanción especial de invalidez de las normas y actos de cualquier naturaleza que los ignore, los irrespete, los incumpla o los deje desprovistos de protección.
En síntesis, todas nuestras constituciones, por lo menos a partir de la de 1856 (art. 11) pasando por la de 1869 (art. 12) la 1871 (art. 17), la de 1917 (art. 7), de nuevo la de 1871 y la vigente de1949 –que por cierto no es más que la anterior reformada, por expresa dispocisión de la asamblea constituyente-, han consagrado, mutatis mutandi, el principio todavía enunciado en el párrafo primero del artículo 10 del actual, -conforme al cual artículo 10: las disposiciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo contarías a la constitución serán absolutamente nulas, así como los actos de los que usurpen funciones públicas, y los nombramientos y requisitos legales …; desde luego, entiéndase siempre, por mayor razón, toda otra norma o acto, de cualquier autoridad, aunque en cambio ignorándose sistemáticamente que el concepto de nulidad absoluta significa, por definición, invalidez insanable, irrenunciable, imprescriptible, declarable de oficio y de defecto retroactivo – ex tunc-; en todo caso, esos principios materiales no han corrido parejas con el desarrollo de medios de garantía que merecieran considerarse como de justicia constitucional: durante muchos años la actuación de las normas de la constitución quedó librada a la acción espontánea de los poderes públicos, y su garantía a mecanismos puramente políticos de fiscalización por los órganos que los emanaban y otros no jurisdiccionales –los que Lowenstein llama “controles intraorgánicos o interorgánico”-, in ninguna definición de potestades jurisdiccionales, capaces para declarar la invalidez de las normas o actos contrarios a la constitución. Con dos únicas y notables excepciones que, sin embrago, por su precaria y efímera vigencia, no tuvieran ninguna aplicación: una, en el ámbito de la  República Federal de Centroamérica cuya constitución del 22 de noviembre 1824, en su versión reformada del 13 de febrero de 1835 en su artículo 189 dispuso: artículo 189 esta constitución de las leyes federales que se hagan en virtud de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren bajo la autoridad fedseral será la  Suprema ley de la  República y los jueces de cada uno de los Estados están obligados a determinar en ellas, nno obstante cuales quiera leyes, decretos u ordenes, que haya en contrario en cualquiera de lo Estados, dispocisión en la cual, como se ve después, de recogerse un principio de evidente inspiración Norteamericana, se agregaba la última frase que de alguna manera establecia un sistema difuso de justicia constitucional, disposición que en la de los estados unidos faltaba y que solo se consagro a principios del siglo XIX, gracias a la audacia jurisprudencial praeter legen o, quizás contra legen… contra constitutione de su corte suprema, bajo la genial inspiración de George Marshall; la otra llamada constitución de  la Dictadura de Tinoco del 8 de junio de 1917, en cuyo sétimo artículo se leía: las dispociones de los poderes Legislativo o Ejecutivo que fueren contrarias a la constitución son nulas y de ningún valor y efecto, cualquiera que sea la forma en que se emita. Los Tribunales de Justicia no las obedeceran y aplicaran en ningún caso. Como es sabido la constitución Federal murió por la consun}sión en la misma década de1830 –sin que pueda precisar su fecha- la constitución de Tinoco fue abolida el 3 de setiembre de 1919 apenas dos años después de su promulgación. Puede decirse, pues que Costa Rica no cemenzó a tener un sistema de justicia constitucional, todavía no a nivel puramente legal sino a partir de la ley del habeas Corpus, número 35 del 24 de noviembre de 1932, para la protección de los derechos de libertad personal y de tránsito, así como las reformas introducidas al Código de Procedimientos Civiles por ley número 8 del 29 de noviembre de 1937 que en el título I del libro IV destinado a recursos incluyo un simple capítulo IX (art. 962-969) sobre el llamado recurso de Inscostitucionalida. Esta normas son las mismas que hasta ahora definen, en esos campos el marco de nuestra justicia constitucional, solo que desde la promulgación de la constitución vigente el 8 de noviembre de 1949, se incorporaeron a esta (art. 10 y 48) con dos únicos enriquecimientos: el establecimiento del recurso de Amparo (art. 48) y el control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de leyes, vetados por el Poder Ejecutivo, fundado en ser contrarias a la constitución (art. 128). Nuestra justicia constitucional se sustenta, actualmente en los artículos de la consttución10 y 128 –el control de constitucionalidad- y 48 –los recursos de Habeas Corpus y de Amparo-, en los artículos 962 y siguientes del Código de Procedimiento Civiles, en la misma ley de Habeas Corpus citada, y en la ley de Amparo, en el artículo 20.2 de la ley reguladora de la Jurisdicción constciosa Administrativa, en lo que hace a la inconstitucionalita d de otras disposiciones que las de la  Asamblea Legislativa o Poder ejecutivo, así como en cierta manera el actual artículo 8 inciso 1 de la ley Orgánica del Poder Judicial, con un texto similar al adoptado por la misma reforma procesal mencionada de 1937, según el artículo 8 no podrán los funcionarios que administren justicia: uno aplicar leyes, decretos, acuerdos o resoluciones gubernativas que sean contrarios a la constitución cuando la inconstitucionalidad haya sido declarada por los tribunales correspondientes, de acuerdo con lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles, de una manera especial o en casos al que estuviere para ser resuelto.
En Costa Rica, hasta hoy, de las formas de Justicia Constitucional a que me referí solo se reconocen las dos principales: la primera –el control de constitucionalidad-, a través de la consulta -preventiva- de proyectos de ley que hayan sido por el Poder Ejecutivo por motivos de inconstitucionalidad (art. 128 Const.) y a –posteriori- del llamado recurso de inconstitucionalidad de las disposiciones de la  Asamblea Legislativa y de los decretos del Poder Ejecutivo (art. 10 const. Y 962 ss. Código de Procedimientos Civiles), así como la acción –principal- por inconstitucionalidad de otras disposiciones generales, esta última dentro del procedo ordinario contesioso administrativo (art. 20.2 Ley Reguladora de esa Jurisdicción); la segunda –la garantía de los derechos y libertades fundamentales-, a través de los recursos de Habeas Corpus y Amparo (art. 48 Const. Ley de Habeas Corpus 1932 y Ley de Amparo de 1950), sin perjuicio de la protección indiferenciada que resulta –normativa aunque no fácticamente- de la justicia común, especialmente la contenciosa administrativa y, en cierto modo, la penal. La realidad, pues, y los problemas de nuestra Justicia Constitucional giran alrededor de ese marco normativo y de los rasgos sobresalientes de la jurisprudencia acuñada al aplicarlo; la consolidación de esos defectos, sus remedios, sus esperanzas o desesperanzas, por su parte, dependerán en gran medida de la ciencia, independencia y valor –tanta audacia como la prudencia permita-  con que se interpreten y apliquen la reforma constitucional a los artículos 10, 48, 105 y 128, con un transitorio, que acaba de aprobarse, y la nueva Ley de la  Jurisdicción Constitucional, que esta punto de serlo, instrumentos que utilizaré como marcos de referencia sin prejuicio de mis propias reservas y rebeldías. Al hablar de las nuevas iniciativas aprobadas o a punto de serlo para reestructurar nuestra Justicia Constitucional, tendré ocasión de señalar  como estas incluyen, además, las formas que he llamado eventuales –actuación del derecho internacional y garantías de los derechos y libertades reconocidos por este-, así como la primera de las complementarias – conflictos de competencia constitucional-, no la segunda –jurisdicciones constitucionales-, porque entre nosotros el juzgamientos de los miembros de los supremos poderes no tiene sentido constitucional –una vez desaforados-, en tanto que el contencioso electoral ha quedado confiado exclusivamente al Tribunal Supremo de Elecciones y, por ende, sustraído de toda otra jurisdicción.

De tal manera, pues en virtud de esas únicas normas y además, de la propia jurisprudencia constitucional, puede afirmarse que en el sistema costarricense de justicia constitucional actual en control de constitucionalidad, como tal, sólo existe respecto a normas –generales- y no a actos concretos. Que, aunque nada se opone al control de constitucionalidad de las propias reformas constitucionales o de los tratados internacionales, no es concebible su posibilidad práctica en el estado actual de nuestra justicia y jurisprudencia constitucionales; que tampoco lo es el control de constitucionalidad de omisiones, es decir, de la inercia en el cumplimiento de deberes impuestos por la  Constitución como norma meramente negativa y de excepción. Finalmente, que en la actitud formalista de nuestra justicia constitucional, para la cual la inconstitucionalidad sólo puede resultar de una contradicción insaluable entre los textos de la  Constitución y de la norma impugnada, no cabe la posibilidad de declararla cuando ella resulta no del texto de la ley, sino de la forma en que ésta haya sido interpretada por la jurisprudencia –a pesar del adagio de que la ley dice lo que el juez dice que dice. Las garantías del Habeas Corpus y del Amparo se distinguen, no sólo en homenaje a la tradición multisecular del primero, sino también por necesidad lógica: el habeas Corpus, como su nombre lo indica, tiende a proteger derechos del ser humano en sus situaciones de privación legítima de libertad; su característica principal esta en el derecho de comparecer ante el juez, para que éste, no sólo lo proteja en su integridad personal –por ejemplo frente a la tortura- sino también en cuanto a las condiciones de su detención, por ejemplo, para que se sepa dónde está y en qué estado, y en general para que a través de su inmediata relación humana pueda valorar una serie de factores, de otro modo imponderables, sobre todo a la universal tendencia de la autoridad a la arbitrariedad. En Costa Rica, sin embargo, la diferenciación con el Amparo carece casi de sentido, como no sea porque la privación de libertad no es suspendible normalmente antes de la sentencia del recurso, dado que tanto el artículo 48 de la  Constitución y la ley de Habeas Corpus hasta hoy, como la práctica de nuestra Corte >Suprema de Justicia, se apegan al error de limitar el recurso a la privación ilegítima de libertad, es decir, nada diverso del principio general del Amparo, como garantía genérica de los derechos y libertades fundamentales frente a su violación, actual o inminente, amenaza de violación. Con todo, es el recurso de Habeas corpus el que mejor funciona en Costa Rica, para los costarricenses: su tramitación es muy sencilla y expedita su resolución muy rápida y su sentencia generalmente respetada y acatada, lo primero es cumplimiento formal, lo segundo es el cumplimiento material.
Los enormes peros de nuestra jurisprudencia en materia de habeas corpus son, en síntesis, tres: en primer término, el reconocimiento de legitimidad a las autoridades administrativas y de policía para restringir la libertad en diversas formas, inclusive la personal la de tránsito, so pretexto de habilitaciones legales y, a veces, hasta reglamentarias, a contrapelo de la  Constitución; sobre todo cuando ésta, con una inadvertencia semántica que no quiso ni pudo querer decirlo como se interpreta, al referirse a órganos lógica y necesariamente judiciales, utiliza la expresión ”autoridad competente”, artículo 38 o cuando los jueces, sintiéndose a los mismos parte del Estado, autoridad se hacen de la vista gorda frente a detenciones arbitrarias emanadas de “autoridad encargada de orden público”, artículo 37, por menos y a veces por más de 24 horas. En segundo, la aceptación por nuestros jueces de argumentos ad hominen, de razones no fundadas de orden público, y de la creencia en que el orden público, real o imaginario, está por encima de la libertad y derechos fundamentales, incluso de la dignidad del ser humano, de manera que está bien que a los malos se les persiga, se les ofenda y se les maltrate por los buenos, que son, por cierto, las autoridades públicas. Por último, la convicción más o menos adornada, de que esos “malos” son, en primer lugar, los extranjeros, cualquiera que sea su conducta o condición y , en segundo, los costarricenses naturalizados, sin para mientes en el hecho de que, como me decían hace poco unos indígenas de Salamanca, en Costa Rica rodos los blancos somos extranjeros. Si necima d extranjero se es italiano, mafioso, y si colombiano, narcotraficante, por definición. En lo que hace al amparo –se supone que para la protección los demás derechos fundamentales-, a las aberraciones anteriores y alas que más atrás señalé demuestra jurisprudencia en materia de control de constitucionalita, agréguense las suyas propias, algunas normativas pero las más jurisprudenciales. Tan solo unos ejemplos gráficos, ante todo, la concepción, recogida, no en la  Constitución pero sí en la ley de Amparo, de que se trata de un recurso contra actos –concreto- no contra normas –en realidad en Costa Rica el amparo contra normas está imbricado en los recursos de inconstitucionalidad-. Esto puede no ser malo en sí, aunque no es lo mismo una acción como esta última, cuyo objeto específico es garantizar la supremacía de la  Constitución los derechos de la persona humana, aunque al final la violación de estos sea de estos también una violación de la  Constitución. Lo grave, sin embargo, es que sea exclusión del amparo contra normas a justificado la timidez de nuestros tribunales frente a la autoridad política, con la consecuencia ya clásica de rechazar el amparo cuando el acto impugnado no se “arbitrario”, es decir, cuando no dicte en la ausencia total o conflagrante violación del texto de una norma, normalmente legal, peor muchas veces incluso reglamentaria- como dije, para nuestra Corte Suprema de Justicia, el principio de “reserva de la ley”, entre otras cosas para el régimen de los derechos fundamentales, no es constitucional-. Otra grave anomalía, esta vez de una jurisprudencia lindante con el prevaricato, es la de que nuestra Sala I de la  Corte, contra el texto expreso del artículo 2, inciso b) de la ley de Amparo, ha sostenido casi textualmente, no que este diga o deba interpretarse de otro modo, sino que lo que dice, cuando establece unívocamente que la acción de amparo caduca “ocho días después de que diga no puede aplicarse así, porque la “seguridad jurídica”, -aquí sí se recurre a los principios, en contra de los ciudadanos- impone que la caducidad se cuente a partir del acto violatorio, no de su cesación. Esto, a lo sumo, podría valer, de lege ferenda, para los actos violatorios de derechos puramente patrimoniales y, por ende, renunciables, pero nunca –para los que no se pueden jurídicamente consentir los derechos constitucionales son por definición irrenunciables y supremos incluso, para buena parte de la doctrina, por encima de la propia constitución. El trámite de los recursos de amparo, que se supone sumario, es de hecho, lentísimo y esta plagado de obstáculos tanto humanos como procesales, comenzando por la existencia de agotar previamente los recursos –administrativos por supuesto-procedentes contra el acto o la conducta en cuestión, acto o conducta que no obstante, causan efectos inmediatos, ejecutivos, el primero, materiales, el segundo, con frecuencia graves y hasta irreversibles.
Ciertamente, el tribunal tiene la posibilidad de suspenderlo pendiente la tramitación del recurso, pero no conozco –quizás lo allá- un solo caso en que sea suspensión se haya operado. En resumen, la ineficacia del amparo actual es tal, que, aunque se trate de la violación de libertades o derechos fundamentales, a menudo los litigantes preferimos plantear la acción ordinaria contencioso administrativa y, dentro de ella, solicitar la suspensión de los defectos del acto o de la detención de la conducta en cuestión, con la casi seguridad de que, pese a su misma lentitud, se producirá antes, incluso con su apelación. De nuevo, recordemos que la solución tardía es muchas veces peor que la injusticia.

