Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura

Introducción

En sus casi tres décadas de existencia, la Escuela Judicial “Licenciado Édgar Cervantes Villalta” ha liderado los procesos de capacitación en el Poder Judicial. Por ley, le corresponde la formación de los jueces y las juezas, así como de las personas técnicas auxiliares. Por decisión del Consejo Superior del Poder Judicial, es rectora de la capacitación que se brinda en el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y el Departamento de Gestión Humana.

En todos estos años, la Escuela ha realizado esta labor con gran dedicación y profesionalismo, contribuyendo sustancialmente al permanente mejoramiento de la Administración de Justicia. No obstante, ha tenido una deuda pendiente con la institución y con la sociedad costarricense: diseñar y ejecutar un programa de formación inicial de competencias laborales destinado a quienes ingresan a la Carrera Judicial.

Con mucho entusiasmo, aunque a la vez consciente de la enorme responsabilidad que asumimos, presento la propuesta del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), realizada gracias al talento de las juezas y los jueces que conforman el equipo docente, así como de funcionarias y funcionarios de la Escuela Judicial. Hemos recibido un decidido apoyo de diversas instancias, tales como: la Presidencia de la Corte, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, entre otros.

Este producto es el resultado de una amplia investigación diagnóstica que ha dado como consecuencia un programa que pretende impactar en forma decisiva en la calidad de los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios y usuarias, así como en las características de las personas que desempeñan tan alta función. Se basa en un enfoque constructivista para el desarrollo de competencias a través de una metodología práctica que simule las condiciones y las dificultades que experimenta quien ingresa a la Carrera Judicial. Dr. Marvin Carvajal Pérez

El programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura.

Por muchos años, el Poder Judicial ha reclamado la existencia de mecanismos efectivos para la formación de las personas que ingresen a la carrera judicial, de manera que les permitan llevar a cabo su función en forma adecuada. Diversas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y la Escuela Judicial, así como representantes de los sectores académico y gremial han procurado impulsar la instauración de un programa de formación inicial proceso que se ha frustrado por diversas razones.

El programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), constituye un esfuerzo institucional sin precedentes en la historia de la justicia costarricense, pues a partir de la maximización en el uso de sus propios recursos, así como con un apoyo resuelto de las instancias decisorias del Poder Judicial, la Escuela ha construido un modelo propio de formación inicial, con base en los planteamientos del enfoque constructivista y orientado a la formación por competencias, que tiene como propósito generar procesos de formación que, insertos en el proceso de ingreso a la carrera judicial, aseguren el desarrollo de las competencias profesionales propias de una persona que administre justicia en un Estado democrático de derecho.

En este punto, es necesario destacar las principales características de quien administra justicia, pues ellas se constituyen en elementos delimitadores del sistema democrático costarricense. Asimismo, han implicado mayor profesionalización (en el ámbito de todas las competencias necesarias para el ejercicio idóneo del cargo) y compromiso ético a quienes han asumido personalmente ese trabajo:

− Ser garante de derechos humanos.
− Respetar el principio de humanización.
− Ostentar independencia.
− Actuar con imparcialidad.
− Asegurar el acceso a la justicia.
− Proceder con transparencia,.
− Impartir justicia pronta y cumplida.

Aportando al dinamismo que debe caracterizar el desarrollo de cualquier instituto legal, el Programa de Formación Inicial pretende ser una respuesta complementaria de estos esfuerzos institucionales para profesionalizar a quienes tienen la delicada labor de administrar justicia, de conformidad con los cánones constitucionales y el marco jurídico internacional y nacional que regula la materia, ya que, como se ha venido advirtiendo, esa tarea aún está pendiente en nuestro país.

Por esto es que el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (en adelante FIAJ), está dirigido a todas aquellas personas, profesionales en el campo del Derecho, que aspiran cumplir la función jurisdiccional dotándola de recursos que le permitan una mejor actuación y proyección de su quehacer. De ahí que las líneas maestras de tan importante programa sean las siguientes:

Ofrecido por la Escuela Judicial. Inserto en el Sistema de Carrera Judicial. Desarrollo de competencias propias del oficio del juez y de la jueza. Compromiso con los ejes estratégicos institucionales. Equipo docente de sólida capacidad y experiencia. Programa basado en una metodología práctica. Seis meses de módulos presenciales para trabajo a tiempo completo. Seis meses de práctica dirigida en despachos seleccionados con tutores y tutoras previamente capacitados.

