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La Gestión Integral de Calidad y Acreditación Judicial, se entiende como un compromiso del Poder Judicial con la sociedad costarricense, para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de la administración de justicia.

El propósito que se persigue es elaborar una política de gestión que se rija por estándares mínimos de calidad, que puedan ser adoptados por los diferentes despachos y oficinas judiciales.

De esta manera se podrá integrar y organizar un sistema, con el objetivo de ofrecer un servicio público de calidad para las diferentes personas que acuden a la institución a solucionar sus conflictos.

Con este propósito se realizarán alianzas estratégicas con instituciones académicas y científicas como apoyo en el desarrollo y consolidación del proyecto.

Cabe mencionar el valioso aporte que el Proyecto GICA ha tenido desde un inicio por parte de la Unión Europea, el Gobierno de Francia y el Poder Judicial de Costa Rica.

“En el contexto de un Estado constitucional y democrático
de derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional,
los jueces tienen el deber de trascender el ámbito del
ejercicio de dicha función, procurando que la justicia
se imparta en condiciones de eficiencia, calidad,
accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad
de la persona que acude en demanda del servicio”
(Estatuto de la Justicia y Derechos de las personas usuarias
del sistema judicial costarricense. Artículo 54).