DIPUTADO MONGE RODRIGUEZ: ¿ Ya dio por discutido el proyecto primero?
                                                              ¿ Lo va a dar por discutido?

EL PRESIDENTE: Sí señor diputado.

DIPUTADO MONGE RODRIGUEZ: Lo que quería era, que una vez que lo dé por discutido definiera la votación. Creo que todos lo vamos a votar, pero como en alguna cosa nos separamos de la  Corte, del criterio de la  Corte, comprenderá usted que su decisión del número de vots es muy importante en el interés de sacar la ley.
Por eso, nada más quería recordarle lo que yo creo que usted va a hacer.

EL PRESIDENTE: Diputado Monge Rodríguez, precisamente esperaba que hubieran treinta y ocho señores diputados presentes para poner a votación, ya que este proyecto requiere de treinta y ocho votos; en base de que nos vamos a separar de algunas apreciaciones dadas por la  Corte Suprema de Justicia

Tiene la palabra el Diputado Villalobos Salazar, quien la retira.

Se  da por discutido el proyecto de ley, con el número de expediente 10.273. hay treinta y nueve señores diputados presentes. ( A continuación se APROBO en anterior proyecto de ley. El señor presidente ordenó pasarlo a la  Secretaría para el respectivo decreto).

EL PRESIDENTE: el anterior proyecto de ley fue aprobado en forma únanime.

DIPUTADO CORRALES BOLAÑOS: En realidad, ya dentro de los cinco minutos que nos quedan, y en forma muy rápida, señalaba que de las preocupaciones que se han producido en el foro nacional de que esta ley vaya a sustituir todo nuestro ordenamiento jurídico; en realidad queda resuelto en el artículo 9 en relación con el artículo 57.
El artículo 57, que era lo que anteriormente estaba señalado nuestro estimado compañero Volio Jiménez, dice en lo que interesa: “los recursos de Amparo también se consideran contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas o se encuentren de derecho o de hecho, en una posición de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los recursos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta ley”.

Esto es, compañeros diputados, no es que se abrió completamente, como según entiendo lo tiene Argentina, que en todos los casos se ha dado. Sino que se requieren algunas situaciones especiales, por ejemplo que los particulares estén en ejercicio de funciones o potestades públicas. Un ejemplo tal vez puede aclarar lo anterior: equis personas es concesionaria del servicio de transportes Cartago-San José. Y un día de tantos se les ocurre no poner los vehículos a funcionar, entonces el particular ante la prepotencia del concesionario, puede presentar el Recurso de Amparo para ser tutelado su derecho. Vean ustedes que esta persona por supuesto, por medio del ordenamiento jurídico, se le puede castigar, se le puede obligar, etc; pero ya en ese momento la persona, el daño que ha causado en la negación de darse el servicio es inminente.

Recordemos, como lo dijimos anteriormente, que el recurso nace en la  Argentina, y nace frente y nace a propósito de una huelga que se da de unos trabajadores de un telar argentino. Resulta  que ahí los trabajadores que quieren entrar a trabajar y el grupo de trabajadores que ha tomado la fábrica y no les permite trabajar. Entonces se cuestionó la Sala  Argentina en esta manera, si solamente las autoridades públicas pueden violentar los derechos Constitucionales. Y se llegó a la conclusión de que no, de que los particulares también los violentan, como en ese caso era el derecho al trabajo.

Entonces se les dice: no, un momento. Por medio de la  Corte una orden le dice a los que en el argot sindical se conoce como los rompehuelgas, no señores, ustedes pueden ir a trabajar y se les garantiza con la policía el derecho de trabajo.

Por eso es que no quedó, y acéptese el término, con un cajón de sastre, donde cabe todo; sino son casos especialmente señalados. Y este artículo en relación con el artículo 9 de la  Ley de la  Jurisdicción Constitucional o Ley Coto Albán, le permite al tribunal deshacerse de todas aquellas materias que en un momento determinado vinieron a entorpecer o que las partes quisieran adelantar ganándose cualquier otro trámite que tuviera la jurisdicción ordinaria, que quisiera ganarlo en la justicia Constitucional.

Cuando escuchaba al estimado diputado Volio Jiménez, y señalaba que únicamente las autoridades podrían ser sujetos del amparo y que no había razón para que los particulares pudieran en un momento determinado ser sujetos del derecho, pensaba yo que las  autoridades, sus actos, están controlados por la ley que se dicto en el período de Don Daniel Oduber, que le permite a los particulares recurrir a los tribunales por el abuso de las autoridades en el abuso de su función. Necesitamos una justicia pronta, una justicia cumplida, rápido y por esa razón el artículo 57, tanto para los particulares, como el artículo relativo al amparo, de las soluciones que pretendemos, para que la justicia, para que la garantía constitucional de una justicia pronta y cumplida pueda hacerse efectiva.

No parece, sinceramente, compañeros diputados, que esta tarde es una tarde de gloria para la  Asamblea Legislativa, ya que, en el centenario de la democracia costarricense, entrega al pueblo costarricense no solamente la  Sala Cuarta Constitucional, sino la  Ley de la Jurisdicción  Constitucional o Coto Albán, como oportunamente señalaba nuestro compañero diputado, don Carlos Manuel Monge Rodríguez, muy oportunamente, que debería llamarse una ley que vendrá a garantizar los derechos de los costarricenses, que vendrá a aclarar y fortalecer las libertades de los costarricenses, frente a los abusos ya no solamente de las autoridades entendiéndose por tal, quienes tienen poder – sino también ante los particulares que están violentando las garantías constitucionales que tanto trabajo, tanto sacrificio le ha costado a la humanidad y concretamente al pueblo costarricense.

Me parece que es una tarde llena de gloria, llena de alegría, porque estamos cumpliendo efectivamente, con nuestro deber de dar una legislación oportuna y dar una legislación que el pueblo costarricense merecía  desde hace mucho rato. Un reconocimiento muy sincero para todos los compañeros diputados, que sin distingo de colores políticos, ni de cualquier diferencia de orden personal que pudiera existir, nos pusimos de pie para darle este instrumento al pueblo costarricense.

DIPUTADO MONGE RODRÍGUEZ: En estos días en que se ha discutido públicamente sobre las bondades de esta Asamblea Legislativa o sus efectos, y que la prensa nacional ha criticado algún intento de mejorar la imagen de esta Asamblea Legislativa, que creo que debe hacerse; pueden tener la certeza – señor Presidente y señores diputados- de que la creación de la  Sala  Constitucional, y hoy la  Ley de la Jurisdicción  Constitucional, quien adelante yo seguiré llamando Ley Coto Albán, estamos dando la legislación más trascendente para el futuro de este país, que veran nuestros hijos y las futura generaciones.

Y será agradecido por esas generaciones, y serán recordados eso, todos señores diputados, por esa dedición y por otras muchas decisiones que han sido tomadas por esta Asamblea Legislativa de trascendencia nacional, que hemos estado todos los diputados unidos en este interés, cuando estos temas se han tratado. Pasara a la historia de nuestra patria esta Asamblea Legislativa, que ha vivido las crisis políticas más grandes, pero que ha tenido la entereza, fortaleza y la capacidad de tomar decisiones trascendentes para la  Costa Rica de hoy, de nuestro futuro. Pueden tener la certeza los señores diputados de que  realmente estamos haciendo historia, de que realmente esta Asamblea Legislativa con el conjunto de otros proyectos de ley que todos ustedes conocen, salió de distintas comisiones en los diferentes ambitos de la vida nacional y que los hemos sacados y los hemos votado en una forma plena, unánime buscando ese interés nacional. Harán que esta Asamblea sea considerada, definitivamente, como una de las mejores.

Y que la imagen, que el mejoramiento de la imagen de esta Asamblea habla por si solo, si hacemos un recuento legislatura por legislatura, comisión por comisión, de los trabajos, de los proyectos ahí dictaminados y aquí votados de forma definitiva en tercer debate, como esta ley.

Estamos en este tercer debate de esta Ley Coto Albán, dando una reforma no solo legal, estamos dando una reforma que tendrá grandes consecuencias en lo social, en lo económico y en lo político, fundamentalmente en cuanto a los derechos sagrados de los costarricenses que marcara un hito en la historia de Costa Rica. Leyes como esta que estamos aparatando de forma unánime en esta Asamblea Legislativa, si están preparando a Costa Rica para el siglo XXI. Debemos tener presente señores diputados, que Costa Rica se prestan a la  finalización del siglo, pero solo con actitudes hacia el futuro podemos afrontar lo que viene. No puede ser, seño9res diputados, que viendo el pasado es que podemos hacerle frente al presente y al futuro de Costa Rica.

Hemos y estamos haciendo historia en este país, y para esta Asamblea esta es una tarde de gloria, señores diputados.

DIPUTADO CHACÓN JIMÉNEZ: Enorme satisfacción me causa haber logrado esta ley en esta tarde. Creo que es necesario hacer reconocimiento a muchas personas, pero algunas en especial deben ser mencionadas: los Licenciados Rodolfo Piza, Luis Paulino Mora, Rubén Hernández, Eduardo Ortiz, José Miguel Villalobos y Mario Rucavado tuvieron una actuación muy destacada.

La  Comisión de Asuntos Jurídicos fue dirigida muy acertadamente por don Rodrigo Araya, ayudado por doña Olga Zamora y creo que hay que rendir especial homenaje a dos de los licenciados que acompañaban a esa  comisión, don José María Borbón y a don José Miguel Corrales, quienes no escatimaron tiempo, no escatimaron esfuerzos para darle forma, resolver los problemas, buscar donde podrían surgir las dudas, aclararlas. Creo que hoy es realmente una tarde de gloria para este Congreso. Es un merecido homenaje a la figura de don Fernando Coto Albán, yo creo que en compañía de los señores diputados de la  Comisión de Jurídicos, me siento sumamente complacido por esta ley que se ha dado el día de hoy.

DIPUTADOS BRENES CASTILLO: Es para manifestar mi satisfacción profunda, y agregar que ha sido una suerte para mí la tarde de hoy 4 de octubre, haber dado mi voto positivo en tercer debate de una las leyes más importantes que se hayan tramitado en el ejercicio de este Parlamento.

Lo hago doblemente con mayor agrado, con mayor satisfacción profunda, por haber sido una de las inquietudes nacidas, fortalecidas y creadas por un gran hombre, por un hombre al que ya lo recogió el Sumo Hacedor. Un hombre que partió hacia la eternidad dejando para bien del fortalecimiento de nuestra sociedad, esta ley tan importante, me refiero a ese hombre que salió de la provincia de Cartago, don Fernando Coto Albán.

Me agrada mucho que el destino haya sido tan benigno, al darme la oportunidad esta tarde de aportar mi voto positivo en tercer debate a esta herramienta jurídica, la cual va a significar un fortalecimiento muy grande, muy importante a las tradiciones, a las costumbres que practica y vive nuestro país.

DIPUTADO ARAYA UMAÑA: En realidad yo me siento muy satisfecho como Presidente de la  Comisión de Asuntos Jurídicos, del trabajo tan extraordinario que se hizo en esa comisión.

Ya se ha dicho por parte de otros señores diputados el mérito que tiene esa serie de costarricenses, que sin pensar siquiera en el bienestar de su famili8a, durante prácticamente un mes se dieron por entero a estudiar esta ley. Eso lo hicieron en contra precisamente de unos editoriales, sobre todo del periódico la nación, que yo diría que en una forma muy superficial y con poco conocimiento, pretendía decir que la  Comisión de Jurídicos, esa comisión integrada por apenas tres diputados abogados, y por otros diputados con otras formaciones profesionales, estaba machacando totalmente esta ley de la  Sala Cuarta.