El enfoque pedagógico y curricular del FIAJ.

Existe una diversidad de definiciones sobre currículum (currículo) que responden a las variadas concepciones que se tienen acerca de los fines de la educación y de la forma como aprenden las personas, esto debido que se trata de una de las áreas más importantes que de hecho, cruza absolutamente todo el proceso educativo:

La teoría del currículo lo abraza casi todo: objetivos, conceptos, procedimientos, modos de aprender y enseñar, propuestas didácticas y metodológicas, proyectos de centro y áreas curriculares y, sobre todo, implica al profesorado: sin profesores no habrá reforma, ni mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. (Malagón Plata, 2006 p. 2)

Se cuenta con numerosas definiciones que guardan relación con los fundamentos de los que se parte y de los elementos del currículo a los cuales o al cual se le da mayor relevancia (el o la participante, el profesorado, los materiales didácticos, etc.). El FIAJ toma como punto de partida el enfoque constructivista, y además incorpora el enfoque de competencias profesionales. Por tal razón, se han seleccionado tres definiciones de currículo: a) En la primera, se visualizan todos los aspectos que comprende el currículo. b) La segunda se enmarca dentro de una concepción constructivista del aprendizaje. y c) la tercera se ubica dentro del enfoque por competencias.

Una de ellas (citada por López, s/f.: p. 2) señala que el currículo es:

Un plan o programa de estudios, orientado al logro de unas metas educativas basados en unos fundamentos filosóficos, biopsicosociales y sociopolíticos que orientan la selección y organización de unos objetivos de aprendizaje, contenidos de estudio, actividades de enseñanza y aprendizaje y actividades de evaluación, ya sea en forma secuencial, integral, o de alcance. El currículo es la respuesta a las preguntas para qué estudiamos (metas y objetivos), qué estudiamos (contenidos), cuánto y en qué orden lo estudiamos (alcance y secuencia), y a través de que medios conducimos o suscitamos la actividad de estudio y evaluamos sus resultados (actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación).

Esta definición incluye algunos componentes que son parte fundamental en el concepto de currículo: posee una serie de fundamentos (psicológicos, epistemológicos, filosóficos, etc.). Supone, además, la consideración de tres fuentes a la hora de diseñar los planes educativos: el estudiantado, los saberes y el contexto sociocultural.

Una de las tantas definiciones de “competencias profesionales” que, si bien no tiene su origen en el campo pedagógico, sino en el laboral, necesariamente se ha incorporado en los nuevos enfoques para la enseñanza-aprendizaje. Esta señala que las competencias profesionales son:

El conjunto de aptitudes que permiten resolver problemas de complejidad creciente en escenarios diversos de trabajo, de manera autónoma y flexible que permita la transferencia a situaciones nuevas, así como la construcción de una postura que integre a los aspectos cognitivos y de habilidades, los elementos éticos y el pensamiento crítico requerido para confrontar la realidad y hacer propuestas de mejora en una disciplina determinada. (Vázquez Esquivel, J. Jesús, 2005, p. 3).

Por tanto, el enfoque por competencias busca el desarrollo de tales aptitudes para posibilitarles a las personas participantes su utilización de manera creativa y crítica en su ambiente de trabajo. Se ha escogido esta definición, pues también corresponde a un enfoque constructivista del aprendizaje. A ella habría que agregarle, como elemento esencial, que todas las aptitudes desarrolladas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje deben poder ser transferidas por las personas que han participado en los procesos formativos, a problemas o situaciones similares o nuevas dentro del contexto laboral.

A partir del perfil profesional o de salida, se construye un mapa funcional (desde la perspectiva del análisis funcional) conformado por dominios de competencia, ejes transversales, propósito de cada dominio, unidades de competencia y elementos de competencia; pero con una característica esencial: no se trata de un mapa de las funciones que deben desarrollar los jueces y las juezas ejerciendo como tales, sino las funciones que podrán desempeñar las juezas y los jueces participantes al finalizar su formación, y que les permitirá iniciarse como personas juzgadoras, poseyendo las capacidades básicas necesarias. Es decir, no se pretende con este programa abarcar todas las competencias requeridas para el ejercicio de la judicatura, sino solamente aquellas que, por ser fundamentales, es posible desarrollar en este programa de formación.

