La Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde 1994, autoriza a disponer de licencias con goce de salario para ejecutar proyectos de interés institucional y urgentes, para brindar un servicio público de calidad.

Estas licencias tienen respaldo en lo que dispone el numeral 44, párrafo cuarto, de dicha Ley, que en lo que interesa señala: “…en casos muy calificados y para asuntos  que interesen al Poder  Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin el a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por periodos iguales, a fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les encargue labores y estudios especiales”.

Así mismo en el artículo 81, inciso 18) se dispone que al Consejo Superior del Poder Judicial le corresponde: “… conceder licencias con goce de sueldo a los servidores judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al Poder Judicial”.

Consecuentemente, este es un mecanismo legal y ordinario al cual se ha venido recurriendo desde hace varios años atrás, para cubrir las necesidades del servicio público en proyectos estratégicos de interés nacional.

El costo económico para cubrir esas licencias, se incluyeron dentro del presupuesto institucional, tramitado por el Ministerio de Hacienda, expuesto ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios y aprobado por el Plenario Legislativo, en segundo debate el día 23 de noviembre del presente año.

Riguroso controlLa ejecución e implementación de los proyectos en donde se empleará el recurso humano tienen fundamento en estudios técnicos, realizado por las unidades administrativas responsables, según las necesidades del servicio público y con el fin de garantizar una mejor atención al usuario y una mayor eficiencia, sin que implique la creación de nuevas plazas permanentes ordinarias.

El seguimiento y control se realiza bajo un enfoque científico de administración de proyectos, sujeto a evaluación del desempeño de los servidores y las servidoras judiciales.

El nombramiento de las personas juzgadoras que forman parte del plan se apega a la Ley de Carrera Judicial, que garantiza un proceso transparente, objetivo y bajo parámetros de idoneidad, y que cuenta con los controles y procedimientos respectivos por parte de las unidades técnicas responsables y en donde no hay injerencia  del nivel de dirección del Poder Judicial. 

Es decir, se eligen profesionales tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos que exige el Manual de Puestos del Poder Judicial. Estos requisitos también deben cumplirlos las demás personas servidoras del Poder Judicial.

Actualmente la institución desarrolla proyectos para ejecutarse en el 2018, por ello se requiere personal adicional, aprobados por el Consejo Superior en la sesión del 7 de diciembre 2017 por un plazo de tres meses, costos que se encuentran contemplados en el presupuesto recién aprobado por la Asamblea Legislativa.

De no hacerlo se impactaría de manera abierta la ejecución de proyectos estratégicos para la mejor atención de la persona usuaria y el desarrollo institucional.

Beneficios para las personas usuariasLa institución tiene previsto con estos recursos exclusivamente impulsar proyectos que incidirán en la prestación de un mejor servicio público, donde se espera obtener, entre otros, los siguientes beneficios para las personas usuarias.

  • Transformación física a electrónica en los diferentes despachos judiciales, que permitirá un acceso digital a los expedientes por parte de la ciudadanía.
  • Incremento en la cantidad de señalamientos y sentencias.
  • Disminución en los tiempos de espera para la realización de juicios.
  • Definición de indicadores de gestión en todas las oficinas.
  • Estandarización de agendas.
  • Definición de una estructura modelo de trabajo en las diferentes oficinas.
  • Mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.

Entre los proyectos prioritarios se encuentra reforzar la jurisdicción penal, principalmente en el señalamiento de audiencias y juicios para reducir los tiempos de duración, que es una de las principales quejas de las personas usuarias.

Es así que la institución procura y propone acciones concretas para cumplir con el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida.

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