Eso es muy lastimoso, especialmente cuando periodistas de algunos medios de información no tienen absolutamente todos los antecedentes y los argumentos, los razonamientos, y no conocen la historia de muchas de estos proyectos que llegan a la  Asamblea Legislativa.

Aquí se ha dicho con mucha claridad que desde hace muchos años se viene redactando esta Ley y dándole pensamiento a través de este excelente Magistrado, don Fernando Coto Albán. Pero además, señores diputados, esta ley ha sido estudiada en una serie de seminarios y congresos de abogados, y ha sido suficientemente discutida.

Sin embargo, en la comisión de jurídicos, con la presencia de estos distinguidos abogados, en su mayoría constitucionalistas, estudiaban la ley permanentemente, artículo por artículo, todos los días, y prácticamente todas la semanas teníamos en la  Comisión de Jurídicos el texto sustitutivo.

Los diputados que estábamos en la  Comisión de Asuntos Jurídicos y que no teníamos la formación de abogados, nos percatamos en realidad de lo que antes decía el señor diputado Monge Rodríguez, de lo importante que es esta ley, cuando a través de ella vamos a conjuntar una serie de la legislación que hace referencia al Poder Judicial, para impartir justicia aquí en Costa Rica, precisamente en la  Sala Cuarta.

Entonces yo me pregunto como es que los periodistas pueden emitir conceptos de una manera tan fácil, cuando en la primera legislatura en que me correspondió estar en la  Comisión de Jurídicos, al tratar de analizar un proyecto de Ley de Radio y Televisión, que yo entiendo ya ha llegado varias veces a esa comisión, apenas ingresa al trámite parlamentario, automáticamente los medios de comunicación empiezan a atacar a la comisión en que se encuentre ese proyecto, porque supuestamente ninguno de los diputados conoce la materia.

Por eso no me extraña que hoy en la  Nación, es un artículo don Bosco Valverde diga cosas totalmente absurdas sobre un asunto de la telefonía celular, donde ya no sólo yo como diputado de la oposición sino el señor Diputado Cruishank Smith,, como diputado de Gobierno, estamos de acuerdo en que la telefonía celular es un monopolio exclusivamente del Estado costarricense que lo trasfiere, en este caso, a una institución como el ICE, y que las leyes le señalan con absoluta claridad a esa institución que específicamente, esa tecnología únicamente debe explotarla el Instituto Costarricense de Electricidad, y que sólo por ley o por una concesión de esta asamblea legislativa, con tiempo limitado, podría transferirse a esta tecnología inalámbrica. Cuando uno oye a periodistas decir esto –no en este caso, insultarme a mí como diputado-, sin ningún conocimiento de lo que están diciendo, sabiendo que esa potestad es exclusivamente del ICE, y afirmando conceptos tan equivocados, cuando ni siquiera averiguan que en esa comisión especial estamos dándole al sector energía la posibilidad de cogeneración aquí en Costa Rica.

Estamos dándole a la empresa privada, ya no la posibilidad de explotar quinientos caballos en una pequeña plantita, sino hasta veinte megavatios o veinte mil kilovatios, en lo convencional y no convencional, llevándolo a términos mucho más amplios, pues uno se convence de que efectivamente, también, como decía el diputado Monge Rodríguez, …

EL PRESIDENTE: se le ha vencido su tiempo, Diputado Araya Umaña.
                                Para razonar su voto, tiene la palabra el Diputado Muñoz Bustos.

DIPUTADO MUÑOZ BUSTOS: Señor Presidente, señores diputados, también para unir mi voz de regocijo por la aprobación de este importante avance en el desarrollo institucional de Costa Rica.

También felicito y agradezco a los distintos abogados y miembros de la  Comisión de Asuntos Jurídicos, por su participación tan relevante en el trámite y mejoramiento de este proyecto de ley.

Deseo además, hacer una referencia concreta al artículo 113, que se encabeza así: “derogase las siguientes leyes y disposiciones, y viene luego el inciso a) y siguientes. Voy a referirme especialmente al inciso ch), que textualmente dice, coordinando con el encabezado: “Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios.” Sobre la trascendencia de este inciso ch), y su relación con el artículo 67 de la ley Órganica del Sistema Bancario Nacional, y con el artículo 1.001 del Código Civil y de Familia de Costa Rica, le pregunté al Diputado José Miguel Corrales Bolaños, una de lasa personas que precisamente más intervinieron en el desarrollo del trámite de este proyecto, cuál era la relación, porque existía  cierto temor que no fuera vinculante o que no tuviera poder este inciso ch) sobre los dos citados artículos.

Entonces, el legislador y abogado Corrales Bolaños me contestó: Profesor, ahí dice “todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal”. ¿ le entendí bien, Diputado Corrales Bolaños? Esta asintiendo, me dice que yo entendí bien. Entonces que quede constancia, y hoy al ser votado este asunto por más de 38 votos y por unanimidad de esta Asamblea Legislativa, que la voluntad del legislador es que quede completamente expreso y bien interpretado que cuando dice que se derogan las siguientes leyes y disposiciones, lo del inciso ch), cuando dice: Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas referidas al incumplimiento de deberes alimenticios, se refiere literal y absolutamente a todas las disposiciones legales que establecen causas de apremio corporal, excepto la que aquí esta dicha. Porque incluso la objeción que oportunamente presentó la  Caja Costarricense del Seguro Social, queda cubierta por otra figura jurídica. Quiere usted soplarme, Diputado Corrales Bolaños, por una retención indebida de las cuotas de los obreros.

Entonces, mi intervención ojala fuera oída por muchísimos hogares, muy humildes o de situaciones económicas complejas y difíciles, para que se llenen de alborozo de que fueron liberados a través de la labor de esta Asamblea Legislativa y de los ilustres jurisconsultos que en ella participaron, de los grilletes de la esclavitud que significa la prisión por deudas.

DIPUTADO VILLALOBOS SALAZAR: Yo también participo de la alegría que reina en este plenario y la satisfacción del deber cumplido por parte de los señores diputados, con la aprobación de la  Ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional, expediente 10.273.

Pero también creo que además de lo que se ha manifestado acá sobre los alcances importantes que esta ley tiene, es importante también comentar lo que has manifestado el Diputado Araya Umaña, de cómo en esté país se desinforma y niega el valor y la capacidad a quienes integran una Comisión de Jurídicos, porque no son abogados. Y digo esto porque aquí más de un compañero hipócrita y farisaicamente corre a los pies de los señores periodistas a decirles que ellos tienen razón, que no es cierto que ellos no se preocupan por levantar el prestigio de la asamblea, cosa que según lo ha dicho el grupo que ha realizado un estudio respecto a la imagen de la  Asamblea, es absolutamente cierto.

Lo que no dice el estudio ni los periodistas, es que son los mismos diputados los culpables de la situación en que están respecto a la prensa, porque todo el tiempo andan corriendo y mendingando publicidad por parte de los periodistas. Yo como ni vine aquí a un reinado de belleza, no me preocupa estar bien con los periodistas, me preocupa estar bien con los electores, especialmente con lo0s sectores populares que son los que me eligieron y requieren mi acción como diputado.

Y digo esto porque en días pasados, el miércoles, concretamente, yo considero que fue un día muy importante para esta Asamblea Legislativa, se votó la  Ley Orgánica en primer debate, se aprobó el permiso para que el Presidente asistiera a la  ONU,  se aprobó el Programa de Ajuste estructural en tercer debate, y yo quisiera saber en que medios de comunicación se destacó la importancia de ese día y la forma en que trabajó la  Asamblea Legislativa.

Igualmente, yo quisiera ver el día de mañana que van a decir y que van a comentar sobre la importancia de la  Ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional. Y, entonces, dedican grandes editoriales en contra  de la  Asamblea Legislativa, y entonces dicen que el problema es la mediocridad de los señores diputados. Yo tengo que decirles que la  Asamblea Legislativa es la fiel representación del pueblo de Costa Rica, compuesta por los diferentes sectores de nuestra sociedad, y que habrá miembros excelentes, buenos, regulares y malos, pero representan la decisión democrática de un pueblo que los eligío ¿Quién ha dicho que todos los periodistas son excelentes? Una cosa es ser escritor, otra cosa es ser periodista, otra ser escribidor y otra ser plumario, que de esos hay muchos en este país.

Pero cuando la  Asamblea hace, toma una decisión importante no se destaca. El dí9a domingo, creo que fue, o el día lunes, leí un artículo en la  República sobre un encendido y acalorado enfrentamiento entre el Diputado Villalobos Villalobos, Villalobos Salazar y el Diputado Muñoz Bustos. No recoge todos los aspectos pero dice bastante de un capítulo importante también en el seno del plenario. Yo quiero invitar al señor periodista Arnoldo Rodríguez, que lo escribió, sino estoy equivocado, que también haga una página sobre mi intervención relativa al programa de Ajuste Estructural, comprendida en el acta N° 70, de la página 100  a la página 142, para ver si la comprende y para que le diga al pueblo que aquí, a como sabemos pelear para defender las ideas de un partido, sabemos también intervenir sobre asuntos de fondo, como es un programa de Ajuste Estructural. Le dejo la invitación muy respetuosa y espero leer en una página completa esta intervención. Porque, como dice Iván Mraz… no pude decir lo que dice Iván Mraz.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
SAN JOSÉ, COSTA RICA

Señor
Ing. Allen Arias Angulo
Presidente
Asamblea Legislativa
PRESENTE

Muy estimado señor Presidente:
            Con el objeto de que esta carta sea leída en el capítulo de discusión y aprobación del acta, deseo aclarar lo siguiente con el objeto de que esta aclaración se haga constar, precisamente, en el acta de la  Sesión Parlamentaria. Es el hecho que al referirme a los artículos de leyes vigentes que quedan sin efecto a tenor de lo que dispone el artículo 113, inciso ch de la nueva Ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional, hice referencia en el momento de razonar mi voto,  a los artículos 67 de la  Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y del artículo 1001 del Código Civil y de Familia; pero en la ofuscación derivada del corto tiempo de que se dispone reglamentariamente para ese razonamiento del voto, omití referirme al artículo 518 del Código de Comercio, que con base en el texto del citado artículo 113 de la  Ley de la  Jurisdicción Constitucional en su inciso ch) y de acuerdo con lo aclarado ahí mismo por el diputado Lic. José Miguel Corrales Bolaños también queda derogado desde el momento en que el citado artículo 113 estatuye:
            “Artículo 113. Deróganse las siguientes leyes y disposiciones:
a)
b)
c)
ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios”.

            Con el ruego de que el contenido de esta carta sea leído y se inserte en el acta de hoy, le expreso mi agradecimiento por su gentileza y me suscribo su atento servidor,

JOSE JOAQUIN MUÑOZ BUSTOS
                                                                                  DIPUTADO

AUTOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO Y REDACCION

SAN JOSÉ, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.
En esta fecha, a las trece horas, se traslada para su custodia al Departamento de Archivo, el expediente No. 10.273 “LEY DE LA  JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL”. Consta de mil ochocientos ochenta y un folios numerados y sellados.

Licda. Marta Rivera Chacón
        DIRECTORA

RECIBIDO CONFORME POR:

                                                                          Fecha, Firma y Sello

AUTOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO Y REDACCION

SAN JOSÉ, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

En esta fecha, a las diez horas y treinta minutos, se traslada al Departamento de Archivo, la ley No. 7135 “LEY DE LA  JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL”. Para que sea incluida en su respectivo expediente.

Br. Sandra Chamorro Acosta
      SUDDIRECTORA

LA ASAMBLEA  LEGISLATIVA DE LA  REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA

Ley de la  Jurisdicción Constitucional

TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO UNICO

Artículo 1
La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la  República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.

Artículo 2.-
Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional:
a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la  Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.
b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad.
c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluído el Tribunal Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la  Contraloría General de la República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho Público.
ch) Conocer de los demás asuntos que la  Constitución o la presente Ley le atribuyan.

Artículo 3.-
Se tendrá por infringida la  Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales.

Artículo 4.-
La jurisdicción constitucional se ejerce por la  Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la  Constitución Política.

La  Sala Constitucional está formada por siete magistrados propietarios y doce suplentes, todos elegidos por la  Asamblea Legislativa en la forma prevista por la  Constitución. Su régimen orgánico y disciplinario es el que se establece en la presente y la  Ley Orgánica del Poder Judicial.
La  Sala Constitucional no está sometida al plan de vacaciones establecido en la Ley  Orgánica del Poder Judicial y, en consecuencia, fijará las fechas en que sus miembros tomarán vacaciones, de manera que haya siempre una mayoría de magistrados propietarios.
Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos de enfermedad o de otro motivo justo.

Artículo 5.-
La Sala  Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus y de amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo o en días feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un magistrado de turno, quien les dará el curso inicial.

Artículo 6.-
En caso de impedimento, recusación o excusa, el Presidente de la Sala, oído el parecer del magistrado en cuestión, dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que por ningún motivo se suspenda o interrumpa el curso del procedimiento.

Artículo 7.-
Le corresponde exclusivamente a la  Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas.

Artículo 8.-
Una vez requerida legalmente su intervención, la  Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento.
Los plazos establecidos por esta Ley no podrán prorrogarse por ningún motivo. Cualquier retardo en su cumplimiento será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario.
Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se contarán a partir del recibo de la gestión que las motive, y para las actividades de las partes, desde la notificación de la resolución que las cause. Ni unos ni otros se interrumpirán ó suspenderán por ningún incidente, ni por ninguna actuación que no esté preceptuada expresamente por la ley.
En materia de hábeas corpus los plazos por días son naturales.