Para comprender mejor los elementos constitutivos de este mapa que se elaboró , es oportuno presentar su definición: Los dominios son entendidos como el conjunto de competencias que se conjugan en el o la profesional, y lo facultan para desempeñar el rol específico de jueza o juez. Los ejes transversales son áreas o temáticas que, por su trascendencia en la formación de jueces y juezas, deben cruzar todo el programa. Propósito principal: describe la razón de ser del campo de actividad jurisdiccional (cada dominio incluye varios propósitos). Unidad de competencia: funciones principales que han de desempeñarse(¿qué hay que hacer para que se logre el propósito?). Elemento de competencia o realización profesional: acciones, comportamientos y resultados específicos o individualizados (¿qué hay que hacer para lograr cada unidad de competencia?).

Un elemento fundamental del diseño curricular por competencias es el “módulo”. El concepto “módulo” sustituye, en este programa, al de “curso”, y esto es así pues su característica es diferente.

Con el módulo se pretende el desarrollo de las habilidades (saber hacer) definidas previamente. Tales habilidades deben ser desarrolladas a partir de la definición de los principales problemas que, de acuerdo con la temática, la futura persona juzgadora debe enfrentar. Han de ser incorporados, además, los saberes asociados a tales capacidades, así como los aspectos actitudinales, éticos, de valores y de interrelación social.

En la fase de macrodiseño, se dejan especificados para el módulo: el objetivo general que se pretende, los elementos de competencia asociados a cada módulo y las habilidades específicas, tanto las referidas a la temática en sí del módulo, como aquella serie de capacidades que cruzan todo el programa (transversales), con el fin de garantizar la formación integral e integrada de las juezas y los jueces. La formulación detallada del módulo se realiza en la etapa de microdiseño curricular.

Además del enfoque por competencias, se toma al enfoque constructivista como orientador de este programa. Se parte de la premisa de que el centro de la acción educativa es la persona participante; que su papel dentro del programa y en cada uno de los módulos es esencialmente activo; que han de tomarse en consideración sus conocimientos, experiencias y motivaciones previas, al enfrentarla con situaciones problemáticas propias del oficio de la persona juzgadora; que se le orienta para que encuentre en sí misma los recursos que le permitan la solución de estas y su aplicación o transferencia a situaciones nuevas en su ámbito laboral.

Se asigna, también, a las personas docentes un papel diferente: el de facilitadoras del aprendizaje, mediadoras, guías. Algunas tareas que les corresponden, entre muchas otras, son posibilitar que la persona participante “explore activamente tópicos, ambientes o temas para la construcción del conocimiento con el apoyo del aprendizaje colaborativo”. (González y Bello, s/f.: p. 2). Para ello debe tomar en consideración las diversas capacidades de las personas participantes y su contexto social. Asimismo, deben promover el desarrollo de habilidades de solución de problemas y su transferencia a situaciones nuevas. En este sentido es muy importante la utilización de diversas estrategias didácticas planeadas con el fin de posibilitar las capacidades profesionales, así como la elaboración de materiales que contribuyan con ese propósito.

Además de las anteriores capacidades, de acuerdo con Bar (1999), un facilitador o una facilitadora debe, ), reunir el siguiente perfil, el cual sirve como orientador de las características de las personas facilitadoras que estarán ligadas con este programa:

Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, respeto por todas las personas y grupos humanos. Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de valores. Sólida formación pedagógica y académica. Autonomía personal y profesional. Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos culturales. Capacidad de innovación y creatividad.

Para concluir, en cuanto al rol de la persona facilitadora, debe también poseer conocimiento amplio sobre el enfoque constructivista y sobre el enfoque por competencias, así como el rol que le corresponde desarrollar dentro de estos.

La evaluación de los aprendizajes desde la óptica del enfoque por competencias

Las pautas y estrategias evaluativas, lejos de buscar el control de las personas participantes, buscan hacer efectivo el aprendizaje y su incidencia en la calidad de la actuación jurisdiccional que estas desplieguen en el futuro.

Para que tales procesos de evaluación sean consecuentes con el plan de estudios del FIAJ, cimentado en los enfoques constructivista y por competencias, deben responder a una formación individual, autónoma, integral y participativa; deben orientarse a la verificación de la calidad en el desempeño, mediante la identificación de las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento de cada aspirante; y deben procurar la articulación, entre la teoría y la práctica pretendida, con las diversas estrategias pedagógicas implementadas.

En este sentido, es necesario contar con técnicas o métodos adecuados para la valoración global de las competencias, los cuales, en lugar de estar centrados en el resultado, más bien examinen todo el proceso de aprendizaje, ya sean el contexto, la motivación, la ejecución de la acción y los logros (Salas Zapata; s.f.: p. 8). De ahí lo relevante de la sistematicidad y permanencia en el cumplimiento de dicha labor.

