Preguntas Frecuentes Defensa Pública

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No. La potestad disciplinaria de los jefes de oficina, tienen un máximo de quince días de suspensión. Igual pueden aplicar la sanción mínima (advertencia), la intermedia (amonestación escrita) y la máxima (quince días de suspensión) (ver artículo 185 de la ley orgánica del Poder Judicial)

No son ordenatorios. Tanto el inicial como el plazo para contestar audiencia final.

De conformidad con el artículo 152 de la ley orgánica no, pues solo participa la defensa en casos de supuestos actos irregulares que tengan que ver con la función del acusado.

Todos contemplados en el artículo 211 de la ley orgánica del poder judicial y son tres:

a.) El mes para iniciar la causa disciplinaria;

b.) El año para la investigación; y

c.) El mes para el dictado de la resolución final.

Que planteada la incidencia de nulidad, con base a la teoría de la irretroactividad del acto nulo, se interpone la prescripción y se archiva la causa

La ubicación de las personas privadas de libertad le corresponde a las Autoridades de Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia, es decir a las mismas personas encargadas de las cárceles.

El llamado tercio de la pena no es un beneficio judicial, es un requisito para poder optar al cambio de modalidad de custodia. Es decir, es necesario que la persona privada de libertad tenga descontado el tercio de la pena, junto con otros requisitos, para que las Autoridades de Adaptación Social consideren a la persona privada de libertad para cambiarla a un  Centro de Confianza.

Los Incidentes de Ejecución de la Pena,(como por ejemplo la Libertad Condicional, el Incidente por Enfermedad, el Incidente de Queja, etc.) que resuelven los diferentes Juzgados de Ejecución de la Pena tiene el recurso de Apelación.

Este Recurso de Apelación lo resuelve el Tribunal de Sentenciador, es decir el Tribunal de juicio que dicto la sentencia condenatoria en contra de la persona privada de libertad.

Entre los principales requisitos para el beneficio de Libertad Condicional se pueden citar el ser primario en sentencias condenatorias, tener la mitad de la pena cumplida, contar con una oferta laboral viable, y un recurso familiar o de apoyo también viable, es decir que haya sido analizado por las personas encargadas de las áreas de trabajo social y cumplan con los requisitos establecidos.

Este punto se resuelve por el lugar donde se encuentra descontando su sentencia condenatoria la persona privada de libertad.  No importa el lugar donde se le condenó, sino donde está privada de libertad. Así por ejemplo, si la persona fue condenada por el Tribunal de San José y está descontando su sentencia en Reforma, le corresponde el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.

Normalmente la persona investigada conoce a su defensor o defensora al comparecer al Ministerio Público, allí el o la profesional en Derecho le brinda su nombre y el medio para comunicarse; en todo caso, la mayoría de las veces el defensor o defensora es asignado en el lugar que se investiga el hecho, así que puede acudir a la Defensa Pública de dicho lugar y obtener la respuesta. Existen oficinas en todo el país, de manera que la persona puede acudir a la oficina de la Defensa Pública más cercana y allí le brindarán colaboración. Finalmente, puede acudir a la oficina central en San José, ubicada en avenida 2da, entre calles 11 y 13 (200 metros al este de la CCSS), es un edificio debidamente rotulado y su central telefónica es 22119800, donde también le pueden orientar.

Toda persona investigada por la comisión de un delito debe tener su domicilio actualizado dentro del expediente en que se tramita su causa; es decir, debe avisar del cambio e informar la nueva dirección, esto lo puede hacer directamente en el despacho que tiene el expediente.

También es necesario que comunique esta información al defensor o defensora pública, para que esta persona pueda localizarlo y comunicarse y a la vez, puede ayudarle a actualizar su domicilio en el expediente que se le tramita.

En caso de tener alguna dificultad para cumplir con las condiciones de una medida alterna, debe comunicarse con el defensor o defensora, para justificar la situación y solicitar un cambio en las condiciones y así evitar que le revoquen la medida alterna aprobada por el juez.

El defensor o defensora pública le visitará al centro institucional en que se encuentre privado de libertad para explicarle lo que sucede con su caso, incluso, obtendrá información sobre las condiciones de privación de libertad por si procede plantear alguna gestión.

El defensor o defensora pública es una persona preparada y graduada en Derecho, debidamente incorporada al Colegio de abogados y abogadas de Costa Rica, que ha pasado por un riguroso proceso de selección para ingresar a la Defensa Pública y cuenta con práctica y experiencia en materia penal que le permite conocer y cumplir con la designación de forma adecuada, y brindar el mejor servicio posible, además cuenta con personal de apoyo, en impugnaciones, investigaciones y asistencia jurídica.

El defensor o defensora particular es un abogado o abogada designada directamente por la persona interesada, según su propio interés y confianza. En caso de que la persona no nombre a un profesional en derecho de su elección, se le designa uno público, que debe cumplir profesionalmente con el cargo, brindando un servicio de calidad.

El fondo del caso, o resultado del proceso, depende de las probanzas que se obtengan. Nadie puede dar una certeza anticipada de lo que vaya a suceder en un juicio, pero si puede ayudar a entender las alternativas que se presentan y colaborar a tomar una decisión informada, tomando en cuenta los elementos de prueba y lo que establece la ley al respecto.

También existen formas anteriores a un juicio en que se puede terminar el proceso, como por ejemplo, una medida alterna u otra causa de extinción de la acción penal, en cuyo caso el defensor o defensora le explicará en qué consisten y si es posible que se presente esa situación en cada caso particular.

A todas las personas las cubre el principio de inocencia, de manera que nadie es culpable hasta que haya una sentencia en firme que así lo declare.

El defensor o defensora pública no juzga a la persona usuaria, ejercen una función crítica de quienes ejercen el poder punitivo, cuestionan las actuaciones de las diferentes autoridades cuando estas lesionan o ponen en riesgo los derechos fundamentales y presentan las gestiones correspondientes, a la vez que asesoran a la persona de acuerdo con las probanzas que existen en el proceso y lo que establece la ley, buscando la alternativa que más le beneficie de acuerdo a su caso e interés.

En materia de menores existe una gran variedad de sanciones que se aplicaran valorando entre otras muchas cosas las circunstancias de los hechos acusados,y son:

 

 

a)  Sanciones socio-educativas:

1.-  Amonestación y advertencia.

2.-  Libertad asistida.

3.-  Prestación de servicios a la comunidad.

4.-  Reparación de los daños a la víctima.

 

b)  Órdenes de orientación y supervisión:

1.-  Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él.

2.-  Abandonar el trato con determinadas personas.

3.-  Eliminar la visita a bares y discotecas o  centros de diversión determinados.

4.-  Matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio.

5.-  Adquirir trabajo.

6.-  Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito.

7.-  Ordenar el internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas antes mencionadas.

 

c)  Sanciones privativas de libertad:

1.-  Internamiento domiciliario.

2.-  Internamiento durante tiempo libre.

          3.- Internamiento en centros especializados.

Sí, la Defensa Pública provee la asistencia legal de abogados especializados para la fase de ejecución de sentencia y mantienen seguimiento y contacto con los jóvenes condenados tanto con sanciones privativas como no privativas de libertad.

Sí, dentro del proceso se puede llegar a aplicar una conciliación entre las partes, una suspensión del proceso a prueba, una reparación de daños como partes de las propuestas para solucionar el conflicto sin necesidad de llegar a juicio.

No, también comprende la investigación y juzgamiento  de contravenciones.

 No, por disposición legal los jóvenes deben mantenerse separados de las personas a las que se le sigue una causa penal como adultos y aún dentro del centro de internamiento para menores, ellos se separan según el género y también según las edades  entre los menores y mayores  de 15 años.

Bajo el proceso Penal Juvenil se conoce la  investigación y juzgamiento  de las supuestas acciones de los y las jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley Penal cuya edad comprende desde los 12 años y hasta los 18 años de edad por la comisión de delitos y/o  contravenciones; y su fin es educativo, formador y resocializante.

 Los debates en los que se acusa a una persona menor de edad, son orales y privados, sólo acompañan al menor sus padres u otra persona de su confianza y participan como partes procesales, el menor acusado, junto con su abogado defensor, el Juez, el Ministerio Público, el Ofendido y el PANI.

Se aplica a los y las  jóvenes que se encuentren en conflicto con la ley penal cuya edad comprende desde los 12 años y hasta los 18 años de edad.

La Ley de Justicia Penal Juvenil contiene una disposición clara en el sentido de que sólo pueden ser procesados los menores de edad que sean mayores de doce años de edad y menores a dieciocho años (art.1) por lo que, no sería posible juzgarlos y en consecuencia, resulta impune el hecho.

Debe indicarse que, no necesariamente procede la sanción de internamiento directo (cárcel) de forma automática ya que, ésta resulta ser una de las principales diferencias con el derecho penal de adultos, ello en virtud del principio de la diversificación de la sanción penal juvenil en donde, existen sanciones no privativas de libertad llamadas socioeducativas (art.121) tales como: Amonestación y advertencia, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad  y por otro lado, se cuentan con las sanciones privativas de libertad entre las cuales tenemos: Internamiento domiciliario, internamiento durante el tiempo libre y el internamiento en centro especializado, todas las cuales debe ser analizadas caso por caso por parte del Juez (a) a la hora de fijar y determinar la sanción penal juvenil producto de un juzgamiento.

Otra de las particularidades de la Ley de Justicia Penal Juvenil es la amplia gama de medidas alternas que resultan ser figuras jurídicas y que precisamente, tienden a evitar el juicio. En éste sentido, las mas frecuentes son: Conciliación, suspensión del proceso a prueba, reparación simbólica del daño causado mismas que se discuten ante un juez en una audiencia temprana en donde se analiza la procedencia (art.132) de las mismas aún en delitos que, no procederían para la justicia penal de adultos debido al tipo de pena que contienen no obstante, en materia de menores de edad sí es posible analizar la viabilidad de las mismas en atención de a los principios que informan ésta materia especializada como lo son: Mínima intervención, interés superior, protección integral entre otros.

En materia penal juvenil las medidas cautelares privativas de libertad son excepcionales y cumplen únicamente fines estrictamente procesales -y no de pena a imponer- entre los que destacan: (i) Peligro de evasión de la justicia, (ii) Peligro para la víctima y finalmente, (iii) Peligro de obstaculización de la prueba. Por ello, el Juez -garante de los derechos fundamentales del menor acusado- debe fundamentar adecuadamente si concede ó deniega la solicitud Fiscal de la detención provisional misma que tiene recurso de apelación dentro del plazo de tres días ante el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil en donde analizará si la misma se encuentra ajustada a derecho o nó. Debido a la garantías que cobijan a los menores de edad en conflicto con la ley penal, se puede perfectamente acceder a un cambio de medida cautelar -bajo la modalidad de circunstancias nuevas- para variar la misma, para ello necesita aportarse recursos alternos viables tales como: (a)  Un cambio de domicilio, (b) Abandonar el trato con determinadas personas, (c) Adquirir un trabajo (d) Mantenerse estudiando (Art. 121) de tal forma que, la gravedad del delito no es un motivo válido, ni legal para mantener la privación de libertad de un menor de edad. 

La defensa penal juvenil, cuenta con defensores especializados en la fase de ejecución de la sanción penal juvenil, mismos que imparten asesoría para buscar un egreso del Sistema Penal ello mediante un seguimiento del plan individual de ejecución (art.10 L.E.S.P.J) en donde será el Juez (a) de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles quien analizará las incidencias que sean presentadas y valorará el cese de la sanción de acuerdo con los avances que al efecto se observen en los informes técnicos que rindiese las profesionales del Ministerio de Adaptación Social sobre la evolución de los menores de edad prisionalizados (arts 12 y 13 L.E.S.P.J).

Si dentro de las medidas de protección se encuentra la prohibición de entrada al domicilio permanente o temporal de la ofendida, bajo ninguna circunstancia puede vivir en ese domicilio con la ofendida hasta que una orden del juez de Violencia Doméstica no levante esas medidas.

La ofendida puede solicitarle al Juez de violencia domestica el levantamiento de las medidas pero solo hasta que una orden del Juez  indique que las medidas se levantan pude hacerlo. Existen seguimientos que hace la Fuerza Pública y si descubren que está viviendo en el lugar ellos lo informan al Juez y se le seguirá una causa penal por el delito de incumplimiento de medida de protección.

Se trata de delitos de acción pública y al existir más prueba que sustituye la declaración de la víctima, se puede continuar con la causa.

Lo ideal  es tratar de llegar  a un  acuerdo entre ambos  donde se coordinen  las  visitas con un familiar con el cual no exista conflicto ( abuelos, tíos, primos, etc)  y de no ser posible buscar un profesional en derecho y presentar un proceso de régimen de visitas ante el Juzgado de Familia correspondiente.

La consecuencia de incumplir estas medidas es que sean revocadas y en su lugar se ordene la prisión preventiva.

Lo recomendable es presentarse al Juzgado de Violencia Doméstica solicitar medidas de protección, si se tiene testigos de la situación presentarlos e informar al despacho donde le impusieron las medidas cautelares, presentar también los testigos, esto a efectos de evitar ella haga algún tipo de manifestación y le revoquen las medidas y orden prisión preventiva.

Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de las medidas de protección, puede solicitar de forma verbal o por escrito la celebración de audiencia oral ante el Juzgado que dictó la medida de protección. En la audiencia podrá aportar prueba documental y testimonial (documentos  y testigos), según lo dispone el artículo 12 de la Ley de Violencia Doméstica. Esta prueba será valorada por el juez, el cual resolverá si mantiene, modifica o levanta las medidas dictadas. Este trámite no requiere del patrocinio de un abogado.

La resolución del juzgado puede ser apelada en los 3 días hábiles siguientes a su notificación. Sin embargo, la presentación de ese recurso no suspende la ejecución de las medidas de protección, lo que implica que se deben cumplir, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Violencia Doméstica.

En caso de que incumpla una o varias de las medidas de protección, se le podrá iniciar causa penal por el delito de incumplimiento de medida de protección ante el Ministerio Público. Este delito contempla una pena de prisión de 6 meses a 2 años.

· Los cónyuges entre sí.

· Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres

· Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad física que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos menores y a los que por una discapacidad no puedan valerse por sí mismos; cuando los parientes más inmediatos no puedan darles alimentos; y los nietos y bisnietos a los abuelos y bisabuelos en las mismas condiciones indicadas

Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien debe de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y psíquico, así como sus bienes. ( art 164 Código de Familia  y 37 del Código de Niñez y Adolescencia). Así mismo, la deuda alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra, sin excepción ( art. 171 Código de Familia).

  • Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer "Convención de Belém Do Pará"
  • Convención sobre los Derechos del Niño
  • Convención Americana de Derechos Humanos
  • Convención  sobre los derechos  de las personas con discapacidad
  • Constitución Política
  • Código de la Niñez y la Adolescencia.
  • Ley de Paternidad Responsable
  • Ley de Pensiones Alimentarias
  • Código de Familia
  • Ley General de la protección de la madre adolescente
  • Ley integral  para la persona adulta mayor
  • Ley de igualdad  de oportunidades  para las personas con discapacidad
  • Ley de promoción de igualdad social de la mujer

1. Demanda de Pensión Alimentaria

2. Incidente de Aumento de Pensión alimentaria

3. Gastos de embarazo  y maternidad

4. Cobros retroactivos de pensión alimentaria

 

5. Gastos de entrada a clases o Salario Escolar

6. Gastos Extraordinarios

  • Médicos
  • Educación
  • Sepelio  del beneficiario
  • Gastos de terapia  o atención especializada
  • Certificación de nacimiento del menor beneficiario
  • Certificación de estado civil ( cuando es entre cónyuges)
  • Constancia de estudios
  • Dictámenes médicos en el caso que de que existan padecimientos
  • Facturas de gastos
  • Recibo de servicios públicos
  • Declaración de paternidad en el Registro Civil
  • Otros que acrediten  necesidades alimentarias o bien posibilidades económicas del demandado.
  • El mayor de edad debe aportar también constancia de calificaciones, de materias que cursa o dictamen médico, constancia de adecuaciones curriculares según el caso.
  • Informar al Defensor (a) que le brinde el servicio, de todas las situaciones que considere importantes para el trámte de la pensión alimentaria. Recuerde que entre más conocimiento tenga su defensor(a) de su situación mejor será la información que contenga el escrito inicial que pretende formular.
  • Debe estar atenta (o) al proceso, por ende  es importante dejarnos un número de teléfono o medio para ubicarle, esto para  comunicarle por esa vía las notificaciones que nos lleguen a su nombre, por ello si su número es suspendido, o si lo cambia le recomendamos que los comunique a su Defensor (a), así como sí cambia de dirección. 
  • Es importante que ofrezca como testigos del proceso, aquellas personas que conozcan de los hechos  de la demanda.
  • Tener en cuenta que si firma el apremio corporal debe darle continuidad a esa gestión, firmando mes a mes,   ya que de lo contrario podría perder lo que se le adeuda.
  • En el momento que se le convoca a audiencia de conciliación, anotar la fecha para que no la olvide, acudir puntual y con su identificación, si ofrece testigos, debe traerlos  el día que sus defensor (a) le indique.  Además es importante pensar cuál sería el monto con que se sentiría realmente satisfecha (o) a fin de llegar a un arreglo con el demandado (a) o incidentado (a)
  • La materia de pensiones alimentarias es una materia ágil y sencilla, de modo que las gestiones se pueden hacer en forma verbal  en el juzgado , o en forma escrita en forma personal o por medio de su abogado.
  • Recuerde que la obligación alimentaria regirá una vez que el demandado haya sido notificado de la resolución que impone el monto provisional, de ahí la importancia de aportar la dirección lo más exacta que se pueda del deudor alimentario, ya que si no es así , el juzgado hará una prevención para que se aporte la dirección exacta bajo apercibimiento de que si no se cumple el expediente podrá ser archivado.

No lo tiene. Ya sea que el imputado haya contado durante todo el proceso con asistencia de la defensa pública o bien que sólo lo requiera para la fase de apelación y/o casación, no hay costo alguno, puesto que la Defensa Pública se caracteriza por ser gratuita al tratarse de un servicio público.

El imputado tiene el derecho de contar con defensor público en la etapa de impugnación de la sentencia, por lo que debe solicitarlo así al tribunal que lo sentenció. Si se encuentra detenido puede hacer la solicitud a través de los abogados del centro penal.

En tal caso, la legislación procesal establece la posibilidad de plantear un procedimiento de revisión, cuyas causales están delimitadas por el artículo 408 del Código Procesal Penal. El responsable de conocer dicho procedimiento realiza primero un examen de admisibilidad para determinar si procede conocerlo, caso contrario declara la inadmisibilidad. Debe recordarse que mediante la revisión no es factible reclamar las mismas situaciones que se alegaron en apelación o en casación.

De acuerdo con el artículo 467 del Código Procesal Penal, el recurso de casación es el que se interpone contra las sentencias dictadas por los tribunales de apelación de sentencia, que hayan confirmado parcial o totalmente o bien que hayan resuelto en definitiva la sentencia del tribunal de juicio.

No lo está. Si el defensor considera que no hay razones para apelar la sentencia y el imputado desea que se apele, el defensor tiene la obligación de realizar la consulta a la Unidad de Impugnaciones, en la que se le asigna a uno de los miembros de la misma, quien determina sí es procedente o no el recurso. En caso de que lo sea se le realiza la recomendación respectiva al defensor. Si no lo es también se le indica, ante lo cual el defensor debe comunicárselo lo más pronto al imputado para que este tenga la oportunidad de buscar otra asesoría, si lo considera necesario.

Según el artículo 460 del Código Procesal Penal, para presentar recurso de apelación contra la sentencia se cuenta con un plazo de quince días luego de notificada, los cuales, en general se contabilizan a partir del día siguiente de la llamada lectura integral de la sentencia, para el caso de sentencia escritas, o bien del dictado de las sentencias orales, para el caso de sentencias que se notifican como las relativas a procedimientos abreviados, se cuenta el plazo desde el día siguientes de la notificación.

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Si la persona funcionaria judicial se encuentra de vacaciones o incapacitada, no puede asistir a las capacitaciones programadas.

En efecto las actividades de capacitación están diseñadas para personas funcionarias de la institución, sin embargo, por razones de cupo y oportunidad, podría aceptarse la participación de personas que laboran en otras instancias del Poder Judicial. 

El Programa de Formación Inicial de la Defensa Pública está diseñado para defensoras y defensores públicos de reciente ingreso que ya superaron el proceso de selección. Este Programa está integrado por seis cursos que abarcan las áreas ideológica, técnica y administrativa de la Defensa Pública. La convocatoria al Programa la realiza directamente la Unidad de Capacitación.

Existen dos tipos de certificación, a saber, aprovechamiento (mínimo de 32 horas, con evaluaciones) y participación (mínimo de 8 horas, sin evaluaciones) y ambas pueden tener efectos en la carrera profesional (para el caso de profesionales) o en los pasos salariales (para el caso de personal administrativo). Según el artículo 11 inciso b), del Reglamento para el Reconocimiento de la Carrera Profesional en el Poder Judicial, se puede obtener 1 punto de carrera profesional con 40 horas de aprovechamiento o con 80 horas de participación.

Si el postgrado o la actividad académica que es objeto de una beca puede interferir en la prestación del servicio público, es importante informar de previo a la Dirección de la Defensa Pública. Posteriormente, deben llevarse a cabo las gestiones correspondientes ante el Departamento de Gestión Humana para que el nombre de la persona postulante sea incluido en una nómina que deberá ser revisada por el Consejo de Personal y que luego deberá ser aprobada por el Consejo Superior.

El plazo para la presentación de una solicitud de justificación por ausencia a una actividad de capacitación, es de cinco (5) días hábiles.

Tal como lo indica el artículo 35 del Reglamento de Evaluación de la Escuela Judicial, si una persona falta al 20%  –o  más– de las horas de duración de una actividad de capacitación, perderá el derecho a certificación, aún y cuando solicite la justificación correspondiente.