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    Defensa Penal

    La Defensa Pública brinda asesoría y representación legal a las personas sometidas a un proceso penal, en que se les investiga y juzga por la posible comisión de un delito, es decir, infracciones sancionadas con una pena o medida de seguridad.

    Toda persona que sea señalada judicialmente como sospechosa de cometer un delito tiene derecho a defenderse, a conocer los cargos y probanzas en su contra, a ser oída, ofrecer pruebas en su favor, declarar o abstenerse de hacerlo y cuestionar las decisiones que le perjudiquen, para ello debe contar con asistencia profesional en derecho, que pueda representar sus intereses e intervenga dentro del proceso, el cual debe ser resuelto en un plazo razonable, respetando sus derechos y ser juzgado por un  tribunal independiente e imparcial.

    Indica la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.e que en estos procesos es un derecho irrenunciable ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, salvo que la persona se defienda por sí misma o a través de un defensor de su elección. En el caso costarricense el artículo 13 del código procesal penal establece la obligatoriedad de esta asistencia letrada, sea mediante un defensor de su confianza o quien le asigne la Defensa Pública, en este caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 152 señala que si se demuestra que tiene solvencia económica, deberá pagar por los servicios suministrados.

    Dentro del proceso judicial, la designación del profesional en derecho no se hace a instancia directa de la persona en la oficina de la Defensa Pública, sino ante solicitud formal de quienes tienen a su cargo la investigación o juzgamiento del caso, una vez que se le ha señalado como sospechosa.

    La persona a quien se le atribuye el delito y su defensor o defensora pública, tienen derecho a comunicarse de forma privada, garantizando la confidencialidad y prohibiendo la intervención de estas, al igual que está prohibido el decomiso de cosas relacionadas con la defensa. En el caso que la persona imputada se encuentre privada de libertad, quien es designado en su representación visitará el centro penal en que se encuentre para informarle del estado de su causa, preparar la defensa y atender las condiciones materiales en que se cumple esa privación de libertad.

    La asistencia que se brinda en materia penal es la que da origen a nuestra Institución y por ello la más antigua, se basa en una perspectiva humanista y un servicio de calidad. Hoy en día se cuenta con oficinas en todo el país.

     

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