Artículo 9.-
La Sala Constitucional rechazará de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada.
Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión.
Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de recursos de hábeas corpus o de amparo deberá esperar la defensa del demandado

Artículo 10.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la  Sala dispondrá que los trámites se realicen, en lo posible, en forma oral y ordenará una comparecencia oral para que los interesados formulen conclusiones antes de la sentencia, necesariamente en las acciones de inconstitucionalidad, y facultativamente en los demás casos.

Artículo 11.-
A la  Sala en pleno le corresponde dictar las sentencias y los autos con carácter de tales, que deberán ser motivados. Las demás resoluciones le corresponden al Presidente o, en su caso, al magistrado designado para la instrucción.
No habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional.

Artículo 12.-
Las sentencias que dicte la  Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.

Artículo 13.-
La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.

Artículo 14.-
La Sala  Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la  Constitución y a la  Ley. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la Ley  General de la  Administración Pública, la  Ley Reguladora de la Jurisdicción  Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales

TITULO II
DEL RECURSO DE HABEAS CORPUS
CAPITULO UNICO

Artículo 15.-
Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio.

Artículo 16.-
Cuando en el hábeas corpus se alegaren otras violaciones que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía se resolverá también sobre esas violaciones.

Artículo 17.-
El recurso se interpondrá ante la  Sala Constitucional, y su tramitación estará a cargo de su Presidente o del Magistrado instructor. Si se tratare de un caso de improcedencia manifiesta, el Magistrado se abstendrá de tramitarlo y reservará el asunto para la próxima sesión de la  Sala.

Artículo 18.-
Podrá interponer el recurso de hábeas corpus cualquier persona, en memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrito, sin necesidad de autenticación.
Cuando se utilice la vía telegráfica se gozará de franquicia.

Artículo 19.-
La sustanciación del recurso se hará sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de distinta naturaleza que tuviere el Tribunal.
El Magistrado instructor pedirá informe a la autoridad que se indique como infractora, informe que deberá rendirse dentro del plazo que él determine y que no podrá exceder de tres días. Al mismo tiempo ordenará no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiere dar como resultado el incumplimiento de lo que en definitiva resuelva  la Sala.
De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.

Artículo 20.-
Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial, sin que se haya dictado auto que restrinja la libertad, el Magistrado instructor podrá suspender, hasta por cuarenta y ocho horas, la tramitación del recurso. En el mismo acto prevendrá a la autoridad judicial que practique las diligencias que correspondan e informe sobre el resultado de los procedimientos y si ha ordenado la detención.
Cualquier restricción a la libertad física, ordenada por autoridad competente, que exceda los plazos señalados por los artículos 37 y 44 de la  Constitución Política, deberá imponerse mediante resolución debidamente fundamentada, salvo si se tratare de simples órdenes de presentación o de aprehensión.

Artículo 21.-
La  Sala puede pedir los antecedentes para resolver el recurso.
También podrá ordenar la comparecencia del ofendido o practicar una inspección cuando lo considere necesario, de acuerdo con las circunstancias, ya sea antes de pronunciarse sobre el hábeas corpus o para efectos de ejecución, si lo considerare procedente, lo haya declarado con o sin lugar.
En cualquier momento se podrán ordenar medidas provisionales de protección de los señalados derechos.
Las órdenes correspondientes se comunicarán a la autoridad encargada de ejecutarlas

Artículo 22.-
El informe a que se refiere el artículo 19 se remitirá a la  Sala junto con copia de la orden de detención y de la resolución, en su caso, o de cualquiera otra que se hubiere dictado, así como de una explicación clara de las razones y preceptos legales en que se funde, y de la prueba que exista contra el perjudicado.

Artículo 23.-
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se podrán tener por ciertos los hechos invocados al interponerlo, y la  Sala declarará con lugar el recurso, si procediere en derecho.

Artículo 24.-
Vencido el plazo establecido en el artículo 19 o, en su caso, celebrada la audiencia oral prevista en el artículo 10, la  Sala deberá resolver el recurso dentro de los cinco días siguientes, excepto cuando estimare que debe realizar alguna diligencia probatoria, en cuyo caso el término correrá a partir del recibo de la prueba.
Al resolver, la  Sala examinará, entre otros aspectos, los siguientes:
a) Si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta.
b) Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución  Política.
c) Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada, o si la pena que se está descontando es la impuesta por sentencia firme.
ch) Si, en caso de estar suspendidas las garantías constitucionales, la resolución se dictó dentro de las limitaciones de la  Constitución Política, y de las razonablemente derivadas de la misma declaratoria.
d) Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida impuesta.
e) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el recurso.
f) Si la persona hubiere sido ilegítimamente incomunicada, o si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al autorizado en el artículo 44 de la  Constitución Política.
g) Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en condiciones legalmente prohibidas.
h) Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley preexistente.

Artículo 25.-
Si del examen practicado resultare ilegítima la medida acordada por las autoridades, la Sala declarará con lugar el recurso, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable.

Artículo 26.-
La sentencia que declare con lugar el hábeas corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas en el recurso, ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad que le hubieren sido conculcados, y establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.
Además, condenará a la autoridad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán y ejecutarán en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.

Artículo 27.-
Las resoluciones que se dicten se notificarán a los interesados cuando hubieren señalado casa u oficina donde atender notificaciones.
Además, la resolución que decida el recurso deberá notificarse personalmente al perjudicado, para lo cual las autoridades correspondientes le brindarán todas las facilidades al notificador. Sin embargo, no será preciso notificarle al perjudicado la resolución que declare con lugar el recurso, si en el momento en que debe practicarse el acto ya hubiere sido puesto en libertad o existiere imposibilidad material para hacerlo. El notificador dejará constancia en el expediente de la información recabada durante la diligencia.

Artículo 28.-
Cuando la Sala apreciare, al decidir el asunto, que no se trata de un caso de hábeas corpus sino de amparo, lo declarará así, y continuará la tramitación conforme con lo regulado en los artículos 29 y siguientes de la presente Ley.
La  Sala podrá concederle un término de tres días al interesado, a fin de que convierta el recurso. Si no lo hiciere, se resolverá el asunto.
Cuando la  Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, se procederá en la forma prevista en el artículo 48.

TITULO III
DEL RECURSO DE AMPARO
CAPITULO I
DEL AMPARO CONTRA ORGANOS O SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 29.-
El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta Ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus.
Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.
El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.

Artículo 30.-
No procede el amparo:
a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquéllas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado.
b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
c) Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial
ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada.
d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.

Artículo 31.-
No será necesaria la reposición ni ningún otro recurso administrativo para interponer el recurso de amparo. Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos administrativos que conceda el ordenamiento, se suspenderá el plazo de prescripción mientras la  Administración no resuelva expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento. 

Artículo 32.-
Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la  Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.

Artículo 33.-
Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo.

Artículo 34.-
El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.
Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo.
Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado.

Artículo 35.-
El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.
Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso.

Artículo 36.-
La prescripción del amparo, por no haberse interpuesto en tiempo, no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme con la ley.

Artículo 37.-
La falta de impugnación directa de los decretos y disposiciones generales a que se refiere el inciso a) del artículo 30, o el transcurso del plazo para formularla, no impedirán que los actos de aplicación individual puedan discutirse en la vía del amparo, si infringieren algún derecho fundamental del reclamante.

Artículo 38.-
En el recurso de amparo se expresará, con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho lesionado, salvo que se invoque un instrumento internacional.
El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá autenticación. Podrá plantearse por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia telegráfica.

Artículo 39.-
La tramitación del recurso estará a cargo del Presidente de la  Sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y se sustanciará en forma privilegiada, para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.
Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.

Artículo 40.-
Las resoluciones que se dicten en el recurso de amparo solo se notificarán a las partes que hubieren señalado casa u oficina para oír notificaciones.

Artículo 41.-
La interposición del amparo no suspenderá los efectos de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación de aquéllas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados.
Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la  Sala podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a solicitud de la Administración de la que dependa el funcionario u órgano demandado, o aún de oficio, cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para proteger los derechos o libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su favor.
La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más expedita posible.
De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del caso.
La  Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que se hubieren dictado.

Artículo 42.-
Si el recurso fuere oscuro, de manera que no pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no llenare los requisitos indicados, se prevendrá al recurrente que corrija los defectos dentro de tercero día, los cuales deberán señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será rechazado de plano.

Artículo 43.-
Cuando no fuere del caso rechazar de plano o resolver interlocutoriamente el recurso, se le pedirá informe al órgano o al servidor que se indique como autor del agravio, amenaza u omisión, lo que se hará por el medio escrito más rápido posible.
Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas piezas al tribunal acarreará responsabilidad por desobediencia.
Si el recurso se dirigiere contra un órgano colegiado, el informe y las piezas se pedirán a su Presidente; si se tratare del Poder Ejecutivo o de un Ministerio, al Ministro respectivo, y si se tratare del Consejo de Gobierno, al Ministro de la Presidencia.

Artículo 44.-
El plazo para informar será de uno a tres días, que se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.
Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe.

Artículo 45.-
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe.

Artículo 46.-
Si del informe resultare que es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, si procediere conforme a derecho.
Si fuere negativo, podrá ordenarse de inmediato una información, que deberá concluirse dentro de tres días con recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su caso, se oirá en forma verbal al recurrente y al ofendido, si éste fuere persona distinta de aquél, lo mismo que al servidor o representante, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente.

Artículo 47.-
Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la Sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra diligencia.

Artículo 48.-
En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente.
Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo primero de este artículo.

Artículo 49.-
Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible.
Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.
En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.

Artículo 50.-
Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcada, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta Ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

Artículo 51.-
Además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia.
La condenatoria será contra el Estado o, en su caso, la entidad de que dependa el demandado, y solidariamente contra éste, si se considerare que ha mediado dolo o culpa de su parte, en los términos del artículo 199 de la Ley General de la  Administración Pública, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.
Si el amparo fuere desistido por el recurrente, rechazado o denegado por la Sala, ésta lo condenará al pago de las costas cuando estimare fundamentalmente que incurrió en temeridad.

Artículo 52.-
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir del amparo, en cuyo caso se archivará el expediente si, a juicio de la Sala  Constitucional, el recurso involucrare solamente derechos patrimoniales u otros renunciables. De lo contrario, continuará su tramitación.
Cuando el desistimiento se funde en una satisfacción extraprocesal de los derechos o libertades reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.

Artículo 53.-
Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la Sala se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.
Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda.

Artículo 54.-
El cumplimiento de la sentencia que se dicte en el amparo no impedirá que se proceda contra el servidor, si los hechos u omisiones en que incurrió constituyeren delito, a cuyo efecto se testimoniarán las piezas necesarias y se remitirán al Ministerio Público.

Artículo 55.-
El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la  Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes.

Artículo 56.-
La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala  Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.

CAPITULO II
DEL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO

Artículo 57.-
El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta Ley.
La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.
No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto privado.

Artículo 58.-
Cualquier persona podrá interponer el recurso.

Artículo 59.-
El recurso se dirigirá contra el presunto autor del agravio, si se tratare de persona física en su condición individual; si se tratare de una persona jurídica, contra su representante legal; y si lo fuere de una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su personero aparente o el responsable individual.

Artículo 60.-
El recurso será inadmisible si no se interpusiere dentro del plazo señalado en el artículo 35 de la presente Ley.

Artículo 61.-
Cuando no corresponda rechazar de plano el recurso, se dará traslado a la persona o entidad que se indique como autora del agravio, amenaza u omisión, por un plazo de tres días, para lo cual se hará uso de la vía escrita más rápida posible. Ese plazo podrá aumentarse si resultare insuficiente por razón de la distancia.
La notificación del traslado se practicará o comunicará en el lugar de trabajo, o en la casa de habitación del presunto autor del agravio, si se tratare de personas físicas. Si fuere una persona jurídica o una empresa, grupo o colectividad organizados, se hará al representante o personero en su casa de habitación, o en la sede de la sociedad, asociación, empresa o corporación.

Artículo 62.-
La sentencia que conceda el amparo declarará ilegítima la acción u omisión que dio lugar al recurso, y ordenará que se cumpla lo que dispone la respectiva norma, según corresponda en cada caso, dentro del término que el propio fallo señale, y condenará a la persona o entidad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas.
Si el acto fuere de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar al responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate, con aplicación en lo demás de lo dispuesto en el párrafo anterior.
La liquidación de los daños y perjuicios y de las costas se reservará a la vía civil de ejecución de sentencia.

Artículo 63.-
Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en abstracto, a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Artículo 64.-
El rechazo del amparo contra sujetos de Derecho Privado no prejuzga sobre la responsabilidad civil o penal en que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido podrá ejercitar o promover las acciones respectivas.

Artículo 65.-
En lo no previsto en este capítulo o en el siguiente, se aplicarán las disposiciones y principios establecidos en el capítulo anterior, en lo que fueren compatibles.

CAPITULO III
DEL DERECHO DE RECTIFICACION O RESPUESTA

Artículo 66.-
El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la  Constitución Política y 14 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

Artículo 67.-
Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause.
Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos, y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala  Constitucional.
No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 68.-
Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la Sala  Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa injustificada a publicarla.

Artículo 69.-
El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título:
a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas.
b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo.
c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión.
Ch) La Sala  Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes.

Artículo 70.-
Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil.

CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES

Artículo 71.-
Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Artículo 72.-
Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a ciento veinte días multa, a quien diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las mismas personas las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior declarado procedente.

TITULO IV
DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD
CAPITULO I
DE LA  ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 73.-
Cabrá la acción de inconstitucionalidad:
a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.
b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo.
c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite sustancial previsto en la  Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa.
ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento.
d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo primero, de la  Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional.
e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la  Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia.
f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas.

Artículo 74.-
No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.

Artículo 75.-
Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado.
No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto.
Tampoco la necesitarán el Contralor General de la  República, el Procurador General de la  República, el Fiscal General de la  República y el Defensor de los Habitantes.
En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles.

Artículo 76.-
Quien hubiere establecido la acción de inconstitucionalidad no podrá plantear otras relacionadas con el mismo juicio o procedimiento, aunque las funde en motivos diferentes; y la que se interponga en esas condiciones será rechazada de plano.

Artículo 77.-
El derecho a pedir la declaración de inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por caducidad cuando ese derecho no se ejercite antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia firme.

Artículo 78.-
El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado.
Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos.

Artículo 79.-
El escrito será presentado ante la  Secretaría de la  Sala, junto con certificación literal del libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal, conforme con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 75.
Además, con todo escrito o documento se acompañarán siete copias firmadas para los magistrados de la  Sala, y las necesarias para la  Procuraduría y las partes contrarias en el proceso o procedimiento principal.

Artículo 80.-
Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la  Sala señalará por resolución cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día.
Si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. De esta última resolución podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso el Presidente elevará el asunto a conocimiento de la  Sala para que ésta decida lo que corresponda.

Artículo 81.-
Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la  Procuraduría General de la  República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.
Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la  Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la  Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso.
Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la  República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.

Artículo 82.-
En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.

Artículo 83.-
En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa.

Artículo 84.-
Si después de la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones de inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, esas acciones se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación.
También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso.
Las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido presentadas anteriormente.

Artículo 85.-
Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral prevista por el artículo 10, a fin de que el actor, las otras partes apersonadas y la  Procuraduría General de la  República presenten sus conclusiones.

Artículo 86.-
La  Sala debe resolver la acción de inconstitucionalidad dentro de un término máximo de un mes, a partir de la fecha en que concluya la vista. El Presidente señalará, en cada caso, el término respectivo, de acuerdo con la índole y complejidad del asunto.

Artículo 87.-
Las resoluciones que denieguen la acción deberán examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentarla.
Unicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales y en casos o procesos distintos.

Artículo 88.-
Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento.
Esa eliminación regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90, lo cual se hará constar en él.
Ley de la  Jurisdicción Constitucional No. 7135
Tít.4.De las cuestiones de constitucionalidad.
Cap.1.De la acción de inconstitucionalidad.
Art.89.

Artículo 89.-
La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma de ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados.

Artículo 90.-
Cualquiera que sea la forma en que se dicte el fallo, se notificará siempre al Procurador General, al recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además, la  Secretaría de la  Sala lo comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y de los de las demás partes apersonadas, para que lo hagan constar en los autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial, en igual sentido.
La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al Poder o Poderes, órganos o entidades que emitieron las normas o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes para su corrección o conversión; además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en el diario oficial " La  Gaceta " y en las publicaciones oficiales de los textos a que pertenecían la norma o normas anuladas.

Artículo 91.-
La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.
La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.

Artículo 92.-
La sentencia constitucional anulatoria tendrá efecto retroactivo, en todo caso, en favor del indiciado o condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento sancionatorio. 

Artículo 93.-
La disposición contenida en el artículo 91 no se aplicará respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando estos fueren material o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe; todo lo anterior sin perjuicio de las potestades de la  Sala, de conformidad con dicho artículo.

Artículo 94.-
Los efectos patrimoniales continuos de la cosa juzgada se ajustarán, sin retroacción, a la sentencia constitucional anulatoria, a partir de su eficacia.

Artículo 95.-
Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la eliminación, por nulidad absoluta, de los actos administrativos, conforme con la  Ley General de la  Administración Pública.

CAPITULO II
DE LA  CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 96.-
Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos:
a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente Ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros.
b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez diputados.
c) Cuando lo soliciten la  Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la  Contraloría General de la  República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional.
ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen derechos o libertades fundamentales reconocidos por la  Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la  República.

Artículo 97.-
En los casos del inciso a) del artículo anterior, la consulta la hará el Directorio de la Asamblea  Legislativa. En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para hacerla.

Artículo 98.-
Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de aprobado en primer debate y antes de serlo en tercero.
No obstante, cuando la  Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de la  Sala.
En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva.

Artículo 99.-
Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el inciso a) del artículo 96, la consulta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad.

Artículo 100.-
Recibida la consulta, la  Sala comunicará a la  Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos.
La consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de votación del proyecto en tercer debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98.
Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del proyecto.

Artículo 101.-
La  Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional.
El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.
En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad.

CAPITULO III
DE LAS CONSULTAS JUDICIALES DE CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 102.-
Todo juez estará legitimado para consultarle a la  Sala Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.
Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la  Constitución Política, fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de que la  Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el respectivo recurso.

Artículo 103.-
Las consultas a que se refiere el artículo anterior serán procedentes en todo caso, sin perjuicio de otras que se hayan planteado, o de acciones de inconstitucionalidad interpuestas o que se interpongan en el mismo proceso.

Artículo 104.-
La consulta se formulará mediante resolución en la que se indicarán las normas, actos, conductas u omisiones cuestionados, y los motivos de duda del tribunal sobre su validez o interpretación constitucionales. Se emplazará a las partes para dentro de tercero día y se suspenderá la tramitación del proceso o recurso hasta tanto la Sala Constitucional no haya evacuado la consulta.
Al enviar la consulta, se acompañará el expediente o las piezas pertinentes.

Artículo 105.-
De la consulta se dará audiencia a la  Procuraduría General de la  República, si no fuere parte en el proceso o recurso principal. Las partes, en este último caso, podrán apersonarse ante la  Sala, únicamente para los efectos de que sean notificadas.
No obstante, cualquiera de ellas que estuviere legitimada para plantear una acción podrá solicitarle a la  Sala, dentro del término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter y los efectos de dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso deberán interponer formalmente esta última dentro de los quince días siguientes.
Si lo hicieren, se le dará a la acción el trámite correspondiente, y la  Sala se abstendrá de evacuar la consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en el fallo.
Si no se solicitare o aprovechare el procedimiento de conversión indicado en el párrafo anterior, la  Sala evacuará la consulta sin más trámite y sin audiencia de partes, en un plazo máximo de un mes a partir de su recibo.

Artículo 106.-
La  Sala podrá evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes, todo esto con las mismas salvedades previstas en el párrafo segundo del artículo 9 de esta Ley.

Artículo 107.-
La resolución de la  Sala se le comunicará al tribunal consultante, al Procurador General de la  República y a las partes apersonadas, tendrá los mismos efectos y se publicará de igual manera que la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, salvo que no precluirá el planteamiento de ésta en el mismo proceso, si fuere procedente.

Artículo 108.-
En lo no dispuesto en el presente capítulo, las consultas judiciales de constitucionalidad se regirán por las normas del anterior y, supletoriamente, de la acción de inconstitucionalidad, en lo que fueren razonablemente aplicables

TITULO V
DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES
CAPITULO UNICO
 

Artículo 109.-
Le corresponde a la Sala  Constitucional resolver:
a) Los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la  República.
b) Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades y otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, entre sí.

Artículo 110.-
La cuestión será planteada por el jerarca de cualquiera de los órganos o entidades en conflicto, quien enviará a la  Secretaría de la Sala, un memorial con expresión de todas las razones jurídicas en que se fundamente.
El Presidente de la  Sala le dará audiencia al jerarca del otro órgano o entidad por un plazo improrrogable de ocho días.

Artículo 111.-
Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, aunque no se hubiere contestado la audiencia, la  Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez días, salvo que considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que ésta se haya evacuado.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO UNICO

Artículo 112.-
Modifícanse:
a) El párrafo segundo del artículo 21 de la  Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, número 5711 del 27 de junio de 1975, reformado por el artículo 6 de la ley número 6726 del 10 de marzo de 1982, para que diga así:
" En materia de extradición se estará a lo que disponga la ley respectiva ".
b) El párrafo segundo del artículo 20 de la  Ley Reguladora de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa, número 3667 del 20 de marzo de 1966, para que diga así:
" 2 Podrán serlo, igualmente, por razones de constitucionalidad, las leyes y demás disposiciones normativas y los actos de la  Administración Pública, para los efectos de la correspondiente acción de inconstitucionalidad ".
c) El artículo 490 del Código de Procedimientos Penales, al cual se le adiciona un inciso 6), que dirá así:
" 6 Cuando no hubiere sido impuesta mediante el debido proceso u oportunidad de defensa ".
ch) El artículo 45 de la Ley Constitutiva de la  Caja Costarricense de Seguro Social, número 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, que dirá así:
" Artículo 45.- Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo 216 del Código Penal, a quien no enterare a la Caja el monto de la cuota obrera establecido en el artículo 30 de esta Ley.
En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras retenidas.
Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que establece el artículo 30 de esta Ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal. El patrono deberá ser apercibido por el jefe del departamento de gestión de Cobros y Créditos de la  Caja Costarricense de Seguro Social, para que dentro del quinto día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la  Caja Costarricense de Seguro Social, el monto de las cuotas no retenidas.
Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se denunciará al Ministerio Publico para que se haga el requerimiento respectivo.
Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días multa el patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar los intereses de la  Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones ".

Artículo 113.-
Deróganse las siguientes leyes y disposiciones:
a) La ley de Hábeas Corpus, número 35 del 24 de noviembre de 1932.
b) La Ley de Amparo, número 1161 del 2 de junio de 1950.
c) Los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos Civiles, así como el capítulo IV del título IV, artículos  534  a 541, " Proceso de Inaplicabilidad ", del nuevo Código Procesal Civil que sustituye al anterior.
ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios.
.
Artículo 114.-
Esta Ley rige a partir de su publicación y sólo podrá ser modificada por otra destinada expresamente a complementar o modificar su texto.

Disposiciones Transitorias.
Transitorio I.-
Mientras no se promulgue la  Ley del Defensor de los Habitantes, la actuación que se le señala en esta Ley le corresponderá al Procurador General de la  República.
Transitorio II.-
Los recursos de inconstitucionalidad, de amparo y de hábeas corpus que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se ajustarán a ella respecto de todos los trámites que no se hayan cumplido o debido cumplir, salvo la redacción de la sentencia.
Las sentencias que no hayan sido redactadas o firmadas en los recursos ya votados, seguirán a cargo de los tribunales actualmente competentes, por un plazo improrrogable de dos meses a partir de la promulgación de esta Ley.
Los términos perentorios e improrrogables establecidos en la presente ley, para las actuaciones de la Sala  Constitucional, no se aplicarán a los recursos interpuestos con anterioridad a su promulgación, ni tampoco a los que se interpongan durante los primeros tres años de su vigencia.
Transitorio III.-
El Poder Ejecutivo, a solicitud de la  Corte Suprema de Justicia, y mediante decretos ejecutivos, hará las modificaciones necesarias en el presupuesto del Poder Judicial, en todo lo que se relacione con las plazas nuevas y compra de equipo necesarios para el funcionamiento de la Sala  Constitucional.
Se autoriza el aumento de personal indispensable para el normal funcionamiento de la Sala.

COMUNICARSE AL PODER EJECUTIVO

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José a los cinco días del mes de Octubre de 1989.-

Allen Arias Angulo
PRESIDENCIA

José A. Aguilar Sevilla                                                               Jhonny Ramírez Azofeifa
SEGUNDO SECRETARIO                                                        SECRETARIO AD-HOC

Dado en la Presidencia de la República, a los once días del mes de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve.

EJECUTESE Y PUBLIQUESE

Oscar Arias Sánchez

Maruja Chacón Pacheco                                                        Rodrigo Arias Sánchez
Ministra de Justicia y Gracia                                                    Ministro de la Presidencia

AUTOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO Y REDACCION

SAN JOSÉ, A LOS TRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

En esta fecha, a las doce horas con cuarenta minutos, se recibe de la Comisión Permanente Especial de Redacción, el informe sobre la redacción final del proyecto “LEY DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL”, expediente Nº 10.273 y el “disquete” correspondiente. El texto consta de treinta y un folio

Licda. Marta Rivera Chacón
          DIRECTORA

AUTOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO Y REDACCION

SAN JOSÉ, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

En esta firma, se envía original y copia del decreto legislativo No. 7135 “LEY DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL”, para la recolección de firmas de los señores Miembros del Directorio.

Lcda. Marta Rivera Chacón
DIRECTORA

AUTOS
ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO Y REDACCION

SAN JOSÉ, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

En esta fecha, a las nueve horas, se envían a la Oficina de Leyes y Decretos de la Casa Presidencial, original y copia del decreto legislativo Nº 7135 “LEY DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL”, firmados por los miembros del Directorio, para que el Poder Ejecutivo proceda de conformidad.

Lcda. Marta Rivera Chacón
DIRECTORA

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

San José, 29 de setiembre de 1989.

Señor
Diputado Allen Arias Angulo
Presidente de la  Asamblea Legislativa
S.D

Muy estimado señor:

            Para su estimable conocimiento y fines consiguientes me permito transcribirle el acuerdo tomado por la  Corte Plena en la sesión celebrada el dos de setiembre en curso, que literalmente dice:

ARTICULO III

            En la sesión extraordinaria celebrada el 17 de agosto último, artículo XVI, se empezó a discutir el informe presentado por el Magistrado Coto para contestar la consulta formulada por la  Asamblea Legislativa sobre el proyecto de “LEY DE LA JURISDICCION  CONSTITUCIONAL”.

            En esta oportunidad se resolvió objetar algunas de las disposiciones del proyecto, y así se le hizo saber al señor Presidente de la  Asamblea, por oficio Nº 5765 de fecha 18 de agosto recién pasado con indicación de que, una vez concluido el examen de todo el articulado, se le enviaría el informe que en definitiva fuera aprobado por la Corte.

            Posteriormente el Magistrado Coto presentó la segunda parte de su informe, el 24 de agosto, y el 31 del mismo mes que hizo en cuanto a la parte tercera o final, en ambos casos en fotocopias para los señores Magistrados, las que fueron distribuidas de inmediato.

             En la mañana de hoy el Magistrado Zamora entregó en la  Secretaria un pliego de observaciones acerca de algunos textos del proyecto y de los comentarios del Magistrado Coto. De pliego se dio copia a los Magistrados de la presente sesión.

            El propio Magistrado Zamora dejó dicho, en la Secretaría, le era imposible asistir a la sesión, pues debía atender unos asuntos de carácter urgente que lo obligaban ausentarse a ciudad.

            El Presidente, Magistrado Blanco, hizo las siguientes indicaciones, para orientar la discusión: a) se continuará en el examen del proyecto de ley y del informe del Magistrado Coto, sin incluir las observaciones del Magistrado Zamora, pero a reserva de estudiarlas este fin de semana y conocer de ellas en una sesión extraordinaria del próximo lunes; y b) Si en el curso de la discusión se plantearan algunas cuestiones que requieran de un estudio adicional, se reservarán también para la sesión del lunes.
PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

            Luego de una amplia deliberación, en que hicieron uso de la palabra varios Magistrados, inclusive el Magistrado Coto, se acordó: Aprobar el informe presentado con las enmiendas y adiciones que se consignaran en su redacción definitiva, todo sin perjuicio de lo que se disponga en la sesión que se celebrará el lunes próximo, cuatro de setiembre, a las ocho horas, en que se conocerá de algunos puntos que se dejan pendientes, juntos con las observaciones del Magistrado Zamora.

            Me suscribo muy atento y seguro servidor,

Gerardo Aguilar Artavia
Secretario General de la Corte

ASAMBLEA LEGISLATIVA
SAN JOSE, COSTA RICA

20 de julio de 1989.

Ingeniero
Allen Arias Angulo
Presidente de La  Asamblea Legislativa
SU DESPACHO

Estimado señor presidente:

Con ocasión a la carta por usted remitida en la cual da traslado a la comunicación procedente de la  Secretaría de la  Corte Suprema de Justicia, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

El día 18 de julio recién pasado, la  Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos rindió Dictamen Afirmativo de Mayoría al proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción  Constitucional. La consulta a la  Corte Suprema de Justicia, que por precepto constitucional es obligatoria, se hizo mediante telegrama remitido el día 26 de octubre de 1987, la  Corte Suprema de Justicia contestó dicha consulta indicando que no tenía objeción alguna al proyecto.

Si bien es cierto que el texto definitivo que se aprobó en la Comisión contiene modificaciones en relación con el texto original, la consulta que se hizo es valedera y elimina cualquier vicio procedimental. Además se hace necesario aclarar que en trámite del proyecto estuvieron presentes en condición de asesores, los señores Lic. Luis Paulino Mora, Ministro de Justicia, Dr. Rodolfo Piza Escalante y el Dr. Rubén Hernández Valle, algunos de los cuales forman parte de la  Comisión Interinstitucional nombrada por el Poder Ejecutivo para el análisis de proyectos de interés del Poder Judicial. Con base en lo anterior, estimamos que dicho poder se encontraba suficientemente enterado y representado en el trámite de esate proyecto, y se acrdó no reiterar la consulta al Poder Judicial, pues la misma ya se había realizado.

La solicitud que le hace el Secretario de la  Corte, el señor Presidente la puede ejecutar en el Plenario Legislativo, si así lo considera necesario, de conformidad con lo estipulado en el artículo 44 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Disciplina de la  Asamblea Legislativa.

Me suscribo del señor Presidente con la mayor consideración y estima,

Dr. Rodrigo Araya Umaña
PRESIDENTE
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos

20 de julio de 1989

Señor Diputado
Don Rodrigo Araya Umaña
Presidente
Comisión de Asuntos Jurídicos

Estimado señor Presidente:

            Dada la importancia de la comunicación que he recibido de la  Secretaría de la  Corte Plena, la estoy trasladando de inmediato a conocimiento de esa Comisión, dirigida a usted en su condición de Presidente de la misma.

            Lo saludo con la mayor consideración,

Allen Arias Angulo
                                                                                                             Presidente

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DE COSTA RICA

San José, 20 de julio de 1989.

Señor
Ing. Allen Arias Angulo
Presidente de la  Asamblea Legislativa

Estimado señor Presidente:
            Por así haberse ordenado en la sesión de la  Corte Plena del 3 de julio en curso, Artículo XXV, con fecha del día siguiente, 4, se remitió y entregó el oficio Nº 4898-89, dirigido al Señor Secretario de la  Comisión de Asuntos Jurídicos, que dice:
            “El proyecto de Ley Orgánica de la  Jurisdicción Constitucional fue elaborado por una Comisión Interinstitucional, constituida por un grupo de abogados  especialistas en la materia, algunos de estos funcionarios del Ministerio de Justicia, y con la participación del Magistrado Fernando Coto Albán. En definitiva la aporbación y redacción final del proyecto correspondió a la  Corte, la que lo presentó a conocimiento de la  Asamblea Legislativa.
            El proyecto está en trámite en esa Comisión, y se tiene conocimiento de que la  Comisión Interinstitucional nombrada por el Poder Ejecutivo, para la recolección y presentación de proyectos de ley de interés para el Poder Judicial, introdujo algunas modificaciones y que además se han propuesto otras, todas las cuales no son de conocimiento de esta Corte. Por esa razón la Corte solicita a esa Comisión que oficialmente las haga de su conocimiento y se le formule la consulta que indica la  Constitución, para emitir el pronunciamiento que corresponda”.
            Extraoficialmente se ha tenido conocimiento de que en sesión del martes 18 de los corrientes, la  Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó el dictamen y texto definitivo del proyecto y dispuso pasarlos a conocimiento del Plenario, sin atender la gestión de la  Corte, razón por la cual en la sesión de hoy, la  Corte Plena dispuso reiterar ante usted y el Plenario de la  Asamblea Legislativa, la soliitud para que se le formule la consulta que ordena el artículo 167 de la  Constitución Política, pues las modificaciones que se hayan introducido afectan la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Todo con el propósito de que no se den después problemas de constitucionalidad.
            Me suscribo del señor Presidente con la consideración más distinguida, muy atento servidor,

Gerardo O. Arce Portugués
Secretario a.i. de la Corte

Señor Diputado
Dr. Rodrigo Araya Umaña
Presidente
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos
Presente

Estimado señor Diputado:

            En relación con su carta de fecha 20 de julio del año en curso, me permito indicarle que el texto definitivamente aprobado por la  Comisión que usted preside que contiene modificaciones en relación con el texto original, debe ser consultado en la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 167 de la  Constitución Política.

            No omito manifestarle que en estos casos el órgano que puede emitir criterio del Poder Judicial, es únicamente la  Corte Suprema de Justicia.

            Por las anteriores razones propiciaré que de conformidad con el artículo 44 de la  Asamblea Legislativa, cumpla con el mandato constitucional.

            Sin otro particular, se suscribe atentamente,

Allen Arias Angulo
                                                                                                                 PRESIDENTE

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  REPUBLICA DE COSTA RICA

DECRETA

Ley de la  Jurisdicción Constitucional

TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO I

Artículo 1
La presente Ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la  República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la  Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.

Artículo 2.-
Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional:
a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la  Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica.
b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad.
c) Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluído el Tribunal Supremo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la  Contraloría General de la  República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho Público.
ch) Conocer de los demás asuntos que la  Constitución o la presente Ley le atribuyan.

Artículo 3.-
Se tendrá por infringida la  Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas, con las normas y principios constitucionales.

Artículo 4.-
La jurisdicción constitucional se ejerce por la  Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la  Constitución Política.

La Sala Constitucional está formada por siete magistrados propietarios y doce suplentes, todos elegidos por la  Asamblea Legislativa en la forma prevista por la  Constitución. Su régimen orgánico y disciplinario es el que se establece en la presente y la  Ley Orgánica del Poder Judicial.
La  Sala Constitucional no está sometida al plan de vacaciones establecido en la Ley  Orgánica del Poder Judicial y, en consecuencia, fijará las fechas en que sus miembros tomarán vacaciones, de manera que haya siempre una mayoría de magistrados propietarios.
Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos de enfermedad o de otro motivo justo.

Artículo 5.-
La  Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus y de amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo o en días feriados o de asueto, para cuyos efectos habrá siempre un magistrado de turno, quien les dará el curso inicial.

Artículo 6.-
En caso de impedimento, recusación o excusa, el Presidente de la Sala, oído el parecer del magistrado en cuestión, dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que por ningún motivo se suspenda o interrumpa el curso del procedimiento.

Artículo 7.-
Le corresponde exclusivamente a la Sala  Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas.

Artículo 8.-
Una vez requerida legalmente su intervención, la  Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento.
Los plazos establecidos por esta Ley no podrán prorrogarse por ningún motivo. Cualquier retardo en su cumplimiento será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario.
Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se contarán a partir del recibo de la gestión que las motive, y para las actividades de las partes, desde la notificación de la resolución que las cause. Ni unos ni otros se interrumpirán ó suspenderán por ningún incidente, ni por ninguna actuación que no esté preceptuada expresamente por la ley.
En materia de hábeas corpus los plazos por días son naturales.

Artículo 9.-
La  Sala Constitucional rechazará de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada.
Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión.
Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de recursos de hábeas corpus o de amparo deberá esperar la defensa del demandado.

Artículo 10.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Sala dispondrá que los trámites se realicen, en lo posible, en forma oral y ordenará una comparecencia oral para que los interesados formulen conclusiones antes de la sentencia, necesariamente en las acciones de inconstitucionalidad, y facultativamente en los demás casos. 

Artículo 11.-
A la  Sala en pleno le corresponde dictar las sentencias y los autos con carácter de tales, que deberán ser motivados. Las demás resoluciones le corresponden al Presidente o, en su caso, al magistrado designado para la instrucción.
No habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional.

Artículo 12.-
Las sentencias que dicte la  Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.

Artículo 13.-
La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.

Artículo 14.-
La Sala  Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la  Constitución y a la  Ley. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho Constitucional, así como los del Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario, y, además, por su orden, la Ley  General de la  Administración Pública, la Ley  Reguladora de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales

TITULO II
DEL RECURSO DE HABEAS CORPUS
CAPITULO UNICO

Artículo 15.-
Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio.

Artículo 16.-
Cuando en el hábeas corpus se alegaren otras violaciones que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía se resolverá también sobre esas violaciones.

Artículo 17.-
El recurso se interpondrá ante la  Sala Constitucional, y su tramitación estará a cargo de su Presidente o del Magistrado instructor. Si se tratare de un caso de improcedencia manifiesta, el Magistrado se abstendrá de tramitarlo y reservará el asunto para la próxima sesión de la  Sala.

Artículo 18.-
Podrá interponer el recurso de hábeas corpus cualquier persona, en memorial, telegrama u otro medio de comunicación escrito, sin necesidad de autenticación.
Cuando se utilice la vía telegráfica se gozará de franquicia.

Artículo 19.-
La sustanciación del recurso se hará sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de distinta naturaleza que tuviere el Tribunal.
El Magistrado instructor pedirá informe a la autoridad que se indique como infractora, informe que deberá rendirse dentro del plazo que él determine y que no podrá exceder de tres días. Al mismo tiempo ordenará no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiere dar como resultado el incumplimiento de lo que en definitiva resuelva la Sala.
De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.

Artículo 20.-
Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial, sin que se haya dictado auto que restrinja la libertad, el Magistrado instructor podrá suspender, hasta por cuarenta y ocho horas, la tramitación del recurso. En el mismo acto prevendrá a la autoridad judicial que practique las diligencias que correspondan e informe sobre el resultado de los procedimientos y si ha ordenado la detención.
Cualquier restricción a la libertad física, ordenada por autoridad competente, que exceda los plazos señalados por los artículos 37 y 44 de la  Constitución Política, deberá imponerse mediante resolución debidamente fundamentada, salvo si se tratare de simples órdenes de presentación o de aprehensión.

Artículo 21.-
La  Sala puede pedir los antecedentes para resolver el recurso.
También podrá ordenar la comparecencia del ofendido o practicar una inspección cuando lo considere necesario, de acuerdo con las circunstancias, ya sea antes de pronunciarse sobre el hábeas corpus o para efectos de ejecución, si lo considerare procedente, lo haya declarado con o sin lugar.
En cualquier momento se podrán ordenar medidas provisionales de protección de los señalados derechos.
Las órdenes correspondientes se comunicarán a la autoridad encargada de ejecutarlas

Artículo 22.-
El informe a que se refiere el artículo 19 se remitirá a la  Sala junto con copia de la orden de detención y de la resolución, en su caso, o de cualquiera otra que se hubiere dictado, así como de una explicación clara de las razones y preceptos legales en que se funde, y de la prueba que exista contra el perjudicado. 

Artículo 23.-
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se podrán tener por ciertos los hechos invocados al interponerlo, y la Sala declarará con lugar el recurso, si procediere en derecho.

Artículo 24.-
Vencido el plazo establecido en el artículo 19 o, en su caso, celebrada la audiencia oral prevista en el artículo 10, la  Sala deberá resolver el recurso dentro de los cinco días siguientes, excepto cuando estimare que debe realizar alguna diligencia probatoria, en cuyo caso el término correrá a partir del recibo de la prueba.
Al resolver, la  Sala examinará, entre otros aspectos, los siguientes:
a) Si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta.
b) Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo 37 de la  Constitución Política.
c) Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada, o si la pena que se está descontando es la impuesta por sentencia firme.
ch) Si, en caso de estar suspendidas las garantías constitucionales, la resolución se dictó dentro de las limitaciones de la  Constitución Política, y de las razonablemente derivadas de la misma declaratoria.
d) Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida impuesta.
e) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el recurso.
f) Si la persona hubiere sido ilegítimamente incomunicada, o si la incomunicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al autorizado en el artículo 44 de la  Constitución Política.
g) Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en condiciones legalmente prohibidas.
h) Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley preexistente.

Artículo 25.-
Si del examen practicado resultare ilegítima la medida acordada por las autoridades,  la Sala declarará con lugar el recurso, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable.

Artículo 26.-
La sentencia que declare con lugar el hábeas corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas en el recurso, ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad que le hubieren sido conculcados, y establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.
Además, condenará a la autoridad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán y ejecutarán en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.

Artículo 27.-
Las resoluciones que se dicten se notificarán a los interesados cuando hubieren señalado casa u oficina donde atender notificaciones.
Además, la resolución que decida el recurso deberá notificarse personalmente al perjudicado, para lo cual las autoridades correspondientes le brindarán todas las facilidades al notificador. Sin embargo, no será preciso notificarle al perjudicado la resolución que declare con lugar el recurso, si en el momento en que debe practicarse el acto ya hubiere sido puesto en libertad o existiere imposibilidad material para hacerlo. El notificador dejará constancia en el expediente de la información recabada durante la diligencia.

Artículo 28.-
Cuando la Sala apreciare, al decidir el asunto, que no se trata de un caso de hábeas corpus sino de amparo, lo declarará así, y continuará la tramitación conforme con lo regulado en los artículos 29 y siguientes de la presente Ley.
La Sala podrá concederle un término de tres días al interesado, a fin de que convierta el recurso. Si no lo hiciere, se resolverá el asunto.
Cuando la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, se procederá en la forma prevista en el artículo 48.

TITULO III
DEL RECURSO DE AMPARO
CAPITULO I
DEL AMPARO CONTRA ORGANOS O SERVIDORES PUBLICOS

Artículo 29.-
El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta Ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus.
Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.
El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas.

Artículo 30.-
No procede el amparo:
a) Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquéllas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado.
b) Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
c) Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judiciales, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva autoridad judicial
ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada.
d) Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.

Artículo 31.-
No será necesaria la reposición ni ningún otro recurso administrativo para interponer el recurso de amparo. Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos administrativos que conceda el ordenamiento, se suspenderá el plazo de prescripción mientras la  Administración no resuelva expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento. 

Artículo 32.-
Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la  Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto.

Artículo 33.-
Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo.

Artículo 34.-
El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca.
Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto que cause el proceso de amparo.
Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado.

Artículo 35.-
El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.
Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso.

Artículo 36.-
La prescripción del amparo, por no haberse interpuesto en tiempo, no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme con la ley.

Artículo 37.-
La falta de impugnación directa de los decretos y disposiciones generales a que se refiere el inciso a) del artículo 30, o el transcurso del plazo para formularla, no impedirán que los actos de aplicación individual puedan discutirse en la vía del amparo, si infringieren algún derecho fundamental del reclamante.

Artículo 38.-
En el recurso de amparo se expresará, con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho lesionado, salvo que se invoque un instrumento internacional.
El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá autenticación. Podrá plantearse por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de franquicia telegráfica.

Artículo 39.-
La tramitación del recurso estará a cargo del Presidente de la Sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso, y se sustanciará en forma privilegiada, para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.
Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.

Artículo 40.-
Las resoluciones que se dicten en el recurso de amparo solo se notificarán a las partes que hubieren señalado casa u oficina para oír notificaciones.

Artículo 41.-
La interposición del amparo no suspenderá los efectos de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación de aquéllas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados.
Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la  Sala podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a solicitud de la  Administración de la que dependa el funcionario u órgano demandado, o aún de oficio, cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para proteger los derechos o libertades de este último y no hacer ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su favor.
La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por la vía más expedita posible.
De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias del caso.
La  Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que se hubieren dictado.
Artículo 42.-
Si el recurso fuere oscuro, de manera que no pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no llenare los requisitos indicados, se prevendrá al recurrente que corrija los defectos dentro de tercero día, los cuales deberán señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será rechazado de plano. 

Artículo 43.-
Cuando no fuere del caso rechazar de plano o resolver interlocutoriamente el recurso, se le pedirá informe al órgano o al servidor que se indique como autor del agravio, amenaza u omisión, lo que se hará por el medio escrito más rápido posible.
Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas piezas al tribunal acarreará responsabilidad por desobediencia.
Si el recurso se dirigiere contra un órgano colegiado, el informe y las piezas se pedirán a su Presidente; si se tratare del Poder Ejecutivo o de un Ministerio, al Ministro respectivo, y si se tratare del Consejo de Gobierno, al Ministro de la  Presidencia.

Artículo 44.-
El plazo para informar será de uno a tres días, que se fijará según sean la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.
Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe.

Artículo 45.-
Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el informe.

Artículo 46.-
Si del informe resultare que es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, si procediere conforme a derecho.
Si fuere negativo, podrá ordenarse de inmediato una información, que deberá concluirse dentro de tres días con recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su caso, se oirá en forma verbal al recurrente y al ofendido, si éste fuere persona distinta de aquél, lo mismo que al servidor o representante, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente.

Artículo 47.-
Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la Sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra diligencia.

Artículo 48.-
En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente.
Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del artículo 30, el Presidente de la  Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y procederá en la forma prevista en el párrafo primero de este artículo. 

Artículo 49.-
Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible.
Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la prevención.
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.
En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.

Artículo 50.-
Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho o libertad conculcada, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta Ley, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

Artículo 51.-
Además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia.
La condenatoria será contra el Estado o, en su caso, la entidad de que dependa el demandado, y solidariamente contra éste, si se considerare que ha mediado dolo o culpa de su parte, en los términos del artículo 199 de la  Ley General de la  Administración Pública, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.
Si el amparo fuere desistido por el recurrente, rechazado o denegado por la  Sala, ésta lo condenará al pago de las costas cuando estimare fundamentalmente que incurrió en temeridad.

Artículo 52.-
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir del amparo, en cuyo caso se archivará el expediente si, a juicio de la Sala  Constitucional, el recurso involucrare solamente derechos patrimoniales u otros renunciables. De lo contrario, continuará su tramitación.
Cuando el desistimiento se funde en una satisfacción extraprocesal de los derechos o libertades reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía.

Artículo 53.-
Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la  Sala se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél.
Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cuarenta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda.

Artículo 54.-
El cumplimiento de la sentencia que se dicte en el amparo no impedirá que se proceda contra el servidor, si los hechos u omisiones en que incurrió constituyeren delito, a cuyo efecto se testimoniarán las piezas necesarias y se remitirán al Ministerio Público.

Artículo 55.-
El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la  Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes.

Artículo 56.-
La ejecución de las sentencias corresponde a la  Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.

CAPITULO II
DEL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO

Artículo 57.-
El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de esta Ley.
La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.
No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto privado.

Artículo 58.-
Cualquier persona podrá interponer el recurso.

Artículo 59.-
El recurso se dirigirá contra el presunto autor del agravio, si se tratare de persona física en su condición individual; si se tratare de una persona jurídica, contra su representante legal; y si lo fuere de una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su personero aparente o el responsable individual.

Artículo 60.-
El recurso será inadmisible si no se interpusiere dentro del plazo señalado en el artículo 35 de la presente Ley.

Artículo 61.-
Cuando no corresponda rechazar de plano el recurso, se dará traslado a la persona o entidad que se indique como autora del agravio, amenaza u omisión, por un plazo de tres días, para lo cual se hará uso de la vía escrita más rápida posible. Ese plazo podrá aumentarse si resultare insuficiente por razón de la distancia.
La notificación del traslado se practicará o comunicará en el lugar de trabajo, o en la casa de habitación del presunto autor del agravio, si se tratare de personas físicas. Si fuere una persona jurídica o una empresa, grupo o colectividad organizados, se hará al representante o personero en su casa de habitación, o en la sede de la sociedad, asociación, empresa o corporación.

Artículo 62.-
La sentencia que conceda el amparo declarará ilegítima la acción u omisión que dio lugar al recurso, y ordenará que se cumpla lo que dispone la respectiva norma, según corresponda en cada caso, dentro del término que el propio fallo señale, y condenará a la persona o entidad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas.
Si el acto fuere de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar al responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate, con aplicación en lo demás de lo dispuesto en el párrafo anterior.
La liquidación de los daños y perjuicios y de las costas se reservará a la vía civil de ejecución de sentencia.

Artículo 63.-
Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en abstracto, a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan.

Artículo 64.-
El rechazo del amparo contra sujetos de Derecho Privado no prejuzga sobre la responsabilidad civil o penal en que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido podrá ejercitar o promover las acciones respectivas.

Artículo 65.-
En lo no previsto en este capítulo o en el siguiente, se aplicarán las disposiciones y principios establecidos en el capítulo anterior, en lo que fueren compatibles.

CAPITULO III
DEL DERECHO DE RECTIFICACION O RESPUESTA

Artículo 66.-
El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley.
En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

Artículo 67.-
Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause.
Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos, y, en condiciones semejantes, la que se haya presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la  Sala Constitucional.
No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 68.-
Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nuevos que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la  Sala Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de amparo se imponga a los segundos por su negativa injustificada a publicarla.

Artículo 69.-
El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en su defecto, por las restantes del presente título:
a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ellas.
b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo.
c) El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión.
Ch) La  Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes.

Artículo 70.-
Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán efectivas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil.

CAPITULO IV
DE LAS SANCIONES

Artículo 71.-
Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Artículo 72.-
Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a ciento veinte días multa, a quien diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las mismas personas las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior declarado procedente.

TITULO IV
DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD
CAPITULO I
DE LA  ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

Artículo 73.-
Cabrá la acción de inconstitucionalidad:
a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.
b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo.
c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite sustancial previsto en la  Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa.
ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de procedimiento.
d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo primero, de la  Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional.
e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la  Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia.
f) Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas.

Artículo 74.-
No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral.

Artículo 75.-
Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado.
No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto.
Tampoco la necesitarán el Contralor General de la  República, el Procurador General de la  República, el Fiscal General de la  República y el Defensor de los Habitantes.
En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles.

Artículo 76.-
Quien hubiere establecido la acción de inconstitucionalidad no podrá plantear otras relacionadas con el mismo juicio o procedimiento, aunque las funde en motivos diferentes; y la que se interponga en esas condiciones será rechazada de plano.

Artículo 77.-
El derecho a pedir la declaración de inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por caducidad cuando ese derecho no se ejercite antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia firme.

Artículo 78.-
El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado.
Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos.

Artículo 79.-
El escrito será presentado ante la  Secretaría de la  Sala, junto con certificación literal del libelo en que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal, conforme con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 75.
Además, con todo escrito o documento se acompañarán siete copias firmadas para los magistrados de la Sala, y las necesarias para la  Procuraduría y las partes contrarias en el proceso o procedimiento principal.

Artículo 80.-
Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la  Sala señalará por resolución cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de tercero día.
Si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. De esta última resolución podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso el Presidente elevará el asunto a conocimiento de la Sala para que ésta decida lo que corresponda.

Artículo 81.-
Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la  Procuraduría General de la  República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.
Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la  Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la  Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso.
Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la  República, la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal.

Artículo 82.-
En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación.

Artículo 83.-
En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa.

Artículo 84.-
Si después de la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones de inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, esas acciones se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación.
También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios suspendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del aviso.
Las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven las que hubieren sido presentadas anteriormente.

Artículo 85.-
Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral prevista por el artículo 10, a fin de que el actor, las otras partes apersonadas y la  Procuraduría General de la República presenten sus conclusiones.

Artículo 86.-
La Sala debe resolver la acción de inconstitucionalidad dentro de un término máximo de un mes, a partir de la fecha en que concluya la vista. El Presidente señalará, en cada caso, el término respectivo, de acuerdo con la índole y complejidad del asunto.

Artículo 87.-
Las resoluciones que denieguen la acción deberán examinar todos los motivos de inconstitucionalidad que se hubieren alegado para fundamentarla.
Unicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales y en casos o procesos distintos. 

Artículo 88.-
Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento.
Esa eliminación regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artículo 90, lo cual se hará constar en él.
Ley de la  Jurisdicción Constitucional No. 7135
Tít.4.De las cuestiones de constitucionalidad.
Cap.1.De la acción de inconstitucionalidad.
Art.89.

Artículo 89.-
La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma de ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados.

Artículo 90.-
Cualquiera que sea la forma en que se dicte el fallo, se notificará siempre al Procurador General, al recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además, la Secretaría de la  Sala lo comunicará por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y de los de las demás partes apersonadas, para que lo hagan constar en los autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial, en igual sentido.
La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al Poder o Poderes, órganos o entidades que emitieron las normas o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes para su corrección o conversión; además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en el diario oficial " La Gaceta " y en las publicaciones oficiales de los textos a que pertenecían la norma o normas anuladas.

Artículo 91.-
La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.
La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.

Artículo 92.-
La sentencia constitucional anulatoria tendrá efecto retroactivo, en todo caso, en favor del indiciado o condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento sancionatorio.

Artículo 93.-
La disposición contenida en el artículo 91 no se aplicará respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando estos fueren material o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe; todo lo anterior sin perjuicio de las potestades de la Sala, de conformidad con dicho artículo.

Artículo 94.-
Los efectos patrimoniales continuos de la cosa juzgada se ajustarán, sin retroacción, a la sentencia constitucional anulatoria, a partir de su eficacia.

Artículo 95.-
Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la eliminación, por nulidad absoluta, de los actos administrativos, conforme con la Ley  General de la  Administración Pública.

CAPITULO II
DE LA  CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 96.-
Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos:
a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente Ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros.
b) Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez diputados.
c) Cuando lo soliciten la  Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la  Contraloría General de la  República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional.
ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen derechos o libertades fundamentales reconocidos por la  Constitución o los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en la  República.

Artículo 97.-
En los casos del inciso a) del artículo anterior, la consulta la hará el Directorio de la  Asamblea Legislativa. En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para hacerla.

Artículo 98.-
Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de aprobado en primer debate y antes de serlo en tercero.
No obstante, cuando la  Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de la  Sala.
En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva.

Artículo 99.-
Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el inciso a) del artículo 96, la consulta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad.

Artículo 100.-
Recibida la consulta, la  Sala comunicará a la  Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos.
La consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de votación del proyecto en tercer debate o, en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98.
Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del proyecto.

Artículo 101.-
La  Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional.
El dictamen de la  Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.
En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad.

CAPITULO III
DE LAS CONSULTAS JUDICIALES DE CONSTITUCIONALIDAD

Artículo 102.-
Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala  Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.
Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la  Constitución Política, fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de que la  Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el respectivo recurso.

Artículo 103.-
Las consultas a que se refiere el artículo anterior serán procedentes en todo caso, sin perjuicio de otras que se hayan planteado, o de acciones de inconstitucionalidad interpuestas o que se interpongan en el mismo proceso.

Artículo 104.-
La consulta se formulará mediante resolución en la que se indicarán las normas, actos, conductas u omisiones cuestionados, y los motivos de duda del tribunal sobre su validez o interpretación constitucionales. Se emplazará a las partes para dentro de tercero día y se suspenderá la tramitación del proceso o recurso hasta tanto la  Sala Constitucional no haya evacuado la consulta.
Al enviar la consulta, se acompañará el expediente o las piezas pertinentes.

Artículo 105.-
De la consulta se dará audiencia a la  Procuraduría General de la  República, si no fuere parte en el proceso o recurso principal. Las partes, en este último caso, podrán apersonarse ante la  Sala, únicamente para los efectos de que sean notificadas.
No obstante, cualquiera de ellas que estuviere legitimada para plantear una acción podrá solicitarle a la  Sala, dentro del término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter y los efectos de dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso deberán interponer formalmente esta última dentro de los quince días siguientes.
Si lo hicieren, se le dará a la acción el trámite correspondiente, y la  Sala se abstendrá de evacuar la consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en el fallo.
Si no se solicitare o aprovechare el procedimiento de conversión indicado en el párrafo anterior, la  Sala evacuará la consulta sin más trámite y sin audiencia de partes, en un plazo máximo de un mes a partir de su recibo.

Artículo 106.-
La  Sala podrá evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficientemente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes, todo esto con las mismas salvedades previstas en el párrafo segundo del artículo 9 de esta Ley.

Artículo 107.-
La resolución de la  Sala se le comunicará al tribunal consultante, al Procurador General de la  República y a las partes apersonadas, tendrá los mismos efectos y se publicará de igual manera que la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, salvo que no precluirá el planteamiento de ésta en el mismo proceso, si fuere procedente.

Artículo 108.-
En lo no dispuesto en el presente capítulo, las consultas judiciales de constitucionalidad se regirán por las normas del anterior y, supletoriamente, de la acción de inconstitucionalidad, en lo que fueren razonablemente aplicables.

TITULO V
DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES
CAPITULO UNICO

Artículo 109.-
Le corresponde a la Sala  Constitucional resolver:
a) Los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la  República.
b) Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades y otras personas de Derecho Público, o los de cualesquiera de éstas, entre sí.

Artículo 110.-
La cuestión será planteada por el jerarca de cualquiera de los órganos o entidades en conflicto, quien enviará a la  Secretaría de la  Sala, un memorial con expresión de todas las razones jurídicas en que se fundamente.
El Presidente de la  Sala le dará audiencia al jerarca del otro órgano o entidad por un plazo improrrogable de ocho días.

Artículo 111.-
Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, aunque no se hubiere contestado la audiencia, la  Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez días, salvo que considere indispensable practicar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que ésta se haya evacuado.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO UNICO

Artículo 112.-
Modifícanse:
a) El párrafo segundo del artículo 21 de la  Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, número 5711 del 27 de junio de 1975, reformado por el artículo 6 de la ley número 6726 del 10 de marzo de 1982, para que diga así:
" En materia de extradición se estará a lo que disponga la ley respectiva ".
b) El párrafo segundo del artículo 20 de la  Ley Reguladora de la  Jurisdicción Contencioso Administrativa, número 3667 del 20 de marzo de 1966, para que diga así:
" 2 Podrán serlo, igualmente, por razones de constitucionalidad, las leyes y demás disposiciones normativas y los actos de la  Administración Pública, para los efectos de la correspondiente acción de inconstitucionalidad ".
c) El artículo 490 del Código de Procedimientos Penales, al cual se le adiciona un inciso 6), que dirá así:
" 6 Cuando no hubiere sido impuesta mediante el debido proceso u oportunidad de defensa ".
ch) El artículo 45 de la Ley  Constitutiva de la Caja  Costarricense de Seguro Social, número 17 del 22 de octubre de 1943 y sus reformas, que dirá así:
" Artículo 45.- Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo 216 del Código Penal, a quien no enterare a la  Caja el monto de la cuota obrera establecido en el artículo 30 de esta Ley.
En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal, el patrono podrá ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras retenidas.
Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que establece el artículo 30 de esta Ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre su representante legal. El patrono deberá ser apercibido por el jefe del departamento de gestión de Cobros y Créditos de la  Caja Costarricense de Seguro Social, para que dentro del quinto día, contado a partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la Caja  Costarricense de Seguro Social, el monto de las cuotas no retenidas.
Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se denunciará al Ministerio Publico para que se haga el requerimiento respectivo.
Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días multa el patrono que realice maniobras, declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar los intereses de la Caja  Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones ".

Artículo 113.-
Deróganse las siguientes leyes y disposiciones:
a) La ley de Hábeas Corpus, número 35 del 24 de noviembre de 1932.
b) La Ley de Amparo, número 1161 del 2 de junio de 1950.
c) Los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos Civiles, así como el capítulo IV del título IV, artículos 534 a 541, " Proceso de Inaplicabilidad ", del nuevo Código Procesal Civil que sustituye al anterior.
ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios.
.
Artículo 114.-
Esta Ley rige a partir de su publicación y sólo podrá ser modificada por otra destinada expresamente a complementar o modificar su texto.

Disposiciones Transitorias.
Transitorio I.-
Mientras no se promulgue la  Ley del Defensor de los Habitantes, la actuación que se le señala en esta Ley le corresponderá al Procurador General de la  República.
Transitorio II.-
Los recursos de inconstitucionalidad, de amparo y de hábeas corpus que se encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se ajustarán a ella respecto de todos los trámites que no se hayan cumplido o debido cumplir, salvo la redacción de la sentencia.
Las sentencias que no hayan sido redactadas o firmadas en los recursos ya votados, seguirán a cargo de los tribunales actualmente competentes, por un plazo improrrogable de dos meses a partir de la promulgación de esta Ley.
Los términos perentorios e improrrogables establecidos en la presente ley, para las actuaciones de la Sala  Constitucional, no se aplicarán a los recursos interpuestos con anterioridad a su promulgación, ni tampoco a los que se interpongan durante los primeros tres años de su vigencia.
Transitorio III.-
El Poder Ejecutivo, a solicitud de la  Corte Suprema de Justicia, y mediante decretos ejecutivos, hará las modificaciones necesarias en el presupuesto del Poder Judicial, en todo lo que se relacione con las plazas nuevas y compra de equipo necesarios para el funcionamiento de la Sala  Constitucional.
Se autoriza el aumento de personal indispensable para el normal funcionamiento de la Sala.

DADO EN LA  SALA DE SESIONES DE LA  COMISION PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN, San José, a los dos días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.-

Angel Marín Madrigal                                                  Hilda González Ramírez
PRESIDENTE                                                           SECRETARIA

Rolando Avendaño Castro                                                      Olga Zamora Fonseca

ASAMBLEA LEGISLATIVA
SAN JOSÉ, COSTA RICA

4 de setiembre de 1991

Señora
Licda. Elena Fallas
Directora
Dpto. de Servicios Técnicos
Presente

Estimada señora:

Como es de su conocimiento, por acuerdo No. 2732, publicado en La  Gaceta No. 99 del 27 de mayo de 1991, se integró una Comisión Especial Permanente sobre consultas de constitucionalidad. Por lo delicado de la materia a tratar  por esta Comisión, respetuosamente le solicito asignar para ésta a un asesor abogado.

La  Comisión se reunirá el día jueves 5 de setiembre,  a las 14:30 horas, en la  Sala de Sesiones de la  Comisión Permanente de Asuntos Sociales, y mucho le agradecería que para entonces pudiéramos contar con el asesor.

Con toda consideración y respeto,

COMISION ESPECIAL PERMENETE SOBRE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD

Dr. Carlos Fernández Vega
PRESIDENTE a.i.

ASAMBLEA LEGISLATIVA
SAN JOSÉ, COSTA RICA
PRESIDENCIA

  3 de setiembre de 1991.

Señor
Dip. Carlos Fernández Vega. Secretario
Comisión Permanente Especial para estudiar las consultas de constitucionalidad.

 Estimado señor:

            En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la  Asamblea Legislativa, me permito remitirle las soluciones de la Sala  Constitucional, así como los respectivos expedientes, para lo que corresponde a esa comisión. La  Presidencia ha dispuesto los siguientes plazos para rendir el respectivo informe.

Expediente No. 11.023-plazo ocho días

Expediente No. 9875-plazo tres días

Expediente No. 10.865-plazo un mes

Expediente No. 10.699-plazo quince días

            Atentamente,

Dr. Miguel A. Rodríguez Echeverría
              PRESIDENTE

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Departamento de Servicios Técnicos

5 de setiembre de 1991.

Doctor
Carlos Fernández Vega
Presidente a.i.
Comisión Especial Permanente sobre consultas de constitucionalidad
SU DESPACHO

Estimado señor:

En atención a su oficio del día de ayer, me permito comunicarle que he solicitado a la Licda. Marta Vinocour, atender la  Comisión Especial Permanente que usted dignamente preside.

Con las muestras de su más distinguida consideración,

Licda. Elena Fallas Vega
DIRECTOR
Departamento de Servicios Técnicos

ASAMBLEA LEGISLATIVA
                    DE LA
REPUBLICA DE COSTA RICA

San José, 1 de marzo de 1993

Señor
Dr. Campo Elías Silva R.
Bufete Campo Elías Silva
Calle 15, Avs. 6 y 8
Frente a Tribunales de Justicia
San José

Estimado señor Elías:

            Me refiero a su suscrito en relación con las reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional. En relación con dicho escrito, que demuestra un alto grado de interés y de estudio de su parte, me permito informarle que la estoy trasladando a la  Comisión de Asuntos de Constitucionalidad, para su análisis y posterior recomendación.

            Le agradezco, en lo que valen, esas recomendaciones, las cuales, sin duda, serán de gran interés y merecerán el estudio cuidadoso de la  Comisión encargada para el efecto.

            Atentamente,

Lic. Roberto Tovar Faja
PRESIDENTE
ASAMBLEA LEGISLATIVA

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS

San José, 14 de junio,1994

Señor
Lic. Gerardo Alberto Trejos Salas
PRESIDENTE COMISION ESPECIAL PERMANENTE
SOBRE CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD
S.D.

Estimado señor:

Sirva la presente para saludarlo, oportunidad que aprovecho para comunicarle que el Licenciado Henry Rodríguez Gonzalo, Asesor Parlamento, es la persona asignada para atender la  Comisión Especial Permanente   sobre Consultas de Constitucionalidad.

Sin otro particular, se suscribe con toda consideración y estima,

Licda. Gloria Valerín Rodríguez
DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS