09-09306-007-CO

ZONA PROTECTORA DE LOS CERROS DE ESCAZÚ

Señala el accionante que en el año 2001 se realizó una reforma integral al Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora, publicada en La Gaceta N.173 del 10 de setiembre del 2001, que afectó esencialmente las áreas ubicadas en la Zona Agrícola y zona de resto del distrito, así como las áreas incluidas dentro de la Zona Protectora Cerros de Escazú, que anteriormente se encontraban dentro de la zona agrícola. La reforma integral al Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora, implicó un desmejoramiento desde el punto de vista ambiental, en los siguientes aspectos a) aumento del porcentaje de cobertura máxima del lote, pasa de 10 % al 30 % en ciertas zonas, que produce una disminución en la permeabilidad de los suelos b) disminución del lote mínimo:  se pasó de entre 7000 metros cuadrados y una hectárea (10000 metros cuadrados) a 1000 metros cuadrados en algunas zonas, que implica la posibilidad de hacer fraccionamientos más densos en estas zonas de protección forestal; c) aumento en la densidad poblacional: se pasa a 30 habitantes por hectárea ; d) se cambió el uso de suelo: se pasa de uso agrícola a uno residencial donde se permite llevar a cabo la vivienda unifamiliar y multifamiliar, en urbanizaciones y condominio, comercio menor y servicios públicos comunales y toda agrícola, pecuaria y forestal o relacionada con éstas; e) no se consideró la existencia de recursos  forestales que deben ser protegidos por todas las instituciones estatales; f) no se consideró la existencia de las áreas de protección de quebradas, ríos y nacientes que también deben ser protegidos. Considera el accionante que la reforma integral al Reglamento de Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Mora, únicamente en cuanto a la modificación de la zonificación de las áreas ubicadas en la Zona Protectora Cerros de Escazú y lo correspondiente en el Mapa de Zonificación, viola los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, que tutelan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues las disposiciones impugnadas producen el desmejoramiento de las garantías ambientales definidas por la Municipalidad de Mora, por medio del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador, en cuanto a la Zona Protectora Cerros de Escazú, dado que la zona agrícola era la zona con mayores restricciones en cuanto a cobertura, lote mínimo y usos conformes y no conformes, sin embargo actualmente es posible que un urbanizador lleve a cabo un condominio en la Zona Protectora casi sin ningún tipo de restricción, pues es un uso conforme según la norma que se impugna, lo cual es totalmente contrario a los propósitos y fines de la creación de esta área silvestre protegida, que pretende resguardar los recursos forestales e hídricos de estos terrenos, que representa una violación al derecho a un ambiente sano, puesto que el ambiente en su integralidad se ve afectado, en perjuicio de todos los vecinos del Cantón, y especialmente los vecinos de la zona protectora y su área de influencia, que traspasa los límites cantonales. Acusa también la infracción del artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues de allí se desprende la obligación de los Estados de respetar y asegurar el disfrute  de los derechos humanos para sus habitantes, que engloba el accionar institucional, que debe encaminar todas sus políticas y regulaciones generales, así como sus actos concretos a su consecución, por lo que existe una discordancia entre el principio contenido en esa norma internacional y la reforma efectuada en el 2001 al Reglamento de Zonificación del Cantón de Mora, en cuanto a la Zona Protectora Cerros de Escazú. Existe también una violación al artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo del Salvador, pues es claro que la emisión de una normativa local con fuerza de ley material, que flexibilice las regulaciones ambientales en un área silvestre protegida, es contraria a esta norma de derecho internacional, que establece la obligación del Estado de promover la protección preservación y mejoramiento del ambiente. Además, la normativa impugnada viola el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que lejos de mejorar y asegurar el reconocimiento y respeto real de las personas de gozar de un nivel de vida adecuado que le asegure su salud y el bienestar y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se emitieron regulaciones perjudiciales a la Zona Protectora Cerros de Escazú.  

09-1960-007-CO

SANCION POR EL NO PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.
La norma se impugna en cuanto faculta a las Municipalidades a imponer una multa igual a diez veces el monto dejado de pagar por parte de los administrados. Señala el accionante que una sanción debe ser proporcionada a la infracción y no amenazar la existencia económica de un negocio comercial, atendiendo a la imposición de una multa irracional como la impuesta en el artículo cuestionado. Considera que la norma es arbitraria, injusta e irrazonable, ya que debido a la sanción impuesta, se violan en su criterio, los artículos 33, 40 y 45 constitucionales,  en cuanto establece prácticamente una pena de confiscación de la propiedad privada, y resulta irrazonable y desproporcionada.

09-6753-007-CO

VALORACION DE INMUEBLES POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

La norma se impugna en cuanto dispone que el Órgano de Normalización Técnica, órgano técnico especializado adscrito al Ministerio de Hacienda, será asesor obligado de las municipalidades, lo que contraviene el principio de autonomía municipal dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política. La Ley 7509 del 9-5-95, reformada por la 7729 del 15-12-97, trasladó a las municipalidades el cobro del impuesto que tiene como objetivo gravar los terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas o permanentes que existan, siendo que un 96% de los dineros recaudados son invertidos en los intereses locales, un 1% para la ONT y un 3% para la Junta Administrativa del Catastro Nacional. La ley establece que las Municipalidades actúan con el carácter de administración tributaria, y se encargarán de realizar las valoraciones de los bienes inmuebles, de facturar, recaudar y tramitar el cobro judicial y de administrar en sus respectivos territorios los tributos que se generen. Sin embargo, a partir de la reforma operada por ley número 7729, se instauró el “Órgano de Normalización Técnica” (ONT) como un ente de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Hacienda, con el principal objetivo de garantizar una mayor precisión y homogeneidad al determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional, además de optimizar la administración del impuesto. El ONT suministra a las municipalidades la metodología para elaborar los avalúos de los bienes inmuebles -la implementación de los métodos y plataformas para estos menesteres es una atribución exclusiva del citado órgano técnico, por lo que las municipalidades no pueden separarse de aquellos criterios, ni siquiera pueden crear márgenes de tolerancia distintos a los remitidos por dicho ente. Por ello, considera que los ordinales 169 y 170 de nuestra Carta Política, que provee a los Gobiernos Locales de autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, son violentados por la norma impugnada.

09-10205-007-CO

SANCIONES POR NO PAGO DE TASA DE PUBLICACIÓN DE PATENTES DE INVENSIÓN
La normas impugnadas autorizan la creación de impuestos vía reglamento con sanción de pérdida de derechos constitucionales en caso de omisión de pago, infringiendo así competencias constitucionales exclusivas de la Asamblea Legislativa establecidas en la Constitución Política, en el artículo 121 incisos 13) y 18). La sanción por no pago de estas tasas vulnera el derecho a la propiedad intelectual, contemplado en el artículo 47 de la Constitución Política. Se acusa asimismo la inconstitucionalidad del acto administrativo aplicado en contra de su representada, que la sanciona con la pérdida del derecho de Patente de Invención, invocando para ello lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley referida, por cuanto se exige el pago de una publicación de edicto de patente de invención siendo que la solicitud debe tenerse como ya publicada de conformidad con el artículo 29 del Convenio de Cooperación en Materia de Patentes. El artículo 33 de la Ley N° 6867 fue reformado por Ley 8632 de 28 de marzo de 2008; sin embargo, dicha reforma se aprobó por la Comisión Legislativa Plena Tercera y no por el Plenario Legislativo, infringiendo así el artículo 121 de la Constitución Política al pretender crear y reformar los impuestos nacionales establecidos en el artículo 33 de la Ley 6768, en tanto la materia de impuestos nacionales no es delegable y permanece bajo la competencia exclusiva del Plenario Legislativo, el cual nunca aprobó la creación de las nuevas tasas. Por otra parte, la garantía sobre la propiedad temporal de sus invenciones es un derecho constitucional garantizado al inventor por los artículos 47 y 121 inciso 18) de la Constitución Política. El incumplimiento del tributo denominado “tasa de publicación de la solicitud” no genera una deuda tributaria –con multas e intereses en caso de incumplimiento-, sino que extingue el derecho intelectual considerado en sí mismo. La inconstitucionalidad de los artículos 30 y 44 referidos se extiende a los actos materiales por los cuales se ejecuta esa última disposición, sea el Decreto Ejecutivo N° 15222-MEIC-J del 12 de diciembre de 1983. El artículo 46 de este último estipula el pago de una tasa en una moneda que no es la de curso legal.

09-10788-007-CO

LIMITACIONES A EXTRANJEROS PARA OBTENER CONCESIONES EN ZONA MARITIMO TERRESTRE
La normas se impugnan en cuanto las limitaciones que disponen en relación con los extranjeros son violatorias del derecho fundamental a la igualdad garantizado por la Constitución Política. Alega que las limitaciones y excepciones para ser concesionarios de la zona marítimo terrestre dispuestas en las normas cuestionadas, se basan en la nacionalidad y carecen de todo propósito o finalidad razonable. Pues sustentarlas en un fin de preservación del patrimonio nacional, sus riquezas naturales y los valores y principios costarricenses, contravendría el aprecio de la Constitución por la diversidad cultural y el incentivo que en esta materia supone la incorporación de extranjeros a la vida nacional. Además, al tratarse de propiedad del Estado y ser inalienable e imprescriptible, las concesiones son para el uso y disfrute de áreas determinadas de la zona restringida, por un plazo fijo, circunstancia que no varía en lo absoluto si la concesión recae sobre un nacional o un extranjero. Las medidas diseñadas por el legislador y seguidas en el Decreto Ejecutivo  a su juicio carecen de idoneidad y son gravemente desproporcionadas.

09-5022-007-CO

PLAZOS DE PRESTAMOS IMPUESTOS A MUTUALES
La norma se impugna por estimar que violenta la igualdad de las mutuales con respecto al resto de los intermediarios financieros, así como también el derecho a una vivienda digna en perjuicio de sus respectivos deudores que garantizan sus préstamos con hipotecas. Manifiesta que el límite establecido en la norma impugnada, es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes, por cuanto no existe razón ni justificación alguna para establecer que el plazo máximo de los préstamos que las mutuales pueden pactar con sus deudores deba ser de quince años, mientras que para los demás intermediarios financieros y deudores no existe tal limitación, con lo que pueden y de hecho ya han readecuado los plazos de sus préstamos con el fin de no verse obligados a ejecutar las correspondientes garantías hipotecarias en la crisis económica que actualmente se está viviendo tanto a nivel nacional como internacional. El artículo 161 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda se impugna por cuanto el  plazo de quince años establecido, imposibilita a las mutuales para utilizar aquel factor como instrumento de reacomodo de las cuotas de pago de sus deudores, esto sería extender el plazo de la operación u otorgar períodos de gracia, posibilidad que se considera extremadamente urgente para ostentar y ejercitar actualmente en virtud del incremento en las tasas de interés experimentado durante los últimos meses. Establece que ante esta situación, a las mutuales no les queda más opción que la ejecución de las garantías hipotecarias de sus deudores, lo cual significa el despojo de su vivienda con todo el desgaste que el proceso ejecutivo implica, lo cual indica que el límite dispuesto en la ley es contrario al principio de razonabilidad y proporcionalidad de las leyes, el derecho a una vivienda digna y el principio de igualdad.

09-4868-007-CO

INDEMNIZACION POR ANIMALES SACRIFICADOS
La norma se impugna en cuanto considera el accionante que esas normas son contrarias a lo dispuesto en los artículos 18, 33 y 45 de la Constitución Política, así como a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Esto, en virtud de que el artículo 7 señala que con base en el peritazgo, el dueño del animal sacrificado, debe ser indemnizado por el Estado con el 50% del valor fijado por los peritos del Banco Nacional; no obstante, en caso de animales asegurados sólo estará obligado a pagar al dueño de los mismos la diferencia que resultare en su contra entre el seguro y el 50% a que se refiere el artículo. Afirma que ese tope indemnizatorio así como el procedimiento de pago establecido en el artículo 7 es contrario al derecho de propiedad, porque la indemnización que se reconoce por el Estado no es el total del valor económico de los bienes destruidos. Asimismo, sostiene que se lesiona el principio de igualdad ante las cargas públicas, porque se afecta el patrimonio de un administrado por razones de interés público, constituyendo esto un trato desigual, dado que se mejora directa o indirectamente la esfera jurídica del resto de los ciudadanos. Refiere que se infringen además los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto la realización de la prueba de tuberculina no constituye un elemento técnico médico veterinario idóneo para dictar medidas sanitarias como el sacrificio o exterminio de bovinos a favor de la salud humana, animal y del medio ambiente, pues, la ausencia de pruebas complementarias o confirmatorias de carácter laboratorial, viciaría el contenido del acto, por cuanto sólo se puede concluir desde el punto de vista microbiológico, que hay tuberculosis bovina en un animal cuando se aisla ese microorganismo de los tejidos de ese animal, no únicamente mediante la aplicación de las pruebas intradérmicas o pruebas tuberculinas practicadas por los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el hato de que se trate.

09-2216-007-CO

APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES
La norma se impugna en cuanto dispone que toda sociedad que incorpore dentro de su razón social la palabra “seguro” deberá eliminarla a partir del siete de febrero del 2009, so pena de que el Registro Mercantil lo haga de oficio. Estiman que tienen un derecho adquirido al nombre de la sociedad así como a su medio de trabajo, lo que constituye además una situación jurídica consolidada. Por ello, la disposición impugnada lesiona los artículos 33, 34, 41 y 56 de la Constitución Política.

09-9009-007-CO

SANCIONES A BANCOS POR PARTE DE LA SUGEF
La norma se impugna en cuanto, a juicio del accionante, no establece una adecuada proporcionalidad entre la acción y la sanción, dado que se aplica la misma sanción del inciso a), si se incumple únicamente el numeral 1 o si además se incumplen los numerales 1, 2, 3, 4 y 5. Además, cuando se analiza la redacción de cada uno de los numerales que contiene el inciso a) del artículo 81, se evidencia que no existen parámetros para establecer o aplicar de manera gradual la sanción. Sostiene que la norma impugnada impone sanciones económicas sumamente fuertes y no es dable que la SUGEF trate de imponer estas sanciones utilizando para ello una norma sancionatoria que evidentemente es violatoria del artículo 39 de la Constitución Política, por ser contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; transgresión que compromete el debido proceso y como tal, la definición justa de la falta.  Asimismo, argumenta que la aplicación del artículo 81 implica una evidente desigualdad al establecer la sanción a partir del patrimonio, lo cual hace que no se sancione de igual manera el mismo hecho que pueden cometer los diferentes bancos, lo que provoca una aplicación desigual de la ley en franca violación al principio constitucional de igualdad. Se trata de iguales y de condiciones idénticas, sin embargo, la sanción es diferente, pues no parte de una base objetiva y razonable. Tampoco es proporcionada , si se toma en cuenta la relación que debe existir entre el patrimonio y el indicador financiero de suficiencia patrimonial, cuyo parámetro de cumplimiento requiere de un indicador mínimo, el cual se afectaría seriamente en caso de que la Entidad deba desembolsar el monto de la sanción que el legislador estableció. La norma es además confiscatoria porque establece una sanción que absorbe una parte importante del patrimonio, lo cual, vulnera lo dispuesto en los artículos 45 y 40 de la Constitución Política.

09-8351-007-CO

MANEJO DE LOS CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO
La norma se impugna en cuanto -señala el accionante- que un estudio realizado por la Asamblea Legislativa probó que el Estado costarricense perdió, como consecuencia del mal manejo en la entrega del Certificado de Abono Tributario (CAT) más de treinta mil millones de colones, afectando los intereses de toda la comunidad costarricense. Tal disposición de fondos del Estado, en perjuicio de los habitantes del país y en beneficio de unos pocos, tuvo su origen en la aplicación de una norma de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es inconstitucional.  La pérdida para el ciudadano costarricense ocurrió como consecuencia de un relajamiento en los sistemas de control del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y la misma Asamblea Legislativa, porque dio permiso a un incapaz o incompetente, el Banco Central de Costa Rica, para que dispusiera de los fondos públicos sin autorización de la Tesorería Nacional, sin la supervisión verdadera de la Contraloría, sin presupuesto y aún más por el presupuesto hecho por la entrometida Institución, cuya función monetaria de pronto se vio trocada en una fiscal concerniente a las instituciones mencionadas y con intereses ajenos al bien común, al permitir que se violara el principio constitucional de Caja Unica del Estado, también tutelado por la propia Sala Constitucional, en su reiterada jurisprudencia. Después de mil novecientos noventa y siete, la Ley de Presupuesto establece que el CAT es un gasto, esto es, una disposición de fondos.  El artículo 66-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el Banco Central emite el CAT, o sea, hace el gasto, que el gasto se consuma 18 meses después o más, desde el momento en que es aprobada. No establece ese artículo la obligación de que el gasto del CAT sea visado por la Contraloría, que sea publicado en el Diario Oficial, que sea aprobado y ordenado por la Tesorería Nacional. La norma permite que el Banco Central apruebe un gasto fuera del año económico, o sea, que ocurre 18 meses después de que son aprobados por el mismo Banco. El artículo 184 de la Constitución Política establece que no se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado, sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría, ni constituirá obligación para el Estado la que no haya sido refrendada por ella. Una Comisión Legislativa redactó el informe 13324 que reveló una gran cantidad de anomalías en la entrega de los CAT, que redundó en pérdidas multimillonarias, por más de treinta mil millones para el Estado costarricense, ocasionadas por la inoperancia de todo el sistema institucional relacionado con los CAT, especialmente del Banco Central de Costa Rica. Los hechos puestos al descubierto en ese informe de más de 4000 folios, incluyen gran cantidad de testimonios y documentos que indistintamente prueban, de manera contundente, que los daños existieron y que todo fue el resultado de un mal manejo financiero de todas las entidades y personas que intervinieron en el juego, porque lo vieron como un juego de la repartición alocada de los CAT. Se alega no solo la inconstitucionalidad per se, sino también por los efectos negativos de la norma del impuesto sobre la renta cuestionado en la acción sobre los fondos públicos, en virtud de una incorrecta, relajada, negligente e incompetente administración de esos fondos, precisamente porque los organismos que están encargados de controlarlos no ejercen su función, dejándosela solo al cajero del Estado, lo cual es inconstitucional. Afirma que el monto de ingresos por concepto de impuestos que reporta el Banco Central como ente recaudador, no incluye el monto del certificado de abono tributario, o sea, que los montos correspondientes a los CAT nunca han entrado a la Caja Unica del Estado. Se impone la necesidad de que todas las rentas dirigidas a financiar gastos del Estado, ingresen, a través de la Tesorería Nacional, a un fondo común, del cual deberán ser retirados los recursos que financien las diversas erogaciones públicas. En el caso del impuesto creado en el inciso ch) del artículo 51 del Código de Minería, es obvio que el legislador ordinario no estableció un destino especial a los recursos que éste generará, así como tampoco determinó un agente recaudador específico legitimado para recibir el pago. Por lo anterior y conforme lo dispuesto en los artículos 176 y 185 de la Constitución Política, no cabe la menor duda de que el producto del impuesto deberá ingresar, por medio de la Tesorería Nacional, a la “Caja Unica” del Estado y que el mismo deberá destinarse a la satisfacción de los fines generales que el plan de gobierno considere prioritarios, según determine la propia Ley de Presupuesto de la República.

09-09433-007-CO

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE PIN BALL

La norma se impugna en cuanto viola el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, libre comercio, legalidad y jerarquía de las normas por constituir una restricción absoluta sin autorización legal a la actividad lucrativa de máquinas para juegos con destreza, excediendo las potestades discrecionales de la Administración Pública.

09-06671-007-CO

CONTRATACION DE MEDICOS EN EL SECTOR PRIVADO

La norma dispone: “Artículo 23.- Los profesionales referidos en la presente Ley, contratados en las instituciones públicas o en el sector privado, se regirán, en cuanto a contratación, por acuerdo de partes, pero ésta no podrá darse en condiciones inferiores a las estipuladas por la presente Ley.” La norma se impugna por estimar violados los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto dispone que condiciones pactadas en una negociación colectiva que se dio en  sector público se apliquen al sector privado sin haberlo consultado con éste, ni haberlo tomado en consideración durante el proceso de aprobación de la ley. Lesiona asimismo la libertad de empresa, pues restringe la posibilidad de acordar las condiciones de trabajo entre los profesionales en Ciencias Médicas y las instituciones privadas que los contraten. Coarta el poder de dirección del empleador del sector privado, pues obliga a establecer escalas salariales y de puestos de trabajo que son propias del sector público.  Finalmente viola el principio de igualdad  pues crea una carga adicional para las instituciones médicas privadas, respecto de otros agentes económicos. Asimismo, crea una desigualdad inconstitucional entre los profesionales que cobija respecto de otros profesionales que laboran en el sector privado.

09-10478-007-CO

09-4036-007-CO

09-3167-007-CO

09-3722-007-CO

09-6254-007-CO

09-1111-007-CO

09-8924-007-CO

LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS JUECES DE LA REPÚBLICA
Las normas se impugnan en cuanto prohíben a los jueces manifestarse ante la prensa sobre los asuntos que están sometidos a su conocimiento, o ejercer su derecho de defensa ante la crítica que reciben por el dictado de algunas resoluciones judiciales.

09-05223-007-CO

RELACIONES DE PARENTESCO EN EL BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO

La norma se impugna en cuanto infringe el principio de reserva de ley en materia de derechos fundamentales, pues por reglamento se restringe el derecho al trabajo por el simple hecho de una relación de consanguinidad. La norma carece de razonabilidad y de proporcionalidad pues restringe el derecho fundamental al trabajo y el derecho a ejercer un cargo público, a pesar de que no ve cómo se pueden estar afectando los fines públicos y el servicio que el Banco brinda si entre las personas con el vínculo de consanguinidad o afinidad no existe relación de subordinación jerárquica o de mando, que implique un conflicto de intereses, ni que afecte el servicio que da el banco o su imagen. Considera además que, en igualdad de condiciones, se le da un trato distinto y discriminatorio respecto a los demás funcionarios públicos, quienes sólo pueden ser despedidos por las causales de despido justificado que expresa la legislación laboral costarricense, ya que la única razón de su cese de funciones es el artículo 14 de su Reglamento Autónomo de Trabajo.

09-10941-007-CO

REGISTRO DE SANCIONES EN COLEGIO DE ABOGADOS.
Alega que tanto la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Costa Rica como su Código de Deberes Jurídicos, Morales y Eticos del Profesional en Derecho son omisos al establecer un plazo para mantener en la base de datos –histórico- del Colegio de Abogados, las sanciones impuestas a los agremiados, lo que trae como consecuencia que se vuelvan penas perpetuas. Si las sanciones condenatorias se inscriben en el Registro correspondiente y se mantienen inscritas por un plazo de diez años luego de cumplida la condena,  igual trato deben recibir las sanciones administrativas en cuanto a determinar un plazo máximo por el cual deben estar inscritas, transcurrido el cual, el registro debe ser cancelado. Resulta inconstitucional el mantenimiento a perpetuidad del registro de sanciones en los archivos del Colegio de Abogados, pues otorga a la sanción efecto permanente, aún cuando ya haya sido cumplida, lo que lesiona el artículo 40 de la Constitución Política.
Como asunto base figura el recurso de amparo número 8479-07.

09-1711-007-CO

TOPE PARA OPERACIONES DE CREDITO E INVERSIONES IMPUESTAS A LAS EMPRESAS ESTATALES.
La norma se impugna en cuanto alegan que el artículo 5 de la Ley No. 7818 le confirió a LAICA doble capacidad jurídica: la de derecho público para ejercicio de sus facultades y deberes de imperio y la de derecho privado para el ejercicio de las actividades de comercialización. Indica que acorde con esa dicotomía LAICA se encuentra estructurada en dos divisiones: la corporativa que se rige por el derecho público y la de Comercialización que se regula por el derecho privado. Alega que la política de administración y financiamiento de la infraestructura de producción, almacenamiento y comercialización de LAICA se rige por el Derecho Privado. Menciona que la redacción del artículo 61 inciso 5) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, desconoce dicha división técnico jurídica y les limita la posibilidad de todas las actividades de financiamiento de todas las actividades que desarrollan los entes públicos, independiente de si dichas actividades fueran regidas o por Derecho Público o Derecho Privado.  Alegan que no resulta jurídicamente razonable limitar la capacidad de obtener financiamiento a una corporación pública no Estatal como LAICA, máxime si se considera que, por mandato del artículo 5 de la Ley No. 7818 sus actividades comerciales están dentro del marco del derecho privado, de ahí que la interpretación contra legem y extensiva de la norma coloca a LAICA en desventaja respecto de sus competidores, lo que violenta el principio de igualdad y establece una indebida ventaja a esos competidores. Por lo anterior, es que consideran que las limitaciones del inciso 5) del artículo impugnado no cobijan a LAICA, dado que ésta no es una institución pública sino una corporación pública no Estatal. Indican que es claro que el legislador quiso dotar a LAICA de una clara autonomía financiera para colocarla en una situación de igualdad frente a la empresa privada. Alega que la norma impugnada violenta el principio de igualdad al no conocer la clara diferencia que existen entre: las instituciones públicas estatales y los entes públicos no estatales como LAICA quienes no forman parte del sector público. Señalan además que el mismo Banco Central mediante oficio DPRE 199-2007 del 26 de diciembre del 2007, arribó a la conclusión de que los entes públicos no estatales debían ser excluidos de la lista de instituciones pertenecientes al sector público. Además consideran que la norma es inconstitucional por violentar los artículos 50 y 74 constitucionales, al no garantizar un mecanismo que permita  una distribución equitativa del crédito, lo cual, aparte de poner en peligro la justicia que debería existir en la asignación y acceso al financiamiento, evidencia una total irrazonabilidad de la norma. Alegan de igual manera que la norma violenta la razonabilidad de la igualdad, ya que se trata de manera desigual a los entes públicos como LAICA, con capacidades regidas por el derecho privado. Indica que la falta de parámetros objetivos de repartición, permite que se generen desigualdades irrazonables en la repartición del crédito disponible para el conjunto de sujetos receptores de la limitante.

09-7481-007-CO

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CASACION
La jurisprudencia se impugna en cuanto resulta contraria a las normas y principios del derecho fundamental al ambiente, pues se considera que tal exigencia de declaratoria contraviene el principio pro homine, al exigirse un requisito vía decreto ejecutivo, el cual imposibilita la protección de un humedal en perjuicio de una colectividad de personas o la negación del disfrute de tal ecosistema a las generaciones futuras por una protección inadecuada. Cita jurisprudencia de esta Sala acerca de la importancia de los humedales (6247-2007), sobre su protección legal (5255-1998) y señala que se ha dicho que esta categoría ecológica, declarada incluso por la Convención de Ramsar, no establece ningún requisito para la implementación del reconocimiento a tal derecho fundamental al ambiente, más bien su aplicación se realiza en forma directa, sin ningún tipo de requerimiento previo, el cual de por sí no se encuentra requerido en la ley que tipifica el drenaje de humedales como un delito, -el artículo 103 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y que protege tal derecho fundamental  (12817-2001). Tanto la Convención Ramsar como la Sala Constitucional definen los humedales claramente como una categoría que se basta a sí misma, sin necesidad de declaratoria alguna y con valor en sí mismos, por lo que se realza la importancia de mantenerlos intactos y preservarlos. Considera que el Tribunal de Casación Penal en la jurisprudencia cuestionada dejó por fuera normas de una jerarquía mayor a la que analizó, omitió integrar principios esenciales de la doctrina de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos y de la Constitución Política, pues restringió el disfrute y protección de los humedales, una categoría ecológica, desconociendo la existencia del principio de interpretación pro homine de la doctrina de los derechos humanos, el cual establece que las normas fundamentales deben ser interpretadas a favor del género humano, en este caso, al tratarse de derechos humanos de la tercera generación. Considera que el Tribunal debió aplicar el principio de precaución o in dubio pro natura, dada la trascendencia del derecho humano a proteger, pues está en juego la supervivencia de la raza humana.

09-2959-007-CO

CREACION DE LAS CONTRALORIAS DE SALUD EN LA CCSS
Las normas se impugnan por cuanto se estima que constituyen un mecanismo para crear figuras mediante las cuales se pretende, desde un órgano externo, como lo es la Auditoría General de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, establecer una serie de obligaciones que son competencia exclusiva de la Caja, limitando de esa forma las amplias facultades que el constituyente otorgó para la administración, control, fiscalización y planificación de los recursos que le han sido conferidos, lo cual, desde el punto de vista constitucional, resulta improcedente.

09-6604-007-CO

REQUISITOS PARA AUTORIZACION A MANEJAR VEHICULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La norma se impugna en cuanto impide que parientes de tercer grado de consanguinidad sean asignados como conductores de los vehículos para personas con discapacidad, sin embargo, admite la designación de conductores remunerados aunque no sean parientes de la persona con discapacidad. Se considera que el límite impuesto por la normativa es discriminatorio, ya que imposibilita que una persona con discapacidad, que adquiere un vehículo mediante la aplicación del citado decreto, pueda designar a una tía suya como conductora, por considerarse que dicho parentesco está fuera de los alcances del artículo cuestionado, pero se admite la designación de una persona particular siempre y cuando medie una retribución.

09-7954-007-CO

INSCRIPCION HIJO NACIDO EN EL EXTRANJERO DE PADRES NATURALIZADOS
La norma se impugna en cuanto establece que la adquisición de la calidad de costarricense por parte del padre o de la madre, trasciende a los hijos menores de edad que estuvieren domiciliados en Costa Rica en el momento de adquirirse la calidad de costarricense. Ello se considera  discriminatorio,  dado que no le permite a una persona menor de edad nacida en el extranjero hija o hijo de padres costarricenses por naturalización, seguir la nacionalidad de su progenitor.  En ese sentido, la ley establece una condición que la Constitución Política  no señala, solo hace referencia a la reglamentación en cuanto al procedimiento a seguir, sin  hacer distinción alguna. Así los hijos menores de costarricenses por naturalización nacidos en el extranjero con posterioridad a que sus padres adquirieron la nacionalidad costarricense, no podrá seguir la nacionalidad de ellos, hasta cumplir con todos los requisitos que exige la ley en el artículo 11 y ese artículo establece la naturalización para personas que ya adquirieron la mayoría de edad, al igual que el resto de las leyes que rigen esa materia, dejando a los hijos de costarricenses por nacionalidad que hayan nacido en el extranjero,  sin la posibilidad de obtener la nacionalidad  costarricense por cualquier vía, mientras sean menores de edad.

09-09870-007-CO

NSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE REGLAMENTO

Las normas se impugnan en cuanto, en criterio del accionante, la normativa impugnada fue dictada por el Poder Ejecutivo, violentando el derecho fundamental de los pueblos indígenas de ser consultados sobre medidas susceptibles de afectarles directamente, reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Lo anterior porque en el procedimiento de promulgación del Decreto impugnado, no se realizó ningún tipo de consulta efectiva a las asociaciones de desarrollo integral o a cualquier otra institución representativa de las comunidades indígenas del país, mucho menos a las y los habitantes de estas comunidades, acerca del proyecto de reglamento, por lo que no contaron con oportunidad alguna de ejercer su derecho fundamental a ser consultadas, en los términos prescritos por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Señala que el Reglamento al artículo 78 inciso 6 de la Ley de Biodiversidad es una norma susceptible de afectar directamente los derechos de las comunidades indígenas y debió ser consultado antes de su promulgación, pues se encuentra directamente vinculada con los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a la protección de su conocimiento tradicional sobre los usos de la biodiversidad. Además, el Reglamento modifica sustancialmente los efectos del artículo 78.6 de la Ley de Biodiversidad y tiene incidencia directa sobre el nivel de protección que otorga al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.

09-6752-007-CO