UN RETO IMPOSTERGABLE

ROLANDO VEGA ROBERT MAGISTRADO

Desde hace varias décadas, la justicia iberoamericana ha venido enfrentando disfunciones importantes que impactan negativamente en el servicio público que reciben cotidianamente las personas usuarias.

Retraso judicial, rezago tecnológico, indefinición de modelo de despacho o de la oficina judicial, complejidad en la tramitación de los asuntos, malos tratos hacia las personas usuarias, legislación desactualizada, entre otros, son algunos de los problemas recurrentes que han estado presentes en los poderes judiciales iberoamericanos.

Muchos esfuerzos se han hecho y se siguen haciendo en todas las direcciones y en cada país de acuerdo con su propia realidad. Por esa razón, alrededor de la gestión integral de la calidad, se ha desarrollado en Costa Rica una experiencia que busca convertir en una política pública, todas las acciones de compromiso institucional para dar satisfacción a las personas usuarias a través de la normalización, la estandarización y la acreditación de los procesos o conjuntos de actividades desplegadas en los distintos despachos y oficinas judiciales utilizando para ello, herramientas que permitan medir y valorar su funcionamiento mediante indicadores objetivos.

En la sesión de Corte Plena N° 30 del año 2005, el Poder Judicial de Costa Rica aprobó una propuesta para implementar el programa. Para poder echar a andar dicha iniciativa, en el año 2006 el Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina, Sector Justicia de EUROsociAL, propició la plataforma adecuada para apoyar este proyecto posibilitando la identificación de experiencias comparadas e innovaciones a través del “Programa de Intercambios de Experiencias, Conocimientos y Buenas Prácticas”. El primer paso.

El primer paso, fue promover intercambios de experiencias con países que hubiesen desarrollado algún avance en el tema de la calidad de la justicia. Se conocieron prácticas derivadas de la aplicación de la norma ISO 9001:2000 en el mundo de la justicia mediante interesantes adaptaciones.

El proyecto piloto GICA-Justicia marca el punto de partida en el Poder Judicial costarricense para desarrollar una política pública en materia de gestión integral de calidad que contribuya a aumentar el grado de cohesión social.

Definir una nueva forma de hacer las cosas tomando como base la participación ciudadana mediante insumos internos y externos, la identificación de buenas prácticas judiciales, las importantes alianzas estratégicas materializadas mediante convenios de colaboración y un gran equipo de trabajo comprometido con la causa, fueron factores determinantes para la ejecución exitosa del proyecto piloto.

La construcción del Modelo de Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial (GICA-Justicia), se basó en propuestas derivadas de la consulta directa a la opinión del usuario interno y externo. Estos espacios de participación ciudadana se mantuvieron abiertos y retroalimentaron todo el desarrollo del proyecto permitiendo generar un sentido de pertenencia en las personas usuarias, elemento necesario para avanzar en el camino de la cohesión social, requisito para la consolidación de la institucionalidad democrática del país.

Proyecto piloto. El proyecto piloto se desarrolló en dos despachos judiciales. Un balance de los logros obtenidos al finalizar dicho proyecto, permite identificar exitosamente varios resultados, entre ellos, el fortalecimiento de los niveles de confianza en el sistema judicial, la consolidación de espacios de participación popular por medio de talleres realizados en todo el territorio nacional y la posterior conformación de una red ciudadana para la calidad de la justicia. Igualmente puede destacarse, el desarrollo de una política judicial definida como pilar de la gestión de calidad.

Se construyó un Modelo de Gestión Integral de Calidad que permitió ejecutar la aplicación de la primera de las normas GICA-Justicia la cual se denominó “Norma de Organización del Despacho Judicial”.

Finalmente, el proyecto GICA-Justicia permitió la consolidación de una estructura interna y otra externa al Poder Judicial para llevar a cabo los procesos de acreditación. A nivel interno se creó el Centro de Gestión de Calidad (CEGECA), un órgano técnico encargado de acompañar y apoyar los procesos de acreditación solicitados voluntariamente por una gran cantidad de despachos judiciales, hasta lograr su validación interna mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos que contempla la “Norma GICA 2010: Organización del Despacho Judicial”.

A nivel externo, se creó mediante decreto ejecutivo el Sistema Nacional de Calidad y Acreditación (SINCA-Justicia). Este órgano externo al Poder Judicial, está integrado por siete instituciones que representan los distintos sectores involucrados: el institucional, el académico e investigativo, el técnico, y el representativo de los profesionales y de las personas usuarias. La Comisión Nacional del SINCA-Justicia, es el órgano nacional encargado de otorgar los certificados oficiales de acreditación en el país con lo cual no conlleva ningún costo económico para el Poder Judicial.

Los esfuerzos realizados por el Poder Judicial costarricense en pos de una justicia de calidad, han sido compartidos en diferentes oportunidades dentro del marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La última de ellas fue la XV Asamblea Plenaria celebrada en el mes de abril en Montevideo-Uruguay, en donde Costa Rica propuso la inclusión de un eje temático vinculado con la gestión de la calidad.

Sin duda alguna, crear un Sistema Iberoamericano de Acreditación para la Justicia (SIAJ) en el cual la Cumbre Judicial funja como su Asamblea General, representará un gran reto en la agenda para los próximos dos años. Igualmente, lo será la creación de un Manual de Buenas Prácticas para la Calidad de la Justicia y la concepción de una estructura funcional que permita a los países interesados, actuar bajo una Norma GICA de Gobierno Judicial cuyo cumplimiento deberá estar supeditado a la verificación que pueda emitir una eventual Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia (CICAJ) con sus respectivos estatutos, que fungiría como agencia internacional de acreditación de la justicia afiliada a los organismos mundiales que hay en la actualidad. Solo el tiempo dirá si este sueño podrá ser real algún día para mejorar sustancialmente nuestra justicia iberoamericana.

Fuente: La Nación

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