Ser una persona competente significa ser capaz de desempeñar con éxito una actividad específica; pero también poder enfrentar, con igual suceso, nuevos problemas o retos. Por eso, al evaluar se comprueba la capacidad para reorganizar lo aprendido y transferirlo a nuevas situaciones y contextos (Monereo y Pozo, 2001: p. 13). Sin embargo, ¿debe ser este el único propósito de la evaluación?, ¿Qué se valora?¿Cómo y con cuáles parámetros?¿Con qué instrumentos? ¿Cuándo y cómo se determina el nivel de aprendizaje? Las respuestas a estas interrogantes coinciden con aspectos generales de la evaluación que se aplicará en el FIAJ, los cuales se desarrollan seguidamente.

Evaluación continua: diagnóstica, formativa y de promoción (sumativa)

Al tomar en cuenta que cada participante evoluciona según su ritmo de trabajo, es fundamental considerar su formación personalizada, el seguimiento constante de sus avances y la detección de sus debilidades. Para estar a tono con este requerimiento de continuidad en la evaluación se identifican, de acuerdo con Tobón (2006 p. 115), tres modalidades de valoración implementadas en el FIAJ:

− La evaluación diagnóstica: para analizar cuáles son los aprendizajes previos de cada participante, sus debilidades y su condición personal de cara a las actividades y estrategias planificadas.

La evaluación formativa: ejercida durante las actividades pedagógicas, con la finalidad de establecer el progreso en los aprendizajes y la pertinencia de realimentar o ejecutar acciones paliativas contra eventuales obstáculos.

La evaluación de promoción (sumativa): aplicada al final de cada proceso y tendente a definir el grado de formación, para lo cual se analizan y sistematizan los productos o resultados y, con base en matrices, se realimenta a la persona participante.

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación

Además del momento en que se evalúa, interesa determinar quiénes lo hacen. De ahí la importancia de promover la autoevaluación como instrumento idóneo para que el o la participante conozca sus capacidades actuales y las que debe generar o fortalecer. Ello propicia que cada quien sea consciente y responsable de su propio aprendizaje, con la finalidad de autocontrolar su desempeño y sus avances.

La coevaluación y la heteroevaluación fomentan similar propósito, así como la interacción constante entre las demás personas participantes, tutoras y facilitadoras.

El plan de estudios propuesto se apoya en una formación flexible y dinámica, lo cual comulga con las referidas prácticas evaluativas, donde se reconocen la constante interacción y el mayor involucramiento de todas las personas a quienes concierne regular y constatar cómo se están ejecutando las estrategias educativas. La evaluación también cumple una función orientadora del aprendizaje posterior, al canalizar las acciones pedagógicas a partir de los logros concretos en relación con los esperados.

Realimentación, trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

El retorno permanente e inmediato de información sobre los logros y los aspectos por mejorar fluyen desde y hacia la persona participante, facilitadora y tutora. Tal realimentación se alcanza por medio del diálogo informal; pero también mediante las observaciones que, sobre las experiencias de aprendizaje, realizan las personas tutoras y facilitadoras, así como a través de la coevaluación o aportes de los pares.

En otro sentido, la microprogramación de módulos y talleres anticipa acciones que favorecen el trabajo en equipo, de acuerdo con las competencias profesionales demandantes de ese resultado al igual que su incidencia en el aprendizaje cooperativo.

Definición previa de las metas de aprendizaje

Las competencias profesionales por desarrollar en las distintas fases formativas del FIAJ cumplen un doble carácter, pues:

− por un lado, permiten a los y las participantes construir una postura integrada con conocimientos, habilidades, elementos éticos y una actitud crítica frente a la realidad (Vázquez Esquivel 2005), así como resolver problemas complejos de la Administración de Justicia y asumir las distintas funciones del juez y de la jueza que desean llegar a ser esperándose que tales capacidades profesionales, juntamente con los aprendizajes previos, surjan cuando cada aspirante desempeñe −en circunstancias cercanas a las reales− el conjunto de roles integrado al cargo descrito.

− Por otra parte, conforman las metas de aprendizaje y los parámetros de medición del progreso individual, pues al expresarse en términos de su óptima ejecución, la competencia es considerada como “(…) la condición necesaria para el desempeño exitoso de un rol”. (Benítez, J, 2008).

En consecuencia, en el FIAJ, la evaluación busca verificar el grado de proximidad entre los desempeños y las metas descritas, lo cual responde a uno de los cuestionamientos, inicialmente planteados, sobre cuál es su objeto: se valoran los saberes (desempeños, actitudes y conocimientos) dirigidos al alcance de las competencias esenciales para el óptimo desempeño jurisdiccional.

Delimitación de los criterios de evaluación o desempeño

Los parámetros de evaluación o los criterios de desempeño son los logros deseables y, por ello, dan la pauta para juzgar el cumplimiento competente de la acción (Miranda, 2006), esto es su ejecución y su calidad. La similitud entre los enunciados de las competencias y de los criterios se explica, porque las primeras (competencias) son descritas en términos de tareas adecuadamente cumplidas que, a su vez, constituyen los logros por evaluar. Además, las estrategias didácticas implementadas en los módulos y talleres para la formación de competencias poseen componentes evaluativos, por lo que se forma y evalúa con estrategias semejantes.

Por esa razón, los parámetros de desempeño también se asocian con resultados o productos de aprendizaje esperados, los cuales se ligan con ciertos “tipos de prueba” (Gonczi y Athahasou, 1996) consideradas indispensables para que los y las participantes demuestren sus logros o el cumplimiento de dichos criterios y su grado de calidad.

Como la competencia no puede ser observada directamente (Wolf, 1989; Gonczi et ál,1993), pues requiere ser contextualizada y, en todo caso, se trata de un constructo (Benítez, J,2008), el desempeño debe inferirse de esas “pruebas” o “evidencias”. Las últimas son recopiladas y registradas en cada módulo, taller y durante la práctica tutelada y su tipología depende del objeto de evaluación (ya sean conocimientos, actitudes o desempeños). Dado su carácter tangible y observable, las evidencias conforman el portafolio de la persona participante; documentan el proceso de aprendizaje y sirven de insumo para su mejoramiento.

En suma, los criterios de evaluación utilizados en el FIAJ se caracterizan por estar delimitados antes de la acción formativa; estar expresados de manera comprensible; vincularse con las competencias por desarrollar; abarcar los distintos saberes de estas; darse a conocer a las personas participantes; y relacionarse con las evidencias idóneas para su valoración, especificadas para cada módulo, taller y actividad de la práctica tutelada.

Determinación de los niveles de asimilación y desarrollo individual de las metas de aprendizaje

Las competencias profesionales, según se analizó, no solo fungen como criterios de desempeño, sino que también fijan metas de aprendizaje que pueden ser medibles no por el promedio o la ponderación de notas, sino por indicadores. Los últimos se integran con aquellos y describen el nivel esperado de competencia o grado de eficiencia.

El mayor o menor nivel de competencia se determina de acuerdo con la proximidad o lejanía entre el resultado concreto y el deseable. Con ese fin, se comparan las metas de aprendizaje y los logros, para establecer el grado de correspondencia y el nivel alcanzado.

Así como para cada competencia específica por evaluar se enuncian los criterios o parámetros, también por cada criterio o parámetro se especifican los niveles de logro. Con ese propósito, se cuantifican cada criterio y nivel. Tobón y Loaiza (2007) recomiendan cuatro criterios de calidad (o resultados) y cuatro niveles de logro; uno por cada criterio.

Los criterios de calidad y niveles de logro del FIAJ siguen una línea semejante, aunque tendente a posibilitar su ampliación.

La satisfacción de un conjunto determinado de logros permite alcanzar los estándares predefinidos según los diversos saberes y en correspondencia con los dominios de la función jurisdiccional y del perfil ideal. Lo anterior se traduce en la constante emisión de juicios sobre la persona evaluada, quien será más o menos competente según se confirmen o no los aprendizajes proyectados con esos estándares.

Todo lo expresado justifica la valoración individual y, preferentemente, efectuada en el contexto donde el o la participante ejecuta las tareas reveladoras del dominio de una o varias competencias; la cual es realizada mediante matrices de evaluación descriptivas de los aludidos criterios de desempeño, indicadores, evidencias, niveles de logro, propiedades de calidad y estándares.

Efectividad de los instrumentos y de la evaluación cualitativa y cuantitativa

La valoración de los aprendizajes propuesta se destaca por su validez, confiabilidad y objetividad. También, a diferencia de la tradicional, se caracteriza por ser justa, eficiente y, como se indicó, es promotora de la intervención activa de los y las participantes, quienes han de comprender las metas del plan de estudios, las técnicas y los métodos utilizados para medir sus logros.

Por aspirarse al desarrollo de capacidades a través de desempeños observables y medibles, que son confrontados con criterios y estándares previamente definidos, los instrumentos evaluativos se dirigen a la constatación de esos aprendizajes significativos esperados. Por ese motivo, la valoración se realiza en diferentes momentos y se aplican diversas estrategias de auto, co y heteroevaluación, ya mencionadas.

Además, en tanto el juicio cualitativo facilita la valoración de los procesos y el cuantitativo permite apreciar el progreso de la persona participante en ellos, se pondera en cada situación la conveniencia de acudir a metodologías de carácter cualitativo, tales como el estudio de casos, la resolución de problemas, la elaboración de proyectos, simulaciones, mapas para procesar información o portafolios, entre otras. O bien, de carácter cuantitativo, como las pruebas orales y escritas o una combinación de ambas.

Lo anterior también implica decidir acerca de la idoneidad de cada instrumento, en tanto mida de manera más conveniente el aprendizaje efectivo. Según Gonczi y Athahasou (1996), algunos principios para evaluar adecuadamente los desempeños son: la escogencia del más adecuado para valorar integralmente la competencia; el uso del más directo y pertinente para lo que se juzga; la combinación de métodos para reunir las evidencias con las que se infiera la competencia y reconocer la importancia de triangular la información recopilada.

Concretamente: “nivel excelente de logro (A)”, “nivel de calidad (B)”, “nivel medio de calidad (C)” y “compromiso: debe mejorar (D)”. Por ejemplo, en concordancia con los siguientes criterios y niveles: “Excelente (E)”, “Sobresaliente (S)”, “Aceptable (A)”, “Insuficiente (I)” y “Deficiente (D)”.

Asimismo, respecto a cada instrumento, se desarrollan escalas de medición con intervalos que responden a los criterios predefinidos, expresándose cada nivel de dominio con claridad, ya sea con letras o números. Como se ve, es un proceso planificado y coordinado, en el cual la persona evaluadora desempeña un papel formativo y orientador.

En síntesis, en el FIAJ se apuesta por una evaluación continua, sistemática, apoyada en la definición previa de las capacidades indispensables para el óptimo cumplimiento de la función jurisdiccional, además, basada en criterios de desempeño y en la recopilación de evidencias, así como en la aplicación de diversas fuentes de información, técnicas e instrumentos. Por tanto, esta evaluación propicia resultados objetivos, válidos, confiables y certeros para corroborar la calidad y demanda un mayor grado de cualificación de las personas facilitadoras para que estén a la altura de esta compleja labor.

El perfil de entrada, requisitos de ingreso y perfil de salida del FIAJ Perfil de entrada

Características deseables: Ser una persona comprometida con el autoaprendizaje, la autodisciplina y el desarrollo personal. Poseer las siguientes competencias: (Tomado de: Proyecto Tuning (2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Beneitone y otros. Bilbao, España: Publicaciones de la Universidad de Deusto, p. 113, 114 y 134.105)

Competencias genéricas

1.Capacidad de aprender y actualizarse.
2.Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
3.Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
4.Conocimientos sobre el área de estudio y profesión.
5.Capacidad de comunicación oral y escrita.
6.Capacidad para tomar decisiones.
7.Habilidades para procesar y analizar información.
8.Capacidad creativa.
9.Capacidad de trabajo en equipo.
10.Habilidad para trabajar en forma autónoma.VII
11.Capacidad para actuar en situaciones nuevas.
12.Habilidades en el uso de las tecnologías de la información.
13.Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
14.Compromiso con su medio sociocultural.
15.Habilidades interpersonales.

Competencias específicas

1.Conocer, interpretar y aplicar los principios generales del derecho y del ordenamiento jurídico.
2.Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico nacional e internacional en casos concretos.
3.Buscar la justicia y la equidad en todas las situaciones en las que interviene.
4.Estar comprometido con los derechos humanos y con el Estado social y democrático de derecho.
5.Tener conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad social de la persona graduada en Derecho, y actuar en consecuencia.
6.Ser capaz de razonar y argumentar jurídicamente.
7.Tener la capacidad para usar la tecnología necesaria en la búsqueda de la información relevante para el desempeño y la actualización profesional.
8.Ser capaz de redactar textos y expresarse oralmente con un lenguaje fluido y técnico, usando términos jurídicos precisos y claros.

Perfil de salida

Al finalizar el programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura, la persona participante será capaz de: Ejercer una función jurisdiccional de calidad, en correspondencia con los lineamientos esenciales del Estado social y democrático de derecho. Reconocer la gran importancia que reviste la Administración de Justicia para la cotidiana construcción de la institucionalidad costarricense y como herramienta de progreso social. Cumplir comprometidamente, en forma transparente, acertada y con la prontitud requerida, su papel de agente de cambio para satisfacer y respetar los requerimientos individuales y sociales de quienes acuden a estrados judiciales. Valorar la trascendencia de mantener una actitud ética, reflexiva y crítica respecto de su desempeño, del desarrollo institucional y de la realidad sociopolítica y económica cambiante en el ámbito nacional e internacional. Evaluar constantemente sus decisiones y actuaciones, las cuales serán adecuadamente justificadas y claramente expresadas. Tener sensibilidad hacia la persona usuaria y su entorno y ser consciente de la necesidad de alcanzar la excelencia en la gestión del despacho y la prestación del servicio público.

Objetivos del FIAJ

Social

Contribuir con el mejoramiento de la Administración de Justicia, de modo que quienes se inician en la función jurisdiccional respondan a los conflictos que la sociedad costarricense somete a su consideración, de manera efectiva, ágil y ajustada a los requerimientos del Estado social y democrático de derecho, y orienten sus actuaciones hacia el logro de la excelencia y la preservación de la democracia e institucionalidad del país, de la mano con los avances tecnológicos y las transformaciones sociales del ámbito nacional e internacional.

Institucional

Incorporar en el Poder Judicial un proceso de formación para aspirantes a la judicatura que permita la generación o el fortalecimiento de capacidades cognoscitivas, habilidades, destrezas y actitudes indispensables para fomentar una cultura de servicio y de calidad en la Administración de Justicia, en correspondencia con los estándares fijados por el ordenamiento jurídico.

Personal (académico)

Facilitar en las personas participantes el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes indispensables para su futuro desempeño jurisdiccional, a través de espacios de enseñanza-aprendizaje que favorezcan una formación integral, participativa y aplicada, para su óptimo ejercicio profesional en consonancia con los postulados del sistema democrático de derecho, así como su sensibilización hacia la población usuaria y los diversos contextos socioculturales y económicos en los cuales cumplirá su actuación.

Plan de estudios

A. Dominios de competencia

Los dominios son entendidos como el conjunto de competencias que se conjugan en el o la profesional, y lo facultan para desempeñar el rol específico de jueza o juez. Estos dominios son los siguientes:

Función gerencial: un juez o una jueza es competente al ser capaz de programar, dirigir y controlar de manera ética y comprometida el despacho judicial. Esta función supone el desarrollo de las labores de planificación y organización del talento humano y de los recursos materiales, así como las distintas acciones que realiza para responder a las necesidades de las usuarias y los usuarios, mediante sistemas de control y evaluación que garanticen la ejecución exitosa de los planes y la generación constante de mejoras en los procesos.

Función directiva: el juez o la jueza muestra competencia en esta función al ejercer los poderes de ordenación, instrucción y disciplinarios para la conducción de forma diligente, eficiente y oportuna del proceso judicial. Reconoce que la adecuada actuación y toma de decisiones procesales durante la tramitación del caso posibilita a las personas el acceso y la utilización del sistema de Administración de Justicia. Dicha actuación debe estar caracterizada por un enfoque garantista de los derechos de todos los sujetos intervinientes en el proceso judicial, lo que implica que esa dirección se encuentre permanentemente guiada por los principios de igualdad, transparencia, imparcialidad e independencia judicial.

Función valorativa: un juez o una jueza se muestra competente al determinar con objetividad y transparencia la existencia del cuadro fáctico sobre el que emitirá su decisión. Para ello, debe analizar las afirmaciones y las negaciones de las partes, debe identificar los hechos controvertidos y, consecuentemente, cada uno de los elementos del material probatorio que, por ser útiles, lícitos y pertinentes, se hayan introducido al proceso. Lo anterior porque con la finalidad de establecer la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de ellos en comparación con los demás de forma integral. Asimismo, cuando es capaz de expresar, de manera comprensible, las razones que lo o la llevaron a la determinación del cuadro fáctico.

Función decisoria: el juez o la jueza es competente en esta función al mostrar la facultad para hallar, respecto de cada situación concretamente considerada, la solución que, acorde con el ordenamiento jurídico, sea la más respetuosa de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Como parte de ese proceso, requiere del estudio y el análisis de las peticiones y las argumentaciones de los sujetos procesales, así como de la prueba evacuada, su contexto social y el impacto de la resolución, lo mismo que la incorporación de los principios de humanismo, independencia, imparcialidad y proporcionalidad. La respuesta debe emitirse XX con celeridad, firmeza y seguridad, lo cual no obsta el posterior y objetivo replanteamiento, de lo resuelto, expresándose cada criterio de manera comprensible, coherente, precisa y fundamentada.

Función ejecutiva: un juez o una jueza muestra su competencia en esta función al ser capaz de analizar el contenido de la resolución por ejecutar y definir, a partir de ella, las actuaciones que deba implementar, otras posibles resoluciones cuyo dictado se requiera, así como los medios que estime más adecuados para poner en práctica aquellas decisiones, respetando los derechos fundamentales de las personas, la dignidad humana y los principios de celeridad y eficacia. Asimismo, debe ser capaz de acudir, cuando sea necesario, a las instancias públicas y privadas que corresponda para dar seguimiento y control a lo ejecutoriado.

B. Ejes transversales

Los ejes transversales son áreas o temáticas que, por su trascendencia en la formación de jueces y juezas, deben cruzar todo el programa ya que se trata de un complemento fundamental. Estos ejes que se abordarán en cada uno de los módulos y talles se detallan seguidamente:

Humanismo y conciencia social: comprender la sensibilidad hacia la persona usuaria y su entorno, priorizando el respeto a la dignidad humana. Un juez o una jueza de ser accesible, tolerante, flexible para valorar y entender posturas distintas. Debe tener clara conciencia del impacto social que conlleva su función en la sociedad, con capacidad de ofrecer un servicio humanizado que genere confianza en la población y que garantice la no discriminación en sus decisiones en el acceso a la justicia y en la organización y funcionamiento interno del despacho judicial.

Calidad: es la constancia en la búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que implica la incorporación, en sus prácticas cotidianas, de los procesos necesarios para alcanzar la misión constitucional e institucional que apareja su cargo, de modo que pueda cumplir la prestación del servicio con prontitud, eficiencia, eficacia y pertinencia.

Visión democrática: es reconocer que el centro de su función es el ser humano y su dignidad. En consecuencia, se debe actuar conforme a los lineamientos esenciales del Estado social y democrático de derecho y en la tutela de los derechos fundamentales en todos los entornos. Capaz de reconocer la importancia que ostenta la Administración de Justicia como servicio público para el cumplimiento de esos fines, el logro de la armonía social y la preservación de la institucionalidad.

Razonamiento crítico y lógico: es la capacidad para buscar información significativa, analizarla con amplitud y criterio, organizarla, interpretarla y extraer los datos relevantes relacionados con situaciones sujetas a valoración. Además de la capacidad para identificar los principales problemas, reflexionar sobre ellos y resolverlos en forma lógica y sistemática. Y por último se relaciona con la capacidad para evaluar con rigor la estructura de los razonamientos propios o ajenos, los criterios en que se fundamentan, su contexto y la identificación de eventuales barreras, sesgos cognitivos, prejuicios y otros factores de afectación. Todo lo anterior en aras de arribar a juicios objetivos, razonables y justificados, los cuales faciliten la toma de decisiones y el desarrollo o ejecución de actuaciones.

Ética y transparencia: significan guiarse con apego al marco deontológico propio del ejercicio jurisdiccional, el cual responde a normas de conducta que honran la integridad, objetividad, imparcialidad, honestidad e independencia de su función. La persona juzgadora demuestra transparencia en sus actuaciones para promover la credibilidad y la confianza de las personas hacia la labor judicial. Consciente de que su comportamiento y su vida privada deben ser congruentes con el cargo que desempeña y la relevancia de la función que realiza.

Liderazgo: es la capacidad para dirigir y guiar a sus pares, colaboradores y colaboradoras hacia el cumplimiento, con responsabilidad, confianza y motivación, de los objetivos y metas del despacho. Para lograrlo, anima, motiva y se involucra con el equipo de trabajo, siempre dentro de un ambiente democrático, de respeto y de comprensión. Se muestra accesible en la interrelación con las demás personas. Manifiesta firmeza y tolerancia en sus actuaciones, prudencia y creatividad.

Inscripción al concurso para el FIAJ 2011

PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A LA JUDICATURA -FIAJ- Información básica

Personas admitidas en el programa: