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Discurso
de la Presidenta de la República con
ocasión de la Inauguración del Año Judicial Estimadas
señoras y señores: Año
tras año, hacemos un alto en el camino para inaugurar el Año Judicial. Esta ceremonia constituye un espacio
propicio para reafirmar nuestra adhesión a los postulados de una justicia
pronta, cumplida, justa e imparcial, y para reflexionar sobre los retos
pendientes que permitan hacer realidad dichos postulados. Este
acto nunca me ha sido ajeno. Ya fuera
como ministra de Estado, diputada o vicepresidenta, siempre comprendí la
importancia evaluativa de esta fecha, y procuré atender a este significativo
acontecimiento como un franco y abierto examen de consciencia de nuestro Poder
Judicial y como una excepcional oportunidad para fortalecer el diálogo entre
los Supremos Poderes del Estado. He
sido fiel creyente de la función trascendental que desempeña la
administración de justicia en una sociedad democrática. Es en este espacio donde encuentran
resolución los inevitables conflictos administrativos e interpersonales que
surgen de la agitada vida en comunidad.
La paz social se basa en la confianza que los ciudadanos depositan en
la honestidad e imparcialidad de nuestros tribunales de justicia, que sólo
deben colocarse bajo el sometimiento exclusivo al imperio de la ley. Al
dirigirles hoy estas palabras, comprendo la trascendencia del momento
histórico que vivimos y de los grandes desafíos que se levantan no sólo
frente al Poder Judicial, sino frente a toda la arquitectura del Estado. Vivimos un
período de hondas mutaciones y múltiples desafíos que nos obligan a opciones
legales y morales: desde la agresión incontenible contra las mujeres y los
niños hasta la violación de la vida privada; desde la desigualdad y la
exclusión hasta la inhumana ostentación del poder económico; desde la
fractura de la alianza entre el ser humano y la naturaleza hasta el avance
avasallador de la criminalidad y el
narcotráfico. La lista es amplia y demanda de quienes estamos al frente de
las instituciones públicas un claro discernimiento para comprender la
magnitud de los retos y un profundo sentido de urgencia para acometer las
tareas pendientes. Cada
uno de estos desafíos nos obligan a mirar más allá de nuestras fronteras
institucionales y a coordinar acciones eficaces entre los Poderes del Estado.
Cada uno de nosotros, con sus respectivas asignaciones y competencias, somos
responsables de asegurar las condiciones de justicia, paz, equidad y solidaridad
que demandan y merecen los ciudadanos de nuestro país. Estamos por lo tanto profundamente
vinculados en nuestras obligaciones y en nuestras metas. Esta
básica constatación no pretende poner en entredicho el principio democrático
de la separación de poderes, ni mucho menos el sano principio de la
independencia judicial. Observo
con gran preocupación algunos prejuicios que toman fuerza en nuestro medio,
según los cuales cualquier diálogo entre miembros de los supremos poderes
supone una perversa ingerencia en linderos
prohibidos y un debilitamiento de la independencia que debe caracterizar la
actitud de todo funcionario público. Contrario a estos prejuicios, considero
que la correcta conducción de los asuntos de Estado demandan una fluida
interlocución entre todas y cada una de las instituciones que lo conforman. En este diálogo, que debe ser dinámico y
continuo, uno de sus interlocutores más decisivos es el Poder Judicial, por
lo cual reitero hoy ante los honorables miembros de la judicatura nuestra disposición
a un diálogo sin complejos, franco y abierto, respetuoso y fructífero, con la
única y estricta motivación de procurar la más efectiva resolución de los
problemas nacionales. Uno
de ellos, el de más urgente atención desde el punto de vista de la afectación
de derechos básicos de la población, es la Otro
aspecto que pondrá a prueba, no sólo el diálogo entre poderes públicos, sino
también el diálogo político y social, es el relativo a la definición de cómo
queremos seguir financiando las urgentes tareas del desarrollo. Los
costarricenses somos un pueblo con una indisputable vocación a favor de la
solidaridad y de la justicia social y aspiramos, en consecuencia, a mayores
niveles de cobertura y mejor calidad de muchos de los servicios que hoy
provee el Estado. Sin embargo, los medios para hacer realidad dichas
aspiraciones son cada vez más escasos. Para el ejercicio fiscal 2011 estamos
obligados a responder por un conjunto de obligaciones sin sus respectivas
contrapartidas. Sólo en destinos
específicos establecidos por ley, Constitución o resoluciones de tribunales,
se compromete el 70% del presupuesto nacional, sin contar las obligaciones
ineludibles como remuneraciones, pensiones y amortizaciones de deuda. En
relación con los recursos constitucionalmente garantizados al Poder Judicial,
es para mí sagrado el cumplimiento de esta obligación y la estaremos honrando. Soy consciente de
las crecientes necesidades presupuestarias de la Administración de Justicia,
pero también de lo poco que se comprende el costo de sus obligaciones y de la
facilidad con que se cree suplir sus necesidades con decisiones legislativas
que desconocen la proporción real de los problemas. Año tras año, se han venido aprobando leyes
que incrementan las obligaciones del Poder Judicial sin sus correspondientes
fuentes de financiamiento. Las
distancias entre las obligaciones institucionales y los recursos disponibles
resultan cada vez más grandes y sus consecuencias más graves. Por eso no siento que me excedo en esta
fecha al recordar la necesidad perentoria de una reforma tributaria, en tanto
lo tributario se ha convertido en un problema de Estado, que nos atañe a
todos. Pero
este momento de reflexiones es también un momento de reconocimientos. Y es que no podemos ignorar los significativos
avances que se vienen impulsando en diferentes ámbitos de nuestra
Administración de Justicia. En estos últimos años, el país ha enfrentado retos
sin precedentes que también han supuesto un aumento sin precedentes de la
demanda judicial. A pesar de ello,
hemos visto con satisfacción como se ha avanzado en materia de oralidad garantizando mayor
agilidad e inmediatez en la forma en que se imparte justicia. También se han adoptado con gran entusiasmo
las tecnologías digitales, las cuales han permitido un cambio cualitativo en
materia de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, así como mayores
niveles de transparencia en la gestión judicial. La independencia interna de los jueces se
ha visto fortalecida gracias al proceso de regularización de una gran
cantidad de nombramientos interinos que por muchos años arrastró nuestro
Poder Judicial y que hoy cuentan con la garantía de la estabilidad
laboral. Los ciudadanos han encontrado
una más efectiva respuesta ante la criminalidad gracias a los tribunales de
flagrancia que ya operan en distintos puntos del país. Pero los cambios experimentados por el
Poder Judicial no se han limitado a los temas de administración y gestión,
también hemos sido testigos de una de las más significativas revoluciones normativas
de todos los tiempos. En estos últimos años se han aprobado diversas leyes
que han reconfigurado el funcionamiento de la Administración de Justicia;
entre ellas: dos Códigos Procesales, uno en materia penal y otro en materia
contencioso administrativa; una Ley contra Por
todo ello, deseo expresar mi reconocimiento a los funcionarios del Poder
Judicial, a los magistrados y magistradas y de manera muy especial a quien ha
liderado este fecundo período de cambios y transformaciones: al presidente de
esta honorable institución, don Luis Paulino Mora Mora.
Me
siento honrada de haber sido parte de algunos capítulos de esta historia de
transformaciones en favor de nuestra Administración de Justicia. Me siento, además, entusiasmada de poder
seguir ayudándola en su proceso de fortalecimiento. Al día de hoy existe una importante agenda
aún pendiente que requiere de la coordinación entre los poderes del Estado y
que incluye: la aprobación del Código Procesal Laboral y la efectiva
implementación de las leyes de Combate al Crimen Organizado y de Protección
de Víctimas de la Violencia, entre otros.
Una
de las reformas que ha iniciado su discusión en Sin
embargo, en el Poder Ejecutivo hemos entendido que dicho proceso de discusión
legislativa, al igual que ocurre con cualquier iniciativa que involucre al
Poder Judicial, deberá conducirse de la mano de los jueces de la
República y con el único objetivo de
fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el
control de constitucionalidad de las leyes y del ejercicio de poder público. Estimadas
señoras y señores: Participo
en este proceso, desde uno de los tres Poderes Supremos de la República,
firmemente comprometida con la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho. Nada es más profundo para mí, en el
ejercicio de la función pública, que el respeto por el control de legalidad
que ejercen los jueces de la República sobre nuestras actuaciones. Me hago
presente, en este día, con el firme compromiso de contribuir de manera
constructiva y respetuosa al debate que alimenta la vida institucional de una
sociedad abierta y democrática. Reafirmo mi entusiasmo a seguir trabajando de
manera mancomunada con el Poder Judicial en la resolución de los más
importantes problemas de nuestro país, y en este sagrado recinto judicial
hago mía la sentencia del gran novelista francés Víctor Hugo “no hay más que
un poder: la conciencia al servicio de la justicia.” Muchas
Gracias! |
